El genio maléfico de un DESARMISTA CONFESO: JOSÉ GENARO BÁEZ

Autor: Mario Alejandro Boglione

José Genaro Báez fue Secretario del Gremio del Seguro e integrante de la CGT, allá por los 70´s. Junto con Carlos Saúl Menem, gobernador de La Rioja, apoyaron el gobierno de María Estela Martínez Vda. de Perón, (a) Isabelita. Cuando se produjo el Golpe del 76, José Genaro Báez hizo lo mismo que Casildo Herrera y “se borró”, abandonando el País y de paso dejando acéfalo a su gremio, el que no le perdonó esto y cuando volvió en el 83 y pretendió renovar su mandato, fue derrotado en elecciones gremiales.

Después de eso recaló (no sé cuándo) en la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, cuyo Director era el escribano Mariano Durand. Durante la dirección de este último, que empezó en el Gobierno del Dr. Raúl Alfonsín pero continuó durante el Menemismo, se crearon 398 nuevas delegaciones, que se entregaron a amigos y familiares de amigos y políticos. Una de ellas, la N° 56 de Capital Federal se otorgó a Néstor Báez, hijo de José Genaro Báez. 

En septiembre de 1990 José Genaro Báez es nombrado director del RENAR, organismo que contaba con unos 50 empleados y que estaba desorganizado luego de años de gobierno Alfonsinista, pero que durante los anteriores gobiernos militares funcionaba bien. Era lento porque no estaba informatizado, pero funcionaba bien.

Ahora veamos, por orden cronológico su actuación al frente del RENAR.

PRIMER ACTO DESARMISTA

Agosto de 1991 se sanciona la Ley 23.979 (el HUEVO DE LA SERPIENTE) que permitiría que el RENAR pudiera recibir asistencia técnica y financiera en el marco de la ley 23.283, lo mismo que ocurría en los Registros Automotores, y se autoriza a un Ente Cooperador a cargo de AICACyP (Asociación de Industriales y Comerciantes de Artículos de Caza y Pesca) para brindar esa asistencia, en forma similar a la que ACARA brindaba a los Registros Automotores. Esta “asistencia técnica y financiera” se logra a partir del dinero obtenido por la venta de FORMULARIOS ESPECÍFICOS para cada trámite que se debía realizar. Es de hacer notar que ese dinero no estaba controlado por ningún organismo Oficial (como Rentas Generales de la Nación, por ejemplo) y que el destino del mismo lo determinaba el Director del RENAR. Con eso se: “permitió la contratación de personal con salarios superiores a los del SINAPA estatal revitalizando los recursos más importantes, los humanos; insumos de todo tipo, servidores, computadoras que en su conjunto permitieron crear por vez primera el Banco Nacional Informatizado de Datos sobre armas de Fuego (auxiliar de la Justicia), la  adquisición  de la Sede Central propia de Bartolomé Mitre 1469 en la Capital Federal, de  5.000 metros cuadrados y otra sede propia en lacapital de Córdoba, dentro de un Plan para todo el Pais (que se detuvo a  partir de mi alejamiento), la expansión federal del Registro en Delegaciones por todo el país,…” y sigue explicando: “(unificando 24 credenciales provinciales, 3  de las FFAA y una de la SIDE, en sólo 1) entre otras muchas accionesEsto lo escribió el mismo José Genaro Báez en el 2015, reseñando su actuación al frente del RENAR.

Menem hizo esto para tener una fuente de financiamiento SIN CONTROL DEL ESTADO, y al principio yo creía que José Genaro Báez tenía el mismo objetivo. Al fin y al cabo, él cobraba su sueldo del RENAR, y también algunos parientes y amigos, pero creo que sus intenciones eran otras MUCHO MÁS SINIESTRAS. Eran eliminar la mayor cantidad de armas de Uso Civil (UC) y usuarios legales de las mismas del sistema, especialmente en el Interior del País, donde era más difícil y costoso poder cumplir con los trámites, y donde la mayoría de las armas eran escopetas (generalmente de 1 caño) y carabinas .22lr (usadas para cazar) y pistolas .22lr y revólveres baratos, usados para defensa. No eran armas que se compraban para delinquir, como se pretendió hacer creer en ese escrito. También en este año se prohíbe desde el RENAR la importación de las llamadas “armas de asalto” (fusiles semiautomáticos símiles militares, con cargadores de quita y pon) ¿Será que no le gustaban a José Genaro Báez? Porque no se habían utilizado en ningún tipo de ilícitos y hacía varios años que entraban al País.

SEGUNDO ACTO DESARMISTA

1992 convoca al ex director del RENAR, Cnel. Roberto Osvaldo FERRER para crear el Dpto. de Entidades de Tiro cuya función era la Fiscalización y Control de esas entidades, de acuerdo con el Decreto 73/88, que todavía no estaba reglamentado. Empieza la colaboración de alberto viñas (editor de la “Revista de Tiro”, publicación a la que sólo se puede acceder por suscripción paga).  Fue a instancias del Cnel. Ferrer que alberto viñas volvió al RENAR, donde había trabajado como marinero conscripto durante uno o los dos años que estuvo bajo bandera, y donde luego siguió trabajando como empleado hasta 1983 cuando volvió la Democracia.

TERCER ACTO DESARMISTA

En 1993 y a partir de las Directivas RENAR 1 y 2 se reglamenta el Decreto 73/88 mencionado anteriormente. También, y gracias a la propuesta de José Genaro Báez, se dicta la Resolución 269/93 por la que se ordena un REEMPADRONAMIENTO NACIONAL OBLIGATORIO DE ARMAS DE FUEGO, que comprendía a TODAS las armas en poder de los Ciudadanos al 29 de agosto de 1993 inclusive. Cada formulario permitía inscribir hasta 3 armas y tenía un costo de $ 10.- c/u. Según leí se vendieron UN MILLON DE FORMULARIOS, con lo que se recaudaron DIEZ MILLONES DE PESOS/DÓLARES (la relación entre esas monedas era 1 a 1), cantidad que hubiera sido más que suficiente para informatizar el RENAR, a los valores de la época, pero fue sólo el principio. 

CUARTO ACTO DESARMISTA

En 1994, y nuevamente a instancias del RENAR (o de José Genaro Báez), por medio del Decreto P.E.N. 252/94 se regularon las armas de Uso Civil y se EXIGIO que la persona que adquiriera un arma de este tipo debía ser, previamente, Legítimo Usuario de Armas de Uso CivilÉl mismo reconoce que con esta medida, las ventas de ese tipo de material sufrieron una reducción y el circulante de armas disminuyó. 

QUINTO ACTO DESARMISTA

En 1995, se sanciona la ley 24.492, el 31/5/95.”ARTICULO 1º — Prohíbese la transmisión de todo tipo de armas de fuego, cualquiera fuese su clasificación, ya sea a título gratuito u oneroso, a quien no acreditare su condición de legítimo usuario por medio de la credencial oficial y única otorgada por el Registro Nacional de Armas (RENAR), organismo que se hallará facultado para la registración y fiscalización de todo tipo de armas, en el marco de la presente ley, la Ley 20.429 y sus decretos reglamentarios.” Esta ley vino para ratificar y poner en orden al Decreto P.E.N. 252/94, dictado el año anterior, ya que había cierta oposición a que la Ley 20.429 hubiera sido modificada por un decreto. Dicta la Disposición RENAR 66/95, donde se aprueban los Requisitos para ser Instructor de Tiro.  Por medio de la ley 24.492 se asignó al RENAR la competencia exclusiva para el control de todo tipo de armas de fuego, UC (uso civil) y UCC (uso civil condicional). También en ese año, ya instancias del RENAR (o de José Genaro Báez) se propició el Decreto P.E.N. 64/95, que prohibió las llamadas “armas de asalto”, (fusiles semiautomáticos, derivados de modelos de Uso Militar, con cargadores de quita y pon y de calibres superiores al .22lr) estableciéndose un régimen de excepción (que en realidad se otorga cada vez menos). Esto fue para las armas de fabricación nacional, ya que las importadas habían sido prohibidas por él 4 años antes. 

SEXTO ACTO DESARMISTA

En 1996 se impuso a las Entidades de Tiro un Seguro Obligatorio, sin el cual no se les otorgaban las habilitaciones necesarias para funcionar. La mayoría de las grandes compañías de Seguros no vendían ese tipo de seguros y no los tenían arancelados, pero José Genaro Báez se encargó de proveérselos, a través de alguna compañía pequeña, mandando a alberto viñas para que se los vendiera. Este ha estado desarrollando esa actividad desde entonces. También en ese año crea ATLAS (Asociación de Tenedores Legales de Armas) en 1996, presidida por él, teniendo como secretario de las Entidades de Tiro a… alberto viñas, entre otros directivos, muchos de ellos afines a él mismo.

SÉPTIMO ACTO DESARMISTA

En 1997 se crea en Santa Fe el FORO DE ENTIDADES DE TIRO para tratar, entre otras cosas LOS TRÁMITES DE HABILITACIÓN DE POLÍGONOS, pendientes en el RENAR. LA CONTRATACION DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL y EL OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS DE PRUEBAS DE IDONEIDAD. Se empezaba a notar una baja en la actividad, ocasionada por las medidas de 1994. Para compensar esto el RENAR había impuesto a los L.U. la obligación de presentar un Certificado de Idoneidad en el Manejo de Armas de Fuego para la obtención o renovación de la C.L.U., el que debía ser extendido por un Instructor de Tiro Habilitado (según la Disposición RENAR 66/95) en un Polígono Habilitado. Aquí, al revés que en el caso de ATLAS, no aparece José Genaro Báez, pero en el Acta de Constitución hay una cláusula donde se impone la figura del VOCERO OFICIAL DEL FORO, que cumplía funciones especiales, tipo sindicatura, tales como quedar a cargo del mismo en caso de renuncia anticipada del COORDINADOR (o Presidente). El primer VOCERO OFICIAL fue… alberto viñas, quién además se encargaría de todos la tramitación y presentación de asuntos del Foro ante las Autoridades Competentes. Los mandatos duraban 2 años, y al terminarse el mandato del primer COORDINADOR, fue nombrado en su lugar… alberto viñas.

OCTAVO ACTO DESARMISTA

En 1998 se dictaron varias Disposiciones. La 72/98 unificando los requisitos para las 2 categorías de Legítimos Usuarios de armas (UC y UCC), con lo que las ventas del primer tipo de armas SE RESTRINGIÓ AÚN MAS. También la 78/98 con Normas para Recarga, la 81/98 dando un plazo perentorio para la obtención de la Credencial de Legítimos Usuarios a los que aún no las hubieran sacado. Estas medidas y las anteriores llevaron al cierre de la mayoría de las Fábricas de Armas del país que hacían armas UC, y también de cientos y cientos de armerías que sólo vendían ese tipo de armas y dejaron millones de armas fuera del sistema porque los dueños no pudieron o no quisieron hacerse L.U. dada la situación económica y las dificultades cada vez mayores para poder hacerlo.

NOVENO ACTO DESARMISTA

En 1999, por medio de la Disposición RENAR 23/99 hace extensivo el Decreto P.E.N. 64/95 a los fusiles y carabinas SKS, por la Disposición RENAR 31/99 por la Disposición RENAR 31/99 se PROHÍBE la tenencia de determinadas armas  (cal. calibre 5.7 x 28 mm FN P90), ordena el secuestro de esas armas, y dispone que las armas, sus municiones y recarga, cuya energía de boca supere los UN MIL DOSCIENTOS (1.200) pies por libra, tales como los calibres .454 Casull y .50.  se someten al régimen limitativo establecido en el Decreto 64/95.

En el año 2000, luego de 10 años deja de ser Director del RENAR.

En el 2002 y hasta el año 2003 vuelve a ser nombrado Director RENAR.

En su escrito del 29/12/2015 José Genaro Báez presumía que: DESDE LA SANCIÓN DE LA LEY 23.979 EN 1991 Y A INSTANCIAS DE QUIÉN ESTO ESCRIBE, SE DICTARON LAS MAYORES NORMAS DE CONTROL DE ARMAS DE LA HISTORIA RECIENTE. (1975 EN ADELANTE)”


EL CONTROL DE ARMAS NO ES SOBRE LAS ARMAS, ES SOBRE EL CONTROL

¿Y porque José Genaro Báez escribió esto?Muy simple, acababa de cambiar el gobierno, y se tenía que nombrar un Director para la recientemente creada ANMAC, que remplazaba al RENAR, y ESE ESCRITO era una especie de Curriculum Vitae para que lo tuvieran presente.Poco menos de 2 meses después, su fiel… (¿Amigo? ¿Servidor?) alberto viñas abría una petición en la plataforma “change” pidiendo que se lo nombrara en ese cargo. Consiguió 653 adhesiones. 

Ahí está la genialidad de José Genaro Báez, Él ANULÓ LA POSIBLE OPOSICIÓN, dándoles ventajas (generalmente económicas) a los que podían hacérsela.

1°- ANULÓ LA OPOSICIÓN DE AICACYP, otorgándole al Ente Cooperador de esta Asociación la exclusividad de venta de formularios para la manutención del RENAR, por la que cobraba una comisión del 3,5% del total recaudado. ¿Habrá sido por eso no tuvo oposición de AICACYP, A PESAR DE QUE LA MAYORÍA DE LAS FÁBRICAS DE ARMAS Y DE QUE CIENTOS DE LAS ARMERÍAS QUE TUVIERON QUE CERRAR integraban esa Asociación? Y eso que cuando José Genaro Báez organizó junto con AICACyP, unas jornadas para explicar los alcances de estas medidas a las armerías del Interior que fueron invitadas a ir a Buenos Aires, estas le  dijeron que se iba a producir el cierre de Fábricas y Armerías, a lo que muy suelto de cuerpo respondió, más o menos: “¿Cuántos son los que van a quedar sin trabajo por el cierre? ¿200 o 300 familias? QUE PONGAN KIOSCOS”.

Hoy la Dirección de AICACyP es otra y no creo que entraría en un arreglo así, que fue mortal para la actividad. 

2°- ANULÓ LA OPOSICIÓN DE LOS LEGÍTIMOS USUARIOS creando ATLAS (Asociación de Tenedores Legales de Armas) en 1996. Concurría a las Ferias de Armas, daba charlas y fingía interesarse en los problemas, y agilizaba la entrega de los Trámites de las armas que se adquirieran en esas Ferias. POR ESO MUCHOS L.U. CONSIDERAN QUE FUE EL MEJOR DIRECTOR DEL RENAR, sin considerar que ESO DEBERÍA HABER SIDO LA NORMA, ya que se habían comprado computadoras CON TODO LO RECAUDADO. Tampoco toman en cuenta TODO EL DAÑO QUE LE HIZO A LA ACTIVIDAD, con el cierre de Fábricas, Armerías, y diferentes Puntos de Ventas (Ferreterías, Almacenes de Ramos Generales, etc.) que no vendían armas pero sí cartuchería de Venta Libre, como era la que usaban las armas UC. y los millones de usuarios de armas UC (Uso Civil) que quedaron en la ilegalidad. ¿Será un claro caso de Síndrome de Estocolmo? (*) Yo creo que sí, y para reforzarlo, en el 2003 (durante su segunda presidencia) instituye el 20 de Junio como el DÍA NACIONAL DEL LEGÍTIMO USUARIO DE ARMAS DE FUEGO, en un intento de hacer sentir a los Legítimos Usuarios que eran algo especial, una élite, como si el hecho poder CUMPLIR Y PAGAR los requisitos cada vez mayores que nos imponían para no dejarnos fuera del Sistema, fuera motivo de orgullo. ¿Alguien está orgulloso de poder tener Licencia de Conductor? Obviamente no, es un trámite administrativo lo mismo que el de la Credencial de Legítimos Usuarios, la diferencia es que la Licencia de Conductor es más barata y no se exige rendir un Examen de Conducción cada 5 años.

3°- ANULÓ LA OPOSICIÓN DE LAS ENTIDADES DE TIRO, al Seguro Obligatorio que les impuso, propiciando en 1997 el Foro de Entidades de Tiro, y dándoles la recaudación que se generaba al tener que tramitar los Legítimos Usuarios los Certificados de Idoneidad de Tiro, los que debían rendirse obligatoriamente en Polígonos Habilitados. Pero en el año 1999 y a raíz de un pedido de AICACyP, de ATARA (Asociación de Tenedores de Armas de la República Argentina) y del Foro de Entidades de Tiro se emitió la Disposición RENAR 18/99, que permitía otorgar los Certificados de Idoneidad en lugares sin polígonos Habilitados, siempre que se estuviera a más de 50 kms de unoComo esta medida les quitó a los miembros del Foro una gran parte de los beneficios económicos que tenían, llama la atención que el Foro haya sido uno de los peticionantes. ¿Tal vez por eso habían nombrado COORDINADOR a alberto viñas? Porque fue el 2do. COORDINADOR, al cumplirse el mandato del Primero.  Pero al terminarse su período al cabo de 2 años y no estando ya José Genaro Báez en el RENAR, no llamó a elecciones, el Foro quedó inactivo y no renovó su inscripción. En el año 2005 ya no figuraba en los Registros del RENAR.

La mayoría de las acciones tomadas por José Genaro Báez, en muchas de las cuales fue secundado por alberto viñas, están incluidas en el llamado DECÁLOGO DEL DESARMISTA, que es contemporáneo con su actuación al frente del RENAR. ¿Casualidad o causalidad?


Parafraseando a Charles Baudelaire cuando dijo, “El mayor truco del diablo es hacernos creer que no existe”, yo digo: el mayor truco de un DESARMISTA es hacernos creer que SOMOS PRIVILEGIADOS POR PODER TENER ARMAS.

(*) Síndrome de Estocolmo: Trastorno psicológico temporal que aparece en la persona que ha sido secuestrada y que consiste en mostrarse comprensivo y benevolente con la conducta de los secuestradores e identificarse progresivamente con sus ideas, ya sea durante el secuestro o tras ser liberada.

ALDANA ROMANO

Directora Ejecutiva en INECIP

Asesora externa en la Cámara de Diputados de la Nación desde julio de 2012 hasta enero de 2018.

Entre sus funciones como Asesora resalta el análisis de legislación y proyectos, elaboración de proyectos de ley y otros.

Coautora de “Cuando el macho dispara” junto a Julian Alfie para INECIP y con el apoyo de la Embajada de Canadá en Argentina por medio del Fondo Canadá para Iniciativas Locales. El informe preliminar que inspiró esa publicación fue auspiciado por la Fundación Friedich Ebert.

Coautora del informe preliminar sobre “Violencia de género y armas de fuego en Argentina. Informe preliminar: entre la precaridad de la información y la ausencia de políticas públicas” realizado por Julián Alfie, Ileana Arduino, Carola Concaro y Sidonie Porterie con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert

María Sidonie Porterie

Licenciada en Ciencia Política con orientación en Estado, Administración y Políticas Públicas, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Buenos Aires.

Vicepresidente del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) desde marzo de 2016 hasta la actualidad.

Integrante de la Junta Directiva de INECIP desde enero de 2016.

Directora Ejecutiva de INECIP desde julio de 2009 hasta diciembre de 2015.

Coautora del informe sobre “Violencia de género y armas de fuego en Argentina. Informe preliminar: entre la precaridad de la información y la ausencia de políticas públicas” realizado por Julián Alfie, Ileana Arduino, Carola Concaro y Aldana Romano, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert.

Cuando en 2019 un juicio por jurados absolvió al médico Lino Villar Cataldo, Sidonie Portiere y Aldana Romano de INECIP/RAD avalaron los Juicios por Jurados, pero remarcaron que no justifican la Legítima Defensa con armas de fuego y que definitivamente apoyan el Desarme Civil.

“Desde lo personal, nosotras hace más de diez años que bregamos por el desarme, no justificaríamos la tenencia de armas con fines de autodefensa.”

Actividad en la función Pública

Asesora de la Cámara de Diputados de la Nación (períodos 2006 al 2008 y 2012 al 2016 aproximadamente). Entre sus funciones como Asesora resaltan el análisis de legislación y proyectos, elaboración de proyectos de ley.

En la actualidad es Subsecretaria de Asuntos Políticos Parlamentarios y Electorales en Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Nombrada en esa función desde febrero de 2020.

En enero de 2021 la ex senadora Sigrid Kunath (PJ) de Entre Ríos le abre las puertas del Senado a INECIP para la presentación del proyecto de la Ley De Inteligencia por parte del Consejo Consultivo de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) nombrado por su Interventora, Cristina Caamaño (*). El consejo consultivo está formado por:

  • Alberto Binder (presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INECIP).
  • María Sidonie Porterie (directora ejecutiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, ILSED).
  • Paula Litvachky (directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS).
  • Beatriz Busaniche (presidenta de la Fundación Vía Libre).
  • Juan Gabriel Tokatlian (vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella).
  • Rafael Bielsa (jurista y ex ministro de Relaciones Exteriores de la Nación).
  • Máximo Sozzo (profesor de Sociología y Criminología de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral).

“La redacción del primer borrador de la nueva ley de inteligencia quedó en manos de los integrantes del consejo consultivo de la AFI. Es decir, del presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Alberto Binder; la directora ejecutiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed), María Sidonie Porterie; la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, y la presidenta de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche.” Según comenta Hugo Alconada Mon en su artículo para el diario La Nación.

La introducción y presentación quedó a cargo de Sidonie Portiere de la Junta Directiva de INECIP. La enumeración de la “agenda” legislativa de INECIP (injerencia en políticas públicas) estuvo a cargo de Julián Alfie de INECIP/RAD.

(*) La actual Interventora General de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño Iglesias Paiz, es miembro de la Junta Directiva de INECIP.

ALBERTO BINDER

Abogado, jurista y profesor en varias universidades de América Latina. Fue protagonista de la reforma de la policía bonaerense ejecutada por el ex Ministro de Seguridad León Arslanián.

Fundador y cofundador de varias ONG relacionadas que conforman Redes de Organizaciones No Gubernamentales nacionales e internacionales. Las ONG nacionales a través de estas Redes, reciben fondos para sus investigaciones con la finalidad de aplicación de políticas públicas por medio de convenios firmados con los diferentes Poderes de Gobierno y Ministerios en la Argentina.

Vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).

Actualmente pertenece al Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), del cual fue presidente y cofundador.

Presidente del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE)

Presidente del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS)

Miembro fundador de la Red Argentina para el Desarme (RAD)

Vocal titular tercero de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados (AJJ)

Es uno de los impulsores del “Acuerdo por la Seguridad Democrática” (ASD) firmado por ONGs y políticos en el año 2010 en la Argentina. Ver Listado de adherentes en:

http://www.asd.org.ar/

Con respecto al Control de armas y Desarme Civil, la Ley 27.192 de creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) que reemplazó al Registro Nacional de Armas (RENAR) establece el inicio de cambio de paradigma de Seguridad Nacional que originó la Ley Nacional de Armas 20.429, al patrón o modelo de la Seguridad Democrática.

Actualmente, Binder forma parte del equipo del Consejo Consultivo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para la elaboración de la nueva Ley Nacional de Inteligencia.

El Consejo Consultivo de la AFI fue nombrado por su interventora, Cristina Caamaño Iglesias Paiz, miembro de la Junta Directiva de INECIP.

SERGIO BERNI

Abogado y médico cirujano y realizó su residencia en el Ejército Argentino, tornándose de esta forma médico militar. En esta institución hizo carrera, permaneciendo en actividad con el grado de teniente coronel, pero abocado de lleno a la actividad política. Fue pasado a retiro el 15 de febrero de 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri.

ACTIVIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

1991 – designado por el entonces gobernador de la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner, como director del hospital de Veintiocho de Noviembre

En la huelga de los mineros de Río Turbio sucedida en 1994, Berni en su doble carácter de médico y militar fue como voluntario a supervisar la salud de los mineros. Durante quince días ofició como agente encubierto entre los huelguistas obteniendo información sobre futuras acciones y filiaciones políticas que luego eran remitidas al poder central provincial. Cuando los mineros sospecharon de las actitudes del agente, lo expulsaron de la mina.

2003 – Llega a Buenos Aires junto con el designado presidente de la Nación, Néstor Kirchner. La hermana del presidente, Alicia, es designada en el Ministerio de Desarrollo Social. Es así que Alicia Kirchner lo nombra “Director nacional de asistencia crítica y subsecretario de abordaje territorial” y fue así el nexo entre el gobierno y las organizaciones piqueteras. Ocupó esos cargos en el Ministerio de Desarrollo social hasta 2011.

2011 – En las elecciones legislativas del año 2011, fue elegido senador de la Provincia de Buenos aires. A fines de ese año asumió como vicepresidente del Senado provincial, hasta comienzos del año 2012.

2012 – A comienzos de este año, Berni fue designado por la presidente Cristina F. de Kirchner como Secretarios de Seguridad de la Nación y deja su banca en el Senado provincial. El Ministerio de Seguridad era ocupado por Nilda Garré.

2016 – Vocal de Interpol por las Américas del Comité Ejecutivo de ese Organismo.

2019 – En diciembre de 2019 es designado Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos aires, cargo en el que fue nombrado por el gobernador Axel Kicillof.

DECLARACIONES A FAVOR DEL DESARME CIVIL.

En Junio 2020:

No estoy de acuerdo con que la sociedad se arme. Estoy en las antípodas de (la ex ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich cuando esa noche salió de una fiesta y dijo que el que quiera armarse que se arme. Las armas no son para la sociedad civil. La armas son para aquellos que la Constitución delega. Y delega el monopolio a la fuerza pública”.

En junio 2020:

En el caso del jubilado Jorge Ríos que fue atacado por un grupo de delincuentes en su hogar, Berni expresó:

“En un caso así lo mejor es no hacer nada. Estoy totalmente convencido de que el uso de las armas de fuego es solamente para aquellos que son profesionales, para la policía.

El 30 de junio de 2020, durante la emisión del programa “Verdad/Consecuencia” declaró: “Soy un fanático del desarme civil

Con respecto a esa declaración, recomendamos leer la columna de opinión de Rubén Lasagno en OPI Santa Cruz

En julio 2020 en su cuenta de Twitter.

“El uso de un arma es un tema delicado, que requiere de mucha profesionalidad. La diferencia entre Patricia Bullrich y yo es que soy de los que pregonan el desarme de la sociedad civil.

¿EL DESARME CIVIL NO EXISTE?

Autor: Mario Alejandro Boglione
Ilustración: Gustavo S. Rubio

Cuando entró en vigencia la ley 24.492, en 1994, que llevó a que todas las armas de Uso Civil y Uso Civil Condicional (U.C. y U.C.C.) se registraran en el RENAR, y que para ello los dueños debían hacerse Legítimos Usuarios (L.U.), llegamos a ser 1.400.000 LLUU aproximadamente.

Desde entonces nuestro número viene bajando, ya sea por las restricciones que nos van poniendo, poco a poco, o por el aumento de los costos, pero al 30/10/2020 quedábamos menos de 1.035.000. El resto no se actualizó por el problema con el monopolio de Dienst Consulting y/o por la pandemia que impide que los empleados de la ANMaC trabajen normalmente.

O sea que, de acuerdo a esto, seríamos EL 75% DE LOS QUE ÉRAMOS ORIGINALMENTE. Pero esto NO ES REALMENTE ASÍ, porque en 1994 la población argentina era de 34.400.000 habitantes, o sea que HABÍA 1 L.U. cada 24,57 habitantes.

Y hoy, 2021, es de 45.625.940 habitantes, y solo quedaban al 20/10/20, 268.493 L.U. con la C.L.U. vigente y 765.314 con la C.L.U. vencida, o sea que AHORA SOLO HAY UN L.U. cada 169,93 habitantes en regla, o UN L.U. cada 44,17 habitantes con C.L.U., vigentes y/o vencidas.

Esto es: la Población CRECIÓ un 32% y el número de Legítimos Usuarios de Armas de Fuego totalmente en regla BAJÓ MAS DEL 80% . Deberíamos ser 1.857.000 LLUU y SOMOS MENOS DEL 15 % DE ESA CANTIDAD.

Y TODAVÍA HAY NEGACIONISTAS QUE DICEN QUE NO HAY DESARME, QUE TODO ESTÁ BIEN.

Femicidios 2018

Durante el año 2018, sólo el 0,0001% de los Legítimos Usuarios han cometido “femicidio”.

Uno de los mantras desarmistas es: Uno de cada 4 femicidios son cometidos con ellas. Un dato importante es que de las armas registradas, el 99% está en poder de hombres y sólo el 1% restante en manos de las mujeres.”, cuando dice “armas registradas manipulan los datos para dejar sentada la idea que las armas REGISTRADAS son las causantes de los “femicidios”, de esta manera estigmatizan a los usuarios de armas legales, ya que los porcentajes de legítimos usuarios registrados debidamente, que cometieron “femicidios” son despreciables y así lo demostraremos en esta y otras publicaciones.

Durante el año 2018 la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) analizó las causas judiciales abiertas por los Superiores Tribunales y Procuraciones de 23 jurisdicciones de la República Argentina.

Para este análisis tomamos como base de usuarios registrados los datos del informe 117 del mes de junio del año 2019 brindado por la Jefatura de Gabinete de Ministros al Senado de la Nación. Según ese documento, a junio de 2019 el universo de Legítimos Usuarios Individuales era de 1.024.939, a esta cantidad se llegó sumando a los miembros de FFSS y FFAA registrados como Legítimos Usuarios individuales y a los Funcionarios Públicos.

Medio empleado para cometer los “femicidios” en 268 casos.

Como se puede observar en el grafico siguiente, los medios utilizados para cometer los “femicidios” fueron, en primer lugar (28,36%) las armas blancas. En segundo lugar, se ubica la fuerza física (27,24%) como medio empleado. En tercer lugar se utilizó armas de fuego (22,75%). En cuarto lugar, el fuego y otros medios (6,72%), mientras que en un 14,93% de las causas no se consignan datos del mecanismo con el cual se cometió el delito.

Por lo menos 11 de los imputados eran integrantes de una fuerza de seguridad o fuerza armada que utilizaron sus armas reglamentarias.

En el año 2018 la tasa correspondiente de “femicidios” fue, 1,1 cada 100 mil mujeres, igual que en el año 2017.

Gráfico propio en base a datos del Informe sobre “femicidios” del año 2018 elaborado por la OM de la CSJN.

En las causas analizadas de “femicidios” cometidos con armas de fuego, diecisiete (47) casos fueron armas ilegales o no se consigna datos de registro, en once (11) casos los imputados eran miembros de fuerzas armadas y de seguridad que utilizaron sus armas reglamentarias.

Hay que resaltar que de la totalidad de las causas, los imputados por el delito de “femicidio” cometido con armas registradas sólo llegan a un 1,11%, o sea el más bajo comparativamente.

Gráfico propio en base a datos del Informe sobre “femicidios” del año 2018 elaborado por la OM de la CSJN.

Analizando sólo los sesenta y un (61) casos de “femicidios” cometidos con armas de fuego en 2018, no hay datos de registro en un 57% pudiéndose inferir que se trató de armas ilegales. El 19,67% fueron armas ilegales. Con respecto a las armas registradas o legales, 18,04% eran armas reglamentarias de los miembros de FFSS/FFAA. Sólo TRES (3) casos, o sea el 4,91% de los sesenta y uno, eran armas pertenecientes a Legítimos Usuarios Individuales.

Gráfico propio en base a datos del Informe sobre “femicidios” del año 2018 elaborado por la OM de la CSJN.

Por lo tanto podemos afirmar que según la cantidad de usuarios registrados el porcentaje que cometió un “femicidio” con un arma registrada durante el año 2018 es despreciable, ya que ese 4,91% representa sólo el 0,0001% del universo de legítimos usuarios.

Durante el año 2018, sólo el 0,0001% de los Legítimos Usuarios han cometido “femicidio”.

Femicidios 2017

SÓLO EL 0,0002% DE LOS LEGÍTIMOS USUARIOS DE ARMAS DE FUEGO HAN COMETIDO “FEMICIDIO” CON SU ARMA REGISTRADA.

Uno de los mantras desarmistas (INECIP/RAD) es: Algunas estadísticas indican que por día mueren entre 7 y  8 personas diariamente por disparos de arma de fuego. Uno de cada 4 femicidios son cometidos con ellas. Un dato importante es que de las armas registradas, el 99% está en poder de hombres y sólo el 1% restante en manos de las mujeres.”, cuando dicen “armas registradas” no es un error ni una distracción, es adrede para manipular los datos y dejar flotando la idea que son las armas REGISTRADAS las causantes de los femicidios. De esta manera cumplen con uno de los puntos estipulados en el Manual para el Desarme, que es estigmatizar a los usuarios de armas legales, y confirman que su fuente de ingresos es la guerra contras las armas legales, no interesan los “femicidios” en sí, ni las muertes por otros métodos.

Los porcentajes de legítimos usuarios registrados debidamente que cometieron “femicidios” son despreciables y así lo demostraremos en ésta y otras publicaciones.

Durante el año 2017 la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) analizó las causas judiciales abiertas por los Superiores Tribunales y Procuraciones de 23 jurisdicciones de la República Argentina, excepto Salta.

Durante ese año hubo 251 víctimas de “femicidios” directos. Según la OM de la CSJN, la tasa correspondiente es 1,1 cada 100 mil mujeres, igual que en el año 2016.

Según datos ofrecidos por la Jefatura de Gabinete en el informe 111 a la Cámara de Senadores en mayo de 2018, el universo de Legítimos Usuarios Individuales de armas era de 730.448, incluidos miembros de todas las categorías como FFSS, FFAA, Funcionarios Públicos y alcanzados por la Resolución “S”MD 328/95, Servicio Penitenciario, Personal de Aeronaves, Repar y Rural.

Medio empleado para cometer los “femicidios” en 251 casos.

Como se puede observar en el gráfico siguiente, los medios más utilizados para cometer los “femicidios” fueron las armas blancas y las de fuego en partes iguales, 30,67%. En segundo lugar la fuerza física, 27,09%.

Gráfico propio en base a datos del Informe sobre “femicidios” del año 2017 elaborado por la OM de la CSJN.

En las causas analizadas de “femicidios” cometidos con armas de fuego, diecisiete (17) casos fueron armas ilegales, en doce (12) casos los imputados eran miembros de fuerzas armadas y de seguridad que utilizaron sus armas reglamentarias.

Hay que resaltar que de la totalidad de las causas, los imputados por el delito de “femicidio” cometido con armas registradas sólo llegan a un 0,75%, o sea el más bajo comparativamente.

Gráfico propio en base a datos del Informe sobre “femicidios” del año 2017 elaborado por la OM de la CSJN.

Los casos con armas de fuego fueron setenta y siete.

Analizando sólo las setenta y siete (77) causas judiciales de “femicidios” cometidos con armas de fuego, no hay datos de registración de las armas en un 59,74% pudiendo inferir que se trató de armas ilegales.

El 22,08% fueron armas ilegales. Con respecto a las armas registradas o legales, 15,59% eran armas reglamentarias de los miembros de FFSS/FFAA y sólo DOS (2) casos, o sea el 2,59% eran armas pertenecientes Legítimos Usuarios Individuales.

Gráfico propio en base a datos del Informe sobre “femicidios” del año 2017 elaborado por la OM de la CSJN.

Como señalamos al principio de esta nota, al 31 de mayo del año 2018 el universo de Legítimos Usuarios Individuales CON armas de fuego registradas, era de 730.448 individuos, o sea que ese 2,59% de “femicidios”, representa un 0,0002% del total de LLUU individuales, un porcentaje despreciable.

Ver también en la sección Archivos: http://archivo.mienten.com.ar/la_nacion.htm

El abolicionismo y el desarme civil matan

Autor: Gustavo Rubio – Marzo 23 de 2021
El motochorro que mató a la psicóloga para robarle la cartera estaba preso  y lo liberaron en cuarentena | MDZ Online

Se cumple un año desde que el Gobierno argentino declarara una especie de Estado de Sitio sin ser Estado de Sitio para “combatir la pandemia” hasta que el sistema sanitario estuviera preparado para lidiar con los casos de este acomodaticio virus. En estos meses de contradicciones médicas, destrucción económica focalizada y angustias programadas avaladas por los medios de comunicación fuimos víctimas de las decisiones de un gobierno con una puja interna más fuerte que la de Jekyll y su Sr Hyde.

Cuando las primeras olas de contagios avanzaban por todos lados fuimos testigos de la idea abolicionista de liberar presos con la excusa del cuidado sanitario. Enarbolando la irrefutable justificación del pésimo estado carcelario y hacinamiento en los pabellones el Gobierno de turno y jueces afines a su ideología liberaron a “más de 4500 presos”, cifra poco clara ya que ni los Ministros Frederic y Berni ni nadie del gobierno sabe decir a ciencia cierta cuantos violadores, asesinos, motochorros y pesos pesados del ambiente criminal salieron por la puerta grande a hacer home office mientras los perejiles sin contacto ni militancia K se tuvieron que comer el COVID adentro.

Cámpora al gobierno, Perón al poder.

Los casos de reincidencia de estos tipejos liberados por la doctrina de zaffaroniana comenzaron a multiplicarse a los pocos días hasta que la realidad del día a día pandémico y la contada de contagiados tuvo más rating. Cada tanto aparecía uno de estos energúmenos en las noticias pero, como todo en Peronia, se anestesió lo suficiente como para naturalizarse en la callosidad de siempre.

Días atrás se conoció un video en donde un motochorro intentaba arrebatarle la cartera a una mujer y en el zarpazo sobre la vereda la tira al piso y huye en su moto a toda velocidad sin llevarse nada mientras la abusada mujer intenta levantarse pero cae en el lugar. El delincuente le había roto tres costillas y el bazo mientras la arrastró. María José Daglio muere desangrada internamente en el hospital. El Estado, como siempre, estuvo ausente porque los malvivientes leigen su momento y actúan con la impunidad de saber que sus victimas no están armadas porque las políticas de Estado lo vienen impidiendo desde hace décadas.

El motochorro que asesinó a la psicóloga había cometido al menos ocho robos con la misma violenta modalidad, todos a mujeres, tenía dos condenas encima pero el Gobierno y sus esbirros judiciales lo habían liberado durante la pandemia por razones ideológicas condenando a muerte a la mujer. Su prontuario: Tentativas de robo varias, Robos varios, Hurtos Simples, Desobediencia, Atentado a la Autoridad y Robo Agravado. Desde 1990 al 2020 se paseó por tribunales de Morón y Mar del Plata mostrando que era evidente su falta de recuperación.  ¿Ahora se le sumará la muerte de la psicóloga o zafará porque “no tuvo intención de daño ni de llevarse la cartera” que dejó a la lado de la mujer que sangraba por dentro?

Para poder entender esta locura imbécil de liberar a más 4500 presos peligrosos debemos entender que la doctrina en seguridad que esgrimen desde el Gobierno del Frente de Todos y que viene haciendo escuela en el Estado desde el 2004 es la de la victimización del criminal, el abolicionismo que Zaffaroni llevó al extremo y los “progres” aplaudieron desde sus torres de marfil y moralina hippona de siglo XXI. Para el populista (socialista/comunista en realidad) el delincuente no es culpable ya que la sociedad, en su “egoísmo capitalista”, lo empuja a la marginalidad quitándole oportunidades y herramientas. La culpa es de todos menos del individuo que elige romper la ley. Todos son responsables, todos menos el Estado eso sí. Esta locura ideológica tendría algo de cabida en el debate social si en el país no hubiesen escuelas públicas y “gratuitas”, ni ayuda social económica ni políticas de asistencia social y/o médicas. Aún sin que estos aspectos de la realidad paternalista argentina existieran, el dañar a otra persona y a su propiedad se respetan aun en las comunidades más incivilizadas.

El abolicionismo mueve la carga de culpa y responsabilidad del individuo que comete el ilícito y lo ubica en la sociedad o en los objetos. La culpa no es del motochorro, es de la sociedad que no le dio oportunidades. La culpa no es del violador sino del sistema opresor patriarcal o la naturaleza. La culpa del asesino no es del tipo que sale a robar enfierrado sino del arma con la que delinque. La culpa la tiene quien usa un arma legal para defenderse y no de la patota que le patea la puerta y amenaza de muerte a su familia mientras roban.

El desarme civil está basado en el abolicionismo, en la idea de que el Estado sabe más que los individuos, está basado en desconocer el Estado de Derecho y las libertades individuales, en mezclar sin miramientos la legalidad con la ilegalidad según se levante ese día. Un día liberan asesinos, violadores y motochorros para que al otro día se puedan recrudecer las políticas de desarme civil enfocadas a los legítimos usuarios porque “hay violencia”. Se busca el control social a través de alimentar el  miedo: sin asistencia ni autorización del Estado no se puede hacer nada, no se puede deambular tranquilamente ni se pueden defender la vida, la propiedad ni la libertad. El paraíso del totalitarismo socialista creado de a una reglamentación a la vez mientras se lo disfraza de buenos intenciones para la tribuna desinformada.

El desarmista puede aplaudir sin miedo la liberación de un grupo de criminales condenados porque según su filosofía de realismo mágico la culpa la tienen los objetos inanimados como las armas. Más aún, esa filosofía viene dos varas: Por un lado si el delincuente está armado es sólo una cuestión administrativa porque es una víctima de la sociedad. En cambio si el asaltado se defiende con un arma de fuego legal es un agravante ya que disfruta de los privilegios de contar con trabajo y una propiedad. El nefasto par opresor-oprimido comunista en todo su esplendor. El castigo al trabajo y a la legalidad de las “leyes burguesas”.

Esta subversión ideológica, que tiene su arista más evidente en el desarme civil ya que las armas legales son un obstáculo para la destrucción total del entramado social republicano, es la que viene debilitando las Instituciones argentinas y los pilares republicanos que la Constitución vigente protege. Todas las campañas de desarme están orientadas a no diferenciar armas legales de las ilegales, los mismos directivos que han pasado o están en el ANMAC insisten en desarmar a quienes están dentro de la ley y no mencionan siquiera a los criminales ni delincuentes, los grupos de asesores y políticos repiten esas mentiras y crean trabas arbitrarias para evitar que los ciudadanos respetuosos de la ley ejerzan su derecho a tener armas legales para defenderse de los malvivientes.

La Ministro de Seguridad Frederic, durante la toma de tierras en el sur y los incendios de propiedades llevados a cabo en el 2020 por la organización terrorista que desconoce al Estado Argentino, lo primero que hizo al llegar al Sur fue amenazar a los vecinos del lugar que osaran defenderse en vez de ir tras esos criminales que destruyen campos y especies en peligro. Ella también propuso las patrullas del control del humor social en las redes para ver como opinaban los ciudadanos desde su casa en vez de monitorear a quienes habían liberado por la pandemia. El Ministro Berni no se le queda atrás. No quiere que los ciudadanos se armen pero salió de un lado para el otro amedrentando con kit comprado en una armería para su show tribunero y así diferenciarse de su colega nacional experta en papers. ¿Berni, al no ser personal activo de las Fuerzas de Seguridad ni de defensa, al ser personal civil, tiene portación? Pregunta que nadie le hizo, ni siquiera el director del ANMAC quien suelta los trámites a cuenta gotas.

Lo que si queda claro con el asesinato de la Psicóloga Daglio a manos del motochorro liberado en la pandemia son tres cosas:
Primero, las políticas de desarme civil se recuestan en una visión abolicionista de la realidad. Los criminales son pobres víctimas de la sociedad y como la culpa de sus acciones libres la tienen otras personas u objetos, las armas que usaron por ejemplo, pueden ser liberados sin que su prontuario importe. Así, el motochorro era un pobre tipo y en cambio la psicóloga podía morir porque disfrutaba de su vida burguesa…    
Segundo y más importante es que el Estado, a través de sus políticas abolicionistas y desarmistas que viene aplicando desde 2004, es responsable directa e indirectamente de los robos y muertes que se suceden día a día en Argentina. El pensamiento colectivista solo fomenta la destrucción de la sociedad, la libertad y el progreso.
Tercero, nadie la ayudó durante el asalto. No hubo policías ni agentes de tránsito que hubiesen detenido al motochorro que andaba sin patente. El delincuente liberado ni siquiera dudó frente a su victima porque sabía que ella y los vecinos se encontraban indefensos gracias a las políticas de Estado que vienen  aplicando.

El Estado desarmista, abolicionista y “presente” mata.
No lo olvidemos

¡Portación Libre y Legal ya!    

Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com

GASTÓN LACORTE

Pareja de María Pía Devoto, ambos pertenecen a la planta permanente de empleados del Senado de la Nación, afectados a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Senado de la Nación.

También asesoran al senador por Catamarca, Dalmacio MERA del partido “Frente de Todos” en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en donde se analizan y aprueban los proyectos para prohibir las municiones de plomo.

Función pública

Fue Coordinador del programa Nacional de Seguridad Turística, del Ministerio del Interior

Coordinó el Plan Nacional para el Control y Prevención del Tráfico y Uso Ilegal de Armas de Fuego de la secretaría de Seguridad Interior

En su carácter de coordinador del Plan Nacional para el Control y Prevención del Tráfico y Uso Ilegal de Armas de Fuego participó en la confección de un folleto presentado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Progresos Alcanzados en la Ejecución del Programa de Acción para Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras (Nueva York, 26 de junio – 7 de julio de 2006)

En el folleto, Lacorte alaba el Plan Canje de Armas realizado en Mendoza en el año 2000 y relata el origen de las ONG dedicadas exclusivamente al Desarme Civil.

En el texto se puede observar el engaño con el cual fue, y es actualmente “vendido” el canje de armas en Mendoza, ya que da como entregadas voluntariamente la cantidad de “3.000 armas”, cuando en realidad en el primer año, fueron entregadas de manera voluntaria apenas 300, por lo cual los plazos tuvieron que ser ampliados y para llegar mínimamente a la cantidad prometida para cumplir las expectativas, tuvieron que sumar las armas que estaban secuestradas por la Fuerza de Seguridad Provincial y en Juzgados Provinciales.

El Plan fue un fracaso total y una MENTIRA, como indicamos (con datos) en este sitio.

En el folleto de la ONU, Lacorte explica:

La campaña de recolección y destrucción de armas del gobierno en Mendoza del año 2000 (3.000 armas y 8 mil municiones entregadas), con apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil y la consecuente política de control integral de armas y municiones y de gestión de arsenales y depósitos, son ejemplos del camino a seguir.

Las armas recolectadas fueron destruidas y convertidas en objetos de arte. Se conformaron redes de ONG por el desarme en el interior de Argentina y la Red Argentina para el Desarme; se creó la Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada (CLAVE), como consecuencia de dos situaciones: el trabajo de las organizaciones sociales en cada rincón del continente y la respuesta a la realidad violenta de América latina, al tope del ranking mundial de muertes por armas de fuego.

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