SERGIO BERNI

Abogado y médico cirujano y realizó su residencia en el Ejército Argentino, tornándose de esta forma médico militar. En esta institución hizo carrera, permaneciendo en actividad con el grado de teniente coronel, pero abocado de lleno a la actividad política. Fue pasado a retiro el 15 de febrero de 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri.

ACTIVIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

1991 – designado por el entonces gobernador de la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner, como director del hospital de Veintiocho de Noviembre

En la huelga de los mineros de Río Turbio sucedida en 1994, Berni en su doble carácter de médico y militar fue como voluntario a supervisar la salud de los mineros. Durante quince días ofició como agente encubierto entre los huelguistas obteniendo información sobre futuras acciones y filiaciones políticas que luego eran remitidas al poder central provincial. Cuando los mineros sospecharon de las actitudes del agente, lo expulsaron de la mina.

2003 – Llega a Buenos Aires junto con el designado presidente de la Nación, Néstor Kirchner. La hermana del presidente, Alicia, es designada en el Ministerio de Desarrollo Social. Es así que Alicia Kirchner lo nombra “Director nacional de asistencia crítica y subsecretario de abordaje territorial” y fue así el nexo entre el gobierno y las organizaciones piqueteras. Ocupó esos cargos en el Ministerio de Desarrollo social hasta 2011.

2011 – En las elecciones legislativas del año 2011, fue elegido senador de la Provincia de Buenos aires. A fines de ese año asumió como vicepresidente del Senado provincial, hasta comienzos del año 2012.

2012 – A comienzos de este año, Berni fue designado por la presidente Cristina F. de Kirchner como Secretarios de Seguridad de la Nación y deja su banca en el Senado provincial. El Ministerio de Seguridad era ocupado por Nilda Garré.

2016 – Vocal de Interpol por las Américas del Comité Ejecutivo de ese Organismo.

2019 – En diciembre de 2019 es designado Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos aires, cargo en el que fue nombrado por el gobernador Axel Kicillof.

DECLARACIONES A FAVOR DEL DESARME CIVIL.

En Junio 2020:

No estoy de acuerdo con que la sociedad se arme. Estoy en las antípodas de (la ex ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich cuando esa noche salió de una fiesta y dijo que el que quiera armarse que se arme. Las armas no son para la sociedad civil. La armas son para aquellos que la Constitución delega. Y delega el monopolio a la fuerza pública”.

En junio 2020:

En el caso del jubilado Jorge Ríos que fue atacado por un grupo de delincuentes en su hogar, Berni expresó:

“En un caso así lo mejor es no hacer nada. Estoy totalmente convencido de que el uso de las armas de fuego es solamente para aquellos que son profesionales, para la policía.

El 30 de junio de 2020, durante la emisión del programa “Verdad/Consecuencia” declaró: “Soy un fanático del desarme civil

Con respecto a esa declaración, recomendamos leer la columna de opinión de Rubén Lasagno en OPI Santa Cruz

En julio 2020 en su cuenta de Twitter.

“El uso de un arma es un tema delicado, que requiere de mucha profesionalidad. La diferencia entre Patricia Bullrich y yo es que soy de los que pregonan el desarme de la sociedad civil.

¿EL DESARME CIVIL NO EXISTE?

Autor: Mario Alejandro Boglione
Ilustración: Gustavo S. Rubio

Cuando entró en vigencia la ley 24.492, en 1994, que llevó a que todas las armas de Uso Civil y Uso Civil Condicional (U.C. y U.C.C.) se registraran en el RENAR, y que para ello los dueños debían hacerse Legítimos Usuarios (L.U.), llegamos a ser 1.400.000 LLUU aproximadamente.

Desde entonces nuestro número viene bajando, ya sea por las restricciones que nos van poniendo, poco a poco, o por el aumento de los costos, pero al 30/10/2020 quedábamos menos de 1.035.000. El resto no se actualizó por el problema con el monopolio de Dienst Consulting y/o por la pandemia que impide que los empleados de la ANMaC trabajen normalmente.

O sea que, de acuerdo a esto, seríamos EL 75% DE LOS QUE ÉRAMOS ORIGINALMENTE. Pero esto NO ES REALMENTE ASÍ, porque en 1994 la población argentina era de 34.400.000 habitantes, o sea que HABÍA 1 L.U. cada 24,57 habitantes.

Y hoy, 2021, es de 45.625.940 habitantes, y solo quedaban al 20/10/20, 268.493 L.U. con la C.L.U. vigente y 765.314 con la C.L.U. vencida, o sea que AHORA SOLO HAY UN L.U. cada 169,93 habitantes en regla, o UN L.U. cada 44,17 habitantes con C.L.U., vigentes y/o vencidas.

Esto es: la Población CRECIÓ un 32% y el número de Legítimos Usuarios de Armas de Fuego totalmente en regla BAJÓ MAS DEL 80% . Deberíamos ser 1.857.000 LLUU y SOMOS MENOS DEL 15 % DE ESA CANTIDAD.

Y TODAVÍA HAY NEGACIONISTAS QUE DICEN QUE NO HAY DESARME, QUE TODO ESTÁ BIEN.

Movida de pinzas

Autor: Gustavo Rubio – Mayo 11 de 2021
El Abrazo De La Puñalada Del Amigo Del Hombre Traiciona Vector Ilustración  del Vector - Ilustración de protuberancia, negro: 64297748

La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) fue creada con el objetivo de dificultar la tenencia legal de armas en Argentina. Le pese a quien le pese esto es así por ley. Dejó de ser un mero Registro para sumarle tareas de desarme civil. Nada de diferenciar armas legales e ilegales. Desarme civil liso y llano. Quien desconoce esto, se niega a verlo o defienda la Agencia es que, por más explicaciones que esgriman sus directivos para endulzar los oídos de los legítimos usuarios, ignora los objetivos que se sumaron a las tareas del que fuera el Registro de Armas.
La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) fue creada por la Ley 27192 en octubre de 2015 para reemplazar al RENAR y es un ente descentralizado en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Sigue con su autarquía económica financiera, tiene personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado. A este en organismo que hoy debería continuar con la misión de aplicar, controlar y fiscalizar la Ley Nacional de Armas y Explosivos 20.429, se le suma “la cooperación en el desarrollo de una política criminal en la materia, el desarrollo e implementación de políticas de prevención de la violencia armada y todas aquellas funciones asignadas por ley que la creó”. O sea que deja de ser un registro y pasa a ser otro organismo de control social para las personas dentro de la ley como viene pasando durante los gobiernos autodenominados “progresistas” (socialismo populista del siglo XXI). Al agregársele estas funciones extras, las personas que registran sus armas, pasan a engrosar una lista de personas, cuanto menos, dudosas para el gobierno de turno. Registrar un arma termina siendo un hecho casi incriminatorio a los ojos del estado que sigue la agenda turbia de los desarmistas en vez de ser un acto administrativo de las personas dentro de la ley.
Dentro de las facultades del ANMAC están la clásica montaña de atribuciones aglutinadas en un solo ente, típicas de un estado poco acostumbrado a las libertades republicanas como la Argentina, y que al ser de un carácter legislativo y punitivo, son impropias para un ente dependiente del Poder Ejecutivo (Ministerio de Justicia) ya que toman atributos exclusivos de los Poderes Legislativos y Judicial.
Por un lado está facultado a “registrar, autorizar, controlar y fiscalizar toda actividad vinculada a la fabricación, comercialización, adquisición, transferencia, traslado, tenencia, portación, uso, entrega, resguardo, destrucción, introducción, salida, importación, tránsito, exportación, secuestros, incautaciones y decomisos; realizada con armas de fuego, municiones, pólvoras, explosivos y afines, materiales de usos especiales, y otros materiales controlados, sus usuarios, las instalaciones fabriles, de almacenamiento, guarda y comercialización; conforme las clasificaciones de materiales controlados vigentes, dentro del territorio nacional, con la sola exclusión del armamento perteneciente a las fuerzas armadas. Administrar el Banco Nacional de Materiales Controlados y la red de depósitos que formen parte del mismo. Efectuar la destrucción, con carácter exclusivo y excluyente en todo el territorio nacional, de todo material controlado en el marco de las leyes 20.429, 25.938, 26.216. Determinar los métodos y procedimientos de destrucción de materiales controlados, garantizando su eficacia, eficiencia y sustentabilidad en relación con el medio ambiente. Llevar un registro único de información. Conformar y mantener actualizado un banco nacional informatizado de datos”. Hasta acá, sin ponerse a hilar finito en cada punto y dejando de lado la dignidad de los individuos dentro de una República a los que toca, todo se mezcla más o menos para darle un marco “técnico” a las atribuciones impropias, dudosamente justificable, y bien lejos del ideal de quienes abogan por una sociedad madura y libre.
Ahora bien, a lo anterior se le sumó a partir de la reforma de ese 2015 una serie de atribuciones que ampliaron aún más el mero ámbito registral y técnico. Es así que ahora puede: “Realizar programas de concientización y sensibilización sobre desarme y control de la proliferación de armas de fuego en la sociedad, que promuevan la cultura de la no violencia y la resolución pacífica de los conflictos. Realizar campañas de regularización de la situación registral de las personas que tengan bajo su poder armas de fuego, de los materiales controlados y de las actividades relacionadas. Organizar y dictar cursos y seminarios de formación a técnicos y funcionarios cuyo desempeño se vincule con la materia. Asimismo, capacitar a las organizaciones de la sociedad civil, universidades, organizaciones territoriales, barriales, medios de prensa, nacionales o internacionales. Establecer sistemas de control ciudadano para las autorizaciones que la agencia otorgue, contemplando especialmente mecanismos que contribuyan a la prevención de la violencia de género. Llevar adelante políticas de intercambio de información respecto de la normativa y los procesos con organismos extranjeros dentro del marco de la cooperación internacional. Realizar programas de investigación sobre el mercado de armas, su uso y sus consecuencias, que puedan ser relevantes para la adopción de políticas estratégicas. Evaluar y analizar la efectividad de las normas técnicas y legales y realizar propuestas de modificaciones a los órganos correspondientes.”Si leemos con atención podemos apreciar que el segundo listado de atribuciones poco tiene que ver con la naturaleza primera de un ente que colabore con quienes desean estar dentro de la ley. Es más, hasta juega en contra de las mismas tareas que debe cumplir esta agencia y de su misión. Este agregado enumera una serie tareas que hacen que la agencia ocupe su tiempo y limitados recursos en actividades y objetivos que en un futuro consolidarán en la Argentina las políticas de desarme civil como sucedió en el México manejado por narcos, la amenazada y secuestrada Colombia y la ensangrentada Venezuela. Ese segundo y nuevo listado de atribuciones y tareas implicarían la injerencia de otros estamentos del estado, poniendo en peligro la autarquía del ANMAC, su descentralización y personería jurídica. Pero acá no termina el problema. Si ponemos en otras palabras las atribuciones del ANMAC podemos decir que tendría la facultad iniciar o de coordinar acciones directas o indirectas, de manera sola o en conjunto con otros organismos y agencias para: 1) Subir el precio de las armas y municiones 2) Reducir el número y tipo de armas para la venta 3) Disminuir la promoción/marketing 4) Reducir el número de puntos de ventas 5) Incrementar los obstáculos para la posesión (licencias restrictivas/ampliar el monitoreo, entrenamiento, minimizar el tamaño de los arsenales) 6) Aumentar la responsabilidad de los propietarios (registro, seguridad de almacenaje, responsabilidad) 7) Reducir la portación de armas (restricciones por área, época del año, tipos de armas, obstáculos para calificar) 8) Estigmatizar a dueños y portadores de armas de fuego. 9) Imponer condiciones a vendedores/fabricantes, incluyendo productos estándar y prohibidos 10) Restringir/detener la oferta de municiones. Ese resumen, este decálogo, no es otra cosa que un listado de recomendaciones que aparece en el Manual de Desarme, lineamientos que marcan el discurso de cabecera de los desarmistas, para combatir la tenencia legal de armas y sólo aplicables al ámbito legal. Hay que recordar que estos grupos anti armas asesoran al ANMAC y al Gobierno y que, como vemos, sus objetivos primarios fueron incorporados formalmente en la creación del ente en el 2015.
Para ejemplificar la tarea de desarme civil que se viene aplicando basta con aclarar que hasta el día de la fecha no se están entregando portaciones a civiles por más que el legítimo usuario reúna las condiciones exigidas. Todo termina en un limbo arbitrario que da para sospechar las acciones que deben realizar aquellas personas dentro de la ley a las que si se le otorgan.
Otro ejemplo, más elíptico, pero más certero en cómo funciona la aplicación del desarme civil a través del ANMAC es el retraso de los trámites, la entrega de tenencias de armas y otorgamiento CLUs. Debido a las políticas de los psicofísicos de Gambaro, que dejaron afuera a la mitad de los LLUU, sumado al parate administrativo de la gestión Urristi con la excusa de la pandemia, se puede estimar que más de un 70% de los Legítimos Usuarios sufren el apriete de las políticas de desarme en Argentina teniendo que estar en un limbo administrativo arbitrario.
Según el Dr Urristi, Director de la Agencia, el problema hoy en día radica en que de una nómina de 410 personas reales trabajando en la Agencia, hoy hay trabajando sólo 60 debido a diferentes razones relacionadas con la pandemia (enfermos, casos sospechosos, edades, personas en grupos de riesgo, patologías, resoluciones, etc) que retrasan la entrega de las mismas. Eso si, la Agencia tiene tiempo, recursos y personal para llevar adelante las actividades que se le sumaron al registro originario como campañas de desarme civil con el Plan Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (PEVAF) en la Provincia de Santa Fe. Más aun, esas campañas, según las palabras del Director “otorgan una amnistía a quienes entregan esas armas por esos es anónimas”. Amnistía para quienes se deshacen de un arma que estaba fuera de la ley pero para quienes desean regularizarla, los trámites son completos, caros y eternos.
Entre ayudar a los Legítimos Usuarios agilizando los trámites y promover el desarme civil, más de cara a la campaña electoral que se inicia, vemos para que lado se inclinó la decisión de los funcionarios.
Ante el evidente malestar de los usuarios legales de armas, el Dr Urristi aclaró que el sistema de PEVAF, Plan de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, no está orientado a los legítimos usuarios en regla sino que tiene como destinarios a todas aquellas personas que, por diferentes razones, no cumplen con los requisitos o no deseen tener un arma y a las armas ilegales incautadas. Más aún, el Director de la ANMAC abrió un hilo en Tuitter a fines de abril tratando de explicar que “El ordenamiento jurídico Argentino, en materia de armas de fuego, evidencia la existencia de dos tipos de armas: las que tienen un dueño legal (ley 20.429) y las que deben ser extraídas de la circulación para ser destruidas. Las políticas públicas de #desarme apuntan a dos propósitos principales: procesar las armas ilícitas decomisadas e incautadas en procedimientos judiciales (ley 25.938) y asimismo fomentar la entrega voluntaria de cualquier tipo de arma de fuego (ley 26.216) Cuando una persona obtiene la condición de legítimo usuario #clu y tiene su arma registrada #tenencia esta al amparo de la ley de armas (ley 20.429). Cuando ella y su eventual arma no están debidamente registrados, el arma debe ser entregada a la #anmac hasta la regularización. El Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego #pevaf (ley 26.216) establece la posibilidad de que cualquier persona entregue cualquier tipo de arma de fuego, de forma voluntaria y, si lo desea, anónima, eximiendo de responsabilidades penales y administrat(tivas) El propósito principal de la ley 26.216 es extraer armas de la circulación y por eso se invita a la sociedad a entregarlas. Cuando ocurre una entrega, no solo se exime de eventuales responsabilidades sino que se abona un incentivo económico por la acción. Es deber de la #anmac ejecutar todas las leyes que integran en plexo jurídico en materia de armas (leyes 20.429, 25.938, 26.216 y 27.192) de forma diligente y procurando lograr el mayor grado de eficiencia en los postulados de cada norma. Entre 2016 y 2019 las políticas de registración (20.429) se desviaron a negocios privados #psicofisicos, se suspendió la recepción de armas del poder judicial (25.938), se dejó de lado el #PEVAF (26.216) y no se avanzó en el desarrollo de la #anmac (27.192). Hoy en día estamos recuperando el terreno perdido y estamos trabajando incansablemente para cumplir con los objetivos previstos en las leyes que nos regulan. “Hay un axioma que reza que para saber el tamaño de una mentira hay que multiplicar el largo de la explicación por el ancho de la justificación. En su extenso hilo, el Dr Urristi jamás menciona el Decreto 395/75, que detalla las opciones que tiene un legitimo usuario que ya no desea tener armas (por el motivo que sea) o una persona que hereda un arma y no desea tenerla por ejemplo. En ese decreto vigente se deja bien en claro que esas armas se pueden vender a otros particulares (Art 75), se pueden vender a comercios autorizados (Art 76) o se pueden subastar o rematar (Art 73 y Art 74) antes que entregarlas a la destrucción del PEVAF por mucho menos dinero. ¿Ignorancia o intencionalidad?
Es decir, siguiendo al idea de que toda actividad privada e independiente del Estado es mala, jamás se les recuerda las personas dentro de la ley que no desean tener más armas que pueden deshacerse de esos bienes a un precio justo dentro de las leyes argentinas. La ANMAC, en vez de ponerse del lado de los LLUU se pone del lado del manual de desarme. Por un lado el Estado incumple con su función de otorgar portaciones, registrar, autorizar tenencias y credenciales en tiempo y forma escudándose en cuestiones sanitarias pero por otro redobla el esfuerzo para meter más presión con la propaganda del desarme civil promoviendo el PEVAF como única salida posible.
Tambien Urristi, en uno de los videos aclarando lo que dijo en una reunión, comentó que se está preparando la digitalización de tramites con una app que “tenga diálogo con la AFIP y el ANSES” es decir, que el ANMAC también pasaría a dar datos sensibles sin mediar una cuestión legal a otros organismos del Estado. Con esto, para el Gobierno, uno de los grandes problemas de la inseguridad son el pago de impuestos y el trámite social… ¿Cuál sería la importancia de ese diálogo más allá de agregar otra traba o impedimento a la compra de armas legales por ejemplo?
Una de las cosas que dejó el manejo de la pandemia fue a discrecionalidad con las que se manejó el tema de los subsidios que dejaron a miles de monotributistas con los negocios cerrados o sin actividad y sin recibir acceso a la ayuda económica. El día de mañana, de implementarse ese cruce, la AFIP, ANSES o cualquier organismo del Estado podría impedir comprar un arma legalmente, renovar o tramitar cualquier cosa en la ANMAC. Esto ya sucedió el año pasado cuando había que darle de comer a la gente seria muy ingenuo o ignorante no pensar que bien se aplicaría a algo tan limitado como la tenencia legal de armas.        
A través de campañas, discursos y videos se acosa y estigmatiza a los LLUU en situación “irregular” instalándole la idea de que se deshaga de sus armas. Las explicaciones con la distinción entre legales e ilegales recién llegan cuando se patalea mucho. Las palabras vendiendo humo pueden sonar lindas y amigables pero no son las que están escritas fríamente en las resoluciones y acuerdos. Cuando sople el viento de la ley, sabemos cuáles son las que se tienen en cuenta.
El PEVAF en 2019 tuvo un presupuesto de 8.000.000 para repartir anónimamente en quienes entreguen un arma para su destrucción y se gastó completamente. El ejercicio del 2020 también tuvo un presupuesto de 8 millones. Los números finales del 2020 están por verse pero el Plan genera también algunas preguntas: Teniendo en cuenta la inflación imperante ¿por qué se mantuvo el mismo importe presupuestario? ¿Si aumentaron el incentivo para que la gente entregue más armas pero dejaron el mismo presupuesto, no estarían reduciendo la cantidad de armas a “comprar armas ilegales” para destruir incumpliendo los objetivos para los que se destinaron los finitos recursos humanos y económicos de un organismo diezmado por la pandemia? ¿No estarían incumpliendo su objetivo?
Con estas pocas incongruencias queda en evidencia que la ANMAC no sólo está en contra de los LLUU desde su formación sino que la movida de pinzas contra los legítimos usuarios sigue vigente.   

Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com

Orgullosamente desenfocados

Autor: Gustavo Rubio – Abril 18 de 2021

Este año hay elecciones y la máquina de hacer humo está funcionando al 100% 24/7 para ver si les pueden manotear los votos a las Doñas Rosa de la tribuna. Ya les birlaron las vacunas para dárselas a los felinos que comparten así que un poco de tribuneo para la gilada no viene mal como para no perder la costumbre.

A pesar del COVID, Santa Fe sigue siendo un hervidero de muertos y violencia narco que ni siquiera el voleo que le dieron al impresentable de Sain surtió efecto ya que se siguieron haciendo las mismas animaladas de siempre. Errores de personas soberbias y sin preparar, puestas a dedo y por cargos políticos, que se pagan con sangre inocente y destrucción del futuro del común de la gente. Es tal la impunidad de estos funcionarios que deben velar por la ciudadanía que, sin ningún atisbo de vergüenza, hacen declaraciones escandalosas en los medios sin reparo.

El gobierno de esa provincia intenta reducir la circulación de armas de fuego y con ese fin lanzó, a través del Ministerio de Seguridad, el programa “Santa Fe libre de armas”. Para ello se pagarán hasta 9 mil pesos por cada arma ( se destinará guita de impuestos en medio de una crisis sanitaria) y serán destruidas en un acto público (porque la foto sirve)

Santa Fe, una provincia copada por el narco, intenta una reducción de armas de fuego con políticas enfocadas a la gente común, quines no son el problema. Declaran que quien entregue armas recibirá una suma de dinero de parte del Estado que en medio de una segunda ola de pandemia elige destinar el dinero de camas, respiradores y sueldos médicos a comprar armas anónimamente que no son problema de nadie. “Respetando el plan nacional, Santa Fe es la primera provincia en adherir al mismo. La idea es conceder a quien tiene un arma en su casa la posibilidad de entregarla y recibir una compensación a cambio”, indicó sin remordimiento sanitario el subsecretario de la Agencia Provincial de Prevención de Violencia con Armas de Fuego, Lautaro Sappietro. El ignorante funcionario sostuvo que “la meta es buscar esas armas que han quedado en el hogar y que eventualmente puedan caer en el circuito ilegal” desconociendo que los principales proveedores de los delincuentes son el mismo Estado, con el robo a sus arsenales y fiscalías, y el contrabando internacional que se filtra por las fronteras mientras los gendarmes son obligados a bajar a niños y mujeres de los micros del conurbano porque hay un supuesto toque de queda en un NO estado de sitio…

Pero lo peor no es su analfabetismo en el tema, lo peor es que aclaró orgullosamente: “No vamos a desarmar a los delincuentes, no somos ingenuos”. No queda claro si sus palabras son un objetivo propuesto o una confesión de la inutilidad en las ideas que repiten intentando obtener un resultado diferente.

Pero los fracasados funcionarios santafesinos no están solos.
El reciente incorporado Ministro militante Soria tiene como objetivo el desarme de la sociedad civil y no de los delincuentes ni criminales.  “Es una política pública central que vamos a impulsar fuertemente” Se ve que comparte la idea fracasada del funcionario santafesino.

El Ministro Martín Soria y el Director Ejecutivo de la ANMaC, Ramiro Urristi, mantuvieron una reunión de trabajo en la que trazaron los lineamientos centrales para la reactivación del conjunto de políticas públicas destinadas a atacar los derechos constitucionales de la sociedad civil. Es un ataque, así es, porque no hablan de armas legales e ilegales sino de “desarme civil”. Es decir, van air contra le gente dentro de la ley nuevamente.

Dentro de esas ideas no hay nada innovador ni distinto: relanzan el Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (PEVAF) y se será abordado con una perspectiva enteramente federal para que los millones de pesos que deberían ir a salud en plena pandemia se pierdan anónimamente en todas las provincias. Fracasó contra la violencia criminal antes no se sabe por qué pensarán que funcionará ahora.

También promocionaron el desarrollo de los procesos digitales para todos los trámites de la ANMaC. Es decir los trámites van a seguir parados, demorados y perdidos pero con un sistema digital. Por algo sigue la Disposición 3/2021 que prorroga los vencimientos hasta el 30 de abril de 2021 y si le sumamos que por cuestiones de la segunda ola de  COVID las oficinas permanecen cerradas o trabajando a media máquina para imprimir las credenciales nos encontramos con que la prioridad del Registro no son los legítimos usuarios como viene vendiendo su Director.
Según declaró a los medios Urristi se encuentra enfocado en Santa Fe. “Vamos a dar diferentes tipos de talleres, por un lado, para que los agentes provinciales y municipales puedan sumarse a trabajar con nosotros en el Programa. Y también vamos a llevar adelante talleres de concientización sobre la violencia armada y con talleres de violencia de género con el uso de armas, que brindan información y una perspectiva muy interesante sobre estos tópicos” UNA ESTUPIDEZ SUPREMA YA QUE LOS TALLERES NO SE LOS VAN A DAR A LOS NARCOS NI A LOS DELINCUENTES NI A LOS VIOLENTOS QUE COMETEN CRIMENES. Una malversación de fondos públicos, personal y tiempo terrible e impunemente inútil en una sociedad castigada por las malas decisiones, una pandemia y una violencia criminal que las repetidas, mal enfocadas y fallidas políticas progresistas no pueden combatir.

“En cada acción territorial prevemos la presencia en varios puntos estratégicos. En el caso de Santa Fe, estaremos con puestos móviles de recepción de armas en la capital provincial, en Rosario, en Rafaela y en Venado Tuerto”, añadió el Director Ejecutivo de ANMaC que se ve va a estar a cargo de la campaña electoral desde su área, vendiéndole humo a Doña Rosa, estigmatizando a los Legítimos Usuarios, eliminando fierros calientes de criminales con su entrega anónima y no apurando los trámites que tiene atrasados. Ahora que se está trabajando desde la casa, quizás tenga tiempo de repensar su rol y no seguir perjudicando a la gente que está dentro de la ley.

Si los Legitimos Usuarios fueran peligrosos, después de que Gambaro en su momento dejara a la mitad de ellos fuera del registro por un negociado con los psicofísicos y que ahora otros tantos no tengan renovaciones ni trámites al día por las excusan que fueran, la sociedad sería un rio de sangre. Pero aún echados del sistema y con la CLU vencida, quienes tienen armas legalmente vienen demostrando que no son el problema que Soria, Urristi, Sappietro y demás miembros del lobby desarmista se esfuerzan por mostrar. Quizás el tema sea que los trámites no garantizan nada y que el ANMAC, sus funcionarios y políticas son innecesarias cuando una persona de bien elige tener un arma. El problema para los desarmistas, en su orgulloso desenfoque, es otro y por eso se esfuerzan por desarmar a la sociedad en vez de ir contra los delincuentes y criminales. Estemos atentos para ver hacia donde enfocan estos funcionarios si queremos mantener una República sana y la Constitución vigente.   

Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com

El abolicionismo y el desarme civil matan

Autor: Gustavo Rubio – Marzo 23 de 2021
El motochorro que mató a la psicóloga para robarle la cartera estaba preso  y lo liberaron en cuarentena | MDZ Online

Se cumple un año desde que el Gobierno argentino declarara una especie de Estado de Sitio sin ser Estado de Sitio para “combatir la pandemia” hasta que el sistema sanitario estuviera preparado para lidiar con los casos de este acomodaticio virus. En estos meses de contradicciones médicas, destrucción económica focalizada y angustias programadas avaladas por los medios de comunicación fuimos víctimas de las decisiones de un gobierno con una puja interna más fuerte que la de Jekyll y su Sr Hyde.

Cuando las primeras olas de contagios avanzaban por todos lados fuimos testigos de la idea abolicionista de liberar presos con la excusa del cuidado sanitario. Enarbolando la irrefutable justificación del pésimo estado carcelario y hacinamiento en los pabellones el Gobierno de turno y jueces afines a su ideología liberaron a “más de 4500 presos”, cifra poco clara ya que ni los Ministros Frederic y Berni ni nadie del gobierno sabe decir a ciencia cierta cuantos violadores, asesinos, motochorros y pesos pesados del ambiente criminal salieron por la puerta grande a hacer home office mientras los perejiles sin contacto ni militancia K se tuvieron que comer el COVID adentro.

Cámpora al gobierno, Perón al poder.

Los casos de reincidencia de estos tipejos liberados por la doctrina de zaffaroniana comenzaron a multiplicarse a los pocos días hasta que la realidad del día a día pandémico y la contada de contagiados tuvo más rating. Cada tanto aparecía uno de estos energúmenos en las noticias pero, como todo en Peronia, se anestesió lo suficiente como para naturalizarse en la callosidad de siempre.

Días atrás se conoció un video en donde un motochorro intentaba arrebatarle la cartera a una mujer y en el zarpazo sobre la vereda la tira al piso y huye en su moto a toda velocidad sin llevarse nada mientras la abusada mujer intenta levantarse pero cae en el lugar. El delincuente le había roto tres costillas y el bazo mientras la arrastró. María José Daglio muere desangrada internamente en el hospital. El Estado, como siempre, estuvo ausente porque los malvivientes leigen su momento y actúan con la impunidad de saber que sus victimas no están armadas porque las políticas de Estado lo vienen impidiendo desde hace décadas.

El motochorro que asesinó a la psicóloga había cometido al menos ocho robos con la misma violenta modalidad, todos a mujeres, tenía dos condenas encima pero el Gobierno y sus esbirros judiciales lo habían liberado durante la pandemia por razones ideológicas condenando a muerte a la mujer. Su prontuario: Tentativas de robo varias, Robos varios, Hurtos Simples, Desobediencia, Atentado a la Autoridad y Robo Agravado. Desde 1990 al 2020 se paseó por tribunales de Morón y Mar del Plata mostrando que era evidente su falta de recuperación.  ¿Ahora se le sumará la muerte de la psicóloga o zafará porque “no tuvo intención de daño ni de llevarse la cartera” que dejó a la lado de la mujer que sangraba por dentro?

Para poder entender esta locura imbécil de liberar a más 4500 presos peligrosos debemos entender que la doctrina en seguridad que esgrimen desde el Gobierno del Frente de Todos y que viene haciendo escuela en el Estado desde el 2004 es la de la victimización del criminal, el abolicionismo que Zaffaroni llevó al extremo y los “progres” aplaudieron desde sus torres de marfil y moralina hippona de siglo XXI. Para el populista (socialista/comunista en realidad) el delincuente no es culpable ya que la sociedad, en su “egoísmo capitalista”, lo empuja a la marginalidad quitándole oportunidades y herramientas. La culpa es de todos menos del individuo que elige romper la ley. Todos son responsables, todos menos el Estado eso sí. Esta locura ideológica tendría algo de cabida en el debate social si en el país no hubiesen escuelas públicas y “gratuitas”, ni ayuda social económica ni políticas de asistencia social y/o médicas. Aún sin que estos aspectos de la realidad paternalista argentina existieran, el dañar a otra persona y a su propiedad se respetan aun en las comunidades más incivilizadas.

El abolicionismo mueve la carga de culpa y responsabilidad del individuo que comete el ilícito y lo ubica en la sociedad o en los objetos. La culpa no es del motochorro, es de la sociedad que no le dio oportunidades. La culpa no es del violador sino del sistema opresor patriarcal o la naturaleza. La culpa del asesino no es del tipo que sale a robar enfierrado sino del arma con la que delinque. La culpa la tiene quien usa un arma legal para defenderse y no de la patota que le patea la puerta y amenaza de muerte a su familia mientras roban.

El desarme civil está basado en el abolicionismo, en la idea de que el Estado sabe más que los individuos, está basado en desconocer el Estado de Derecho y las libertades individuales, en mezclar sin miramientos la legalidad con la ilegalidad según se levante ese día. Un día liberan asesinos, violadores y motochorros para que al otro día se puedan recrudecer las políticas de desarme civil enfocadas a los legítimos usuarios porque “hay violencia”. Se busca el control social a través de alimentar el  miedo: sin asistencia ni autorización del Estado no se puede hacer nada, no se puede deambular tranquilamente ni se pueden defender la vida, la propiedad ni la libertad. El paraíso del totalitarismo socialista creado de a una reglamentación a la vez mientras se lo disfraza de buenos intenciones para la tribuna desinformada.

El desarmista puede aplaudir sin miedo la liberación de un grupo de criminales condenados porque según su filosofía de realismo mágico la culpa la tienen los objetos inanimados como las armas. Más aún, esa filosofía viene dos varas: Por un lado si el delincuente está armado es sólo una cuestión administrativa porque es una víctima de la sociedad. En cambio si el asaltado se defiende con un arma de fuego legal es un agravante ya que disfruta de los privilegios de contar con trabajo y una propiedad. El nefasto par opresor-oprimido comunista en todo su esplendor. El castigo al trabajo y a la legalidad de las “leyes burguesas”.

Esta subversión ideológica, que tiene su arista más evidente en el desarme civil ya que las armas legales son un obstáculo para la destrucción total del entramado social republicano, es la que viene debilitando las Instituciones argentinas y los pilares republicanos que la Constitución vigente protege. Todas las campañas de desarme están orientadas a no diferenciar armas legales de las ilegales, los mismos directivos que han pasado o están en el ANMAC insisten en desarmar a quienes están dentro de la ley y no mencionan siquiera a los criminales ni delincuentes, los grupos de asesores y políticos repiten esas mentiras y crean trabas arbitrarias para evitar que los ciudadanos respetuosos de la ley ejerzan su derecho a tener armas legales para defenderse de los malvivientes.

La Ministro de Seguridad Frederic, durante la toma de tierras en el sur y los incendios de propiedades llevados a cabo en el 2020 por la organización terrorista que desconoce al Estado Argentino, lo primero que hizo al llegar al Sur fue amenazar a los vecinos del lugar que osaran defenderse en vez de ir tras esos criminales que destruyen campos y especies en peligro. Ella también propuso las patrullas del control del humor social en las redes para ver como opinaban los ciudadanos desde su casa en vez de monitorear a quienes habían liberado por la pandemia. El Ministro Berni no se le queda atrás. No quiere que los ciudadanos se armen pero salió de un lado para el otro amedrentando con kit comprado en una armería para su show tribunero y así diferenciarse de su colega nacional experta en papers. ¿Berni, al no ser personal activo de las Fuerzas de Seguridad ni de defensa, al ser personal civil, tiene portación? Pregunta que nadie le hizo, ni siquiera el director del ANMAC quien suelta los trámites a cuenta gotas.

Lo que si queda claro con el asesinato de la Psicóloga Daglio a manos del motochorro liberado en la pandemia son tres cosas:
Primero, las políticas de desarme civil se recuestan en una visión abolicionista de la realidad. Los criminales son pobres víctimas de la sociedad y como la culpa de sus acciones libres la tienen otras personas u objetos, las armas que usaron por ejemplo, pueden ser liberados sin que su prontuario importe. Así, el motochorro era un pobre tipo y en cambio la psicóloga podía morir porque disfrutaba de su vida burguesa…    
Segundo y más importante es que el Estado, a través de sus políticas abolicionistas y desarmistas que viene aplicando desde 2004, es responsable directa e indirectamente de los robos y muertes que se suceden día a día en Argentina. El pensamiento colectivista solo fomenta la destrucción de la sociedad, la libertad y el progreso.
Tercero, nadie la ayudó durante el asalto. No hubo policías ni agentes de tránsito que hubiesen detenido al motochorro que andaba sin patente. El delincuente liberado ni siquiera dudó frente a su victima porque sabía que ella y los vecinos se encontraban indefensos gracias a las políticas de Estado que vienen  aplicando.

El Estado desarmista, abolicionista y “presente” mata.
No lo olvidemos

¡Portación Libre y Legal ya!    

Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com

¡PORTACIÓN LEGAL, YA!

Autor: Gustavo Rubio – Enero 5 de 2021

“Libre Portación de armas” es el clamor que se comienza a escuchar en este 2021 que arranca. Es un murmullo que va tomando impulso frente a la apática acción de un Estado desbordado por el exceso de política partidaria y nula respuesta real a las necesidades de la gente.

El cúmulo de atrocidades que la población viene sufriendo de la mano de gobiernos que se miran el ombligo, practican el buenismo de la corrección política y, sobre todo, fallan al momento de aplicar medidas que ayuden al ciudadano común y castiguen al criminal, está llegando a niveles insoportables.

“Tenemos derecho a defender nuestras vidas y la de nuestras familias” reza el slogan que crece a medida que los pañuelos negros se van multiplicando con la calma pero con solidez entre los legítimos usuarios. Es un recordatorio a los representantes estatales que los derechos no son materia de opinión, ni de subjetividad ni de arbitrariedades. Es un llamado de atención, un aviso de que quienes están dentro de la ley no son los culpables de la inseguridad como se los viene estigmatizando desde el 2004.
Pero esto no es un capricho ni una idea trasnochada. Esto tiene su origen desde el momento que el Estado decidió cazar en el zoológico aplicando el ideario de políticas antirrepublicanas enarbolado por la RAD, INECIP y similares para deconstruir un Estado democrático y constitucional e instaurar un régimen totalitario. Pasó en Venezuela, pasa acá. Ante la ausencia de un Estado que proteja a la gente, y además, un Estado que libera a los delincuentes, los ciudadanos exigen que se les respete la elección de ejercer el derecho natural, constitucional y humano de defender su vida, la de su familia y su propiedad.

Usurpando la bandera de los derechos humanos, los gobiernos progresistas se han dedicado a socavar las bases de los derechos de los ciudadanos y a recortar libertades individuales poniéndose del lado de los delincuentes. Tomas de tierras, patotas violentas que cortan calles, castigo a policías y ciudadanos que abaten delincuentes armados son algunos ejemplos.
A esas políticas de seguridad en Argentina se le suma otra para aplacar los animos: humo para la tribuna.

Por  un lado, las Politicas aplicadas a las Fuerzas de Seguridad  suman más al caos reinante que a brindar una solución real y concreta. Convertida en una máquina de hacer chorizos, sacan a la calle efectivos policiales mal preparados y mal equipados, con apenas algunos disparos, cero cursos de comunicación y psicología en resolución de conflictos sociales, y equipados a la buena de Dios. Trabajan a puro coraje y voluntad, expuestos que a la primera situación terminen con un legajo por alguna cuestión de DDHH o, peor, velados por su familia. Se dilapidan así millones de dólares en aportes de los ciudadanos via impuestos al año para mantener una pantagruélica Fuerza mal preparada y peor equipada que no puede siquiera trabajar porque pasaron a ser una fuerza de apoyo político en vez de ser una fuerza de apoyo judicial (con todo lo que ello trae: corrupción, mafias, etc}.
Por el otro lado, otros tantos millones de dólares se van año a año en planes, cursos y propaganda encausada a convencer a la Doña Rosa que la mayoría de quienes parasitan en el Estado hacen algo. Cursos sin fundamento de violencia familiar dado por cualquiera, planes de entrega de Armas sin registro y anónimo, conferencia para cuatro gatos locos de las turbias ONGs mientras inocentes siguen muriendo en Rosario, mujeres son golpeadas hasta la muerte en Florencio Varela o piratas del asfalto afanan camiones a punta de escopeta en Salta.

Otra vez los recursos del estado para fomentar carreras burocráticas de políticos totalitarios de terceras líneas que quieren ascender usando la escalera mentirosa del desarme civil rapiñando fondos públicos de pasada.
Desde que se instauró el Plan Entrega Voluntaria de Armas de Fuego en 2007 la Tasa de Delitos cada 100 mil habitantes, según el Sistema nacional de Información Criminal,  dejó descender y lleva una constante, creciente levemente, de alrededor de 3200 casos anuales en promedio. Otro tanto sucede lo mismo con los homicidios dolosos. Dejaron descender en la misma fecha para ir tomando impulso de apoco. Los números pueden ser más o menos según se actualicen, pero lo que está claro es que el Estado hace 13 años que está regalando millones de dólares para destruir historia, piezas valiosas de colección y hasta borrando pruebas de algún crimen al no tomar muestras balísticas. 13 años de no darle solución a la gente pero seguir desarmándola frente al crimen.

Otro caso escandaloso es el el tema de la portación. Coincidiendo con la creación de la Red Argentina para el Desarme en el 2004, el Estado argentino ha restringido la acreditación de permisos para portación a los legítimos usuarios. No interesa la idoneidad, ni que el entrenamiento sea mayor al de los agentes que patrullan día a día las calles o que carezcan de antecedentes penales, el Estado orgullosamente colectivista de la Argentina decidió  arbitrariamente no entregar portaciones. Nada oficial eso sí, todo a través de pequeñas trabas administrativas y militancia de la mentira. ¿Bajaron los hechos de inseguridad gracias a esta movida? No. En 2004 los civiles con portación superaban los 7 mil y los muertos por armas de fuego apenas los 2800. Hoy hay apenas una centena de civiles con portación y los muertos superan ampliamente los 3000 y pico.

Los números, sin hilar muy fino, dejan en evidencia una cosa: el Estado argentino dilapida valiosos millones de dólares en recursos que podrían ir a educación, salud o incluso en seguridad por seguir políticas basadas en la mentira y la arbitrariedad que cuestan miles de vidas inocentes al año al dejarlas indefensas frente a los delincuentes y criminales.

Existen más de 900 mil legitimos usuarios en Argentina, la mayoría empujados a la ilegalidad de no poder renovar sus credenciales por culpa de esas políticas desarmistas que se dedican a atacar a quienes no causan problemas. Si la tenencia legal de armas fuera tan mala como la venden los desarmsitas, el país sería un matadero, pero los LLUU involucrados en un hecho delictivo son el 0,001%.

Frente a la contundencia de estos números surge la pregunta ¿Por qué razón el Estado argentino NO QUIERE QUE LA GENTE DENTRO DE LA LEY SE DEFIENDA?

El pañuelo negro es, por un lado, la imagen de este cuestionamiento y por otro, el pañuelo negro quizás esté dando la respuesta a esos políticos que no se animan  a ver la realidad: hay un grupo enorme de personas, pacificas y legitimas, que desean defender los valores de la Libertad y la Constitución, que desean cuidarse y cuidar a su familia, el fruto de su trabajo, todo dentro de la ley. Si se libera la portación, por un lado inversión en Seguridad que debería hacer el Estado se reduciría por lo menos a la mitad pudiendo tener personal mejor entrenado, especializado y con mejor material. Por otro, no todos los LLUU van a salir a buscar una autorización para andar paseando un arma de fuego. En EEUU, según la pagina del FBI, sólo el 25% de los usuarios de armas legales tienen un permiso para portar o eligen hacerlo. ¿Si un oficial de policía recién egresado, con un total de entre 5 y 20 disparos en pedana, el Estado lo autoriza a portar un arma sin problema, por qué se le niega lo mismo a un Legitimo Usuario con más práctica?  
La portación legal es una elección, no una obligación; es una responsabilidad y no un capricho; es un derecho de nuestra República y no un privilegio otorgado por el entongue y el amiguismo de un Estado corrupto.

Las armas en manos idóneas salvan vidas. Cuando más tiempo pase con estas políticas desarmistas, más vidas inocentes se perderán asi que la única solución viable es que quienes deseen y estén capacitados puedan portar legalmente. Hace más de una década que se vienen repitiendo políticas erradas, los resultado están a la vista. Cuestan vidas. Es momento de cambiar.

Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com

“HISTÓRICOS” de GUSTAVO RUBIO – 2020

Autor: Gustavo Rubio

Enero 29 de 2020 – Santa Fe o el imperio de la estupidez.

Marzo 11 de 2020 – Imagen mata ley

Abril 19 de 2020 – Otra vez sopa

Abril 24 de 2020 – Nuevo Director, ¿nuevos aires?

Mayo 5 de 2020 – Caos canadiense

Junio 2 de 2020 – Malas juntas….

Julio 7 de 2020 – Los Runners de la Inseguridad

Julio 28 de 2020 – Desarmistas y Criminales

Agosto 8 de 2020 – El lobby del Desarme y los números de su fracaso.

Septiembre 15 de 2020 – Improvisados más densos que el plomo

Septiembre 29 de 2020 – Santa Fe o el Descontrol Estatal

Octubre 8 de 2020 – Lo que esconden las Tasers

Octubre 23 de 2020 – Ensuciando a ALUTARA

Noviembre 10 de 2020 – De estúpidos y tiranos

Noviembre 16 de 2020 – Desarmistas, versión gráfica

Noviembre 20 de 2020 – Lejos del interés general y del bien común

Diciembre 14 de 2020 – Ojo con Stockholm 2021

“HISTÓRICOS” de GUSTAVO RUBIO – 2019

Autor: Gustavo Rubio

Enero 9 de 2019 – Herramientas multiplicadoras de fuerza.

Enero 16 de 2019 – Un pequeño paso para Brasil, un gran paso Latinoamérica

Febrero 12 de 2019 – ¿Traspaso y barajar de nuevo?

Marzo 17 de 2019 – 17 minutos

Abril 28 de 2019 – La Justica Argentina odia a los “Villar Cataldo”

Junio 5 de 2019 – Delitos de peligro abstracto: embate jurídico de los desarmistas

Julio 22 de 2019 – Una Nueva Esperanza

Agosto 20 de 2019 – Un brote en la tormenta

Septiembre 25 de 2019 – Las Armas: garantes de la Paz

Octubre 29 de 2019 – Brisas desarmistas

Diciembre 23 de 2019 – Dudas legítimas

“HISTÓRICOS” de GUSTAVO RUBIO – 2018

Sin descripción disponible.
Autor: Gustavo Rubio

Enero 26 de 2018 – Los Legítimos Usuarios no somos un espejismo

Febrero 21 de 2018 – El artículo 189 bis o la ANMAC

Abril 10 de 2018 – Maldiciendo en la Oscuridad

Mayo 7 de 2018 – La Lotería del 132

Mayo 15 de 2018 – La Biblia y el Derecho a las Armas

Junio 6 de 2018 – Al ANMAC no le cierran los números

Julio 4 de 2018 – De serpientes, Vacas y Colinas

Agosto 24 de 2018 – Los Buenos, los Malos y las Feas Falacias Desarmistas

Septiembre 22 de 2018 – Microagresiones estatales

Octubre 3 de 2018 – ANMAC: un campo minado

Octubre 23 de 2018 – De Ineptos y Patoteros

Diciembre 5 de 2018 – Fin de Año: cortito y al pie

MARÍA PÍA DEVOTO

Master en Economía y Ciencias Políticas (ESEADE), Licenciada en Ciencias Políticas

Miembro de la Red Argentina para el Desarme (RAD). Actualmente es directora de la Asociación para Políticas Públicas (APP) y coordinadora de la Red SEhlac (Seguridad Humana en Latinoamérica y el Caribe)

Casada con Gastón Lacorte, ambos pertenecen a la planta permanente de empleados del Senado de la Nación, afectados a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Senado de la Nación.

También asesoran al senador por Catamarca, Dalmacio MERA del partido “Frente de Todos” en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en donde se analizan y aprueban los proyectos para prohibir las municiones de plomo.

Cuando aún estaba al aire el programa La Clave de Mariano Grondona, fueron entrevistados Américo García en su carácter de presidente de la Asociación de Legítimos Tenedores y Usuarios de Armas de la República Argentina (ALUTARA) y Devoto en representación de la APP y Rad, en ese momento dijo:

“Bueno, la creencia que las armas de fuego brindan protección, genera muertes en la Argentina en hechos que no están para nada relacionados con hechos policiales o con hechos delictivos. Del universo de muertes que hay en la Argentina por armas de fuego, más del 60% son accidentes y estemmmm… y suicidios, el resto son homicidios y de ahí hay un gran porcentaje de muertes por armas de fuego que son por problemas interpersonales.”

La mayoría de los discursos de estos “especialistas” que fomentaron la creación de Ley 26.216 de canje de armas, que permite a cualquier persona transitar por la calle con un arma de fuego sin importar si es legal, ilegal, o prueba de un homicidio… son así… palabrería vana y sin fundamentos. 

Lea también en Mentiras, la última falacia de María Pía Devoto. (Archivo Año 2011)

Desconociendo absolutamente, o dicho más exactamente, ignorando de manera intencional toda estadística, en la red Twitter publicó “las armas afectan a mujeres de manera desproporcionada”, cuando en realidad la mayor cantidad de muertes de mujeres no son por armas de fuego, sino por otros mecanismos.

Devoto es una “devota” fiel del PEVAF, afirma que el Plan de Entrega Voluntaria de Armas es la manera de reducir homicidios, “femicidios” y de reducir la violencia.

En el año 2013 fue una de las invitadas especiales del gobierno argentino de Cristina Kirchner a la ceremonia de premiación del “Future Policy Award 2013” en representación de la RAD y APP. A dicha ceremonia asistieron, el entonces Ministro de Justicia Julio Alak, quién promovía la política de “Armas Cero” y la entonces embajadora permanente ante la ONU (2013-2015), quién fuera presidente del Consejo de Seguridad de la ONU en 2013 y en el año 2015 presidió la Asamblea General.

Como expresamos en su momento, el país en 2013 recibió “un premio por “reducir” los homicidios de ¿4.345 a 4.935? y los homicidios con armas de fuego de ¿1.644 a 1801?”  desde que se instaló el Plan de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego o Plan Canje. Una rotunda burla a los ciudadanos que sólo se justifica por espurios e inconfesables intereses políticos.

En el facebook de APP se puede ver la campaña de IANSA Women’s Network, SEHLAC, y la Asociación para Políticas Públicas con María Pía Devoto a la cabeza en base a estadísticas manipuladas.

Según el informe de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), de 258 “femicidios” cometidos en el año 2019, se informó las cantidades de mujeres muertas según método utilizado:

  • Arma Blanca: 68
  • Fuerza Física: 68
  • Fuego/Otros medios combustibles: 19
  • Otros métodos: 39
  • Arma de Fuego Legal (civiles): 4
  • Arma de Fuego Ilegal y/o sin datos de registración: 48
  • Arma de Fuego Reglamentaria FFAA/FFSS: 12

De acuerdo a estos números y tomando como base una cantidad de 638.610 usuarios individuales con armas de fuego, se puede afirmar que sólo el 0,0006% utilizó su arma en un femicidio.

Las pruebas son concluyentes y la fuente de datos es oficial.

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