Femicidios 2020

Durante el año 2020, sólo el 0,0001% de los Legítimos Usuarios de Armas de fuego han cometido un “femicidio” con su arma registrada.

Uno de los mantras desarmistas es: Uno de cada 4 femicidios son cometidos con ellas. Un dato importante es que de las armas registradas, el 99% está en poder de hombres y sólo el 1% restante en manos de las mujeres.”, cuando dicen “armas registradas” no es un error ni una distracción, es adrede para manipular los datos y dejar flotando la idea que son las armas REGISTRADAS las causantes de los femicidios. De esta manera cumplen con uno de los puntos estipulados en el Manual para el Desarme, que es estigmatizar a los usuarios de armas legales, y confirman que su fuente de ingresos es la guerra contras las armas legales, no interesan los “femicidios” en sí, ni las muertes por otros métodos.

Durante el año 2020 la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) analizó 276 causas judiciales abiertas, en las cuales se investigaban 247 “femicidios” directos.

Luego de analizadas las causas judiciales anteriormente mencionadas, se contabilizaron 251 víctimas directas de “femicidio” y 36 víctimas de “femicidio” vinculado, lo que da un total de 287 víctimas letales.

Tomamos como base de usuarios registrados los datos del informe 128 del año 2020 brindado por la Jefatura de Gabinete de Ministros a la Cámara de Diputados de la Nación.

Según este informe, al mes de octubre del año 2020, el universo de Legítimos Usuarios Individuales era de 1.034.776.

Medios empleados para cometer los “femicidios”

Como se puede observar en el gráfico siguiente, los medios más utilizados para cometer los “femicidios” fueron, en primer lugar, la fuerza física en un 32%, las armas blancas 26% ocupando el segundo lugar. En tercer orden, se ubican las armas de fuego en un 18%. Luego el fuego y otros medios. Este año se incluyen “femicidios” por intoxicación por venenos.

Gráfico propio en base a datos del Informe sobre “femicidios” del año 2020 elaborado por la OM de la CSJN.

Como refiere el informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, en los casos de “femicidios” directos que sucedieron por otros medios, se informó “el uso de piedras, objetos contundentes, maza, por asfixia con cinturones, sogas y atropellada con automóvil”.

Por lo menos cinco (5) de los imputados eran integrantes de una fuerza de seguridad o fuerza armada que utilizaron sus armas reglamentarias. Con respecto a las armas legales de usuarios individuales, sólo se identificó UN (1) caso de “femicidio”, que representa un 0% de todos los métodos empleados.

Si bien el porcentaje de este tipo de delitos COMETIDOS CON ARMAS DE FUEGO HA BAJADO SUSTANCIALMENTE, el número TOTAL DE FEMICIDIOS se ha mantenido bastante estable, lo que demuestra que el “femicida” que no tenía acceso a un arma de fuego no se privó de emplear otro método como armas blancas, fuerza física, venenos, y “piedras, objetos contundentes, maza, por asfixia con cinturones, sogas y atropellada con automóvil” para asesinarlas como señala la OM en su informe y que citamos en párrafo anterior.

O sea, claramente y en contra de lo que afirman los desarmistas, problema NO SON LAS ARMAS DE FUEGO.

Gráfico propio en base a datos del Informe sobre “femicidios” del año 2020 elaborado por la OM de la CSJN.

Analizando sólo los casos de “femicidios” cometidos con armas de fuego no hay datos de registro en un 63% pudiéndose inferir que se trató de armas ilegales. El 25% fueron con armas ilegales. Con respecto a las armas registradas o legales 10% eran armas reglamentarias de los miembros de FFSS/FFAA. Sólo UNO (1) caso, o sea el 2% de los casos totales eran armas pertenecientes Legítimos Usuarios Individuales.

Por lo tanto podemos afirmar que según la cantidad de usuarios registrados al 30 de octubre de 2020, el porcentaje que cometió un “femicidio” con su arma legal durante el año 2020 es despreciable, ya que ese 2% representa sólo el 0,0001% del universo de legítimos usuarios.

Gráfico propio en base a datos del Informe sobre “femicidios” del año 2020 elaborado por la OM de la CSJN.

Durante el año 2020, sólo el 0,0001% de los Legítimos Usuarios de Armas de fuego han cometido un “femicidio” con su arma registrada.

ALBERTO BINDER

Abogado, jurista y profesor en varias universidades de América Latina. Fue protagonista de la reforma de la policía bonaerense ejecutada por el ex Ministro de Seguridad León Arslanián.

Fundador y cofundador de varias ONG relacionadas que conforman Redes de Organizaciones No Gubernamentales nacionales e internacionales. Las ONG nacionales a través de estas Redes, reciben fondos para sus investigaciones con la finalidad de aplicación de políticas públicas por medio de convenios firmados con los diferentes Poderes de Gobierno y Ministerios en la Argentina.

Vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).

Actualmente pertenece al Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), del cual fue presidente y cofundador.

Presidente del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE)

Presidente del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS)

Miembro fundador de la Red Argentina para el Desarme (RAD)

Vocal titular tercero de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados (AJJ)

Es uno de los impulsores del “Acuerdo por la Seguridad Democrática” (ASD) firmado por ONGs y políticos en el año 2010 en la Argentina. Ver Listado de adherentes en:

http://www.asd.org.ar/

Con respecto al Control de armas y Desarme Civil, la Ley 27.192 de creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) que reemplazó al Registro Nacional de Armas (RENAR) establece el inicio de cambio de paradigma de Seguridad Nacional que originó la Ley Nacional de Armas 20.429, al patrón o modelo de la Seguridad Democrática.

Actualmente, Binder forma parte del equipo del Consejo Consultivo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para la elaboración de la nueva Ley Nacional de Inteligencia.

El Consejo Consultivo de la AFI fue nombrado por su interventora, Cristina Caamaño Iglesias Paiz, miembro de la Junta Directiva de INECIP.

JULIÁN ALFIE

1993 – Nació en Capital Federal, donde vive actualmente.

2011 – Comienza a estudiar abogacía en la UBA.

2015 – Empieza a trabajar como investigador en el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). Participa de diversas investigaciones, entre ellas la de violencia de género y armas de fuego en Argentina.

2017 – Se recibe de abogado con orientación en Derecho Penal.

2018 – Además de ser investigador del INECIP en las áreas de Reforma y Democratización de la Justicia y Política Criminal, es integrante de la Red Argentina para el Desarme (RAD).

2019 – Coautor del documento titulado “Cuando el macho dispara junto a Aldana Romano y Ana Lucía Mucchi, para INECIP y con el apoyo de la Embajada de Canadá en Argentina por medio del Fondo Canadá para Iniciativas Locales. El informe preliminar que inspiró esa publicación fue auspiciado por la Fundación Friedich Ebert.

Según su propia descripción, el documento “tiene por fin analizar la política de control de armas de fuego con perspectiva de género”.  Proponen medidas mucho más restrictivas para obtener la credencial de legítimo usuario que las que impone actualmente nuestra legislación. Toman como ejemplo las restricciones en Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Sudáfrica como se muestra en la siguiente captura de imagen del paper de marras.

Sobre la guarda de armas registradas, podemos leer en las conclusiones de “Cuando el macho dispara” que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) debería contemplar la posibilidad de incluir en la normativa “que las armas se guarden fuera de zonas urbanas o suburbanas, debiendo ser almacenadas en lugares con normas de seguridad estrictas, por ejemplo, un club de tiro.” Propuesta que para nuestro país es un total disparate fuera de toda realidad. Se roban armas de los juzgados, de comisarías y de arsenales de las FFAA y pretenden que los legítimos usuarios guarden sus armas en un club de tiro fuera de las zonas urbanas o suburbanas, UN DELIRIO.

Este proyecto tuvo como punto de partida el informe preliminar realizado por Julián Alfie, Ileana Arduino, Carola Concaro, María Sidonie Porterie y Aldana Romano, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert.” según consta en la publicación.

Uno de los mantras desarmistas (INECIP/RAD) y que últimamente Alfie es el encargado de difundir es que: 

“Algunas estadísticas indican que por día mueren entre 7 y  8 personas diariamente por disparos de arma de fuego. Uno de cada 4 femicidios son cometidos con ellas. Un dato importante es que de las armas registradas, el 99% está en poder de hombres y sólo el 1% restante en manos de las mujeres.”

Cuando se refiere a las “armas registradas” no es un error ni una distracción, esas palabras están siendo utilizadas deliberadamente para manipular los datos y dejar flotando la idea que son las armas REGISTRADAS las causantes de los “femicidios”. De esta manera cumplen con uno de los puntos estipulados en el Manual para el Desarme, que es estigmatizar a los usuarios de armas legales, y confirman que su fuente de ingresos es la guerra contras las armas legales, y que no interesan los “femicidios” en sí, ni las muertes por otros métodos.

La manipulación de datos sobre los legítimos usuarios quedó demostrada en nuestras publicaciones sobre las causas judiciales de “femicidios” ocurridos durante los años 2017, 2018 y 2019.

Sobre Alfie no hay registro de actividad en la función pública, todavía.

SERGIO BERNI

Abogado y médico cirujano y realizó su residencia en el Ejército Argentino, tornándose de esta forma médico militar. En esta institución hizo carrera, permaneciendo en actividad con el grado de teniente coronel, pero abocado de lleno a la actividad política. Fue pasado a retiro el 15 de febrero de 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri.

ACTIVIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

1991 – designado por el entonces gobernador de la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner, como director del hospital de Veintiocho de Noviembre

En la huelga de los mineros de Río Turbio sucedida en 1994, Berni en su doble carácter de médico y militar fue como voluntario a supervisar la salud de los mineros. Durante quince días ofició como agente encubierto entre los huelguistas obteniendo información sobre futuras acciones y filiaciones políticas que luego eran remitidas al poder central provincial. Cuando los mineros sospecharon de las actitudes del agente, lo expulsaron de la mina.

2003 – Llega a Buenos Aires junto con el designado presidente de la Nación, Néstor Kirchner. La hermana del presidente, Alicia, es designada en el Ministerio de Desarrollo Social. Es así que Alicia Kirchner lo nombra “Director nacional de asistencia crítica y subsecretario de abordaje territorial” y fue así el nexo entre el gobierno y las organizaciones piqueteras. Ocupó esos cargos en el Ministerio de Desarrollo social hasta 2011.

2011 – En las elecciones legislativas del año 2011, fue elegido senador de la Provincia de Buenos aires. A fines de ese año asumió como vicepresidente del Senado provincial, hasta comienzos del año 2012.

2012 – A comienzos de este año, Berni fue designado por la presidente Cristina F. de Kirchner como Secretarios de Seguridad de la Nación y deja su banca en el Senado provincial. El Ministerio de Seguridad era ocupado por Nilda Garré.

2016 – Vocal de Interpol por las Américas del Comité Ejecutivo de ese Organismo.

2019 – En diciembre de 2019 es designado Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos aires, cargo en el que fue nombrado por el gobernador Axel Kicillof.

DECLARACIONES A FAVOR DEL DESARME CIVIL.

En Junio 2020:

No estoy de acuerdo con que la sociedad se arme. Estoy en las antípodas de (la ex ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich cuando esa noche salió de una fiesta y dijo que el que quiera armarse que se arme. Las armas no son para la sociedad civil. La armas son para aquellos que la Constitución delega. Y delega el monopolio a la fuerza pública”.

En junio 2020:

En el caso del jubilado Jorge Ríos que fue atacado por un grupo de delincuentes en su hogar, Berni expresó:

“En un caso así lo mejor es no hacer nada. Estoy totalmente convencido de que el uso de las armas de fuego es solamente para aquellos que son profesionales, para la policía.

El 30 de junio de 2020, durante la emisión del programa “Verdad/Consecuencia” declaró: “Soy un fanático del desarme civil

Con respecto a esa declaración, recomendamos leer la columna de opinión de Rubén Lasagno en OPI Santa Cruz

En julio 2020 en su cuenta de Twitter.

“El uso de un arma es un tema delicado, que requiere de mucha profesionalidad. La diferencia entre Patricia Bullrich y yo es que soy de los que pregonan el desarme de la sociedad civil.

Femicidios 2019

Durante el año 2019, sólo el 0,0003% de los Legítimos Usuarios de Armas de fuego han cometido un “femicidio” con su arma registrada.

Uno de los mantras desarmistas es: Uno de cada 4 femicidios son cometidos con ellas. Un dato importante es que de las armas registradas, el 99% está en poder de hombres y sólo el 1% restante en manos de las mujeres.”. Cuando dicen “armas registradas”, no es un error ni una distracción, es adrede para manipular los datos y dejar flotando la idea que son las armas REGISTRADAS las causantes de los “femicidios”. De esta manera cumplen con uno de los puntos estipulados en el Manual para el Desarme, que es estigmatizar a los usuarios de armas legales, y confirman que su fuente de ingresos es la guerra contras las armas legales, no interesan los “femicidios” en sí, ni las muertes por otros métodos.

Durante el año 2019 la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) analizó las causas judiciales abiertas. 

Tomamos como base de usuarios registrados los datos del informe 128 del año 2020 brindado por la Jefatura de Gabinete de Ministros a la Cámara de Diputados de la Nación.

Según este informe, al mes de octubre del año 2020, el universo de Legítimos Usuarios Individuales era de 1.034.776.

MEDIO EMPLEADO PARA COMETER LOS “FEMICIDOS” EN 252 CASOS.

Del total de las doscientas cincuenta y dos (252) víctimas, según la Oficina de la Mujer de la CSJN, doscientas cuarenta y siete (247) eran “mujeres cis”, y cinco (5) eran “mujeres trans/travesti”.

Como se puede observar en el grafico siguiente, los medios más utilizados para cometer los “femicidios” fueron, las armas blancas y la fuerza física en partes iguales (26,98%) ocupando el primer lugar. En segundo orden, se ubican las armas de fuego (25,34%). En cuarto lugar, el fuego y otros medios (7,62%), mientras que en un 13,08% de las causas no se consignan datos del mecanismo con el cual se cometió el delito.

Por lo menos doce (12) de los imputados eran integrantes de una fuerza de seguridad o fuerza armada que utilizaron sus armas reglamentarias.

En el año 2019 la tasa correspondiente de “femicidios” fue, 1,1 cada 100 mil mujeres, igual que en los año 2017 y 2018.

Gráfico propio en base a datos del Informe sobre “femicidios” del año 2019 elaborado por la OM de la CSJN.

En las causas analizadas de “femicidios” cometidos con armas de fuego, el 19,04% fueron con armas ilegales o no se consigna datos de registro, en el 4,75%  (doce casos) los imputados eran miembros de fuerzas armadas y de seguridad que utilizaron sus armas reglamentarias.

Hay que resaltar que de la totalidad de las causas, los imputados por el delito de “femicidio” cometido con armas registradas sólo llegan a un 1,55%, o sea el más bajo comparativamente.

Gráfico propio en base a datos del Informe sobre “femicidios” del año 2019 elaborado por la OM de la CSJN.

Analizando sólo los sesenta y cuatro (64) casos de “femicidios” cometidos con armas de fuego no hay datos de registro en un 57,81% pudiéndose inferir que se trató de armas ilegales. El 17,19% fueron con armas ilegales. Con respecto a las armas registradas o legales 18,75% eran armas reglamentarias de los miembros de FFSS/FFAA. Sólo CUATRO (4) casos, o sea el 6,25% de los 64 casos totales eran armas pertenecientes a Legítimos Usuarios Individuales.

Gráfico propio en base a datos del Informe sobre “femicidios” del año 2019 elaborado por la OM de la CSJN.

Por lo tanto podemos afirmar que según la cantidad de usuarios registrados el porcentaje que cometió un “femicidio” con su arma legal durante el año 2019 es despreciable, ya que ese 6,25% representa sólo el 0,0003% del universo de legítimos usuarios.

Durante el año 2019, sólo el 0,0003% de los Legítimos Usuarios de Armas de fuego han cometido un “femicidio” con su arma registrada.

CARLOS COMI

Abogado. Titular de la Asociación Civil “La Comuna” fundada en Agosto del año 2002 fue uno de los miembros fundadores de la RAD (Red Argentina por el Desarme)

Actividades en la función pública

Se desempeñó como jefe de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Rosario desde 1999 al 2002. 

En 2005, año en el cual fue electo concejal por el ARI en la ciudad de Rosario, presidió la  comisión Derechos Humanos.

Diputado Nacional de la Coalición Cívica ARI por la  provincia de Santa Fe durante el periodo 2009-2013.

Fue presidente del Ente de la Movilidad de Rosario en los últimos años.

En su página de facebook se presenta como “funcionario público”, ocupa el cargo de  “Coordinador” en la Intendencia de Rosario.

En el año 2013 junto a los diputados Héctor Horacio Piemonte de su mismo partido ARI; Elida Elena Rasino, Omar Segundo Barchetta, Alicia Mabel Ciciliani del Partido Socialista y Manuel Garrido de la UCR, presentó el  Proyecto de Ley 5624-D-2013 que derogaba la Ley Nacional de Armas 20.429.

Título del proyecto: “Régimen Jurídico para la prevención y reducción de la violencia con armas de fuego, control y uso de las mismas; derogación de la ley 24492, artículo 4 de la Ley 25086, Ley 20429 en lo referido a la autoridad de aplicación, a las actividades y personas, y a las sanciones estipuladas, reguladas en la presente.”

En su página de facebook así explicaba su proyecto basado en el  proyecto de “Ley Marco de Armas de Fuego, Munición y Materiales Relacionados” de la Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada y el proyecto de Ley de la senadora Escudero:

Aquí te adelanto las claves del proyecto de la ley de Armas de fuego que estamos presentando en la cámara de diputados. Miralas.

ALGUNAS CLAVES DEL PROYECTO
El proyecto tiene como objeto saldar un vacío legislativo en la materia del control de armas y materiales relacionados en la argentina. La normativa vigente, ley 20429, data de 1973, y si bien a lo largo de los años ha sufrido algunas modificaciones, ninguna de ellas ha implicado una reforma integral de la norma que por distintos motivos se encuentra obsoleta. El proyecto que presentamos pretende, precisamente, saldar la deuda pendiente que existe en la materia.

El proyecto que se propone recoge principalmente las propuestas contenidas en el Proyecto Ley Marco de Armas de Fuego, Munición y Materiales Relacionados  de la Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada.

Convencidos de la necesidad de desalentar el uso de armas de fuego, establecimos en el proyecto los objetivos y principios dentro de los cuales deben enmarcarse las decisiones de política pública en la materia. Así, definimos como objetivo: prevenir y reducir la violencia con armas de fuego, en particular las consecuencias letales de su uso. Y establecimos, al mismo tiempo, un régimen jurídico para: el control de las personas autorizadas a operar con dichos materiales; el control de las actividades autorizadas; el retiro de excedentes y de todo material cuyo uso no sea justificado; y, la sanción al uso indebido de armas de fuego, munición y materiales relacionados.

La problemática de las armas de fuego, en nuestro país, estuvo históricamente delegada a los militares, y, posteriormente al área civil a cargo de la conducción de las Fuerzas Armadas. Su fundación, enmarcada en la doctrina de la seguridad nacional, no se sustentó entonces, en la necesidad de institucionalizar un sistema integral de control, sino que por el contrario, se configuró como recurso para reducir la potencialidad violenta de grupos civiles armados en la década de 1970. Los gobiernos democráticos, no asumieron tal como debían, la tarea de diseñar un sistema de control conforme las necesidades de la seguridad interior. Por el contrario, delegaron en los fabricantes y comerciantes de armas el gobierno del problema. Así, a similitud del Registro de la Propiedad Automotor, en 1991 se creó por ley el Ente Cooperador del Registro Nacional de Armas, y se suscribió un contrato de cooperación técnica y financiera, con la Asociación Industriales y Comerciantes de Artículos para Caza y Pesca (AICACYP). Esta situación, hartamente denunciada por la sociedad civil, debe ser inmediatamente revertida y abordada. Es inentendible e inadmisible que un organismo que debiera controlar un arista de suma importancia para la seguridad, se encuentre administrado por quienes deben ser sus controlados. Un punto central es la modificación del nefasto sistema de financiamiento y administrativo que mantiene el organismo.

El título III del proyecto tiene por objeto regular de modo claro y exhaustivo los requisitos y las obligaciones de las personas autorizadas. De este modo, dejamos establecidos por ley los requisitos necesarios e indispensables para tramitar las licencias de Personas Autorizadas, siempre respetando el principio de restrictividad establecido para la política. Así se estipulan distintos puntos, entre los cuales especialmente se destaca el certificado de aptitud psíquica otorgado por hospitales públicos y expedidos por profesional psiquiatra o psicólogo. Ello tiene por objeto buscar brindar trasparencia y rigurosidad al sistema. Si bien parte de ello ya está en las nuevas disposiciones del organismo, debe quedar plasmado en la norma a los fines de evitar una situación lamentable pero recurrente, que es o bien la firma de profesionales de otros ámbitos de la medicina ajenos a la psiquiatría o psicología, o bien profesionales que firman extrañamente varios certificados en el mismo día. Se requieren al mismo tiempo la inexistencia de adicciones a psicofármacos, estupefacientes o bebidas alcohólicas; y un certificado de aptitud física emitido por profesional médico, legalizado por el respectivo colegio profesional. Se requiere también un certificado de idoneidad para el manejo de armas, emitido por instructor habilitado por la Autoridad de Aplicación; un certificado de Buena Conducta, carencia de antecedentes penales y ausencia de antecedentes de violencia familiar.

El título IV refiere a las licencias necesarias para las distintas actividades con materiales controlados. En este sentido, se ha procurado en el presente proyecto, comprender todo el circuito de la existencia de estos materiales (desde su fabricación o importación hasta su destrucción) a través de la regulación compartimentada (pero relacionada) de cada uno de los actos que puedan desarrollarse con aquellos. De este modo se han estipulado los requisitos, condiciones y obligaciones de las licencias particulares de fabricación, depósito, trasporte, transferencias internacionales, comercio doméstico, tenencia y portación, introducción y salida, coleccionismo, reparación, caza deportiva, entidades de tiro, recargas de munición, instrucción de tiro y seguridad privada. Todas y cada una de las licencias se otorgan por un período determinado de tiempo, la mayoría de 3 años. Resulta pertinente resaltar en especial algunas cuestiones estipuladas en el articulado en referencia a determinadas actividades en especial. En primer lugar se incorporan requisitos con criterios sumamente restrictivos para la tenencia y portación de armas. La tenencia de armas de fuego es considerada en este proyecto como un privilegio y no como derecho. En función de ello se define la tenencia como aquella actividad que le permite a la persona autorizada adquirir y disponer materialmente del arma, guardarla en el inmueble autorizado, trasportarla sin posibilidades de uso inmediato, y realizar con ella actividades de caza y deportivas en lugares autorizados para tal fin. Se recuerda al mismo tiempo que debe haber correspondencia entre la actividad desarrollada y el tipo de arma adquirida, según se dejó establecido en los principios del proyecto. Por último se deja explicitado que el permiso de tenencia no autoriza en modo alguno a la portación del arma en condiciones de uso inmediato. Queda establecido que el pedido de tenencia sólo podrá fundarse en alguno de los siguientes supuestos: i) Práctica de tiro deportivo en instituciones reconocidas; ii) Práctica de caza; iii) Residencia en zona despoblada con escasa vigilancia policial.

En cuanto a la portación, el principio de fondo es la prohibición, estableciendo únicamente excepciones con carácter restrictivo para casos particulares y con expresa autorización previa. Así se define a la portación como la actividad mediante la cual una persona física autorizada, habiendo obtenido la licencia correspondiente y en uso de ella, lleva consigo un arma de fuego en condición inmediata de uso en lugares públicos o de acceso público. Y se prevén los requisitos especiales, entre los cuales e indica que la justificación de las circunstancias objetivas previstas, exclusivamente podrán fundarse en el desempeño por parte de la persona autorizada, de una actividad profesional o laboral que lo justifique en función de someterlo en forma temporaria o permanente a un riesgo cierto, grave y actual contra la integridad física, siempre que la protección no pueda ser garantizada por la autoridad. Se deja explicitado al mismo tiempo que de ningún modo podrá concederse la portación en base a condiciones de inseguridad general.

Por otro lado, en relación a la regulación de la caza deportiva, por su parte, se exige, además de los requisitos propios de las personas autorizadas, la adecuación del arma habilitada con la actividad declarada. Los cazadores no deben poder comprar armas que no sean útiles para tal actividad (no existen razones para que adquieran pistolas o revólveres). Con ello daremos fin a quienes detrás del pedido de tenencia para caza deportiva, por ejemplo, compran armas para defensa personal. Asimismo, respecto de los tiradores deportivos, no existe motivo alguno para permitir que éstos dispongan de sus armas fuera de los círculos de tiro. El criterio de restrictividad está también comprendido en estas interpretaciones.

El Título V, de la reducción, recolección y destrucción, tiene por objeto reducir los excedentes y destruirlos; recolectar armas y determinar las modalidades de su destrucción. En este sentido, se pretende por un lado cristalizar en una reforma integral del sistema, los aportes significativos que se han ido realizando a lo largo de estos últimos años en materia de desarme y destrucción de armas de fuego y materiales relacionados, mediante la sanción de la Ley 26.216 que declara la Emergencia Nacional en Materia de Armas de Fuego y Materiales Controlados y crea el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, y la ley 25.938.

Finalmente, el Título VI establece un sistema de infracciones y sus sanciones correspondientes.

CAROLA CONCARO

Licenciada en Ciencias Políticas, miembro fundador de la RAD (Red Argentina para el Desarme) Investigadora permanente del INECIP.

Investigadora en el grupo de trabajo “Armas: Control y Desarme” del INECIP, que encabeza Martín Angerosa. Otros integrantes del grupo son: Sidonie Porterie y Aldana Romano

Fue Director ejecutivo del ILSED (Instituto Latinoamericano de seguridad y democracia), actualmente forma parte de la Comisión Directiva.

MARTÍN ANGEROSA

Abogado. Investigador permanente del INECIP.

Director del Programa de Control de Armas y Seguridad Democrática del INECIP, Sede Córdoba.

Miembro de la Junta Directiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSeD) Coordinador de la sede Córdoba del ILSED.

Junto a Carola Concaro, Sidonie Portiere y Aldana Romano llevan adelante el Plan de Desarme del INECIP

Miembro de la agrupación “La Cámpora”

Miembro militante de la agrupación H.I.J.O.S.

Asesor legal de Abuelas de Plaza de Mayo

Miembro Co fundador de la Red Argentina para el Desarme.

Crédito imagen INECIPMartín Angerosa, flanqueado a la izquierda por Rebecca Peters, ex Directora de International Action Network on Small Arms (IANSA)  y Aldana Romano de INECIP a la derecha.

Según Angerosa la responsabilidad de la violencia armada en Rosario es responsabilidad de las armerías y de los Legítimos Usuarios

En un artículo de septiembre del año 2020 en el diario La Nación, titulado “Violencia: una semana con más de 200 ataques a balazos en Rosario” Martín Angerosa, afirmó:

“No hay controles en las armerías ni tampoco en la trazabilidad de las municiones que se venden a los legítimos usuarios. Hay una zona gris también en la transacción legal. Se pueden adquirir en cada compra 1500 balas. Desde el momento de la adquisición no hay más controles. Esa es una falencia del sistema”.

Actividades en la Función pública:

Ex director de la delegación de ex–RENAR/ANMAC en Córdoba.

Ex Coordinador Nacional del plan de Desarme en ANMaC central.

Funcionario en la Municipalidad de Río Ceballos.

Asesor Técnico de la delegación Córdoba de la Dirección Nacional de Migraciones.

Según informara el sitio web de Perfil, durante esta administración Fernández/Fernández, Martín Angerosa fue designado Asesor Técnico de la delegación Córdoba de la Dirección Nacional de Migraciones a pesar de tener una prohibición para salir del país por falta de pago de la cuota alimentaria a sus hijos. 

La Justicia de Familia prohibió al abogado Martín Angerosa salir del país por incumplir el pago de cuota alimentaria de sus dos hijos menores de edad. La paradoja es que en febrero pasado fue designado Asesor Técnico de la delegación Córdoba de la Dirección Nacional de Migraciones, según la Disposición 1484/2020 del organismo con fecha 21 de febrero pasado, y firmada por la titular nacional María Florencia Carignano.

La resolución judicial –primero intervino el Juzgado de Familia N°2 y luego el N°7- se había adoptado en 2018 ante la reticencia de Angerosa de afrontar el cumplimiento de la asistencia a los hijos, de 7 y 9 años. A partir de datos que constan en la causa y a los cuales PERFIL CORDOBA pudo acceder, fue posible reconstruir los antecedentes.

La relevancia del caso está no sólo en el remedio que encontró la Justicia para instarlo a cumplir con sus deberes como padre; sino en que desde febrero pasado es un funcionario público y trabaja, precisamente, en el ámbito que debe constatar el cumplimiento de la orden judicial.

DIEGO M. FLEITAS

CURRICULUM VITAE – RESUMEN

“Máster en Políticas Públicas (Universidad de Oxford), Abogado, Sociólogo”.

Fundador, junto a María Pía Devoto, de la APP (Asociación de Políticas Públicas)

APP es miembro fundador de CLAVE (Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada; miembro fundador de la RAD (Red Argentina para el Desarme) y miembro de SHELAC (Seguridad Humana en Latinoamérica y el Caribe)

Colaborador en el Portal Seguridad, este sitio no tiene publicaciones desde 2013, su web actualmente está fuera de línea.

Administrador del sitio web “desarmate.org” (fuera de línea actualmente) que funcionaba como “una plataforma que tiene como fin fortalecer la implementación del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego”. 

APP (Asociación para Políticas Públicas) de Diego Fleitas y María Pía Devoto, entre otras recibe fondos de la Embajada Británica; Gobiernos de los Países Bajos; Embajada de la República de Sudáfrica; Gobierno de Australia; Oxfam GB (Inglaterra); SAfer Africa; etc. APP al igual que ILSED y RAD son MIEMBROS de IANSA (International Action Network on Small Arms) con sede en Londres (Reino Unido). 

¿SUS PATROCINADORES HABLAN POR ÉL, O EL HABLA POR SUS PATROCINADORES?

FUNCIÓN PÚBLICA

Marzo 18 / Diciembre 18 – Director de Bienestar del Personal de las Fuerzas Federales del Ministerio de Seguridad (Administración Mauricio Macri/Cambiemos)

2016 / Marzo 18 – Director de Estudio y Diseño de Políticas de Seguridad. Ministerio de Seguridad (Administración Mauricio Macri/Cambiemos)

2007 / Junio 2012 – Secretaría de la Gestión Púbica – JGM – Asesor en el área de Evaluación y Planificación Estratégica.

Durante la gestión de la Sra. Nilda Garré, desde 2005 a 2010 en el Ministerio de Defensa, Fleitas había conseguido con APP firmar un convenio de cooperación con ese Ministerio del gobierno Kirchnerista. El convenio era realizar una “auditoria sobre el armamento de puño y las armas livianas que están en posesión de las Fuerzas Armadas”, lo que originó un pedido de informes al PEN, de la entonces diputada Nora Guinzburg (partido PRO/RECREAR) sobre el tema. En aquel pedido de informes al Poder Ejecutivo la diputada decía: “El manejo actual de los datos reservados de las Fuerzas Armadas ponen en riesgo a la Nación misma” así como también resaltaba que “Fleitas es consultor de FLASCO Chile y que en sus viajes al país trasandino mantiene una relación estrecha con el Ministerio de Defensa del vecino Estado.”

2012 / 13 – PNUD/Ministerio de Seguridad. Proyecto de Modernización de la Gestión de Arsenales junto con UNLiREC. (Administración Cristina F. de Kirchner)

2014 Universidad Nacional de San Martín – Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Desarrollo de un Sistema Compstat para la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires (Jefe de Gobierno porteño; Mauricio Macri)

1997 / 2007 – Presidencia de la Nación – Secretaría Legal y Técnica. Asesor Legal en temas de control Regulatorio. (Administraciones, C. Menem, F. de la Rúa, E. Duhalde, N. Kirchner)

ACTIVIDAD PRIVADA

2004/2015  – Asociación para Políticas Públicas. Presidente. A cargo de la coordinación de investigación y el diseño de políticas.

En su CV, se adjudica el diseño del plan de recolección de armas de fuego (todos se adjudican dicho diseño) premiado por la ONU, este “reconocimiento” fue el  “Future Policy Award 2013 que le otorgó medalla de plata a la Argentina. A dicha ceremonia asistieron, el entonces Ministro de Justicia Julio Alak, quién promovía la política de “Armas Cero” y la entonces embajadora permanente ante la ONU (2013-2015), quién fuera presidente del Consejo de Seguridad de la ONU en 2013 y en el año 2015 presidió la Asamblea General, la representante de APP (Asociación para Políticas Públicas) fue María Pía Devoto.

Como expresamos en su momento, el país en 2013 recibió “un premio por “reducir” los homicidios de ¿4.345 a 4.935? y los homicidios con armas de fuego de ¿1.644 a 1801?”  desde que se instaló el Plan de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego o Plan Canje. Una rotunda burla a los ciudadanos que sólo se justifica por espurios e inconfesables intereses políticos.

Consultoría Seleccionadas según su CV

2015 – UNlirec (Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme, el Desarrollo en América Latina y el Caribe)DCAF (Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas). Líder de equipo en una investigación sobre Seguridad Privada y Uso de Armas de Fuego en América Latina.

2015 – World Bank (Banco Mundial). Consultor para la recolección de información y diagnóstico sobre la situación y problemas de violencia y seguridad en Argentina.

2015 – SMALL ARMS SURVEY. Capacitación en Honduras a expertos del gobierno y la academia en técnicas de investigación y evaluación.

2013 – BID (Banco Interamericano de Desarrollo) – UNVM. Encargado del desarrollo de una red de evaluación de impacto en ciudadana y de una plataforma web www.seguridadyevaluacion.org (web fuera de línea actualmente)

2009 – BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Evaluación de los Planes de Recolección de armas en Latinoamérica.

2008 – PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) Costa Rica. Capacitación en Políticas de Control de Armas – Arsenales.

2009 – Universidad de San Andrés – Ministerio de Defensa de La Nación. Problemas y Sistemas de Gestión de Arsenales en las Fuerzas Armadas.

2006 – Universidad de San Andrés – Provincia de Buenos Aires. Análisis del Problema de la Violencia y Uso de Armas de Fuego en la Provincia, incluyendo violencia de género

En el año 2003 APP (Asociación Para Políticas Públicas), junto a Safer Africa, la Comisión de Seguridad Interior del Honorable Senado de la Nación y el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos organizó el Seminario Armas: Hacia un Plan de Acción, “en el marco del cual se buscó dar cuenta de la problemática de las armas de fuego en nuestro país como así también sobre el Plan Nacional de Acción a implementar“. El seminario se realizó en el Salón Auditorio del Congreso de la Nación Argentina.
La apertura del Seminario estuvo a cargo del Ministro de Justicia, Dr. Gustavo Béliz quien estuvo acompañado por la Presidenta de la Comisión de Seguridad Interior del Senado, Senadora Sonia Escudero, el Embajador Carlos Sersale, la Lic. Virginia Gamba de la ONG SAfer Africa y la Lic. María Pía Devoto de la Asociación para Políticas Públicas.

El 15 de julio de 2018La campaña de INECIP y RAD en contra del entonces Director Ejecutivo de ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados), doctor Eugenio Cozzi es retomada y promocionada por APP – Asociación para Políticas Públicas de Diego Manuel Fleitas y María Pía Devoto.

Para finalizar, recomendamos leer en el ARCHIVO de MIENTEN la contradicción de Fleitas que revela la MENTIRA INSTALADA con respecto a la utilización de armas de fuego en los “conflictos interpersonales”

¡PORTACIÓN LEGAL, YA!

Autor: Gustavo Rubio – Enero 5 de 2021

“Libre Portación de armas” es el clamor que se comienza a escuchar en este 2021 que arranca. Es un murmullo que va tomando impulso frente a la apática acción de un Estado desbordado por el exceso de política partidaria y nula respuesta real a las necesidades de la gente.

El cúmulo de atrocidades que la población viene sufriendo de la mano de gobiernos que se miran el ombligo, practican el buenismo de la corrección política y, sobre todo, fallan al momento de aplicar medidas que ayuden al ciudadano común y castiguen al criminal, está llegando a niveles insoportables.

“Tenemos derecho a defender nuestras vidas y la de nuestras familias” reza el slogan que crece a medida que los pañuelos negros se van multiplicando con la calma pero con solidez entre los legítimos usuarios. Es un recordatorio a los representantes estatales que los derechos no son materia de opinión, ni de subjetividad ni de arbitrariedades. Es un llamado de atención, un aviso de que quienes están dentro de la ley no son los culpables de la inseguridad como se los viene estigmatizando desde el 2004.
Pero esto no es un capricho ni una idea trasnochada. Esto tiene su origen desde el momento que el Estado decidió cazar en el zoológico aplicando el ideario de políticas antirrepublicanas enarbolado por la RAD, INECIP y similares para deconstruir un Estado democrático y constitucional e instaurar un régimen totalitario. Pasó en Venezuela, pasa acá. Ante la ausencia de un Estado que proteja a la gente, y además, un Estado que libera a los delincuentes, los ciudadanos exigen que se les respete la elección de ejercer el derecho natural, constitucional y humano de defender su vida, la de su familia y su propiedad.

Usurpando la bandera de los derechos humanos, los gobiernos progresistas se han dedicado a socavar las bases de los derechos de los ciudadanos y a recortar libertades individuales poniéndose del lado de los delincuentes. Tomas de tierras, patotas violentas que cortan calles, castigo a policías y ciudadanos que abaten delincuentes armados son algunos ejemplos.
A esas políticas de seguridad en Argentina se le suma otra para aplacar los animos: humo para la tribuna.

Por  un lado, las Politicas aplicadas a las Fuerzas de Seguridad  suman más al caos reinante que a brindar una solución real y concreta. Convertida en una máquina de hacer chorizos, sacan a la calle efectivos policiales mal preparados y mal equipados, con apenas algunos disparos, cero cursos de comunicación y psicología en resolución de conflictos sociales, y equipados a la buena de Dios. Trabajan a puro coraje y voluntad, expuestos que a la primera situación terminen con un legajo por alguna cuestión de DDHH o, peor, velados por su familia. Se dilapidan así millones de dólares en aportes de los ciudadanos via impuestos al año para mantener una pantagruélica Fuerza mal preparada y peor equipada que no puede siquiera trabajar porque pasaron a ser una fuerza de apoyo político en vez de ser una fuerza de apoyo judicial (con todo lo que ello trae: corrupción, mafias, etc}.
Por el otro lado, otros tantos millones de dólares se van año a año en planes, cursos y propaganda encausada a convencer a la Doña Rosa que la mayoría de quienes parasitan en el Estado hacen algo. Cursos sin fundamento de violencia familiar dado por cualquiera, planes de entrega de Armas sin registro y anónimo, conferencia para cuatro gatos locos de las turbias ONGs mientras inocentes siguen muriendo en Rosario, mujeres son golpeadas hasta la muerte en Florencio Varela o piratas del asfalto afanan camiones a punta de escopeta en Salta.

Otra vez los recursos del estado para fomentar carreras burocráticas de políticos totalitarios de terceras líneas que quieren ascender usando la escalera mentirosa del desarme civil rapiñando fondos públicos de pasada.
Desde que se instauró el Plan Entrega Voluntaria de Armas de Fuego en 2007 la Tasa de Delitos cada 100 mil habitantes, según el Sistema nacional de Información Criminal,  dejó descender y lleva una constante, creciente levemente, de alrededor de 3200 casos anuales en promedio. Otro tanto sucede lo mismo con los homicidios dolosos. Dejaron descender en la misma fecha para ir tomando impulso de apoco. Los números pueden ser más o menos según se actualicen, pero lo que está claro es que el Estado hace 13 años que está regalando millones de dólares para destruir historia, piezas valiosas de colección y hasta borrando pruebas de algún crimen al no tomar muestras balísticas. 13 años de no darle solución a la gente pero seguir desarmándola frente al crimen.

Otro caso escandaloso es el el tema de la portación. Coincidiendo con la creación de la Red Argentina para el Desarme en el 2004, el Estado argentino ha restringido la acreditación de permisos para portación a los legítimos usuarios. No interesa la idoneidad, ni que el entrenamiento sea mayor al de los agentes que patrullan día a día las calles o que carezcan de antecedentes penales, el Estado orgullosamente colectivista de la Argentina decidió  arbitrariamente no entregar portaciones. Nada oficial eso sí, todo a través de pequeñas trabas administrativas y militancia de la mentira. ¿Bajaron los hechos de inseguridad gracias a esta movida? No. En 2004 los civiles con portación superaban los 7 mil y los muertos por armas de fuego apenas los 2800. Hoy hay apenas una centena de civiles con portación y los muertos superan ampliamente los 3000 y pico.

Los números, sin hilar muy fino, dejan en evidencia una cosa: el Estado argentino dilapida valiosos millones de dólares en recursos que podrían ir a educación, salud o incluso en seguridad por seguir políticas basadas en la mentira y la arbitrariedad que cuestan miles de vidas inocentes al año al dejarlas indefensas frente a los delincuentes y criminales.

Existen más de 900 mil legitimos usuarios en Argentina, la mayoría empujados a la ilegalidad de no poder renovar sus credenciales por culpa de esas políticas desarmistas que se dedican a atacar a quienes no causan problemas. Si la tenencia legal de armas fuera tan mala como la venden los desarmsitas, el país sería un matadero, pero los LLUU involucrados en un hecho delictivo son el 0,001%.

Frente a la contundencia de estos números surge la pregunta ¿Por qué razón el Estado argentino NO QUIERE QUE LA GENTE DENTRO DE LA LEY SE DEFIENDA?

El pañuelo negro es, por un lado, la imagen de este cuestionamiento y por otro, el pañuelo negro quizás esté dando la respuesta a esos políticos que no se animan  a ver la realidad: hay un grupo enorme de personas, pacificas y legitimas, que desean defender los valores de la Libertad y la Constitución, que desean cuidarse y cuidar a su familia, el fruto de su trabajo, todo dentro de la ley. Si se libera la portación, por un lado inversión en Seguridad que debería hacer el Estado se reduciría por lo menos a la mitad pudiendo tener personal mejor entrenado, especializado y con mejor material. Por otro, no todos los LLUU van a salir a buscar una autorización para andar paseando un arma de fuego. En EEUU, según la pagina del FBI, sólo el 25% de los usuarios de armas legales tienen un permiso para portar o eligen hacerlo. ¿Si un oficial de policía recién egresado, con un total de entre 5 y 20 disparos en pedana, el Estado lo autoriza a portar un arma sin problema, por qué se le niega lo mismo a un Legitimo Usuario con más práctica?  
La portación legal es una elección, no una obligación; es una responsabilidad y no un capricho; es un derecho de nuestra República y no un privilegio otorgado por el entongue y el amiguismo de un Estado corrupto.

Las armas en manos idóneas salvan vidas. Cuando más tiempo pase con estas políticas desarmistas, más vidas inocentes se perderán asi que la única solución viable es que quienes deseen y estén capacitados puedan portar legalmente. Hace más de una década que se vienen repitiendo políticas erradas, los resultado están a la vista. Cuestan vidas. Es momento de cambiar.

Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com

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