El abolicionismo y el desarme civil matan

Autor: Gustavo Rubio – Marzo 23 de 2021
El motochorro que mató a la psicóloga para robarle la cartera estaba preso  y lo liberaron en cuarentena | MDZ Online

Se cumple un año desde que el Gobierno argentino declarara una especie de Estado de Sitio sin ser Estado de Sitio para “combatir la pandemia” hasta que el sistema sanitario estuviera preparado para lidiar con los casos de este acomodaticio virus. En estos meses de contradicciones médicas, destrucción económica focalizada y angustias programadas avaladas por los medios de comunicación fuimos víctimas de las decisiones de un gobierno con una puja interna más fuerte que la de Jekyll y su Sr Hyde.

Cuando las primeras olas de contagios avanzaban por todos lados fuimos testigos de la idea abolicionista de liberar presos con la excusa del cuidado sanitario. Enarbolando la irrefutable justificación del pésimo estado carcelario y hacinamiento en los pabellones el Gobierno de turno y jueces afines a su ideología liberaron a “más de 4500 presos”, cifra poco clara ya que ni los Ministros Frederic y Berni ni nadie del gobierno sabe decir a ciencia cierta cuantos violadores, asesinos, motochorros y pesos pesados del ambiente criminal salieron por la puerta grande a hacer home office mientras los perejiles sin contacto ni militancia K se tuvieron que comer el COVID adentro.

Cámpora al gobierno, Perón al poder.

Los casos de reincidencia de estos tipejos liberados por la doctrina de zaffaroniana comenzaron a multiplicarse a los pocos días hasta que la realidad del día a día pandémico y la contada de contagiados tuvo más rating. Cada tanto aparecía uno de estos energúmenos en las noticias pero, como todo en Peronia, se anestesió lo suficiente como para naturalizarse en la callosidad de siempre.

Días atrás se conoció un video en donde un motochorro intentaba arrebatarle la cartera a una mujer y en el zarpazo sobre la vereda la tira al piso y huye en su moto a toda velocidad sin llevarse nada mientras la abusada mujer intenta levantarse pero cae en el lugar. El delincuente le había roto tres costillas y el bazo mientras la arrastró. María José Daglio muere desangrada internamente en el hospital. El Estado, como siempre, estuvo ausente porque los malvivientes leigen su momento y actúan con la impunidad de saber que sus victimas no están armadas porque las políticas de Estado lo vienen impidiendo desde hace décadas.

El motochorro que asesinó a la psicóloga había cometido al menos ocho robos con la misma violenta modalidad, todos a mujeres, tenía dos condenas encima pero el Gobierno y sus esbirros judiciales lo habían liberado durante la pandemia por razones ideológicas condenando a muerte a la mujer. Su prontuario: Tentativas de robo varias, Robos varios, Hurtos Simples, Desobediencia, Atentado a la Autoridad y Robo Agravado. Desde 1990 al 2020 se paseó por tribunales de Morón y Mar del Plata mostrando que era evidente su falta de recuperación.  ¿Ahora se le sumará la muerte de la psicóloga o zafará porque “no tuvo intención de daño ni de llevarse la cartera” que dejó a la lado de la mujer que sangraba por dentro?

Para poder entender esta locura imbécil de liberar a más 4500 presos peligrosos debemos entender que la doctrina en seguridad que esgrimen desde el Gobierno del Frente de Todos y que viene haciendo escuela en el Estado desde el 2004 es la de la victimización del criminal, el abolicionismo que Zaffaroni llevó al extremo y los “progres” aplaudieron desde sus torres de marfil y moralina hippona de siglo XXI. Para el populista (socialista/comunista en realidad) el delincuente no es culpable ya que la sociedad, en su “egoísmo capitalista”, lo empuja a la marginalidad quitándole oportunidades y herramientas. La culpa es de todos menos del individuo que elige romper la ley. Todos son responsables, todos menos el Estado eso sí. Esta locura ideológica tendría algo de cabida en el debate social si en el país no hubiesen escuelas públicas y “gratuitas”, ni ayuda social económica ni políticas de asistencia social y/o médicas. Aún sin que estos aspectos de la realidad paternalista argentina existieran, el dañar a otra persona y a su propiedad se respetan aun en las comunidades más incivilizadas.

El abolicionismo mueve la carga de culpa y responsabilidad del individuo que comete el ilícito y lo ubica en la sociedad o en los objetos. La culpa no es del motochorro, es de la sociedad que no le dio oportunidades. La culpa no es del violador sino del sistema opresor patriarcal o la naturaleza. La culpa del asesino no es del tipo que sale a robar enfierrado sino del arma con la que delinque. La culpa la tiene quien usa un arma legal para defenderse y no de la patota que le patea la puerta y amenaza de muerte a su familia mientras roban.

El desarme civil está basado en el abolicionismo, en la idea de que el Estado sabe más que los individuos, está basado en desconocer el Estado de Derecho y las libertades individuales, en mezclar sin miramientos la legalidad con la ilegalidad según se levante ese día. Un día liberan asesinos, violadores y motochorros para que al otro día se puedan recrudecer las políticas de desarme civil enfocadas a los legítimos usuarios porque “hay violencia”. Se busca el control social a través de alimentar el  miedo: sin asistencia ni autorización del Estado no se puede hacer nada, no se puede deambular tranquilamente ni se pueden defender la vida, la propiedad ni la libertad. El paraíso del totalitarismo socialista creado de a una reglamentación a la vez mientras se lo disfraza de buenos intenciones para la tribuna desinformada.

El desarmista puede aplaudir sin miedo la liberación de un grupo de criminales condenados porque según su filosofía de realismo mágico la culpa la tienen los objetos inanimados como las armas. Más aún, esa filosofía viene dos varas: Por un lado si el delincuente está armado es sólo una cuestión administrativa porque es una víctima de la sociedad. En cambio si el asaltado se defiende con un arma de fuego legal es un agravante ya que disfruta de los privilegios de contar con trabajo y una propiedad. El nefasto par opresor-oprimido comunista en todo su esplendor. El castigo al trabajo y a la legalidad de las “leyes burguesas”.

Esta subversión ideológica, que tiene su arista más evidente en el desarme civil ya que las armas legales son un obstáculo para la destrucción total del entramado social republicano, es la que viene debilitando las Instituciones argentinas y los pilares republicanos que la Constitución vigente protege. Todas las campañas de desarme están orientadas a no diferenciar armas legales de las ilegales, los mismos directivos que han pasado o están en el ANMAC insisten en desarmar a quienes están dentro de la ley y no mencionan siquiera a los criminales ni delincuentes, los grupos de asesores y políticos repiten esas mentiras y crean trabas arbitrarias para evitar que los ciudadanos respetuosos de la ley ejerzan su derecho a tener armas legales para defenderse de los malvivientes.

La Ministro de Seguridad Frederic, durante la toma de tierras en el sur y los incendios de propiedades llevados a cabo en el 2020 por la organización terrorista que desconoce al Estado Argentino, lo primero que hizo al llegar al Sur fue amenazar a los vecinos del lugar que osaran defenderse en vez de ir tras esos criminales que destruyen campos y especies en peligro. Ella también propuso las patrullas del control del humor social en las redes para ver como opinaban los ciudadanos desde su casa en vez de monitorear a quienes habían liberado por la pandemia. El Ministro Berni no se le queda atrás. No quiere que los ciudadanos se armen pero salió de un lado para el otro amedrentando con kit comprado en una armería para su show tribunero y así diferenciarse de su colega nacional experta en papers. ¿Berni, al no ser personal activo de las Fuerzas de Seguridad ni de defensa, al ser personal civil, tiene portación? Pregunta que nadie le hizo, ni siquiera el director del ANMAC quien suelta los trámites a cuenta gotas.

Lo que si queda claro con el asesinato de la Psicóloga Daglio a manos del motochorro liberado en la pandemia son tres cosas:
Primero, las políticas de desarme civil se recuestan en una visión abolicionista de la realidad. Los criminales son pobres víctimas de la sociedad y como la culpa de sus acciones libres la tienen otras personas u objetos, las armas que usaron por ejemplo, pueden ser liberados sin que su prontuario importe. Así, el motochorro era un pobre tipo y en cambio la psicóloga podía morir porque disfrutaba de su vida burguesa…    
Segundo y más importante es que el Estado, a través de sus políticas abolicionistas y desarmistas que viene aplicando desde 2004, es responsable directa e indirectamente de los robos y muertes que se suceden día a día en Argentina. El pensamiento colectivista solo fomenta la destrucción de la sociedad, la libertad y el progreso.
Tercero, nadie la ayudó durante el asalto. No hubo policías ni agentes de tránsito que hubiesen detenido al motochorro que andaba sin patente. El delincuente liberado ni siquiera dudó frente a su victima porque sabía que ella y los vecinos se encontraban indefensos gracias a las políticas de Estado que vienen  aplicando.

El Estado desarmista, abolicionista y “presente” mata.
No lo olvidemos

¡Portación Libre y Legal ya!    

Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com

¡PORTACIÓN LEGAL, YA!

Autor: Gustavo Rubio – Enero 5 de 2021

“Libre Portación de armas” es el clamor que se comienza a escuchar en este 2021 que arranca. Es un murmullo que va tomando impulso frente a la apática acción de un Estado desbordado por el exceso de política partidaria y nula respuesta real a las necesidades de la gente.

El cúmulo de atrocidades que la población viene sufriendo de la mano de gobiernos que se miran el ombligo, practican el buenismo de la corrección política y, sobre todo, fallan al momento de aplicar medidas que ayuden al ciudadano común y castiguen al criminal, está llegando a niveles insoportables.

“Tenemos derecho a defender nuestras vidas y la de nuestras familias” reza el slogan que crece a medida que los pañuelos negros se van multiplicando con la calma pero con solidez entre los legítimos usuarios. Es un recordatorio a los representantes estatales que los derechos no son materia de opinión, ni de subjetividad ni de arbitrariedades. Es un llamado de atención, un aviso de que quienes están dentro de la ley no son los culpables de la inseguridad como se los viene estigmatizando desde el 2004.
Pero esto no es un capricho ni una idea trasnochada. Esto tiene su origen desde el momento que el Estado decidió cazar en el zoológico aplicando el ideario de políticas antirrepublicanas enarbolado por la RAD, INECIP y similares para deconstruir un Estado democrático y constitucional e instaurar un régimen totalitario. Pasó en Venezuela, pasa acá. Ante la ausencia de un Estado que proteja a la gente, y además, un Estado que libera a los delincuentes, los ciudadanos exigen que se les respete la elección de ejercer el derecho natural, constitucional y humano de defender su vida, la de su familia y su propiedad.

Usurpando la bandera de los derechos humanos, los gobiernos progresistas se han dedicado a socavar las bases de los derechos de los ciudadanos y a recortar libertades individuales poniéndose del lado de los delincuentes. Tomas de tierras, patotas violentas que cortan calles, castigo a policías y ciudadanos que abaten delincuentes armados son algunos ejemplos.
A esas políticas de seguridad en Argentina se le suma otra para aplacar los animos: humo para la tribuna.

Por  un lado, las Politicas aplicadas a las Fuerzas de Seguridad  suman más al caos reinante que a brindar una solución real y concreta. Convertida en una máquina de hacer chorizos, sacan a la calle efectivos policiales mal preparados y mal equipados, con apenas algunos disparos, cero cursos de comunicación y psicología en resolución de conflictos sociales, y equipados a la buena de Dios. Trabajan a puro coraje y voluntad, expuestos que a la primera situación terminen con un legajo por alguna cuestión de DDHH o, peor, velados por su familia. Se dilapidan así millones de dólares en aportes de los ciudadanos via impuestos al año para mantener una pantagruélica Fuerza mal preparada y peor equipada que no puede siquiera trabajar porque pasaron a ser una fuerza de apoyo político en vez de ser una fuerza de apoyo judicial (con todo lo que ello trae: corrupción, mafias, etc}.
Por el otro lado, otros tantos millones de dólares se van año a año en planes, cursos y propaganda encausada a convencer a la Doña Rosa que la mayoría de quienes parasitan en el Estado hacen algo. Cursos sin fundamento de violencia familiar dado por cualquiera, planes de entrega de Armas sin registro y anónimo, conferencia para cuatro gatos locos de las turbias ONGs mientras inocentes siguen muriendo en Rosario, mujeres son golpeadas hasta la muerte en Florencio Varela o piratas del asfalto afanan camiones a punta de escopeta en Salta.

Otra vez los recursos del estado para fomentar carreras burocráticas de políticos totalitarios de terceras líneas que quieren ascender usando la escalera mentirosa del desarme civil rapiñando fondos públicos de pasada.
Desde que se instauró el Plan Entrega Voluntaria de Armas de Fuego en 2007 la Tasa de Delitos cada 100 mil habitantes, según el Sistema nacional de Información Criminal,  dejó descender y lleva una constante, creciente levemente, de alrededor de 3200 casos anuales en promedio. Otro tanto sucede lo mismo con los homicidios dolosos. Dejaron descender en la misma fecha para ir tomando impulso de apoco. Los números pueden ser más o menos según se actualicen, pero lo que está claro es que el Estado hace 13 años que está regalando millones de dólares para destruir historia, piezas valiosas de colección y hasta borrando pruebas de algún crimen al no tomar muestras balísticas. 13 años de no darle solución a la gente pero seguir desarmándola frente al crimen.

Otro caso escandaloso es el el tema de la portación. Coincidiendo con la creación de la Red Argentina para el Desarme en el 2004, el Estado argentino ha restringido la acreditación de permisos para portación a los legítimos usuarios. No interesa la idoneidad, ni que el entrenamiento sea mayor al de los agentes que patrullan día a día las calles o que carezcan de antecedentes penales, el Estado orgullosamente colectivista de la Argentina decidió  arbitrariamente no entregar portaciones. Nada oficial eso sí, todo a través de pequeñas trabas administrativas y militancia de la mentira. ¿Bajaron los hechos de inseguridad gracias a esta movida? No. En 2004 los civiles con portación superaban los 7 mil y los muertos por armas de fuego apenas los 2800. Hoy hay apenas una centena de civiles con portación y los muertos superan ampliamente los 3000 y pico.

Los números, sin hilar muy fino, dejan en evidencia una cosa: el Estado argentino dilapida valiosos millones de dólares en recursos que podrían ir a educación, salud o incluso en seguridad por seguir políticas basadas en la mentira y la arbitrariedad que cuestan miles de vidas inocentes al año al dejarlas indefensas frente a los delincuentes y criminales.

Existen más de 900 mil legitimos usuarios en Argentina, la mayoría empujados a la ilegalidad de no poder renovar sus credenciales por culpa de esas políticas desarmistas que se dedican a atacar a quienes no causan problemas. Si la tenencia legal de armas fuera tan mala como la venden los desarmsitas, el país sería un matadero, pero los LLUU involucrados en un hecho delictivo son el 0,001%.

Frente a la contundencia de estos números surge la pregunta ¿Por qué razón el Estado argentino NO QUIERE QUE LA GENTE DENTRO DE LA LEY SE DEFIENDA?

El pañuelo negro es, por un lado, la imagen de este cuestionamiento y por otro, el pañuelo negro quizás esté dando la respuesta a esos políticos que no se animan  a ver la realidad: hay un grupo enorme de personas, pacificas y legitimas, que desean defender los valores de la Libertad y la Constitución, que desean cuidarse y cuidar a su familia, el fruto de su trabajo, todo dentro de la ley. Si se libera la portación, por un lado inversión en Seguridad que debería hacer el Estado se reduciría por lo menos a la mitad pudiendo tener personal mejor entrenado, especializado y con mejor material. Por otro, no todos los LLUU van a salir a buscar una autorización para andar paseando un arma de fuego. En EEUU, según la pagina del FBI, sólo el 25% de los usuarios de armas legales tienen un permiso para portar o eligen hacerlo. ¿Si un oficial de policía recién egresado, con un total de entre 5 y 20 disparos en pedana, el Estado lo autoriza a portar un arma sin problema, por qué se le niega lo mismo a un Legitimo Usuario con más práctica?  
La portación legal es una elección, no una obligación; es una responsabilidad y no un capricho; es un derecho de nuestra República y no un privilegio otorgado por el entongue y el amiguismo de un Estado corrupto.

Las armas en manos idóneas salvan vidas. Cuando más tiempo pase con estas políticas desarmistas, más vidas inocentes se perderán asi que la única solución viable es que quienes deseen y estén capacitados puedan portar legalmente. Hace más de una década que se vienen repitiendo políticas erradas, los resultado están a la vista. Cuestan vidas. Es momento de cambiar.

Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com

“HISTÓRICOS” de GUSTAVO RUBIO – 2020

Autor: Gustavo Rubio

Enero 29 de 2020 – Santa Fe o el imperio de la estupidez.

Marzo 11 de 2020 – Imagen mata ley

Abril 19 de 2020 – Otra vez sopa

Abril 24 de 2020 – Nuevo Director, ¿nuevos aires?

Mayo 5 de 2020 – Caos canadiense

Junio 2 de 2020 – Malas juntas….

Julio 7 de 2020 – Los Runners de la Inseguridad

Julio 28 de 2020 – Desarmistas y Criminales

Agosto 8 de 2020 – El lobby del Desarme y los números de su fracaso.

Septiembre 15 de 2020 – Improvisados más densos que el plomo

Septiembre 29 de 2020 – Santa Fe o el Descontrol Estatal

Octubre 8 de 2020 – Lo que esconden las Tasers

Octubre 23 de 2020 – Ensuciando a ALUTARA

Noviembre 10 de 2020 – De estúpidos y tiranos

Noviembre 16 de 2020 – Desarmistas, versión gráfica

Noviembre 20 de 2020 – Lejos del interés general y del bien común

Diciembre 14 de 2020 – Ojo con Stockholm 2021

“HISTÓRICOS” de GUSTAVO RUBIO – 2019

Autor: Gustavo Rubio

Enero 9 de 2019 – Herramientas multiplicadoras de fuerza.

Enero 16 de 2019 – Un pequeño paso para Brasil, un gran paso Latinoamérica

Febrero 12 de 2019 – ¿Traspaso y barajar de nuevo?

Marzo 17 de 2019 – 17 minutos

Abril 28 de 2019 – La Justica Argentina odia a los “Villar Cataldo”

Junio 5 de 2019 – Delitos de peligro abstracto: embate jurídico de los desarmistas

Julio 22 de 2019 – Una Nueva Esperanza

Agosto 20 de 2019 – Un brote en la tormenta

Septiembre 25 de 2019 – Las Armas: garantes de la Paz

Octubre 29 de 2019 – Brisas desarmistas

Diciembre 23 de 2019 – Dudas legítimas

“HISTÓRICOS” de GUSTAVO RUBIO – 2018

Sin descripción disponible.
Autor: Gustavo Rubio

Enero 26 de 2018 – Los Legítimos Usuarios no somos un espejismo

Febrero 21 de 2018 – El artículo 189 bis o la ANMAC

Abril 10 de 2018 – Maldiciendo en la Oscuridad

Mayo 7 de 2018 – La Lotería del 132

Mayo 15 de 2018 – La Biblia y el Derecho a las Armas

Junio 6 de 2018 – Al ANMAC no le cierran los números

Julio 4 de 2018 – De serpientes, Vacas y Colinas

Agosto 24 de 2018 – Los Buenos, los Malos y las Feas Falacias Desarmistas

Septiembre 22 de 2018 – Microagresiones estatales

Octubre 3 de 2018 – ANMAC: un campo minado

Octubre 23 de 2018 – De Ineptos y Patoteros

Diciembre 5 de 2018 – Fin de Año: cortito y al pie

MARÍA PÍA DEVOTO

Master en Economía y Ciencias Políticas (ESEADE), Licenciada en Ciencias Políticas

Miembro de la Red Argentina para el Desarme (RAD). Actualmente es directora de la Asociación para Políticas Públicas (APP) y coordinadora de la Red SEhlac (Seguridad Humana en Latinoamérica y el Caribe)

Casada con Gastón Lacorte, ambos pertenecen a la planta permanente de empleados del Senado de la Nación, afectados a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Senado de la Nación.

También asesoran al senador por Catamarca, Dalmacio MERA del partido “Frente de Todos” en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en donde se analizan y aprueban los proyectos para prohibir las municiones de plomo.

Cuando aún estaba al aire el programa La Clave de Mariano Grondona, fueron entrevistados Américo García en su carácter de presidente de la Asociación de Legítimos Tenedores y Usuarios de Armas de la República Argentina (ALUTARA) y Devoto en representación de la APP y Rad, en ese momento dijo:

“Bueno, la creencia que las armas de fuego brindan protección, genera muertes en la Argentina en hechos que no están para nada relacionados con hechos policiales o con hechos delictivos. Del universo de muertes que hay en la Argentina por armas de fuego, más del 60% son accidentes y estemmmm… y suicidios, el resto son homicidios y de ahí hay un gran porcentaje de muertes por armas de fuego que son por problemas interpersonales.”

La mayoría de los discursos de estos “especialistas” que fomentaron la creación de Ley 26.216 de canje de armas, que permite a cualquier persona transitar por la calle con un arma de fuego sin importar si es legal, ilegal, o prueba de un homicidio… son así… palabrería vana y sin fundamentos. 

Lea también en Mentiras, la última falacia de María Pía Devoto. (Archivo Año 2011)

Desconociendo absolutamente, o dicho más exactamente, ignorando de manera intencional toda estadística, en la red Twitter publicó “las armas afectan a mujeres de manera desproporcionada”, cuando en realidad la mayor cantidad de muertes de mujeres no son por armas de fuego, sino por otros mecanismos.

Devoto es una “devota” fiel del PEVAF, afirma que el Plan de Entrega Voluntaria de Armas es la manera de reducir homicidios, “femicidios” y de reducir la violencia.

En el año 2013 fue una de las invitadas especiales del gobierno argentino de Cristina Kirchner a la ceremonia de premiación del “Future Policy Award 2013” en representación de la RAD y APP. A dicha ceremonia asistieron, el entonces Ministro de Justicia Julio Alak, quién promovía la política de “Armas Cero” y la entonces embajadora permanente ante la ONU (2013-2015), quién fuera presidente del Consejo de Seguridad de la ONU en 2013 y en el año 2015 presidió la Asamblea General.

Como expresamos en su momento, el país en 2013 recibió “un premio por “reducir” los homicidios de ¿4.345 a 4.935? y los homicidios con armas de fuego de ¿1.644 a 1801?”  desde que se instaló el Plan de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego o Plan Canje. Una rotunda burla a los ciudadanos que sólo se justifica por espurios e inconfesables intereses políticos.

En el facebook de APP se puede ver la campaña de IANSA Women’s Network, SEHLAC, y la Asociación para Políticas Públicas con María Pía Devoto a la cabeza en base a estadísticas manipuladas.

Según el informe de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), de 258 “femicidios” cometidos en el año 2019, se informó las cantidades de mujeres muertas según método utilizado:

  • Arma Blanca: 68
  • Fuerza Física: 68
  • Fuego/Otros medios combustibles: 19
  • Otros métodos: 39
  • Arma de Fuego Legal (civiles): 4
  • Arma de Fuego Ilegal y/o sin datos de registración: 48
  • Arma de Fuego Reglamentaria FFAA/FFSS: 12

De acuerdo a estos números y tomando como base una cantidad de 638.610 usuarios individuales con armas de fuego, se puede afirmar que sólo el 0,0006% utilizó su arma en un femicidio.

Las pruebas son concluyentes y la fuente de datos es oficial.

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