ANMAC – LOGROS EN LA GESTIÓN KIRCHNERISTA (77%)

Desde la creación, y puesta en vigencia de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) por Ley 27.192 en 2015, la situación de los Legítimos Usuarios de Armas de Fuego se fue agravando año a año. Convengamos que el ex RENAR no era un ejemplo de excelencia, pero funcionaba con bastante regularidad pese a la maraña de decretos, resoluciones y disposiciones que hacían casi inviable el cumplimiento de la ley a cualquier ciudadano que quisiera registrar sus armas. Debemos recordar que desde 2004 la RAD (Red Argentina para el Desarme) y sus integrantes han parasitado no sólo al ex RENAR sino también a la actual ANMAC, con puestos en la función pública, en la misma agencia y como asesores de diputados y senadores de todos los partidos políticos que con gran beneplácito aceptan los proyectos que estos les redactan, sin importar lo nefasto y turbio de su accionar. A todos, lo único que les interesa es aparentar que se preocupan por la seguridad de sus votantes.

Durante la gestión de la Dra. Natalia Gambaro como directora ejecutiva de la Agencia, se produjo el gran negociado del Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos para la obtención de la Credencial de Legítimo Usuario otorgándole el MONOPOLIO a la empresa DIENST Consulting S.A. por Resolución ANMAC 23/2016. Dicha empresa no contaba con la estructura mínima necesaria a nivel nacional para tan importante tarea. Este amañado sistema resultó en la virtual expulsión del 74% de los Usuarios de Armas, producto de la imposibilidad fáctica de regularizar su situación en tiempo y forma.

Y llegó la Pandemia. En 2019 asumió la presidencia de la Nación Alberto Fernández y el actual régimen kirchnerista, creador de la Ley 27.192 de creación de la Agencia, por fin se hizo cargo del funcionamiento del engendro conocido como ANMAC. El gobierno de Cambiemos en cuatro años de administración dejó al 74% de los Legítimos Usuarios fuera del Sistema, los actuales responsables, en tres años de dirección ese porcentaje lo elevó a 77%, todo un logro en la gestión.

Según explica el mismo Jefe de Gabinete a los diputados en el informe 133 a esa Cámara, a partir de las restricciones por la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno debido a la Pandemia del COVID-19, el organismo “se vio obligado a disponer una serie de prórrogas de la vigencia de las diferentes autorizaciones concedidas por aquél, las cuales culminaron en agosto del año 2021”. Esta última situación es la que enarbolan para justificar el ruinoso estado del funcionamiento de la Agencia y es así entonces que el 77% de los Legítimos Usuarios se encuentran en una zona gris (oscura, muy oscura) de legalidad con sus credenciales vencidas, ya que no han podido regular su situación.

Según consta en el Informe 133, desde Agosto del 2021 hasta la fecha (13 meses) se han emitido sólo 30.425 credenciales de legítimo usuario de armas de fuego; 29.623 autorizaciones de tenencia. Insistimos, en octubre del 2020 las credenciales vencidas eran del 74%, en setiembre de 2022 llegan a 77%, o sea que en lugar de mejorar, la situación de los Legítimos Usuarios empeoró. Todo en aras del cumplimiento del punto 2 del artículo 4° de la Ley: “El desarrollo de políticas tendientes a reducir el circulante de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada, contemplando la realización de campañas de comunicación pública.”

A continuación se muestran algunos gráficos propios en base a los datos del Informe 133 de Jefatura de Gabinete a la Cámara de Diputados de la Nación.

CREDENCIALES VIGENTES Y VENCIDAS

Los Usuarios Individuales con Credencial Vigente son 248.826, con Credencial Vencida llegan a 839.686.

USUARIOS INDIVIDUALES POR PROVINCIA

Según el informe de Jefatura de Gabinete, “del universo de legítimos usuarios vigentes inscriptos ante la ANMAC, el 97,2% son hombres, mientras que el 2,8% restante son mujeres” “13.351 usuarios son miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación; y 37.349 son miembros de las Fuerzas de Seguridad, tanto nacionales como provinciales (incluyéndose en dicho cómputo a los/as agentes del Servicio Penitenciario Federal y sus homólogos en las Provincias).”

ARMAS LEGALES EN PROPIEDAD DE LEGÍTIMOS USUARIOS INDIVIDUALES EXISTENTES POR PROVINCIA – TOTAL PAÍS 722.823

PORTACIONES VIGENTES A SEPTIEMBRE 2022

“Las autorizaciones vigentes para portar armas de fuego son 27.992, de las cuales 14.887 corresponden a usuarios policiales y penitenciarios; 8.764 a usuarios colectivos; 4.132 a miembros/as de las Fuerzas Armadas de la Nación; 127 a funcionarios públicos, judiciales y diplomáticos; y, finalmente, solo 82 corresponden a usuarios individuales.”

Otros ítems de interés que se publican en el Informe de Jefatura de Gabinete a la Cámara de Diputados.

Por el artículo 14 de la Ley 27.192 de creación de la ANMAC, se establece la formación del Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada que aún no ha sido constituido, por lo tanto en el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, las autoridades de la Agencia destinarán una parte de la partida presupuestaria para la ejecución del mismo de PESOS VEINTE MILLONES ($20.000.000). Este dinero será destinado a “programas de investigación sobre el mercado de armas y el uso de armas de fuego y sus consecuencias”. Presupuesto que caerá como anillo al dedo para financiar las “investigaciones” de las ONGs argentinas que viven del desarme y sus mentiras.

Según consta en el Informe: “Además, la ANMaC se encuentra avanzando en un proceso de inhabilitación y notificación de los/as legítimos/as usuarios/as vencidos/as, a quienes se los/as intima a regularizar su situación registral, o bien a hacer entrega de las armas, municiones y demás materiales que obraren en su poder (en los términos del artículo 69 del Decreto 395/75), bajo apercibimiento de proceder en la aplicación de las sanciones previstas por la Ley de Armas 20.429 y sus Decretos Reglamentarios 395/75 y 302/83; y, en caso de corresponder, dar aviso a la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM), para que investigue la posible comisión de delitos de acción pública. “

Sería positivo que los políticos, funcionarios y legisladores hubieran escuchado las palabras vertidas por el fallecido Fiscal Jorge Di Lello (UFI Armas), durante el Primer Congreso de Derecho y Ley de Armas en Argentina el 1 de julio de 2019 cuando dijo refiriéndose a los objetivos de la Agencia: “el criterio debe ser FACILITAR al que tiene el arma y quiere tenerla, que la tenga en regla. Al que quiera transferirla que pueda transferirla y SOBRE TODO AL QUE QUIERA INGRESAR PUEDA INGRESAR”  porque el Registro de Armas o ANMaC, “tiene que CUMPLIR UN SERVICIO A LA COMUNIDAD”.

Para finalizar proponemos la lectura de tres artículos de este mismo sitio.

LAS RESTRICCIONES A LA POSESIÓN DE ARMAS A LA POBLACIÓN CIVIL Y SU RELACIÓN CON EL AUMENTO DE LOS HECHOS DELICTIVOS CADA 100.000 HABITANTES. Por Américo García (Artículo de archivo – año 2010)  

¿El DESARME CIVIL NO EXISTE?  

LA MENTIRA DEL CANJE DE ARMAS EN MENDOZA AÑOS 2000/2001   

Caballo de Troya Pascual

Autor: Gustavo Rubio

El embate contra los Legítimos Usuarios ha recobrado ímpetu con las resoluciones hembristas establecidas por parte del organismo que encabeza Natasa Loizou. Pero la investigada por ñoquismo en su anterior paso por Registro de Armas no está sola: las huestes de Cambiemos le hacen la segunda al kirchnerismo chavista en su torpedeo a la República y de la mano del admirador maoísta Cristian Ritondo y de la flamante Silvia Lospennato crearon un huevito sorpresa para estas Pascuas.  

El PROYECTO 0722-D-2022 presentado el 14/03/2022 en teoría está enfocado a prevenir femicidios y evitar la violencia intrafamiliar en los miembros de las Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Armadas, Servicio Penitenciario, etc. Antes que nada, en lo personal, me parece correcto que se lleve a cabo un proyecto en este sentido ya que el mismo incluye acompañamiento, exámenes psicológicos, médicos y demás herramientas útiles frente en el contexto para el cual está siendo propuesto.

Ahora bien, tomemos los últimos datos publicados oficialmente: de los 48 femicidios ocurridos en 2020 según la CSJM, el 10% fueron cometidos por miembros de las FFSS y FFAA. Muy por debajo del 88% de las armas sin registro/ilegales pero extremadamente alto si es comparado con el único caso en donde un legítimo usuario estuvo involucrado. Si seguimos el espíritu del proyecto y sólo comparamos estos dos grupos legales, nos encontramos con que del total de los femicidios del 2020 el 2% fueron cometidos por miembros de las Fuerzas del Estado mientras en tanto sólo el 0,0001% de los legítimos usuarios han estado implicados en un hecho de “femicidio”.

Aclarado estos números (que los autores mágicamente no toman en cuenta) nos encontramos con que el proyecto establece en un primer artículo que  “será inhabilitado para su uso, portación, transporte y/o tenencia de armas toda persona que se encuentre denunciada y bajo investigación de un caso de violencia de género, según los parámetros de la ley 26.485. La prohibición e inhabilitación comenzará desde que el juez toma conocimiento de la denuncia y durará durante todo el período de investigación y sólo podrá ser levantada una vez finalizado este proceso.” Y recién en el segundo artículo aclara que el proyecto estaría orientado a las FF ya que “toda persona de las fuerzas armadas o de seguridad que sea denunciada por violencia de género o intrafamiliar será suspendida y retirada de la fuerza hasta tanto se esclarezca la denuncia sobre su persona.” Adivinan como viene la mano, ¿no?

Lo llamativo es que en los fundamentos se explica que el “proyecto de ley tiene como objeto establecer un mecanismo de prevención y protección de la víctima, para aquellos casos en los que el personal de alguna fuerza policial o de seguridad sea denunciado como presunto autor de un hecho de violencia de género y/o intrafamiliar” pero el primer artículo habla en general mientras que el segundo hace esa salvedad…

Ahora, si a esta irregularidad le agregamos que el tercer artículo del proyecto establece que “Toda vez que el/la juez/a interviniente ordene alguna/s de las medidas preventivas deberá requerir a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), en forma urgente y dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, que informe si el presunto agresor cuenta con Credencial de Legítimo Usuario vigente, autorización para tenencia y/o portación de arma de fuego o solicitud en trámite. En todos los casos deberá ordenar el secuestro de las armas de fuego que estuvieren en su posesión, la suspensión temporaria de aquellas autorizaciones otorgadas por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y la prohibición temporaria de otorgamiento de nuevas licencias o autorizaciones.” podemos decir que el huevito de Pascua de los amigos del chavismo trae una sorpresa más grande que el Caballo de Troya.

Los miembros de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas armadas no son legítimos usuarios de armas por el solo hecho de portar y tener un arma reglamentaria dotada por el Estado. ¿Lo sabrán los legisladores o también ignoran eso? Los miembros de las FF pueden ser legitimos usuarios si lo desean y reúnen la condiciones (y la autorización de los superiores) pero la intervención del ANMAC, llegado el caso que el personal de la Fuerza o cualquier LU fuera denunciado, se hace por requerimiento del juez sin que una ley específica lo deba establecer. Hoy en día asi sucede. YA SE HACE. ¿Entocnes para qué esta ley?

El problema clave acá es que esta ley establecería que el ANMAC tuviera injerencia en todos los casos de denuncia y ya sabemos cómo se podría dar el desarme civil anhelados por totalitarios confesos, buenistas funcionales y cínicos hipocritas: denuncias falsas o “equivocadas”, secuestro de armas por lo que dure el trámite, juicio interminable, pérdida o robo del material secuestrado en los pasillos de la burocracia y andá a quejarte a Montoto. Quedas limpio pero a merced del más fuerte, perdes tu valiosa colección de armas de fuego o ese fusil que heredaste imposible de reemplazar termina en manos de algún amiguete de los funcionarios. Chavez no lo podría haber ideado mejor.

Dicen que el camino al infierno esta pavimentado por buenas intenciones y los firmantes (Soher El Sukaria, Cristian Ritondo, Adriana Ruarte, Gustavo Santos, María Luján Rey, Sofía Brambilla, Silvia Lospennato, María de las Mercedes Joury,  Ana clara Romero, Dina Rezinovsky, Omar De Marchi, Alvaro Martínez, Matías Taccetta, Gustavo Hein y Susana Laciar) parece que ganaron la licitación para la construcción, mantenimiento y peaje de esa ruta sin escalas a la destrucción del país..

El proyecto de Ley 0722-D-2022 es una vergüenza por varias razones, pero hay dos principales. Por un lado, si fue mal redactado muestra la falta de preparación, inteligencia y sentido común de quienes deben hacerle la vida más fácil a los ciudadanos ya que viven de los impuestos que ellos pagan. Por otro lado, muestra la injerencia de los grupos turbios desarmistas, disfrazados de ONGs, que asesoran a los legisladores que ignoran temas claves y no revisan lo que proponen ni firman.

Es evidente que este proyecto de ley fue hecho para DESARMAR A LA SOCIEDAD. Es burdamente visible porque separaron los artículos adrede y hasta se contradice con los fundamentos. Fundamentos que no muestran ningún tipo de número, estudio ni cifra real y es por esa precisa razón que se sabe que detrás de este proyecto se encuentran las garras de los desarmistas de la RAD, INECIP, APP y otros ya que se especializan en esconder y manipular datos.

A continuación una lista con los errores, manipulaciones y mentiras en los fundamentos de la ley:
● “Las armas de fuego es la principal razón de muerte de estos hechos (femicidios)…” FALSO:  la principal causa es el uso de la fuerza fisica con 32% seguido por el uso de arma blanca 26% y recién el uso de armas de fuego con un 18% (tomando armas legales e ILEGALES)

● “99 de cada 100 personas con tenencia y portación de armas en Argentina son varones. Este dato empírico nos demuestra la necesidad de comprender el uso de armas, desde la teoría de género y el abordaje del trabajo con perspectiva de género.” Básicamente están afirmando que como los hombres tienen pene son violadores. ¿El INADI investigará la discriminación por género? ¿Le spregunatron aesos 99 tendores de armas si no se autoperciben mujeres? ¿Por qué afirman eso?

● “Una agresión con arma de fuego tiene altas probabilidades de producir consecuencias mortales.” Más allá de ser extremadamente cuestionable esta afirmación carece de estudios que la avalen en el texto del proyecto. Dato: a menos de 6 metros, un arma blanca es más letal que un arma de fuego según estudios y recomendaciones del FBI (pagina oficial).

● “La presencia de armas de fuego en el hogar aumenta potencialmente el riesgo de que ocurra un femicidios, por lo tato exigen medidas urgentes para la prevención de la ocurrencia de este delito” Tiene la misma lógica que afirmar que la presencia de una bañadera en baño aumenta potencialmente el riesgo de ahogamiento en el hogar. O que la presencia de matafuegos aumenta potencialmente el riesgo de envenenamiento por inhalación del contenido.

● “En el caso de los femicidios perpetrados por agentes activos de las Fuerzas Federales de Argentina, entre 2012 a 2018…” Se elige dejar los datos públicos del 2020, anteriormente mencionados, que cambian sustancialmente los porcentajes y la realidad.

Pero el gran remate, ese que deschava el rol de las ONG s turbias que operan en la sombra contra la democracia republicana asesorando a legisladores soberbios, ignorantes o buenistas,  es el punto que dice “Queda como propuesta de este trabajo, en la necesidad de avanzar hacia la guarda de las armas en lugares habilitados como clubes de tiro, comisarias o dependencias de seguridad y no en el hogar, sean tantas armas de dotación dadas por el Estado, como armas particulares.” Si, señoras y señores, todo viene de la mano del Manual de Desarme. Otra vez la idea de sacar el arma legal del hogar (donde no causa problemas salvo a los maleantes que intenten agredir los derechos avalados en la Constitución Nacional). ¿Cuál es el motivo real ya que los datos oficiales dicen que no son problema para nadie? ¿Estan buscando que seamos más libres y que prevalezca el Estado de derecho?

Lo cierto es que lo datos oficiales matan relato y las mentiras de este proyecto que elige desconocerlos:

1) El 97,9999% de los femicidios en Argentina se produjeron por otros medios que no fueron armas legales ni de dotación.

2) El 0,0001% de esos hechos violentos fueron protagonizados por Legitimos Usuarios.

3) Como lamentablemente muestran las cifras de los femicidios, la violencia la ejercen las personas y no los objetos inanimados: la principal causa de los femicidios es el uso de la fuerza física con 32% seguido por el uso de arma blanca 26% y recién el uso de armas de fuego con un 18% (16% armas ilegales/sin registro, 2% armas reglamentarias) Luego viene un 8% de femicidios con otros medios en especial el uso de combustibles y un 1% a través de la intoxicación. Que las armas de fuego estén fuera de la casa, no reduce en nada violencia y solo permite que quienes estén fuera de la ley o tengan pretensiones totalitarias estén armados.   

El trabajo contra la violencia de género debe encararse seriamente y por otro lado. Que un porcentaje de esas aberraciones encuentren a miembros de las Fuerzas del Estado como autores indica que el problema y su solución se encuentran lejos de la tenencia legal de armas de fuego o de su condición de varón. Son necesarios, como están obligados los LLUU, a que los miembros de las fuerzas tengan constantes y profundos exámenes psicofísicos, aún antes de la incorporación y acompañamiento psicológico durante su servicio. Este acompañamiento es la clave fundamental para evitar este o cualquier otro tipo de violencia intrafamiliar suceda.

¿Será que también resulten necesarios los exámenes psicofísicos regulares para los legisladores y así evitar estas sorpresas desagradables que atentan contra libertad de las personas como este nefasto proyecto traicionero y anti republicano?

Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com

SERGIO BERNI

Abogado y médico cirujano y realizó su residencia en el Ejército Argentino, tornándose de esta forma médico militar. En esta institución hizo carrera, permaneciendo en actividad con el grado de teniente coronel, pero abocado de lleno a la actividad política. Fue pasado a retiro el 15 de febrero de 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri.

ACTIVIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

1991 – designado por el entonces gobernador de la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner, como director del hospital de Veintiocho de Noviembre

En la huelga de los mineros de Río Turbio sucedida en 1994, Berni en su doble carácter de médico y militar fue como voluntario a supervisar la salud de los mineros. Durante quince días ofició como agente encubierto entre los huelguistas obteniendo información sobre futuras acciones y filiaciones políticas que luego eran remitidas al poder central provincial. Cuando los mineros sospecharon de las actitudes del agente, lo expulsaron de la mina.

2003 – Llega a Buenos Aires junto con el designado presidente de la Nación, Néstor Kirchner. La hermana del presidente, Alicia, es designada en el Ministerio de Desarrollo Social. Es así que Alicia Kirchner lo nombra “Director nacional de asistencia crítica y subsecretario de abordaje territorial” y fue así el nexo entre el gobierno y las organizaciones piqueteras. Ocupó esos cargos en el Ministerio de Desarrollo social hasta 2011.

2011 – En las elecciones legislativas del año 2011, fue elegido senador de la Provincia de Buenos aires. A fines de ese año asumió como vicepresidente del Senado provincial, hasta comienzos del año 2012.

2012 – A comienzos de este año, Berni fue designado por la presidente Cristina F. de Kirchner como Secretarios de Seguridad de la Nación y deja su banca en el Senado provincial. El Ministerio de Seguridad era ocupado por Nilda Garré.

2016 – Vocal de Interpol por las Américas del Comité Ejecutivo de ese Organismo.

2019 – En diciembre de 2019 es designado Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos aires, cargo en el que fue nombrado por el gobernador Axel Kicillof.

DECLARACIONES A FAVOR DEL DESARME CIVIL.

En Junio 2020:

No estoy de acuerdo con que la sociedad se arme. Estoy en las antípodas de (la ex ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich cuando esa noche salió de una fiesta y dijo que el que quiera armarse que se arme. Las armas no son para la sociedad civil. La armas son para aquellos que la Constitución delega. Y delega el monopolio a la fuerza pública”.

En junio 2020:

En el caso del jubilado Jorge Ríos que fue atacado por un grupo de delincuentes en su hogar, Berni expresó:

“En un caso así lo mejor es no hacer nada. Estoy totalmente convencido de que el uso de las armas de fuego es solamente para aquellos que son profesionales, para la policía.

El 30 de junio de 2020, durante la emisión del programa “Verdad/Consecuencia” declaró: “Soy un fanático del desarme civil

Con respecto a esa declaración, recomendamos leer la columna de opinión de Rubén Lasagno en OPI Santa Cruz

En julio 2020 en su cuenta de Twitter.

“El uso de un arma es un tema delicado, que requiere de mucha profesionalidad. La diferencia entre Patricia Bullrich y yo es que soy de los que pregonan el desarme de la sociedad civil.

¿EL DESARME CIVIL NO EXISTE?

Autor: Mario Alejandro Boglione
Ilustración: Gustavo S. Rubio

Cuando entró en vigencia la ley 24.492, en 1994, que llevó a que todas las armas de Uso Civil y Uso Civil Condicional (U.C. y U.C.C.) se registraran en el RENAR, y que para ello los dueños debían hacerse Legítimos Usuarios (L.U.), llegamos a ser 1.400.000 LLUU aproximadamente.

Desde entonces nuestro número viene bajando, ya sea por las restricciones que nos van poniendo, poco a poco, o por el aumento de los costos, pero al 30/10/2020 quedábamos menos de 1.035.000. El resto no se actualizó por el problema con el monopolio de Dienst Consulting y/o por la pandemia que impide que los empleados de la ANMaC trabajen normalmente.

O sea que, de acuerdo a esto, seríamos EL 75% DE LOS QUE ÉRAMOS ORIGINALMENTE. Pero esto NO ES REALMENTE ASÍ, porque en 1994 la población argentina era de 34.400.000 habitantes, o sea que HABÍA 1 L.U. cada 24,57 habitantes.

Y hoy, 2021, es de 45.625.940 habitantes, y solo quedaban al 20/10/20, 268.493 L.U. con la C.L.U. vigente y 765.314 con la C.L.U. vencida, o sea que AHORA SOLO HAY UN L.U. cada 169,93 habitantes en regla, o UN L.U. cada 44,17 habitantes con C.L.U., vigentes y/o vencidas.

Esto es: la Población CRECIÓ un 32% y el número de Legítimos Usuarios de Armas de Fuego totalmente en regla BAJÓ MAS DEL 80% . Deberíamos ser 1.857.000 LLUU y SOMOS MENOS DEL 15 % DE ESA CANTIDAD.

Y TODAVÍA HAY NEGACIONISTAS QUE DICEN QUE NO HAY DESARME, QUE TODO ESTÁ BIEN.

Movida de pinzas

Autor: Gustavo Rubio – Mayo 11 de 2021
El Abrazo De La Puñalada Del Amigo Del Hombre Traiciona Vector Ilustración  del Vector - Ilustración de protuberancia, negro: 64297748

La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) fue creada con el objetivo de dificultar la tenencia legal de armas en Argentina. Le pese a quien le pese esto es así por ley. Dejó de ser un mero Registro para sumarle tareas de desarme civil. Nada de diferenciar armas legales e ilegales. Desarme civil liso y llano. Quien desconoce esto, se niega a verlo o defienda la Agencia es que, por más explicaciones que esgriman sus directivos para endulzar los oídos de los legítimos usuarios, ignora los objetivos que se sumaron a las tareas del que fuera el Registro de Armas.
La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) fue creada por la Ley 27192 en octubre de 2015 para reemplazar al RENAR y es un ente descentralizado en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Sigue con su autarquía económica financiera, tiene personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado. A este en organismo que hoy debería continuar con la misión de aplicar, controlar y fiscalizar la Ley Nacional de Armas y Explosivos 20.429, se le suma “la cooperación en el desarrollo de una política criminal en la materia, el desarrollo e implementación de políticas de prevención de la violencia armada y todas aquellas funciones asignadas por ley que la creó”. O sea que deja de ser un registro y pasa a ser otro organismo de control social para las personas dentro de la ley como viene pasando durante los gobiernos autodenominados “progresistas” (socialismo populista del siglo XXI). Al agregársele estas funciones extras, las personas que registran sus armas, pasan a engrosar una lista de personas, cuanto menos, dudosas para el gobierno de turno. Registrar un arma termina siendo un hecho casi incriminatorio a los ojos del estado que sigue la agenda turbia de los desarmistas en vez de ser un acto administrativo de las personas dentro de la ley.
Dentro de las facultades del ANMAC están la clásica montaña de atribuciones aglutinadas en un solo ente, típicas de un estado poco acostumbrado a las libertades republicanas como la Argentina, y que al ser de un carácter legislativo y punitivo, son impropias para un ente dependiente del Poder Ejecutivo (Ministerio de Justicia) ya que toman atributos exclusivos de los Poderes Legislativos y Judicial.
Por un lado está facultado a “registrar, autorizar, controlar y fiscalizar toda actividad vinculada a la fabricación, comercialización, adquisición, transferencia, traslado, tenencia, portación, uso, entrega, resguardo, destrucción, introducción, salida, importación, tránsito, exportación, secuestros, incautaciones y decomisos; realizada con armas de fuego, municiones, pólvoras, explosivos y afines, materiales de usos especiales, y otros materiales controlados, sus usuarios, las instalaciones fabriles, de almacenamiento, guarda y comercialización; conforme las clasificaciones de materiales controlados vigentes, dentro del territorio nacional, con la sola exclusión del armamento perteneciente a las fuerzas armadas. Administrar el Banco Nacional de Materiales Controlados y la red de depósitos que formen parte del mismo. Efectuar la destrucción, con carácter exclusivo y excluyente en todo el territorio nacional, de todo material controlado en el marco de las leyes 20.429, 25.938, 26.216. Determinar los métodos y procedimientos de destrucción de materiales controlados, garantizando su eficacia, eficiencia y sustentabilidad en relación con el medio ambiente. Llevar un registro único de información. Conformar y mantener actualizado un banco nacional informatizado de datos”. Hasta acá, sin ponerse a hilar finito en cada punto y dejando de lado la dignidad de los individuos dentro de una República a los que toca, todo se mezcla más o menos para darle un marco “técnico” a las atribuciones impropias, dudosamente justificable, y bien lejos del ideal de quienes abogan por una sociedad madura y libre.
Ahora bien, a lo anterior se le sumó a partir de la reforma de ese 2015 una serie de atribuciones que ampliaron aún más el mero ámbito registral y técnico. Es así que ahora puede: “Realizar programas de concientización y sensibilización sobre desarme y control de la proliferación de armas de fuego en la sociedad, que promuevan la cultura de la no violencia y la resolución pacífica de los conflictos. Realizar campañas de regularización de la situación registral de las personas que tengan bajo su poder armas de fuego, de los materiales controlados y de las actividades relacionadas. Organizar y dictar cursos y seminarios de formación a técnicos y funcionarios cuyo desempeño se vincule con la materia. Asimismo, capacitar a las organizaciones de la sociedad civil, universidades, organizaciones territoriales, barriales, medios de prensa, nacionales o internacionales. Establecer sistemas de control ciudadano para las autorizaciones que la agencia otorgue, contemplando especialmente mecanismos que contribuyan a la prevención de la violencia de género. Llevar adelante políticas de intercambio de información respecto de la normativa y los procesos con organismos extranjeros dentro del marco de la cooperación internacional. Realizar programas de investigación sobre el mercado de armas, su uso y sus consecuencias, que puedan ser relevantes para la adopción de políticas estratégicas. Evaluar y analizar la efectividad de las normas técnicas y legales y realizar propuestas de modificaciones a los órganos correspondientes.”Si leemos con atención podemos apreciar que el segundo listado de atribuciones poco tiene que ver con la naturaleza primera de un ente que colabore con quienes desean estar dentro de la ley. Es más, hasta juega en contra de las mismas tareas que debe cumplir esta agencia y de su misión. Este agregado enumera una serie tareas que hacen que la agencia ocupe su tiempo y limitados recursos en actividades y objetivos que en un futuro consolidarán en la Argentina las políticas de desarme civil como sucedió en el México manejado por narcos, la amenazada y secuestrada Colombia y la ensangrentada Venezuela. Ese segundo y nuevo listado de atribuciones y tareas implicarían la injerencia de otros estamentos del estado, poniendo en peligro la autarquía del ANMAC, su descentralización y personería jurídica. Pero acá no termina el problema. Si ponemos en otras palabras las atribuciones del ANMAC podemos decir que tendría la facultad iniciar o de coordinar acciones directas o indirectas, de manera sola o en conjunto con otros organismos y agencias para: 1) Subir el precio de las armas y municiones 2) Reducir el número y tipo de armas para la venta 3) Disminuir la promoción/marketing 4) Reducir el número de puntos de ventas 5) Incrementar los obstáculos para la posesión (licencias restrictivas/ampliar el monitoreo, entrenamiento, minimizar el tamaño de los arsenales) 6) Aumentar la responsabilidad de los propietarios (registro, seguridad de almacenaje, responsabilidad) 7) Reducir la portación de armas (restricciones por área, época del año, tipos de armas, obstáculos para calificar) 8) Estigmatizar a dueños y portadores de armas de fuego. 9) Imponer condiciones a vendedores/fabricantes, incluyendo productos estándar y prohibidos 10) Restringir/detener la oferta de municiones. Ese resumen, este decálogo, no es otra cosa que un listado de recomendaciones que aparece en el Manual de Desarme, lineamientos que marcan el discurso de cabecera de los desarmistas, para combatir la tenencia legal de armas y sólo aplicables al ámbito legal. Hay que recordar que estos grupos anti armas asesoran al ANMAC y al Gobierno y que, como vemos, sus objetivos primarios fueron incorporados formalmente en la creación del ente en el 2015.
Para ejemplificar la tarea de desarme civil que se viene aplicando basta con aclarar que hasta el día de la fecha no se están entregando portaciones a civiles por más que el legítimo usuario reúna las condiciones exigidas. Todo termina en un limbo arbitrario que da para sospechar las acciones que deben realizar aquellas personas dentro de la ley a las que si se le otorgan.
Otro ejemplo, más elíptico, pero más certero en cómo funciona la aplicación del desarme civil a través del ANMAC es el retraso de los trámites, la entrega de tenencias de armas y otorgamiento CLUs. Debido a las políticas de los psicofísicos de Gambaro, que dejaron afuera a la mitad de los LLUU, sumado al parate administrativo de la gestión Urristi con la excusa de la pandemia, se puede estimar que más de un 70% de los Legítimos Usuarios sufren el apriete de las políticas de desarme en Argentina teniendo que estar en un limbo administrativo arbitrario.
Según el Dr Urristi, Director de la Agencia, el problema hoy en día radica en que de una nómina de 410 personas reales trabajando en la Agencia, hoy hay trabajando sólo 60 debido a diferentes razones relacionadas con la pandemia (enfermos, casos sospechosos, edades, personas en grupos de riesgo, patologías, resoluciones, etc) que retrasan la entrega de las mismas. Eso si, la Agencia tiene tiempo, recursos y personal para llevar adelante las actividades que se le sumaron al registro originario como campañas de desarme civil con el Plan Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (PEVAF) en la Provincia de Santa Fe. Más aun, esas campañas, según las palabras del Director “otorgan una amnistía a quienes entregan esas armas por esos es anónimas”. Amnistía para quienes se deshacen de un arma que estaba fuera de la ley pero para quienes desean regularizarla, los trámites son completos, caros y eternos.
Entre ayudar a los Legítimos Usuarios agilizando los trámites y promover el desarme civil, más de cara a la campaña electoral que se inicia, vemos para que lado se inclinó la decisión de los funcionarios.
Ante el evidente malestar de los usuarios legales de armas, el Dr Urristi aclaró que el sistema de PEVAF, Plan de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, no está orientado a los legítimos usuarios en regla sino que tiene como destinarios a todas aquellas personas que, por diferentes razones, no cumplen con los requisitos o no deseen tener un arma y a las armas ilegales incautadas. Más aún, el Director de la ANMAC abrió un hilo en Tuitter a fines de abril tratando de explicar que “El ordenamiento jurídico Argentino, en materia de armas de fuego, evidencia la existencia de dos tipos de armas: las que tienen un dueño legal (ley 20.429) y las que deben ser extraídas de la circulación para ser destruidas. Las políticas públicas de #desarme apuntan a dos propósitos principales: procesar las armas ilícitas decomisadas e incautadas en procedimientos judiciales (ley 25.938) y asimismo fomentar la entrega voluntaria de cualquier tipo de arma de fuego (ley 26.216) Cuando una persona obtiene la condición de legítimo usuario #clu y tiene su arma registrada #tenencia esta al amparo de la ley de armas (ley 20.429). Cuando ella y su eventual arma no están debidamente registrados, el arma debe ser entregada a la #anmac hasta la regularización. El Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego #pevaf (ley 26.216) establece la posibilidad de que cualquier persona entregue cualquier tipo de arma de fuego, de forma voluntaria y, si lo desea, anónima, eximiendo de responsabilidades penales y administrat(tivas) El propósito principal de la ley 26.216 es extraer armas de la circulación y por eso se invita a la sociedad a entregarlas. Cuando ocurre una entrega, no solo se exime de eventuales responsabilidades sino que se abona un incentivo económico por la acción. Es deber de la #anmac ejecutar todas las leyes que integran en plexo jurídico en materia de armas (leyes 20.429, 25.938, 26.216 y 27.192) de forma diligente y procurando lograr el mayor grado de eficiencia en los postulados de cada norma. Entre 2016 y 2019 las políticas de registración (20.429) se desviaron a negocios privados #psicofisicos, se suspendió la recepción de armas del poder judicial (25.938), se dejó de lado el #PEVAF (26.216) y no se avanzó en el desarrollo de la #anmac (27.192). Hoy en día estamos recuperando el terreno perdido y estamos trabajando incansablemente para cumplir con los objetivos previstos en las leyes que nos regulan. “Hay un axioma que reza que para saber el tamaño de una mentira hay que multiplicar el largo de la explicación por el ancho de la justificación. En su extenso hilo, el Dr Urristi jamás menciona el Decreto 395/75, que detalla las opciones que tiene un legitimo usuario que ya no desea tener armas (por el motivo que sea) o una persona que hereda un arma y no desea tenerla por ejemplo. En ese decreto vigente se deja bien en claro que esas armas se pueden vender a otros particulares (Art 75), se pueden vender a comercios autorizados (Art 76) o se pueden subastar o rematar (Art 73 y Art 74) antes que entregarlas a la destrucción del PEVAF por mucho menos dinero. ¿Ignorancia o intencionalidad?
Es decir, siguiendo al idea de que toda actividad privada e independiente del Estado es mala, jamás se les recuerda las personas dentro de la ley que no desean tener más armas que pueden deshacerse de esos bienes a un precio justo dentro de las leyes argentinas. La ANMAC, en vez de ponerse del lado de los LLUU se pone del lado del manual de desarme. Por un lado el Estado incumple con su función de otorgar portaciones, registrar, autorizar tenencias y credenciales en tiempo y forma escudándose en cuestiones sanitarias pero por otro redobla el esfuerzo para meter más presión con la propaganda del desarme civil promoviendo el PEVAF como única salida posible.
Tambien Urristi, en uno de los videos aclarando lo que dijo en una reunión, comentó que se está preparando la digitalización de tramites con una app que “tenga diálogo con la AFIP y el ANSES” es decir, que el ANMAC también pasaría a dar datos sensibles sin mediar una cuestión legal a otros organismos del Estado. Con esto, para el Gobierno, uno de los grandes problemas de la inseguridad son el pago de impuestos y el trámite social… ¿Cuál sería la importancia de ese diálogo más allá de agregar otra traba o impedimento a la compra de armas legales por ejemplo?
Una de las cosas que dejó el manejo de la pandemia fue a discrecionalidad con las que se manejó el tema de los subsidios que dejaron a miles de monotributistas con los negocios cerrados o sin actividad y sin recibir acceso a la ayuda económica. El día de mañana, de implementarse ese cruce, la AFIP, ANSES o cualquier organismo del Estado podría impedir comprar un arma legalmente, renovar o tramitar cualquier cosa en la ANMAC. Esto ya sucedió el año pasado cuando había que darle de comer a la gente seria muy ingenuo o ignorante no pensar que bien se aplicaría a algo tan limitado como la tenencia legal de armas.        
A través de campañas, discursos y videos se acosa y estigmatiza a los LLUU en situación “irregular” instalándole la idea de que se deshaga de sus armas. Las explicaciones con la distinción entre legales e ilegales recién llegan cuando se patalea mucho. Las palabras vendiendo humo pueden sonar lindas y amigables pero no son las que están escritas fríamente en las resoluciones y acuerdos. Cuando sople el viento de la ley, sabemos cuáles son las que se tienen en cuenta.
El PEVAF en 2019 tuvo un presupuesto de 8.000.000 para repartir anónimamente en quienes entreguen un arma para su destrucción y se gastó completamente. El ejercicio del 2020 también tuvo un presupuesto de 8 millones. Los números finales del 2020 están por verse pero el Plan genera también algunas preguntas: Teniendo en cuenta la inflación imperante ¿por qué se mantuvo el mismo importe presupuestario? ¿Si aumentaron el incentivo para que la gente entregue más armas pero dejaron el mismo presupuesto, no estarían reduciendo la cantidad de armas a “comprar armas ilegales” para destruir incumpliendo los objetivos para los que se destinaron los finitos recursos humanos y económicos de un organismo diezmado por la pandemia? ¿No estarían incumpliendo su objetivo?
Con estas pocas incongruencias queda en evidencia que la ANMAC no sólo está en contra de los LLUU desde su formación sino que la movida de pinzas contra los legítimos usuarios sigue vigente.   

Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com

Orgullosamente desenfocados

Autor: Gustavo Rubio – Abril 18 de 2021

Este año hay elecciones y la máquina de hacer humo está funcionando al 100% 24/7 para ver si les pueden manotear los votos a las Doñas Rosa de la tribuna. Ya les birlaron las vacunas para dárselas a los felinos que comparten así que un poco de tribuneo para la gilada no viene mal como para no perder la costumbre.

A pesar del COVID, Santa Fe sigue siendo un hervidero de muertos y violencia narco que ni siquiera el voleo que le dieron al impresentable de Sain surtió efecto ya que se siguieron haciendo las mismas animaladas de siempre. Errores de personas soberbias y sin preparar, puestas a dedo y por cargos políticos, que se pagan con sangre inocente y destrucción del futuro del común de la gente. Es tal la impunidad de estos funcionarios que deben velar por la ciudadanía que, sin ningún atisbo de vergüenza, hacen declaraciones escandalosas en los medios sin reparo.

El gobierno de esa provincia intenta reducir la circulación de armas de fuego y con ese fin lanzó, a través del Ministerio de Seguridad, el programa “Santa Fe libre de armas”. Para ello se pagarán hasta 9 mil pesos por cada arma ( se destinará guita de impuestos en medio de una crisis sanitaria) y serán destruidas en un acto público (porque la foto sirve)

Santa Fe, una provincia copada por el narco, intenta una reducción de armas de fuego con políticas enfocadas a la gente común, quines no son el problema. Declaran que quien entregue armas recibirá una suma de dinero de parte del Estado que en medio de una segunda ola de pandemia elige destinar el dinero de camas, respiradores y sueldos médicos a comprar armas anónimamente que no son problema de nadie. “Respetando el plan nacional, Santa Fe es la primera provincia en adherir al mismo. La idea es conceder a quien tiene un arma en su casa la posibilidad de entregarla y recibir una compensación a cambio”, indicó sin remordimiento sanitario el subsecretario de la Agencia Provincial de Prevención de Violencia con Armas de Fuego, Lautaro Sappietro. El ignorante funcionario sostuvo que “la meta es buscar esas armas que han quedado en el hogar y que eventualmente puedan caer en el circuito ilegal” desconociendo que los principales proveedores de los delincuentes son el mismo Estado, con el robo a sus arsenales y fiscalías, y el contrabando internacional que se filtra por las fronteras mientras los gendarmes son obligados a bajar a niños y mujeres de los micros del conurbano porque hay un supuesto toque de queda en un NO estado de sitio…

Pero lo peor no es su analfabetismo en el tema, lo peor es que aclaró orgullosamente: “No vamos a desarmar a los delincuentes, no somos ingenuos”. No queda claro si sus palabras son un objetivo propuesto o una confesión de la inutilidad en las ideas que repiten intentando obtener un resultado diferente.

Pero los fracasados funcionarios santafesinos no están solos.
El reciente incorporado Ministro militante Soria tiene como objetivo el desarme de la sociedad civil y no de los delincuentes ni criminales.  “Es una política pública central que vamos a impulsar fuertemente” Se ve que comparte la idea fracasada del funcionario santafesino.

El Ministro Martín Soria y el Director Ejecutivo de la ANMaC, Ramiro Urristi, mantuvieron una reunión de trabajo en la que trazaron los lineamientos centrales para la reactivación del conjunto de políticas públicas destinadas a atacar los derechos constitucionales de la sociedad civil. Es un ataque, así es, porque no hablan de armas legales e ilegales sino de “desarme civil”. Es decir, van air contra le gente dentro de la ley nuevamente.

Dentro de esas ideas no hay nada innovador ni distinto: relanzan el Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (PEVAF) y se será abordado con una perspectiva enteramente federal para que los millones de pesos que deberían ir a salud en plena pandemia se pierdan anónimamente en todas las provincias. Fracasó contra la violencia criminal antes no se sabe por qué pensarán que funcionará ahora.

También promocionaron el desarrollo de los procesos digitales para todos los trámites de la ANMaC. Es decir los trámites van a seguir parados, demorados y perdidos pero con un sistema digital. Por algo sigue la Disposición 3/2021 que prorroga los vencimientos hasta el 30 de abril de 2021 y si le sumamos que por cuestiones de la segunda ola de  COVID las oficinas permanecen cerradas o trabajando a media máquina para imprimir las credenciales nos encontramos con que la prioridad del Registro no son los legítimos usuarios como viene vendiendo su Director.
Según declaró a los medios Urristi se encuentra enfocado en Santa Fe. “Vamos a dar diferentes tipos de talleres, por un lado, para que los agentes provinciales y municipales puedan sumarse a trabajar con nosotros en el Programa. Y también vamos a llevar adelante talleres de concientización sobre la violencia armada y con talleres de violencia de género con el uso de armas, que brindan información y una perspectiva muy interesante sobre estos tópicos” UNA ESTUPIDEZ SUPREMA YA QUE LOS TALLERES NO SE LOS VAN A DAR A LOS NARCOS NI A LOS DELINCUENTES NI A LOS VIOLENTOS QUE COMETEN CRIMENES. Una malversación de fondos públicos, personal y tiempo terrible e impunemente inútil en una sociedad castigada por las malas decisiones, una pandemia y una violencia criminal que las repetidas, mal enfocadas y fallidas políticas progresistas no pueden combatir.

“En cada acción territorial prevemos la presencia en varios puntos estratégicos. En el caso de Santa Fe, estaremos con puestos móviles de recepción de armas en la capital provincial, en Rosario, en Rafaela y en Venado Tuerto”, añadió el Director Ejecutivo de ANMaC que se ve va a estar a cargo de la campaña electoral desde su área, vendiéndole humo a Doña Rosa, estigmatizando a los Legítimos Usuarios, eliminando fierros calientes de criminales con su entrega anónima y no apurando los trámites que tiene atrasados. Ahora que se está trabajando desde la casa, quizás tenga tiempo de repensar su rol y no seguir perjudicando a la gente que está dentro de la ley.

Si los Legitimos Usuarios fueran peligrosos, después de que Gambaro en su momento dejara a la mitad de ellos fuera del registro por un negociado con los psicofísicos y que ahora otros tantos no tengan renovaciones ni trámites al día por las excusan que fueran, la sociedad sería un rio de sangre. Pero aún echados del sistema y con la CLU vencida, quienes tienen armas legalmente vienen demostrando que no son el problema que Soria, Urristi, Sappietro y demás miembros del lobby desarmista se esfuerzan por mostrar. Quizás el tema sea que los trámites no garantizan nada y que el ANMAC, sus funcionarios y políticas son innecesarias cuando una persona de bien elige tener un arma. El problema para los desarmistas, en su orgulloso desenfoque, es otro y por eso se esfuerzan por desarmar a la sociedad en vez de ir contra los delincuentes y criminales. Estemos atentos para ver hacia donde enfocan estos funcionarios si queremos mantener una República sana y la Constitución vigente.   

Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com

El abolicionismo y el desarme civil matan

Autor: Gustavo Rubio – Marzo 23 de 2021
El motochorro que mató a la psicóloga para robarle la cartera estaba preso  y lo liberaron en cuarentena | MDZ Online

Se cumple un año desde que el Gobierno argentino declarara una especie de Estado de Sitio sin ser Estado de Sitio para “combatir la pandemia” hasta que el sistema sanitario estuviera preparado para lidiar con los casos de este acomodaticio virus. En estos meses de contradicciones médicas, destrucción económica focalizada y angustias programadas avaladas por los medios de comunicación fuimos víctimas de las decisiones de un gobierno con una puja interna más fuerte que la de Jekyll y su Sr Hyde.

Cuando las primeras olas de contagios avanzaban por todos lados fuimos testigos de la idea abolicionista de liberar presos con la excusa del cuidado sanitario. Enarbolando la irrefutable justificación del pésimo estado carcelario y hacinamiento en los pabellones el Gobierno de turno y jueces afines a su ideología liberaron a “más de 4500 presos”, cifra poco clara ya que ni los Ministros Frederic y Berni ni nadie del gobierno sabe decir a ciencia cierta cuantos violadores, asesinos, motochorros y pesos pesados del ambiente criminal salieron por la puerta grande a hacer home office mientras los perejiles sin contacto ni militancia K se tuvieron que comer el COVID adentro.

Cámpora al gobierno, Perón al poder.

Los casos de reincidencia de estos tipejos liberados por la doctrina de zaffaroniana comenzaron a multiplicarse a los pocos días hasta que la realidad del día a día pandémico y la contada de contagiados tuvo más rating. Cada tanto aparecía uno de estos energúmenos en las noticias pero, como todo en Peronia, se anestesió lo suficiente como para naturalizarse en la callosidad de siempre.

Días atrás se conoció un video en donde un motochorro intentaba arrebatarle la cartera a una mujer y en el zarpazo sobre la vereda la tira al piso y huye en su moto a toda velocidad sin llevarse nada mientras la abusada mujer intenta levantarse pero cae en el lugar. El delincuente le había roto tres costillas y el bazo mientras la arrastró. María José Daglio muere desangrada internamente en el hospital. El Estado, como siempre, estuvo ausente porque los malvivientes leigen su momento y actúan con la impunidad de saber que sus victimas no están armadas porque las políticas de Estado lo vienen impidiendo desde hace décadas.

El motochorro que asesinó a la psicóloga había cometido al menos ocho robos con la misma violenta modalidad, todos a mujeres, tenía dos condenas encima pero el Gobierno y sus esbirros judiciales lo habían liberado durante la pandemia por razones ideológicas condenando a muerte a la mujer. Su prontuario: Tentativas de robo varias, Robos varios, Hurtos Simples, Desobediencia, Atentado a la Autoridad y Robo Agravado. Desde 1990 al 2020 se paseó por tribunales de Morón y Mar del Plata mostrando que era evidente su falta de recuperación.  ¿Ahora se le sumará la muerte de la psicóloga o zafará porque “no tuvo intención de daño ni de llevarse la cartera” que dejó a la lado de la mujer que sangraba por dentro?

Para poder entender esta locura imbécil de liberar a más 4500 presos peligrosos debemos entender que la doctrina en seguridad que esgrimen desde el Gobierno del Frente de Todos y que viene haciendo escuela en el Estado desde el 2004 es la de la victimización del criminal, el abolicionismo que Zaffaroni llevó al extremo y los “progres” aplaudieron desde sus torres de marfil y moralina hippona de siglo XXI. Para el populista (socialista/comunista en realidad) el delincuente no es culpable ya que la sociedad, en su “egoísmo capitalista”, lo empuja a la marginalidad quitándole oportunidades y herramientas. La culpa es de todos menos del individuo que elige romper la ley. Todos son responsables, todos menos el Estado eso sí. Esta locura ideológica tendría algo de cabida en el debate social si en el país no hubiesen escuelas públicas y “gratuitas”, ni ayuda social económica ni políticas de asistencia social y/o médicas. Aún sin que estos aspectos de la realidad paternalista argentina existieran, el dañar a otra persona y a su propiedad se respetan aun en las comunidades más incivilizadas.

El abolicionismo mueve la carga de culpa y responsabilidad del individuo que comete el ilícito y lo ubica en la sociedad o en los objetos. La culpa no es del motochorro, es de la sociedad que no le dio oportunidades. La culpa no es del violador sino del sistema opresor patriarcal o la naturaleza. La culpa del asesino no es del tipo que sale a robar enfierrado sino del arma con la que delinque. La culpa la tiene quien usa un arma legal para defenderse y no de la patota que le patea la puerta y amenaza de muerte a su familia mientras roban.

El desarme civil está basado en el abolicionismo, en la idea de que el Estado sabe más que los individuos, está basado en desconocer el Estado de Derecho y las libertades individuales, en mezclar sin miramientos la legalidad con la ilegalidad según se levante ese día. Un día liberan asesinos, violadores y motochorros para que al otro día se puedan recrudecer las políticas de desarme civil enfocadas a los legítimos usuarios porque “hay violencia”. Se busca el control social a través de alimentar el  miedo: sin asistencia ni autorización del Estado no se puede hacer nada, no se puede deambular tranquilamente ni se pueden defender la vida, la propiedad ni la libertad. El paraíso del totalitarismo socialista creado de a una reglamentación a la vez mientras se lo disfraza de buenos intenciones para la tribuna desinformada.

El desarmista puede aplaudir sin miedo la liberación de un grupo de criminales condenados porque según su filosofía de realismo mágico la culpa la tienen los objetos inanimados como las armas. Más aún, esa filosofía viene dos varas: Por un lado si el delincuente está armado es sólo una cuestión administrativa porque es una víctima de la sociedad. En cambio si el asaltado se defiende con un arma de fuego legal es un agravante ya que disfruta de los privilegios de contar con trabajo y una propiedad. El nefasto par opresor-oprimido comunista en todo su esplendor. El castigo al trabajo y a la legalidad de las “leyes burguesas”.

Esta subversión ideológica, que tiene su arista más evidente en el desarme civil ya que las armas legales son un obstáculo para la destrucción total del entramado social republicano, es la que viene debilitando las Instituciones argentinas y los pilares republicanos que la Constitución vigente protege. Todas las campañas de desarme están orientadas a no diferenciar armas legales de las ilegales, los mismos directivos que han pasado o están en el ANMAC insisten en desarmar a quienes están dentro de la ley y no mencionan siquiera a los criminales ni delincuentes, los grupos de asesores y políticos repiten esas mentiras y crean trabas arbitrarias para evitar que los ciudadanos respetuosos de la ley ejerzan su derecho a tener armas legales para defenderse de los malvivientes.

La Ministro de Seguridad Frederic, durante la toma de tierras en el sur y los incendios de propiedades llevados a cabo en el 2020 por la organización terrorista que desconoce al Estado Argentino, lo primero que hizo al llegar al Sur fue amenazar a los vecinos del lugar que osaran defenderse en vez de ir tras esos criminales que destruyen campos y especies en peligro. Ella también propuso las patrullas del control del humor social en las redes para ver como opinaban los ciudadanos desde su casa en vez de monitorear a quienes habían liberado por la pandemia. El Ministro Berni no se le queda atrás. No quiere que los ciudadanos se armen pero salió de un lado para el otro amedrentando con kit comprado en una armería para su show tribunero y así diferenciarse de su colega nacional experta en papers. ¿Berni, al no ser personal activo de las Fuerzas de Seguridad ni de defensa, al ser personal civil, tiene portación? Pregunta que nadie le hizo, ni siquiera el director del ANMAC quien suelta los trámites a cuenta gotas.

Lo que si queda claro con el asesinato de la Psicóloga Daglio a manos del motochorro liberado en la pandemia son tres cosas:
Primero, las políticas de desarme civil se recuestan en una visión abolicionista de la realidad. Los criminales son pobres víctimas de la sociedad y como la culpa de sus acciones libres la tienen otras personas u objetos, las armas que usaron por ejemplo, pueden ser liberados sin que su prontuario importe. Así, el motochorro era un pobre tipo y en cambio la psicóloga podía morir porque disfrutaba de su vida burguesa…    
Segundo y más importante es que el Estado, a través de sus políticas abolicionistas y desarmistas que viene aplicando desde 2004, es responsable directa e indirectamente de los robos y muertes que se suceden día a día en Argentina. El pensamiento colectivista solo fomenta la destrucción de la sociedad, la libertad y el progreso.
Tercero, nadie la ayudó durante el asalto. No hubo policías ni agentes de tránsito que hubiesen detenido al motochorro que andaba sin patente. El delincuente liberado ni siquiera dudó frente a su victima porque sabía que ella y los vecinos se encontraban indefensos gracias a las políticas de Estado que vienen  aplicando.

El Estado desarmista, abolicionista y “presente” mata.
No lo olvidemos

¡Portación Libre y Legal ya!    

Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com

¡PORTACIÓN LEGAL, YA!

Autor: Gustavo Rubio – Enero 5 de 2021

“Libre Portación de armas” es el clamor que se comienza a escuchar en este 2021 que arranca. Es un murmullo que va tomando impulso frente a la apática acción de un Estado desbordado por el exceso de política partidaria y nula respuesta real a las necesidades de la gente.

El cúmulo de atrocidades que la población viene sufriendo de la mano de gobiernos que se miran el ombligo, practican el buenismo de la corrección política y, sobre todo, fallan al momento de aplicar medidas que ayuden al ciudadano común y castiguen al criminal, está llegando a niveles insoportables.

“Tenemos derecho a defender nuestras vidas y la de nuestras familias” reza el slogan que crece a medida que los pañuelos negros se van multiplicando con la calma pero con solidez entre los legítimos usuarios. Es un recordatorio a los representantes estatales que los derechos no son materia de opinión, ni de subjetividad ni de arbitrariedades. Es un llamado de atención, un aviso de que quienes están dentro de la ley no son los culpables de la inseguridad como se los viene estigmatizando desde el 2004.
Pero esto no es un capricho ni una idea trasnochada. Esto tiene su origen desde el momento que el Estado decidió cazar en el zoológico aplicando el ideario de políticas antirrepublicanas enarbolado por la RAD, INECIP y similares para deconstruir un Estado democrático y constitucional e instaurar un régimen totalitario. Pasó en Venezuela, pasa acá. Ante la ausencia de un Estado que proteja a la gente, y además, un Estado que libera a los delincuentes, los ciudadanos exigen que se les respete la elección de ejercer el derecho natural, constitucional y humano de defender su vida, la de su familia y su propiedad.

Usurpando la bandera de los derechos humanos, los gobiernos progresistas se han dedicado a socavar las bases de los derechos de los ciudadanos y a recortar libertades individuales poniéndose del lado de los delincuentes. Tomas de tierras, patotas violentas que cortan calles, castigo a policías y ciudadanos que abaten delincuentes armados son algunos ejemplos.
A esas políticas de seguridad en Argentina se le suma otra para aplacar los animos: humo para la tribuna.

Por  un lado, las Politicas aplicadas a las Fuerzas de Seguridad  suman más al caos reinante que a brindar una solución real y concreta. Convertida en una máquina de hacer chorizos, sacan a la calle efectivos policiales mal preparados y mal equipados, con apenas algunos disparos, cero cursos de comunicación y psicología en resolución de conflictos sociales, y equipados a la buena de Dios. Trabajan a puro coraje y voluntad, expuestos que a la primera situación terminen con un legajo por alguna cuestión de DDHH o, peor, velados por su familia. Se dilapidan así millones de dólares en aportes de los ciudadanos via impuestos al año para mantener una pantagruélica Fuerza mal preparada y peor equipada que no puede siquiera trabajar porque pasaron a ser una fuerza de apoyo político en vez de ser una fuerza de apoyo judicial (con todo lo que ello trae: corrupción, mafias, etc}.
Por el otro lado, otros tantos millones de dólares se van año a año en planes, cursos y propaganda encausada a convencer a la Doña Rosa que la mayoría de quienes parasitan en el Estado hacen algo. Cursos sin fundamento de violencia familiar dado por cualquiera, planes de entrega de Armas sin registro y anónimo, conferencia para cuatro gatos locos de las turbias ONGs mientras inocentes siguen muriendo en Rosario, mujeres son golpeadas hasta la muerte en Florencio Varela o piratas del asfalto afanan camiones a punta de escopeta en Salta.

Otra vez los recursos del estado para fomentar carreras burocráticas de políticos totalitarios de terceras líneas que quieren ascender usando la escalera mentirosa del desarme civil rapiñando fondos públicos de pasada.
Desde que se instauró el Plan Entrega Voluntaria de Armas de Fuego en 2007 la Tasa de Delitos cada 100 mil habitantes, según el Sistema nacional de Información Criminal,  dejó descender y lleva una constante, creciente levemente, de alrededor de 3200 casos anuales en promedio. Otro tanto sucede lo mismo con los homicidios dolosos. Dejaron descender en la misma fecha para ir tomando impulso de apoco. Los números pueden ser más o menos según se actualicen, pero lo que está claro es que el Estado hace 13 años que está regalando millones de dólares para destruir historia, piezas valiosas de colección y hasta borrando pruebas de algún crimen al no tomar muestras balísticas. 13 años de no darle solución a la gente pero seguir desarmándola frente al crimen.

Otro caso escandaloso es el el tema de la portación. Coincidiendo con la creación de la Red Argentina para el Desarme en el 2004, el Estado argentino ha restringido la acreditación de permisos para portación a los legítimos usuarios. No interesa la idoneidad, ni que el entrenamiento sea mayor al de los agentes que patrullan día a día las calles o que carezcan de antecedentes penales, el Estado orgullosamente colectivista de la Argentina decidió  arbitrariamente no entregar portaciones. Nada oficial eso sí, todo a través de pequeñas trabas administrativas y militancia de la mentira. ¿Bajaron los hechos de inseguridad gracias a esta movida? No. En 2004 los civiles con portación superaban los 7 mil y los muertos por armas de fuego apenas los 2800. Hoy hay apenas una centena de civiles con portación y los muertos superan ampliamente los 3000 y pico.

Los números, sin hilar muy fino, dejan en evidencia una cosa: el Estado argentino dilapida valiosos millones de dólares en recursos que podrían ir a educación, salud o incluso en seguridad por seguir políticas basadas en la mentira y la arbitrariedad que cuestan miles de vidas inocentes al año al dejarlas indefensas frente a los delincuentes y criminales.

Existen más de 900 mil legitimos usuarios en Argentina, la mayoría empujados a la ilegalidad de no poder renovar sus credenciales por culpa de esas políticas desarmistas que se dedican a atacar a quienes no causan problemas. Si la tenencia legal de armas fuera tan mala como la venden los desarmsitas, el país sería un matadero, pero los LLUU involucrados en un hecho delictivo son el 0,001%.

Frente a la contundencia de estos números surge la pregunta ¿Por qué razón el Estado argentino NO QUIERE QUE LA GENTE DENTRO DE LA LEY SE DEFIENDA?

El pañuelo negro es, por un lado, la imagen de este cuestionamiento y por otro, el pañuelo negro quizás esté dando la respuesta a esos políticos que no se animan  a ver la realidad: hay un grupo enorme de personas, pacificas y legitimas, que desean defender los valores de la Libertad y la Constitución, que desean cuidarse y cuidar a su familia, el fruto de su trabajo, todo dentro de la ley. Si se libera la portación, por un lado inversión en Seguridad que debería hacer el Estado se reduciría por lo menos a la mitad pudiendo tener personal mejor entrenado, especializado y con mejor material. Por otro, no todos los LLUU van a salir a buscar una autorización para andar paseando un arma de fuego. En EEUU, según la pagina del FBI, sólo el 25% de los usuarios de armas legales tienen un permiso para portar o eligen hacerlo. ¿Si un oficial de policía recién egresado, con un total de entre 5 y 20 disparos en pedana, el Estado lo autoriza a portar un arma sin problema, por qué se le niega lo mismo a un Legitimo Usuario con más práctica?  
La portación legal es una elección, no una obligación; es una responsabilidad y no un capricho; es un derecho de nuestra República y no un privilegio otorgado por el entongue y el amiguismo de un Estado corrupto.

Las armas en manos idóneas salvan vidas. Cuando más tiempo pase con estas políticas desarmistas, más vidas inocentes se perderán asi que la única solución viable es que quienes deseen y estén capacitados puedan portar legalmente. Hace más de una década que se vienen repitiendo políticas erradas, los resultado están a la vista. Cuestan vidas. Es momento de cambiar.

Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com

“HISTÓRICOS” de GUSTAVO RUBIO – 2020

Autor: Gustavo Rubio

Enero 29 de 2020 – Santa Fe o el imperio de la estupidez.

Marzo 11 de 2020 – Imagen mata ley

Abril 19 de 2020 – Otra vez sopa

Abril 24 de 2020 – Nuevo Director, ¿nuevos aires?

Mayo 5 de 2020 – Caos canadiense

Junio 2 de 2020 – Malas juntas….

Julio 7 de 2020 – Los Runners de la Inseguridad

Julio 28 de 2020 – Desarmistas y Criminales

Agosto 8 de 2020 – El lobby del Desarme y los números de su fracaso.

Septiembre 15 de 2020 – Improvisados más densos que el plomo

Septiembre 29 de 2020 – Santa Fe o el Descontrol Estatal

Octubre 8 de 2020 – Lo que esconden las Tasers

Octubre 23 de 2020 – Ensuciando a ALUTARA

Noviembre 10 de 2020 – De estúpidos y tiranos

Noviembre 16 de 2020 – Desarmistas, versión gráfica

Noviembre 20 de 2020 – Lejos del interés general y del bien común

Diciembre 14 de 2020 – Ojo con Stockholm 2021

“HISTÓRICOS” de GUSTAVO RUBIO – 2019

Autor: Gustavo Rubio

Enero 9 de 2019 – Herramientas multiplicadoras de fuerza.

Enero 16 de 2019 – Un pequeño paso para Brasil, un gran paso Latinoamérica

Febrero 12 de 2019 – ¿Traspaso y barajar de nuevo?

Marzo 17 de 2019 – 17 minutos

Abril 28 de 2019 – La Justica Argentina odia a los “Villar Cataldo”

Junio 5 de 2019 – Delitos de peligro abstracto: embate jurídico de los desarmistas

Julio 22 de 2019 – Una Nueva Esperanza

Agosto 20 de 2019 – Un brote en la tormenta

Septiembre 25 de 2019 – Las Armas: garantes de la Paz

Octubre 29 de 2019 – Brisas desarmistas

Diciembre 23 de 2019 – Dudas legítimas

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