Femicidios 2017

SÓLO EL 0,0002% DE LOS LEGÍTIMOS USUARIOS DE ARMAS DE FUEGO HAN COMETIDO “FEMICIDIO” CON SU ARMA REGISTRADA.

Uno de los mantras desarmistas (INECIP/RAD) es: Algunas estadísticas indican que por día mueren entre 7 y  8 personas diariamente por disparos de arma de fuego. Uno de cada 4 femicidios son cometidos con ellas. Un dato importante es que de las armas registradas, el 99% está en poder de hombres y sólo el 1% restante en manos de las mujeres.”, cuando dicen “armas registradas” no es un error ni una distracción, es adrede para manipular los datos y dejar flotando la idea que son las armas REGISTRADAS las causantes de los femicidios. De esta manera cumplen con uno de los puntos estipulados en el Manual para el Desarme, que es estigmatizar a los usuarios de armas legales, y confirman que su fuente de ingresos es la guerra contras las armas legales, no interesan los “femicidios” en sí, ni las muertes por otros métodos.

Los porcentajes de legítimos usuarios registrados debidamente que cometieron “femicidios” son despreciables y así lo demostraremos en ésta y otras publicaciones.

Durante el año 2017 la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) analizó las causas judiciales abiertas por los Superiores Tribunales y Procuraciones de 23 jurisdicciones de la República Argentina, excepto Salta.

Durante ese año hubo 251 víctimas de “femicidios” directos. Según la OM de la CSJN, la tasa correspondiente es 1,1 cada 100 mil mujeres, igual que en el año 2016.

Según datos ofrecidos por la Jefatura de Gabinete en el informe a la Cámara de Senadores en mayo de 2018, el universo de Legítimos Usuarios Individuales de armas era de 730.448, incluidos miembros de todas las categorías como FFSS, FFAA, Funcionarios Públicos y alcanzados por la Resolución “S”MD 328/95, Servicio Penitenciario, Personal de Aeronaves, Repar y Rural.

Medio empleado para cometer los “femicidios”.

Como se puede observar en el grafico siguiente, los medios más utilizados para cometer los “femicidios” fueron las armas blancas y las de fuego en partes iguales, 30,67%. En segundo lugar la fuerza física, 27,09%.

Gráfico propio en base a datos del Informe sobre “femicidios” del año 2017 elaborado por la OM de la CSJN.

En las causas analizadas de “femicidios” cometidos con armas de fuego, diecisiete (17) casos fueron armas ilegales, en doce (12) casos los imputados eran miembros de fuerzas armadas y de seguridad que utilizaron sus armas reglamentarias.

Hay que resaltar que de la totalidad de las causas, los imputados por el delito de “femicidio” cometido con armas registradas sólo llegan a un 0,75%, o sea el más bajo comparativamente.

Gráfico propio en base a datos del Informe sobre “femicidios” del año 2017 elaborado por la OM de la CSJN.

Los casos con armas de fuego fueron setenta y siete.

Analizando sólo las setenta y siete (77) causas judiciales de “femicidios” cometidos con armas de fuego, no hay datos de registración de las armas en un 59,74% pudiendo inferir que se trató de armas ilegales.

El 22,08% fueron armas ilegales. Con respecto a las armas registradas o legales, 15,59% eran armas reglamentarias de los miembros de FFSS/FFAA y sólo DOS (2) casos, o sea el 2,59% eran armas pertenecientes Legítimos Usuarios Individuales.

Gráfico propio en base a datos del Informe sobre “femicidios” del año 2017 elaborado por la OM de la CSJN.

Como señalamos al principio de esta nota, al 31 de mayo del año 2018 el universo de Legítimos Usuarios Individuales era de 730.448 individuos, o sea que ese 2,59% de “femicidios”, representa un 0,0002% del total de LLUU individuales, un porcentaje despreciable.

Ver también en la sección Archivos: http://archivo.mienten.com.ar/la_nacion.htm

El abolicionismo y el desarme civil matan

Autor: Gustavo Rubio – Marzo 23 de 2021
El motochorro que mató a la psicóloga para robarle la cartera estaba preso  y lo liberaron en cuarentena | MDZ Online

Se cumple un año desde que el Gobierno argentino declarara una especie de Estado de Sitio sin ser Estado de Sitio para “combatir la pandemia” hasta que el sistema sanitario estuviera preparado para lidiar con los casos de este acomodaticio virus. En estos meses de contradicciones médicas, destrucción económica focalizada y angustias programadas avaladas por los medios de comunicación fuimos víctimas de las decisiones de un gobierno con una puja interna más fuerte que la de Jekyll y su Sr Hyde.

Cuando las primeras olas de contagios avanzaban por todos lados fuimos testigos de la idea abolicionista de liberar presos con la excusa del cuidado sanitario. Enarbolando la irrefutable justificación del pésimo estado carcelario y hacinamiento en los pabellones el Gobierno de turno y jueces afines a su ideología liberaron a “más de 4500 presos”, cifra poco clara ya que ni los Ministros Frederic y Berni ni nadie del gobierno sabe decir a ciencia cierta cuantos violadores, asesinos, motochorros y pesos pesados del ambiente criminal salieron por la puerta grande a hacer home office mientras los perejiles sin contacto ni militancia K se tuvieron que comer el COVID adentro.

Cámpora al gobierno, Perón al poder.

Los casos de reincidencia de estos tipejos liberados por la doctrina de zaffaroniana comenzaron a multiplicarse a los pocos días hasta que la realidad del día a día pandémico y la contada de contagiados tuvo más rating. Cada tanto aparecía uno de estos energúmenos en las noticias pero, como todo en Peronia, se anestesió lo suficiente como para naturalizarse en la callosidad de siempre.

Días atrás se conoció un video en donde un motochorro intentaba arrebatarle la cartera a una mujer y en el zarpazo sobre la vereda la tira al piso y huye en su moto a toda velocidad sin llevarse nada mientras la abusada mujer intenta levantarse pero cae en el lugar. El delincuente le había roto tres costillas y el bazo mientras la arrastró. María José Daglio muere desangrada internamente en el hospital. El Estado, como siempre, estuvo ausente porque los malvivientes leigen su momento y actúan con la impunidad de saber que sus victimas no están armadas porque las políticas de Estado lo vienen impidiendo desde hace décadas.

El motochorro que asesinó a la psicóloga había cometido al menos ocho robos con la misma violenta modalidad, todos a mujeres, tenía dos condenas encima pero el Gobierno y sus esbirros judiciales lo habían liberado durante la pandemia por razones ideológicas condenando a muerte a la mujer. Su prontuario: Tentativas de robo varias, Robos varios, Hurtos Simples, Desobediencia, Atentado a la Autoridad y Robo Agravado. Desde 1990 al 2020 se paseó por tribunales de Morón y Mar del Plata mostrando que era evidente su falta de recuperación.  ¿Ahora se le sumará la muerte de la psicóloga o zafará porque “no tuvo intención de daño ni de llevarse la cartera” que dejó a la lado de la mujer que sangraba por dentro?

Para poder entender esta locura imbécil de liberar a más 4500 presos peligrosos debemos entender que la doctrina en seguridad que esgrimen desde el Gobierno del Frente de Todos y que viene haciendo escuela en el Estado desde el 2004 es la de la victimización del criminal, el abolicionismo que Zaffaroni llevó al extremo y los “progres” aplaudieron desde sus torres de marfil y moralina hippona de siglo XXI. Para el populista (socialista/comunista en realidad) el delincuente no es culpable ya que la sociedad, en su “egoísmo capitalista”, lo empuja a la marginalidad quitándole oportunidades y herramientas. La culpa es de todos menos del individuo que elige romper la ley. Todos son responsables, todos menos el Estado eso sí. Esta locura ideológica tendría algo de cabida en el debate social si en el país no hubiesen escuelas públicas y “gratuitas”, ni ayuda social económica ni políticas de asistencia social y/o médicas. Aún sin que estos aspectos de la realidad paternalista argentina existieran, el dañar a otra persona y a su propiedad se respetan aun en las comunidades más incivilizadas.

El abolicionismo mueve la carga de culpa y responsabilidad del individuo que comete el ilícito y lo ubica en la sociedad o en los objetos. La culpa no es del motochorro, es de la sociedad que no le dio oportunidades. La culpa no es del violador sino del sistema opresor patriarcal o la naturaleza. La culpa del asesino no es del tipo que sale a robar enfierrado sino del arma con la que delinque. La culpa la tiene quien usa un arma legal para defenderse y no de la patota que le patea la puerta y amenaza de muerte a su familia mientras roban.

El desarme civil está basado en el abolicionismo, en la idea de que el Estado sabe más que los individuos, está basado en desconocer el Estado de Derecho y las libertades individuales, en mezclar sin miramientos la legalidad con la ilegalidad según se levante ese día. Un día liberan asesinos, violadores y motochorros para que al otro día se puedan recrudecer las políticas de desarme civil enfocadas a los legítimos usuarios porque “hay violencia”. Se busca el control social a través de alimentar el  miedo: sin asistencia ni autorización del Estado no se puede hacer nada, no se puede deambular tranquilamente ni se pueden defender la vida, la propiedad ni la libertad. El paraíso del totalitarismo socialista creado de a una reglamentación a la vez mientras se lo disfraza de buenos intenciones para la tribuna desinformada.

El desarmista puede aplaudir sin miedo la liberación de un grupo de criminales condenados porque según su filosofía de realismo mágico la culpa la tienen los objetos inanimados como las armas. Más aún, esa filosofía viene dos varas: Por un lado si el delincuente está armado es sólo una cuestión administrativa porque es una víctima de la sociedad. En cambio si el asaltado se defiende con un arma de fuego legal es un agravante ya que disfruta de los privilegios de contar con trabajo y una propiedad. El nefasto par opresor-oprimido comunista en todo su esplendor. El castigo al trabajo y a la legalidad de las “leyes burguesas”.

Esta subversión ideológica, que tiene su arista más evidente en el desarme civil ya que las armas legales son un obstáculo para la destrucción total del entramado social republicano, es la que viene debilitando las Instituciones argentinas y los pilares republicanos que la Constitución vigente protege. Todas las campañas de desarme están orientadas a no diferenciar armas legales de las ilegales, los mismos directivos que han pasado o están en el ANMAC insisten en desarmar a quienes están dentro de la ley y no mencionan siquiera a los criminales ni delincuentes, los grupos de asesores y políticos repiten esas mentiras y crean trabas arbitrarias para evitar que los ciudadanos respetuosos de la ley ejerzan su derecho a tener armas legales para defenderse de los malvivientes.

La Ministro de Seguridad Frederic, durante la toma de tierras en el sur y los incendios de propiedades llevados a cabo en el 2020 por la organización terrorista que desconoce al Estado Argentino, lo primero que hizo al llegar al Sur fue amenazar a los vecinos del lugar que osaran defenderse en vez de ir tras esos criminales que destruyen campos y especies en peligro. Ella también propuso las patrullas del control del humor social en las redes para ver como opinaban los ciudadanos desde su casa en vez de monitorear a quienes habían liberado por la pandemia. El Ministro Berni no se le queda atrás. No quiere que los ciudadanos se armen pero salió de un lado para el otro amedrentando con kit comprado en una armería para su show tribunero y así diferenciarse de su colega nacional experta en papers. ¿Berni, al no ser personal activo de las Fuerzas de Seguridad ni de defensa, al ser personal civil, tiene portación? Pregunta que nadie le hizo, ni siquiera el director del ANMAC quien suelta los trámites a cuenta gotas.

Lo que si queda claro con el asesinato de la Psicóloga Daglio a manos del motochorro liberado en la pandemia son tres cosas:
Primero, las políticas de desarme civil se recuestan en una visión abolicionista de la realidad. Los criminales son pobres víctimas de la sociedad y como la culpa de sus acciones libres la tienen otras personas u objetos, las armas que usaron por ejemplo, pueden ser liberados sin que su prontuario importe. Así, el motochorro era un pobre tipo y en cambio la psicóloga podía morir porque disfrutaba de su vida burguesa…    
Segundo y más importante es que el Estado, a través de sus políticas abolicionistas y desarmistas que viene aplicando desde 2004, es responsable directa e indirectamente de los robos y muertes que se suceden día a día en Argentina. El pensamiento colectivista solo fomenta la destrucción de la sociedad, la libertad y el progreso.
Tercero, nadie la ayudó durante el asalto. No hubo policías ni agentes de tránsito que hubiesen detenido al motochorro que andaba sin patente. El delincuente liberado ni siquiera dudó frente a su victima porque sabía que ella y los vecinos se encontraban indefensos gracias a las políticas de Estado que vienen  aplicando.

El Estado desarmista, abolicionista y “presente” mata.
No lo olvidemos

¡Portación Libre y Legal ya!    

Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com

GASTÓN LACORTE

Pareja de María Pía Devoto, ambos pertenecen a la planta permanente de empleados del Senado de la Nación, afectados a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Senado de la Nación.

También asesoran al senador por Catamarca, Dalmacio MERA del partido “Frente de Todos” en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en donde se analizan y aprueban los proyectos para prohibir las municiones de plomo.

Función pública

Fue Coordinador del programa Nacional de Seguridad Turística, del Ministerio del Interior

Coordinó el Plan Nacional para el Control y Prevención del Tráfico y Uso Ilegal de Armas de Fuego de la secretaría de Seguridad Interior

En su carácter de coordinador del Plan Nacional para el Control y Prevención del Tráfico y Uso Ilegal de Armas de Fuego participó en la confección de un folleto presentado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Progresos Alcanzados en la Ejecución del Programa de Acción para Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras (Nueva York, 26 de junio – 7 de julio de 2006)

En el folleto, Lacorte alaba el Plan Canje de Armas realizado en Mendoza en el año 2000 y relata el origen de las ONG dedicadas exclusivamente al Desarme Civil.

En el texto se puede observar el engaño con el cual fue, y es actualmente “vendido” el canje de armas en Mendoza, ya que da como entregadas voluntariamente la cantidad de “3.000 armas”, cuando en realidad en el primer año, fueron entregadas de manera voluntaria apenas 300, por lo cual los plazos tuvieron que ser ampliados y para llegar mínimamente a la cantidad prometida para cumplir las expectativas, tuvieron que sumar las armas que estaban secuestradas por la Fuerza de Seguridad Provincial y en Juzgados Provinciales.

El Plan fue un fracaso total y una MENTIRA, como indicamos (con datos) en este sitio.

En el folleto de la ONU, Lacorte explica:

La campaña de recolección y destrucción de armas del gobierno en Mendoza del año 2000 (3.000 armas y 8 mil municiones entregadas), con apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil y la consecuente política de control integral de armas y municiones y de gestión de arsenales y depósitos, son ejemplos del camino a seguir.

Las armas recolectadas fueron destruidas y convertidas en objetos de arte. Se conformaron redes de ONG por el desarme en el interior de Argentina y la Red Argentina para el Desarme; se creó la Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada (CLAVE), como consecuencia de dos situaciones: el trabajo de las organizaciones sociales en cada rincón del continente y la respuesta a la realidad violenta de América latina, al tope del ranking mundial de muertes por armas de fuego.

EL DESARME Y LA TIRANÍA EN VENEZUELA

Cómo el control de armas se convirtió en un instrumento de tiranía en Venezuela

01/16/2019 José Niño

¿Venezuela está pagando el precio por adoptar el control de armas?

La naturaleza impactante del colapso económico de Venezuela ha sido cubierta ad nauseam. Sin embargo, un aspecto de la crisis venezolana que no recibe mucha cobertura es el régimen de control de armas del país.

Fox News recientemente publicó un excelente artículo que destaca el arrepentimiento de los ciudadanos venezolanos por las políticas de control de armas que el gobierno venezolano ha implementado desde 2012. Naturalmente, este arrepentimiento está justificado. El gobierno venezolano se encuentra entre los más tiránicos del mundo, con un historial comprobado de violaciones de las libertades civiles básicas, como la libertad de expresión, la devaluación de su moneda nacional, la confiscación de propiedades privadas y la creación de controles económicos que destruyen la productividad del país.

Las elecciones han demostrado ser inútiles, ya que han estado llenas de corrupción y cargos de manipulación del gobierno. Para muchos, tomar las armas es la única opción que le queda al país para deshacerse de su gobierno tiránico. Sin embargo, el gobierno venezolano ha hecho bien en evitar un levantamiento al aprobar el control de armas draconiano que se detallará a continuación.

La falta de una tradición de segunda enmienda en Venezuela

Históricamente hablando, Venezuela nunca ha tenido una historia sólida del porte de armas privado como la de los Estados Unidos. La ausencia de una Segunda Enmienda o el control del monopolio del gobierno federal sobre el uso de armas de fuego es un vestigio de su legado colonial. Sus señores coloniales españoles no poseían una cultura política de propiedad de armas de fuego civiles. Fueron principalmente los militares y la nobleza terrateniente los que sostuvieron armas de fuego durante toda la era colonial. Esta tradición ha persistido incluso después de que los países latinoamericanos se separaron de España en la década de 1820.

Adelantándose al siglo XX, Venezuela comenzó sus primeros intentos de modernizar su política de armas. En 1939, el gobierno venezolano promulgó la Ley de Armas y Explosivos que estableció el monopolio del estado venezolano sobre el uso de armas de fuego. El Estado era la única entidad que podía poseer “armas de guerra” que incluía: cañones, rifles, morteros, ametralladoras, carabinas, pistolas y revólveres. Los civiles solo podían poseer rifles y escopetas .22, y en ciertas circunstancias podían poseer armas de fuego siempre que obtuvieran una licencia.

El papel de las ideas progresistas en la consolidación del estatismo venezolano

Las ideas importan.

No es de extrañar que Venezuela se haya embarcado en esta escapada de control de armas a fines de la década de 1930. Este fue un período en el que el estatismo estaba de moda en todo el mundo como lo atestigua el auge del fascismo y el comunismo en Europa. Incluso durante la era del New Deal, los EE. UU. iniciaron su primera incursión en el control federal de armas con la aprobación de la Ley Nacional de Armas de Fuego (NFA por sus siglas en inglés) de 1934. A pesar de sus políticas contra las armas, Venezuela al menos mantuvo cierta apariencia de gobierno limitado en asuntos económicos hasta los años setenta.

Sin embargo, la nacionalización de su industria petrolera en la década de 1970 y las subsiguientes desaceleraciones económicas de las décadas de 1980 y 1990 sacudieron las bases institucionales de Venezuela. El país estaba maduro para una toma demagógica.

El artículo 324 de la Constitución actual de Venezuela (la vigésimo sexta en su historia) mantuvo el monopolio anterior del Estado sobre las armas de fuego y colocó a las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela como la entidad a cargo de regular todas las armas de fuego en Venezuela.

En 2002, el gobierno venezolano aprobó la primera versión de la Ley de Control de Armas, Municiones y Desarme, reforzando el agarre de hierro de las armas de fuego en Venezuela. Una década más tarde, la ley se modificó para mejorar el alcance del control de armas y otorgó a las Fuerzas Armadas de Venezuela el poder exclusivo de controlar, registrar y potencialmente confiscar armas de fuego.

Bajo la bandera de la lucha contra el crimen, Venezuela implementó una prohibición sobre la venta de armas de fuego y municiones en 2012. Al igual que otras prohibiciones de armas, esto resultó inútil en la lucha contra el crimen. Según las estadísticas del Observatorio de Violencia de Venezuela, la tasa de asesinatos en Venezuela aumentó de 73 asesinatos por cada 100.000 personas en 2012 a 91,8 asesinatos por cada 100.000 personas en 2016.

Control de armas: Convertir a los ciudadanos en sujetos desarmados

Los venezolanos ahora están indefensos ante un gobierno que se opone a sus libertades civiles, al mismo tiempo que destruye su sustento económico. Como si no fuera suficiente, los venezolanos de todos los días deben soportar la delincuencia desenfrenada y la constante amenaza de los colectivos, las infames unidades paramilitares pro gobierno de Venezuela.

Si bien el control de armas en sí mismo no conduce automáticamente a la tiranía, los eventos históricos

nos recuerdan que las intervenciones bien intencionadas de gobiernos anteriores pueden ser utilizadas por la siguiente ronda de agentes políticos con propósitos infames. Las prohibiciones, confiscación y registro de armas de fuego le dan al estado un virtual monopolio de la violencia, convirtiendo a sus ciudadanos en sujetos indefensos. Cuando el caucho se encuentra con el camino, una población desarmada no tiene oportunidad contra un Leviatán bien armado.

Los extranjeros pueden burlarse de la Segunda Enmienda de los Estados Unidos, pero es uno de los derechos de mayor alcance que los redactores de la Constitución se aseguraron de proteger. La agitación política puede surgir en cualquier momento y los ciudadanos deben tener un medio final para protegerse en caso de que se hayan agotado todas las opciones institucionales.

Fuente: https://mises.org/es/wire/como-el-control-de-armas-se-convirtio-en-un-instrumento-de-tirania-en-venezuela

GUSTAVO COLÁS

LA RAD EN EL SENADO DE LA NACIÓN

Abogado

Secretario de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado de la Nación y miembro de la Red Argentina para el Desarme (RAD).

Con la presencia de Colás en la comisión, la RAD está representada en la Cámara Alta del Poder Legislativo.

Participante activo representando a la República Argentina en toda reunión referente a control de armas en organismos internacionales, como PARLATINO (Parlamento Latinoamericano), SHELAC (Seguridad Humana en Latinoamérica y el Caribe) y otros.

Corredactor del Proyecto de Ley Marco sobre Armas de Fuego, Munición y Materiales relacionados” para el PARLATINO (Parlamento Latinoamericano). Trabajó en la redacción de este proyecto en su calidad de asesor de la Comisión de Seguridad del Senado argentino, junto a Darío Kosovsky Antonio Rangel Bandeira de la ONG (desarmista) Viva Río.

Dicho proyecto de Ley Marco – con algunas modificaciones – fue presentado por la Senadora S. Escudero en el Senado de la Nación bajo el número de expediente S-252-08 del cual el Dr. Osvaldo Van Lacke hiciera el análisis.

Ver también discurso de la Senadora Escudero durante su gestión como Secretaria General del Parlamento Latinoaméricano. Gustavo Colás contribuyó a la redacción de aquella presentación, en el cual se explica que el Proyecto de Ley Marco se basa en  “el modelo de desarme y desestímulo” y se identifica con el “modelo de seguridad ciudadana” en contraposición a nuestra Ley 20.429, que fue concebida en el año 1973 bajo el paradigma de la “seguridad nacional” y que se basa en el control y registro.

El 20 de mayo de 2016 participó de la Conferencia Regional sobre “Violencia Armada y Poblaciones Vulnerables” realizada en el Senado de la Nación, organizado por la Fundación Arias por la Paz y el Progreso Humano y la Asociación para Políticas Públicas (APP) de Diego Fleitas y María Pía Devoto.

Es de hacer notar que la Fundación Arias por la Paz de Costa Rica, fue una de las organizaciones internacionales que asesoran al entonces presidente Chávez para lograr el Desarme Civil en Venezuela y así festejaba en 2012 el DESARME Chavista.

Además la Fundación Arias para la Paz (Costa Rica) fue corredactora del “Manual de entrenamiento de ONG de América Latina y el Caribe” que coordinó y editó Martín Appiolaza.

Durante la Conferencia Regional sobre “Violencia Armada y Poblaciones Vulnerables”, anteriormente citada y organizada por Fundación Arias para la Paz y la Asociación para Políticas públicas (APP), realizada en el Senado de la Nación, Gustavo Colás afirmó que: “deben promoverse políticas activas para disminuir la proliferación de armas en nuestro país”.

ALEJANDRA OTAMENDI

María Alejandra Otamendi o Alejandra Otamendi, son los nombres con los que se identifica.

Doctorada en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA) y del École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de Paris. Becaria de posgrado del CONICET.

Master of Science en Gobernanza Global y Diplomacia, Universidad de Oxford. Becaria Chevening, 2006-2007.

Licenciada en Sociología, UBA, 2003.

Jefa de Trabajos Prácticos (JTP), Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales I, II y III, carrera de Sociología, UBA, cátedra Sautu.

Investigadora en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Buenos Aires, 2005; 2008.

Se desempeñó en la Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales (DIGAN) de la Cancillería Argentina, 2002-2004.

Asistente de dirección y pasante del Programa de América Latina del Woodrow Wilson Center for Scholars, Washington, DC.

Publicaciones en libros y revistas especializadas en temas de seguridad, armas de fuego y metodología.

Investigadora de la Asociación para Políticas Públicas (APP), ONG fundadora de la RAD de Diego M. Fleitas y María Pía Devoto.

Actividad en la Función Pública

Desde  febrero de 2020 es funcionaria en la CSJN.

Una de las afirmaciones de Otamendi en donde se observa – como en casi todos los casos – un discurso ideologizado y estigmatizador del varón usuario de armas, subestimando la importancia de las mujeres que pretenden “defender” y representar.

“Es necesario deconstruir la masculinidad tóxica donde ser hombre es ser violento y estar armado”

“Las armas en las casas lejos de proteger, aumenta el riesgo de muerte violenta, especialmente de mujeres” según el estudio Armas de fuego en Femicidios y Juvenicidios.”

En 2020 participó en el curso de “Capacitación sobre el uso de armas de fuego en femicidios”, dictado por la Oficina de la Mujer del máximo tribunal y la Agencia Nacional de Materiales Controlados.

La Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cargo de su vicepresidenta, Dra. Elena Highton de Nolasco, brindó un taller de capacitación junto con la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) sobre el uso de armas de fuego en femicidios. Participaron 90 personas, entre referentes de carga de datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) e integrantes de las oficinas de la mujer y de género, de la magistratura y de los ministerios público fiscal y de la acusación. El taller se llevó a cabo el 29 de septiembre a través de la plataforma Zoom.

Disertantes

Disertaron las funcionarias María Alejandra Otamendi y Luciana Gagniere de la Oficina de la Mujer e Ignacio Sacchetti, coordinador de Cooperación Institucional de la agencia que tiene a su cargo la política de desarme de la sociedad civil, así como del registro, la fiscalización y el control de toda la actividad vinculada con armas de fuego, explosivos y otros materiales controlados.

El funcionario expuso sobre la clasificación de las armas de fuego según la normativa vigente y sobre la intervención del organismo a su cargo en los casos de violencia de género con armas de fuego.

Por su parte, la OM brindó datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, publicado en junio pasado: uno de cada cuatro femicidios fue cometido con armas de fuego y al menos 16 de los sujetos activos tenían autorización legal para portarlas. 12 de esas armas de fuego, como mínimo, eran armas reglamentarias de las fuerzas de seguridad.

Asimismo, la OM informó sobre los lineamientos de un estudio en preparación sobre femicidios cometidos con armas de fuego; los compromisos y avances en la materia a nivel internacional y nacional, y las buenas prácticas para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia de género y los femicidios con armas de fuego.

A raíz de las declaraciones de la entonces Ministra de Seguridad Patricia Bullrich por el “caso Chocobar”, Otamendi en 2018 fue protagonista junto a Marcelo Salinas, de un debate televisivo en LN+ en donde se habló sobre la tenencia de armas, legítima defensa con armas y desarme civil. El programa se presentaba como “Armas sí, o armas no”.

CARLOS COMI

Abogado. Titular de la Asociación Civil “La Comuna” fundada en Agosto del año 2002 fue uno de los miembros fundadores de la RAD (Red Argentina por el Desarme)

Actividades en la función pública

Se desempeñó como jefe de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Rosario desde 1999 al 2002. 

En 2005, año en el cual fue electo concejal por el ARI en la ciudad de Rosario, presidió la  comisión Derechos Humanos.

Diputado Nacional de la Coalición Cívica ARI por la  provincia de Santa Fe durante el periodo 2009-2013.

Fue presidente del Ente de la Movilidad de Rosario en los últimos años.

En su página de facebook se presenta como “funcionario público”, ocupa el cargo de  “Coordinador” en la Intendencia de Rosario.

En el año 2013 junto a los diputados Héctor Horacio Piemonte de su mismo partido ARI; Elida Elena Rasino, Omar Segundo Barchetta, Alicia Mabel Ciciliani del Partido Socialista y Manuel Garrido de la UCR, presentó el  Proyecto de Ley 5624-D-2013 que derogaba la Ley Nacional de Armas 20.429.

Título del proyecto: “Régimen Jurídico para la prevención y reducción de la violencia con armas de fuego, control y uso de las mismas; derogación de la ley 24492, artículo 4 de la Ley 25086, Ley 20429 en lo referido a la autoridad de aplicación, a las actividades y personas, y a las sanciones estipuladas, reguladas en la presente.”

En su página de facebook así explicaba su proyecto basado en el  proyecto de “Ley Marco de Armas de Fuego, Munición y Materiales Relacionados” de la Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada y el proyecto de Ley de la senadora Escudero:

Aquí te adelanto las claves del proyecto de la ley de Armas de fuego que estamos presentando en la cámara de diputados. Miralas.

ALGUNAS CLAVES DEL PROYECTO
El proyecto tiene como objeto saldar un vacío legislativo en la materia del control de armas y materiales relacionados en la argentina. La normativa vigente, ley 20429, data de 1973, y si bien a lo largo de los años ha sufrido algunas modificaciones, ninguna de ellas ha implicado una reforma integral de la norma que por distintos motivos se encuentra obsoleta. El proyecto que presentamos pretende, precisamente, saldar la deuda pendiente que existe en la materia.

El proyecto que se propone recoge principalmente las propuestas contenidas en el Proyecto Ley Marco de Armas de Fuego, Munición y Materiales Relacionados  de la Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada.

Convencidos de la necesidad de desalentar el uso de armas de fuego, establecimos en el proyecto los objetivos y principios dentro de los cuales deben enmarcarse las decisiones de política pública en la materia. Así, definimos como objetivo: prevenir y reducir la violencia con armas de fuego, en particular las consecuencias letales de su uso. Y establecimos, al mismo tiempo, un régimen jurídico para: el control de las personas autorizadas a operar con dichos materiales; el control de las actividades autorizadas; el retiro de excedentes y de todo material cuyo uso no sea justificado; y, la sanción al uso indebido de armas de fuego, munición y materiales relacionados.

La problemática de las armas de fuego, en nuestro país, estuvo históricamente delegada a los militares, y, posteriormente al área civil a cargo de la conducción de las Fuerzas Armadas. Su fundación, enmarcada en la doctrina de la seguridad nacional, no se sustentó entonces, en la necesidad de institucionalizar un sistema integral de control, sino que por el contrario, se configuró como recurso para reducir la potencialidad violenta de grupos civiles armados en la década de 1970. Los gobiernos democráticos, no asumieron tal como debían, la tarea de diseñar un sistema de control conforme las necesidades de la seguridad interior. Por el contrario, delegaron en los fabricantes y comerciantes de armas el gobierno del problema. Así, a similitud del Registro de la Propiedad Automotor, en 1991 se creó por ley el Ente Cooperador del Registro Nacional de Armas, y se suscribió un contrato de cooperación técnica y financiera, con la Asociación Industriales y Comerciantes de Artículos para Caza y Pesca (AICACYP). Esta situación, hartamente denunciada por la sociedad civil, debe ser inmediatamente revertida y abordada. Es inentendible e inadmisible que un organismo que debiera controlar un arista de suma importancia para la seguridad, se encuentre administrado por quienes deben ser sus controlados. Un punto central es la modificación del nefasto sistema de financiamiento y administrativo que mantiene el organismo.

El título III del proyecto tiene por objeto regular de modo claro y exhaustivo los requisitos y las obligaciones de las personas autorizadas. De este modo, dejamos establecidos por ley los requisitos necesarios e indispensables para tramitar las licencias de Personas Autorizadas, siempre respetando el principio de restrictividad establecido para la política. Así se estipulan distintos puntos, entre los cuales especialmente se destaca el certificado de aptitud psíquica otorgado por hospitales públicos y expedidos por profesional psiquiatra o psicólogo. Ello tiene por objeto buscar brindar trasparencia y rigurosidad al sistema. Si bien parte de ello ya está en las nuevas disposiciones del organismo, debe quedar plasmado en la norma a los fines de evitar una situación lamentable pero recurrente, que es o bien la firma de profesionales de otros ámbitos de la medicina ajenos a la psiquiatría o psicología, o bien profesionales que firman extrañamente varios certificados en el mismo día. Se requieren al mismo tiempo la inexistencia de adicciones a psicofármacos, estupefacientes o bebidas alcohólicas; y un certificado de aptitud física emitido por profesional médico, legalizado por el respectivo colegio profesional. Se requiere también un certificado de idoneidad para el manejo de armas, emitido por instructor habilitado por la Autoridad de Aplicación; un certificado de Buena Conducta, carencia de antecedentes penales y ausencia de antecedentes de violencia familiar.

El título IV refiere a las licencias necesarias para las distintas actividades con materiales controlados. En este sentido, se ha procurado en el presente proyecto, comprender todo el circuito de la existencia de estos materiales (desde su fabricación o importación hasta su destrucción) a través de la regulación compartimentada (pero relacionada) de cada uno de los actos que puedan desarrollarse con aquellos. De este modo se han estipulado los requisitos, condiciones y obligaciones de las licencias particulares de fabricación, depósito, trasporte, transferencias internacionales, comercio doméstico, tenencia y portación, introducción y salida, coleccionismo, reparación, caza deportiva, entidades de tiro, recargas de munición, instrucción de tiro y seguridad privada. Todas y cada una de las licencias se otorgan por un período determinado de tiempo, la mayoría de 3 años. Resulta pertinente resaltar en especial algunas cuestiones estipuladas en el articulado en referencia a determinadas actividades en especial. En primer lugar se incorporan requisitos con criterios sumamente restrictivos para la tenencia y portación de armas. La tenencia de armas de fuego es considerada en este proyecto como un privilegio y no como derecho. En función de ello se define la tenencia como aquella actividad que le permite a la persona autorizada adquirir y disponer materialmente del arma, guardarla en el inmueble autorizado, trasportarla sin posibilidades de uso inmediato, y realizar con ella actividades de caza y deportivas en lugares autorizados para tal fin. Se recuerda al mismo tiempo que debe haber correspondencia entre la actividad desarrollada y el tipo de arma adquirida, según se dejó establecido en los principios del proyecto. Por último se deja explicitado que el permiso de tenencia no autoriza en modo alguno a la portación del arma en condiciones de uso inmediato. Queda establecido que el pedido de tenencia sólo podrá fundarse en alguno de los siguientes supuestos: i) Práctica de tiro deportivo en instituciones reconocidas; ii) Práctica de caza; iii) Residencia en zona despoblada con escasa vigilancia policial.

En cuanto a la portación, el principio de fondo es la prohibición, estableciendo únicamente excepciones con carácter restrictivo para casos particulares y con expresa autorización previa. Así se define a la portación como la actividad mediante la cual una persona física autorizada, habiendo obtenido la licencia correspondiente y en uso de ella, lleva consigo un arma de fuego en condición inmediata de uso en lugares públicos o de acceso público. Y se prevén los requisitos especiales, entre los cuales e indica que la justificación de las circunstancias objetivas previstas, exclusivamente podrán fundarse en el desempeño por parte de la persona autorizada, de una actividad profesional o laboral que lo justifique en función de someterlo en forma temporaria o permanente a un riesgo cierto, grave y actual contra la integridad física, siempre que la protección no pueda ser garantizada por la autoridad. Se deja explicitado al mismo tiempo que de ningún modo podrá concederse la portación en base a condiciones de inseguridad general.

Por otro lado, en relación a la regulación de la caza deportiva, por su parte, se exige, además de los requisitos propios de las personas autorizadas, la adecuación del arma habilitada con la actividad declarada. Los cazadores no deben poder comprar armas que no sean útiles para tal actividad (no existen razones para que adquieran pistolas o revólveres). Con ello daremos fin a quienes detrás del pedido de tenencia para caza deportiva, por ejemplo, compran armas para defensa personal. Asimismo, respecto de los tiradores deportivos, no existe motivo alguno para permitir que éstos dispongan de sus armas fuera de los círculos de tiro. El criterio de restrictividad está también comprendido en estas interpretaciones.

El Título V, de la reducción, recolección y destrucción, tiene por objeto reducir los excedentes y destruirlos; recolectar armas y determinar las modalidades de su destrucción. En este sentido, se pretende por un lado cristalizar en una reforma integral del sistema, los aportes significativos que se han ido realizando a lo largo de estos últimos años en materia de desarme y destrucción de armas de fuego y materiales relacionados, mediante la sanción de la Ley 26.216 que declara la Emergencia Nacional en Materia de Armas de Fuego y Materiales Controlados y crea el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, y la ley 25.938.

Finalmente, el Título VI establece un sistema de infracciones y sus sanciones correspondientes.

ILEANA ARDUINO

Abogada con orientación en Derecho Penal, seguridad y políticas de género

Entre 2002 – 2005 fue Subdirectora de INECIP.

Es miembro fundador y abogada de COPADI (Colectivo para la Diversidad), y fue abogada de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar– CTA).

Actualmente forma parte de la planta de Investigadores permanentes del ILSED, organización no gubernamental que forma parte de la Red Argentina para el Desarme (RAD).

Actividad en la Función pública

En 2006 y hasta 2010 fue Directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa de la Nación (Ministro: Nilda Garré) donde tuvo a cargo el desarrollo e implementación de la política sectorial de género para las Fuerzas Armadas.

Entre 2011 y 2013 funcionaria del Ministerio de Seguridad de la Nación, primero como Secretaria de Políticas de Prevención y Relaciones con la Comunidad y luego como Subsecretaria de Articulación con los poderes judiciales y los ministerios públicos.

Fue capacitadora en cursos de litigación en audiencias orales para funcionarios del poder judicial de la provincia de Buenos Aires a través de la Procuración General de la provincia y para funcionarios judiciales del poder judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en articulación con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Judicial de Morón con INECIP /Asociación de Magistrados, en la provincia de la Rioja y en la Provincia de Neuquén, entre otros.

Relación entre Arduino y la Red Argentina para el Desarme, cuando era funcionaria.

Ileana Arduino mientras estuvo en la función pública en el ministerio de Defensa de Nilda Garré, ofició como nexo entre el Poder Ejecutivo y Darío Kosovsky de la Organización No Gubernamental INECIP fundadora y miembro de la Red Argentina para el Desarme (RAD), para la redacción del proyecto del PEN de la que luego fuera conocida como la LEY 26.216, que declara “la emergencia nacional en materia de tenencia, fabricación, importación, exportación, transporte, depósito, almacenamiento, tránsito internacional, registración, donación, comodato y compraventa de armas de fuego, municiones, explosivos y demás materiales controlados, registrados o no registrados. Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Réplicas y Armas de Juguete. Inventario de Arsenal. Comité de Coordinación y Consejo Consultivo. Disposiciones transitorias y finales”, ley más conocida como “Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego” (PEVAF) en sus sucesivas prórrogas.

Las pruebas, capturas de imagen de los intercambios de correos entre Arduino y Kosovsky

Textual uno e imagen.

Arduino: “2. Armas: ay le pasé tu informe a nilda, esto es un poco enrredado, please de esto mantené la más absoluta reserva;: parece que Alberto Fernández tampoco le gusta nada la movida de Aníbal por lo cual va por mas: un organismo independiente, federal, etc. Estoy buscandole letra a nilda: yo encontré dos proyectos de ley: uno de montoya, otro de perceval. Hay algo más?”

Textual dos e imagen.

Kosovsky: “por si no querés leer todo el proyecto de ley nacional de escudero y perceval este es un punteo de ambos hecho por el secretario de la comisión de seguridad del senado
ahora van las otras cosas

Textual tres e imagen. (Cuando se refiere a “g mendez” se trata del ex-diputado nacional Emilio García Mendez de quien fue asesor en el año 2006)

Kosovsky: “va el proy del ejecutivo. ya le cambiaron algunas cosas, entre ellas agregaron la amnistía por 180 días del delito de tenencia de armas y hay un par de cuestiones en discusión todavía.
ahora va la propuesta de reglamentación (que en realidad es un proyecto de ley que hice yo para g mendez)

Kosovsky: “Este es el proyecto que la Red le propuso a AF pero que quieren usar como reglamentación de la ley que armó el ejecutivo (que como verás es bien amplia para “tener muñeca”)  una vez aprobada.”

Textual cuatro e imagen.

Kosovky: “2. no hay más proyectos creando un ente supra renar, pero ojo que el de perceval lo hizo el mismo renar.  Te paso más del nuevo parte: ayer nos reunimos con el “futuro director o interventor” del renar y estuvimos conversando hasta detalles del nuevo renar y del canje que según palabras de anibal ya está confirmado el lanzamiento (sólo del canje no de la parte renar) el miércoles 9 en casa rosada con el presidente.  Antes de eso este jueves nos reuniremos otra vez con Anibal para ultimar detalles del lanzamiento del miércoles (ahora con esta data me parece que un buen paso es decirle que si no está el presidente no tiene sentido lanzarlo; porque si lo lanza anibal sólo es un quemo total y va a pasar lo mismo que con slokar cuando salgan los blumbergs a putear) Sigamos cruzando información así nosotros no quemamos naves con un proyecto que vaya a nacer muerto.  Decile a Nilda que si quiere (aunque pasándonos asi la info casi no tiene sentido) nos reunimos cuando disponga.”

Fuente de los correos (extraídos de los originales de WikiLeaks): http://weakyweasels.blogspot.com/2011/07/parte-3-ileana-arduino-secretaria-de.html

CAROLA CONCARO

Licenciada en Ciencias Políticas, miembro fundador de la RAD (Red Argentina para el Desarme) Investigadora permanente del INECIP.

Investigadora en el grupo de trabajo “Armas: Control y Desarme” del INECIP, que encabeza Martín Angerosa. Otros integrantes del grupo son: Sidonie Porterie y Aldana Romano

Fue Director ejecutivo del ILSED (Instituto Latinoamericano de seguridad y democracia), actualmente forma parte de la Comisión Directiva.

MARTÍN ANGEROSA

Abogado. Investigador permanente del INECIP.

Director del Programa de Control de Armas y Seguridad Democrática del INECIP, Sede Córdoba.

Miembro de la Junta Directiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSeD) Coordinador de la sede Córdoba del ILSED.

Junto a Carola Concaro, Sidonie Portiere y Aldana Romano llevan adelante el Plan de Desarme del INECIP

Miembro de la agrupación “La Cámpora”

Miembro militante de la agrupación H.I.J.O.S.

Asesor legal de Abuelas de Plaza de Mayo

Miembro Co fundador de la Red Argentina para el Desarme.

Crédito imagen INECIPMartín Angerosa, flanqueado a la izquierda por Rebecca Peters, ex Directora de International Action Network on Small Arms (IANSA)  y Aldana Romano de INECIP a la derecha.

Según Angerosa la responsabilidad de la violencia armada en Rosario es responsabilidad de las armerías y de los Legítimos Usuarios

En un artículo de septiembre del año 2020 en el diario La Nación, titulado “Violencia: una semana con más de 200 ataques a balazos en Rosario” Martín Angerosa, afirmó:

“No hay controles en las armerías ni tampoco en la trazabilidad de las municiones que se venden a los legítimos usuarios. Hay una zona gris también en la transacción legal. Se pueden adquirir en cada compra 1500 balas. Desde el momento de la adquisición no hay más controles. Esa es una falencia del sistema”.

Actividades en la Función pública:

Ex director de la delegación de ex–RENAR/ANMAC en Córdoba.

Ex Coordinador Nacional del plan de Desarme en ANMaC central.

Funcionario en la Municipalidad de Río Ceballos.

Asesor Técnico de la delegación Córdoba de la Dirección Nacional de Migraciones.

Según informara el sitio web de Perfil, durante esta administración Fernández/Fernández, Martín Angerosa fue designado Asesor Técnico de la delegación Córdoba de la Dirección Nacional de Migraciones a pesar de tener una prohibición para salir del país por falta de pago de la cuota alimentaria a sus hijos. 

La Justicia de Familia prohibió al abogado Martín Angerosa salir del país por incumplir el pago de cuota alimentaria de sus dos hijos menores de edad. La paradoja es que en febrero pasado fue designado Asesor Técnico de la delegación Córdoba de la Dirección Nacional de Migraciones, según la Disposición 1484/2020 del organismo con fecha 21 de febrero pasado, y firmada por la titular nacional María Florencia Carignano.

La resolución judicial –primero intervino el Juzgado de Familia N°2 y luego el N°7- se había adoptado en 2018 ante la reticencia de Angerosa de afrontar el cumplimiento de la asistencia a los hijos, de 7 y 9 años. A partir de datos que constan en la causa y a los cuales PERFIL CORDOBA pudo acceder, fue posible reconstruir los antecedentes.

La relevancia del caso está no sólo en el remedio que encontró la Justicia para instarlo a cumplir con sus deberes como padre; sino en que desde febrero pasado es un funcionario público y trabaja, precisamente, en el ámbito que debe constatar el cumplimiento de la orden judicial.

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