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Autor: Gustavo Rubio

De un tiempo a la fecha la sociedad se ve desgarrada por un movimiento feminista autoritario y alejado de todo concepto original: la igualdad entre los hombres y las mujeres en su desarrollo social no es posible hasta que no se destruya al hombre.

En esta visión fascistoide y totalitaria de la vida, elementos disruptivos de la sociedad democrática y republica encontraron su caldo de cultivo perfecto de división, violencia institucional e imposición. Todo maquillado y perfumado para que el filtro de la corrección política haga lo suyo.  
De los 10 diputados que la coalición Juntos puso en juego para CABA en estas elecciones podrá renovar 7 en el Congreso de la Nación: Ma. Eugenia Vidal (¿?), Martín Tetaz (UCR), Paula Oliveto (Coalición Cívica), Ricardo López Murphy (liberal de Republicanos Unidos), Fernando Iglesias (PRO) y Sabrina Ajmechet (PRO). El 5to lugar está ocupado por Ana Carla Carrizo (UCR), autora del proyecto de ley 2361-D-2021 de junio de este año y cuyo trámite tiene Estado Parlamentario.

Dicho delirio ideológico y oportunista, reflotado de los archivos socialistas de Stolbizer y sus secuaces de la “antirepublica cool”, fue maquillado y subido al Caballo de Troya con el que gran parte de los políticos argentos siguen escupiendo sobre las libertades y derechos constitucionales de la Argentina: la tan banalizada violencia de género.Con el pomposo y marketinero título “Evaluación de las aptitudes psicosociales y de género para la adquisición, tenencia y portación de armas de fuego y materiales especiales.” la diputada arremete nuevamente contra los legítimos usuarios varones en un afán de figurar como que hace algo contra la inseguridad y aprovechando quedar bien con Dios, con el Diablo y con cuanto se le cruce en el medio escudada en el feminismo.La idea es no perder el tarascón de una banca en el Congreso y para ello le no importa utilizar la Constitución como mera servilleta de papel descartable.

“El objeto de la presente ley es desalentar la presencia de armas en los ámbitos familiares y de pareja, extremando las condiciones para el otorgamiento de permisos y autorizaciones y fortaleciendo el rol del Estado en la evaluación de las aptitudes psicosociales de las personas solicitantes con el objetivo específico de combatir las violencias por motivo de género” Desde el vamos le pifia lindo. Sin entrar en el requisito de “idoneidad en el manejo del arma” que la diputada deja de lado conscientemente o inconscientemente (no se que es peor) desconoce la naturaleza del horror de la violencia de género y sus autores principales. La Diputada reelecta Carla Carrizo desconoce que sólo en un 0,0003% se ha cometido un femicidio con un arma registrada (la cifra puede variar en un cero) pero aún así presenta un proyecto de ley para complicarle la vida a quienes están dentro de la ley.

Abandonando su total y evidente ignorancia en la materia, la propuesta de la legisladora tiene aristas de lo más interesantes. Busca sumar más personal viviendo de los impuestos de una exprimida sociedad golpeada por las malas políticas económicas ya que “Los permisos y autorizaciones referidos  estará a cargo de un equipo profesional interdisciplinario que la ANMAC y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación deberán conformar”

Siguiendo esta creación de puestos de trabajos estatales superfluos – cuando se necesita reducirlos – se inventa el “apto psicosocial” en donde esa comisión de luminarias burocráticas militantes  llamado “el equipo profesional interdisciplinario” llevará a cabo un proceso de evaluación respecto del solicitante, que deberá contener: “a) Una instancia para corroborar la inexistencia de antecedentes penales de la persona solicitante por: – Delitos en los que hayan mediado armas de fuego, municiones o materiales especiales; – Delitos dolosos contra la libertad, la integridad física, la integridad sexual, o todo el que haya sido cometido con violencia sobre las personas; o – Delitos complejos o delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. b) Una instancia de verificación de la inexistencia de antecedentes de situaciones de violencia en el ámbito de las relaciones interpersonales.” Básicamente van a poner a un montón gente nueva con sueldos estatales para que den un certificado de antecedentes penales que hoy en día ya se obtiene a través de los organismos de Estado pertinentes.

Pero esto no queda acá, la ley creará otra barrera más para constatar que una persona, un hombre como bien lo aclara en el texto del proyecto, sin antecedentes penales no pueda tener un arma legalmente. Nacen las entrevistas a lo feminazi, el hembrismo desarmista cobra otra forma.
Carrizo, en su delirio controlador y totalitario, propone hacer un informe a base “de entrevistas individuales, entrevistas al grupo familiar conviviente y no conviviente, – Entrevistas a quienes mantengan o hayan mantenido relaciones de pareja con el/la solicitante, – Entrevistas a cualquier otra persona ligada afectivamente a la persona solicitante o del ámbito en el que se desarrollan sus relaciones interpersonales.” De no ser algo tan serio como un ataque a la intimidad y libertad de personas inocentes, sería gracioso. Si uno fuese mal pensado, hasta se podría pensar que la Diputada busca una excusa para estigmatizar e inculpar al solicitante de la tenencia investigando la vida intima de esa persona y tomando como cierta una opinión cualquiera que pudiera manchar la reputación de la persona y así imputarla en una lista negra hembrista al mejor estilo Stalin o Tercer Reich.

Considerando el tiempo que puede llevar este exámen o bien la diputada rebuzna supinamente, como la ex Directora del ANMAC Natalia Gambaro, acerca de la cantidad de Legitimos Usuarios que renovarán o solicitarán las credenciales, o la Comisión de parásitos que se creará no harán un trabajo serio, o desea imponer el Chavismo de Stolbizer de una vez por todas. Otras opciones no hay.

Pero, como para asegurarse de que el proyecto sea votado, se abre la oportunidad para que otros actores puedan exprimir la jugosa oportunidad a través de “celebrar convenios con distintos organismos estatales o universidades públicas.” Guita y poder para todos, todas y todes así no molestan. Porque los derechos individuales en este país no importan, menos el de los hombres.

En dicha línea, “el ANMAC incorporará un archivo especial al Banco Nacional Informatizado de Datos de carácter sumamente reservado y confidencial, atento al carácter sensible de los datos que almacenará especificados” Claro, en un país en donde se roban armas de los juzgados, del mismo Registro, se afanan bases de datos DNIs y se vulneran archivos con identidad de miembros de la Agencia Federal de Inteligencia, se roban un misil  “El ANMAC deberá asegurar la estricta reserva de los datos volcados en el archivo especial en los términos del artículo 8, así como amparar adecuadamente la intimidad de las personas allí incluidas.” (nótese que dice EL y no LA ANMAC. Se ve que la Agencia se autopercibe varoncito para la Diputada Nacional por CABA ¿la estigmatizará también?)

Esta delirante y patética muestra de totalitarismo oportunista y discriminador está fundamentada sin ningún pudor en la mentira desarmista que la misma diputada rubrica para perpetuar la misma mentira de siempre. Toma como cierto la porquería literaria “Cuando el macho dispara: armas de fuego y violencia de género en Argentina” de Aldana Romano; Julián Alfie ; Ana Lucia Mucci. – 1a edición especial – Buenos Aires: Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales – INECIP, 2019. Y “ estadísticas” del  Small Arms Survey en las que jamás aclara a que país pertenecen y son, encima, del 2017.

Si la diputada quiere un dato LOCAL del 2017 se lo dejo en negrita y en orden descendente. Los femicidios en Argentina en ese año fueron: 28,95% con armas blancas; 25,56% por fuerza física; hay un 17% sin datos y un 10,15% otros medios; un 6,39% por fuego y medios combustibles; armas de fuego ilegal fueron 6,39%; un 4,51% por armas de fuego reglamentarias de FFAA/FFSS y TAN SOLO 0,75% CON ARMAS DE FUEGO LEGAL. Si, menos del 1%. Si hubiese averiguado un poco, Carrizo no hubiese quedado tan mal parada.

A diferencia de la discriminación por sexo que realizada la Diputada Carrizo de la UCR, los índices están más que claros: los Legítimos Usuarios NO SON EL PROBLEMA. Basta con repasar los datos para no pasar vergüenza. Ella misma, en los fundamentos, coloca a las Fuerzas del Estado dentro de la problemática de la violencia de género pero su proyecto de Ley no los contempla. ¿O acaso se piensa que el oficial de policía es Legitimo Usuario porque tiene arma reglamentaria? Sería asombroso aunque no imposible. Nuestro Congreso rebosa de improductivos sin preparación con una corporativa actitud para no pisarse la manguera entre bomberos.

En los fundamentos también se aclara que “La presente iniciativa tiene como antecedente un proyecto presentado en cuatro períodos consecutivos por la Diputada Margarita Stolbizer sin obtener tratamiento legislativo. Se trata de los expedientes 6376-D-2012, 0339-D-2014 y 0559-D-2016 y una última presentación en el año 2018 con autoría de la diputada Carla Pitiot, 1883-D-2018, el cual tampoco ha tenido tratamiento.”  Dicen que la demencia es repetir siempre la acción esperando resultados diferentes y acá podríamos afirmar que es una muestra de ello.

El desarme civil es un cúmulo de mentiras tan grande llevado a cabo por fanáticos antidemocráticos que en algún punto toca la demencia y deja en situación muy precaria a personas ignorantes en el tema pero con una cuota de ambición, desesperación, mala intención o buenismo. O un peligroso balance de los cuatro que viene destruyendo a la República.
La Diputada de la UCR admite que toma como referencia a tres impresentables como Alfie, Mucci y Romano. Esta vez siguiendo los “datos” de INECIP y dejando la prueba de cómo actúan las ONGs turbias dentro del Congreso. Debilitando fuerzas políticas, destruyendo libertades de los ciudadanos y “asesorando” en proyectos que no hacen más que agrandar el Estado y darle poder sobre el individuo contrariamente al Espíritu de nuestra Constitución.

Pero lo peor viene ahora. En su párrafo final, la firmante del proyecto, destaca que “el mencionado proyecto ha sido motivo de análisis por parte del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales Y Sociales, INECIP, durante una investigación realizada en el año 2019, el cual ha recibido el apoyo del fondo de Canadá para iniciativas locales 1 .” y cae en dos faltas importantes.

Por un lado se reunió solamente con una sola campana, con los desarmistas, y se olvidó del Consejo Consultivo en Políticas de Control de Armas, discriminando a los otros actores y voces independientes y violando de esa manera a la Ley N° 26.216.

Por otro lado, y aún más grave que su ataque a los Legítimos Usuarios, es que la ley fue analizada (quizás algo más por los datos que usa para fundamentarse) por esos personajes raros sin antecedentes más que los cursos endogámicos que realizan y miembros de una ONG  financiada por un Estado Extranjero como se aclara en el texto del proyecto. La diputada dejó asentada una situación por demás delicada en lo referente a la seguridad interior y demás políticas que hacen a la soberanía de un país.
Igualmente los resultados están a la vista. Una vergüenza de proyecto. Un delirio ideológico totalitario y fanático.

Este proyecto de Ley es la muestra más acabada que se puede dar cuenta hasta el momento de cómo funciona el desarme civil en Argentina: surge de la interacción de políticos, cuanto menos, ignorantes en el tema y de ONGs turbias que los asesoran con intereses ajenos a la Constitución Nacional que afectan las libertades y derechos ciudadanos respaldados en una República. Pero todos sabemos que a la gente de INECIP (pariente de la RAD), a los desarmistas, no les importan las victimas y mucho menos que la gente se pueda defender cuando el Estado está ausente.

La Diputada Carrizo de la UCR, en un proyecto hembrista, tanto buscó atacar a los “machos” que no se dio cuenta que también les está prohibiendo a las mujeres el acceso a una defensa segura e inmediata que brinda un arma de fuego legal frente a un violento. Al proponer otra traba más a las armas legales siguiendo los lineamientos desarmistas, les impide ejercer su derecho a la legitima defensa, las vuelve temerosas y dependientes del poder del Estado. El hembrismo desarmista odia a la mujer empoderada.

Es asi que el proyecto de Carrizo “exige entrevistas al grupo familiar del solicitante aún cuando la persona no haya sido denunciada previamente”…
Más totalitario no se consigue. La legisladora deja en claro el tipo de sociedad que desea para los próximos 4 años de trabajo. ¿Los compañeros de espacio buscan lo mismo?   

Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com