Femicidios 2021

Uno de los mantras desarmistas con respecto a las armas, es: “Uno de cada 4 femicidios son cometidos con ellas. Un dato importante es que de las armas registradas, el 99% está en poder de hombres y sólo el 1% restante en manos de las mujeres.. En el último informe de Jefatura de Gabinete de septiembre de 2022, se dio a conocer que el porcentaje de mujeres con armas registradas es de 2,8%. En cuanto a la afirmación desarmista sobre “armas registradas” no es un error ni una distracción, es adrede para manipular los datos y dejar flotando la idea que son las armas REGISTRADAS las causantes de los femicidios. De esta manera cumplen con uno de los puntos estipulados en el Manual para el Desarme, que es estigmatizar a los usuarios de armas legales, y confirman que su fuente de ingresos es la guerra contras las armas legales, no interesan los “femicidios” en sí, ni las muertes por otros métodos.

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Módulo 3, Página 116 (Publicado por la RAD – Red Argentina para el Desarme)

Durante el año 2021 la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) analizó las causas judiciales abiertas, en las cuales se investigaban 231 “feminicidios” directos, incluidos 5 casos de “transfemicidio/travesticidio” y 20 víctimas de “feminicidio” vinculado, lo que da un total de 251 víctimas de violencia en total.

Según el informe 133 de Jefatura de Gabinete a la Cámara de Diputados de la Nación, al mes de septiembre del año 2021, da cuenta del ruinoso estado de la gestión de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y entre los datos que se brindan se pudo saber que el universo de Legítimos Usuarios Individuales es de 1.088.512, entre los cuales se incluyen 37.349 miembros de fuerzas de seguridad tanto nacionales como provinciales.

Medios empleados para cometer los “femicidios” según la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación – Año 2021

Los medios más utilizados para cometer los “femicidios” fueron, en primer lugar las armas blancas en un 31%, las armas de fuego (legales e ilegales) en un 25% y la fuerza física en un 24%. Luego el fuego y otros medios.

Gráfico propio en base a datos del Informe sobre “femicidios” del año 2021 elaborado por la OM de la CSJN.

Veinticinco de los imputados eran integrantes de una fuerza de seguridad o fuerza armada, de los cuales 15 utilizaron armas de fuego para cometer los “femicidios” directos. Con respecto a las armas legales de usuarios individuales civiles, no se registró ninguno.

Gráfico propio en base a datos del Informe sobre “femicidios” del año 2021 elaborado por la OM de la CSJN.

Los “femicidios” cometidos por miembros de fuerzas de seguridad, 15 utilizaron armas de fuego de las cuales 13 eran armas reglamentarias y un sujeto activo de las fuerzas lo cometió con arma de tenencia legal, se señala que no era la de servicio y uno lo realizó con un arma sin datos sobre su registro.

NINGÚN caso fue con armas pertenecientes a CIVILES en su condición de Legítimo Usuario Individual, o sea el 0%.

Gráfico propio en base a datos del Informe sobre “femicidios” del año 2021 elaborado por la OM de la CSJN.

Analizando sólo los casos de “femicidios” cometidos con armas de fuego no hay datos de registro en un 52%, pudiéndose inferir que se trató de armas ilegales. El 22% fueron con armas ilegales. Con respecto a las armas registradas o legales 21% eran Armas REGLAMENTARIAS y solo el 5% eran Armas PARTICULARES de miembros de la Fuerza.

LAS MENTIRAS DE LA ASOCIACIÓN PARA POLÍTICAS PÚBLICAS – APP/RAD

Aprovechando los estudios de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia se ha conocido un “informe” de integrantes de la Asociación para Políticas Públicas (APP) de María Pía Devoto que repite que pide un programa de desarme sostenido en el tiempo y condiciones más restrictivas para el acceso legal a las armas de fuego. Según María Pía Devoto para terminar con los “femicidios” se debe “propiciar el desarme” y esta política “debería ser una acción prioritaria y sostenida”.

La Directora de APP, María Pía Devoto vuelve a repetir que “1 de cada 4 femicidios se cometen con armas de fuego”, pero con intencionalidad oportunista y maliciosa ignora las 191 muertes efectuadas con otros medios ya que para estas organizaciones las otras muertes NO IMPORTAN, sólo importan las cometidas con armas de fuego ya que parecerían ser más RENTABLES para sus propósitos, ya que con armas blancas fueron asesinadas 80 mujeres (31%), pero SU DENUNCIA NO ES RENTABLE; las 13 muertes de mujeres quemadas NO SON RENTABLES; las 60  que fueron asesinadas con violencia física (patadas y golpes) y 38 con otros medios TAMPOCO SON RENTABLES. O sea que para María Pía Devoto LA GRAN MAYORÍA DE LAS MUERTES ( 3 de cada 4) NO SON RENTABLES.

El activismo militante de Devoto, realizado desde sus redes sociales y publicando en los medios gráficos que llenan vacíos informativos se entiende, ya que como demostramos en este mismo sitio, tanto ella como su marido, Gastón Lacorte, conforman una sociedad matrimonial que VIVE DEL DESARME.

Este “estudio” propiciado por APP, financiado por la Embajada de Irlanda en Argentina y el Centro de Estudios de Política Internacional de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (CEPI-UBA) está atravesado en toda su extensión por una ideología progresista necia, femi-socialistoide autoritaria, de intereses espurios e instalada en la sociedad argentina en los últimos años, que recurre a frases hechas y latiguillos efectistas. Ejemplo de ello en esta última publicación, es la continua referencia a la prevalencia de una “MASCULINIDAD HEGEMÓNICA”, o relacionar a las armas de fuego con el  “PATRIARCADO” y al “MACHISMO”. Otro tema predilecto de esta cultura totalitaria es culpar de todos los males a una “ESTRUCTURA SOCIOPOLÍTICA PATRIARCAL”. En este punto, cabe recordar el memorable el libelo de la RAD/INECIP titulado “Cuando el macho dispara”

Estos personajes desarmistas siguen insistiendo en planes de DESARME, el más conocido es el PEVAF (Plan de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego) iniciado a mediados de 2007. Es bueno recordar que uno de ellos (Darío Kosovsky) en un artículo publicado en la Revista Anfibia reconoció que “Entre las acciones sostenidas en el tiempo y con mayor consenso político se cuenta el Plan de Desarme, poco mensurable en términos de reducción de la violencia pero uno de los más relevantes en lo simbólico”. O sea, reconoce que EL PLAN NO SIRVIÓ, PERO QUE HAY QUE SEGUIR CON EL NEGOCIO DEL RELATO. A confesión de parte…

CONCLUSIÓN

Los porcentajes de “femicidios” con armas de fuego ocasionados por legítimos usuarios civiles en años anteriores rondaron entre el 0,0001% y el 0,0003%, cifras absolutamente despreciables con respecto al Universo de Legítimos Usuarios Individuales. Durante el año 2021 ese porcentaje se redujo a 0%, o sea NO HUBO LEGÍTIMOS DE ARMAS DE FUEGO CIVILES que hayan cometido un “femicidio” con su arma registrada.

Como señaláramos en nuestros anteriores informes, claramente y en contra de lo que afirman los desarmistas, el problema NO SON LAS ARMAS DE FUEGO LEGALES EN MANOS DE CIVILES y la solución, definitivamente no pasa por propiciar y fomentar el DESARME CIVIL.

NO AL DESARME CIVIL

ANMAC – LOGROS EN LA GESTIÓN KIRCHNERISTA (77%)

Desde la creación, y puesta en vigencia de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) por Ley 27.192 en 2015, la situación de los Legítimos Usuarios de Armas de Fuego se fue agravando año a año. Convengamos que el ex RENAR no era un ejemplo de excelencia, pero funcionaba con bastante regularidad pese a la maraña de decretos, resoluciones y disposiciones que hacían casi inviable el cumplimiento de la ley a cualquier ciudadano que quisiera registrar sus armas. Debemos recordar que desde 2004 la RAD (Red Argentina para el Desarme) y sus integrantes han parasitado no sólo al ex RENAR sino también a la actual ANMAC, con puestos en la función pública, en la misma agencia y como asesores de diputados y senadores de todos los partidos políticos que con gran beneplácito aceptan los proyectos que estos les redactan, sin importar lo nefasto y turbio de su accionar. A todos, lo único que les interesa es aparentar que se preocupan por la seguridad de sus votantes.

Durante la gestión de la Dra. Natalia Gambaro como directora ejecutiva de la Agencia, se produjo el gran negociado del Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos para la obtención de la Credencial de Legítimo Usuario otorgándole el MONOPOLIO a la empresa DIENST Consulting S.A. por Resolución ANMAC 23/2016. Dicha empresa no contaba con la estructura mínima necesaria a nivel nacional para tan importante tarea. Este amañado sistema resultó en la virtual expulsión del 74% de los Usuarios de Armas, producto de la imposibilidad fáctica de regularizar su situación en tiempo y forma.

Y llegó la Pandemia. En 2019 asumió la presidencia de la Nación Alberto Fernández y el actual régimen kirchnerista, creador de la Ley 27.192 de creación de la Agencia, por fin se hizo cargo del funcionamiento del engendro conocido como ANMAC. El gobierno de Cambiemos en cuatro años de administración dejó al 74% de los Legítimos Usuarios fuera del Sistema, los actuales responsables, en tres años de dirección ese porcentaje lo elevó a 77%, todo un logro en la gestión.

Según explica el mismo Jefe de Gabinete a los diputados en el informe 133 a esa Cámara, a partir de las restricciones por la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno debido a la Pandemia del COVID-19, el organismo “se vio obligado a disponer una serie de prórrogas de la vigencia de las diferentes autorizaciones concedidas por aquél, las cuales culminaron en agosto del año 2021”. Esta última situación es la que enarbolan para justificar el ruinoso estado del funcionamiento de la Agencia y es así entonces que el 77% de los Legítimos Usuarios se encuentran en una zona gris (oscura, muy oscura) de legalidad con sus credenciales vencidas, ya que no han podido regular su situación.

Según consta en el Informe 133, desde Agosto del 2021 hasta la fecha (13 meses) se han emitido sólo 30.425 credenciales de legítimo usuario de armas de fuego; 29.623 autorizaciones de tenencia. Insistimos, en octubre del 2020 las credenciales vencidas eran del 74%, en setiembre de 2022 llegan a 77%, o sea que en lugar de mejorar, la situación de los Legítimos Usuarios empeoró. Todo en aras del cumplimiento del punto 2 del artículo 4° de la Ley: “El desarrollo de políticas tendientes a reducir el circulante de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada, contemplando la realización de campañas de comunicación pública.”

A continuación se muestran algunos gráficos propios en base a los datos del Informe 133 de Jefatura de Gabinete a la Cámara de Diputados de la Nación.

CREDENCIALES VIGENTES Y VENCIDAS

Los Usuarios Individuales con Credencial Vigente son 248.826, con Credencial Vencida llegan a 839.686.

USUARIOS INDIVIDUALES POR PROVINCIA

Según el informe de Jefatura de Gabinete, “del universo de legítimos usuarios vigentes inscriptos ante la ANMAC, el 97,2% son hombres, mientras que el 2,8% restante son mujeres” “13.351 usuarios son miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación; y 37.349 son miembros de las Fuerzas de Seguridad, tanto nacionales como provinciales (incluyéndose en dicho cómputo a los/as agentes del Servicio Penitenciario Federal y sus homólogos en las Provincias).”

ARMAS LEGALES EN PROPIEDAD DE LEGÍTIMOS USUARIOS INDIVIDUALES EXISTENTES POR PROVINCIA – TOTAL PAÍS 722.823

PORTACIONES VIGENTES A SEPTIEMBRE 2022

“Las autorizaciones vigentes para portar armas de fuego son 27.992, de las cuales 14.887 corresponden a usuarios policiales y penitenciarios; 8.764 a usuarios colectivos; 4.132 a miembros/as de las Fuerzas Armadas de la Nación; 127 a funcionarios públicos, judiciales y diplomáticos; y, finalmente, solo 82 corresponden a usuarios individuales.”

Otros ítems de interés que se publican en el Informe de Jefatura de Gabinete a la Cámara de Diputados.

Por el artículo 14 de la Ley 27.192 de creación de la ANMAC, se establece la formación del Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada que aún no ha sido constituido, por lo tanto en el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, las autoridades de la Agencia destinarán una parte de la partida presupuestaria para la ejecución del mismo de PESOS VEINTE MILLONES ($20.000.000). Este dinero será destinado a “programas de investigación sobre el mercado de armas y el uso de armas de fuego y sus consecuencias”. Presupuesto que caerá como anillo al dedo para financiar las “investigaciones” de las ONGs argentinas que viven del desarme y sus mentiras.

Según consta en el Informe: “Además, la ANMaC se encuentra avanzando en un proceso de inhabilitación y notificación de los/as legítimos/as usuarios/as vencidos/as, a quienes se los/as intima a regularizar su situación registral, o bien a hacer entrega de las armas, municiones y demás materiales que obraren en su poder (en los términos del artículo 69 del Decreto 395/75), bajo apercibimiento de proceder en la aplicación de las sanciones previstas por la Ley de Armas 20.429 y sus Decretos Reglamentarios 395/75 y 302/83; y, en caso de corresponder, dar aviso a la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM), para que investigue la posible comisión de delitos de acción pública. “

Sería positivo que los políticos, funcionarios y legisladores hubieran escuchado las palabras vertidas por el fallecido Fiscal Jorge Di Lello (UFI Armas), durante el Primer Congreso de Derecho y Ley de Armas en Argentina el 1 de julio de 2019 cuando dijo refiriéndose a los objetivos de la Agencia: “el criterio debe ser FACILITAR al que tiene el arma y quiere tenerla, que la tenga en regla. Al que quiera transferirla que pueda transferirla y SOBRE TODO AL QUE QUIERA INGRESAR PUEDA INGRESAR”  porque el Registro de Armas o ANMaC, “tiene que CUMPLIR UN SERVICIO A LA COMUNIDAD”.

Para finalizar proponemos la lectura de tres artículos de este mismo sitio.

LAS RESTRICCIONES A LA POSESIÓN DE ARMAS A LA POBLACIÓN CIVIL Y SU RELACIÓN CON EL AUMENTO DE LOS HECHOS DELICTIVOS CADA 100.000 HABITANTES. Por Américo García (Artículo de archivo – año 2010)  

¿El DESARME CIVIL NO EXISTE?  

LA MENTIRA DEL CANJE DE ARMAS EN MENDOZA AÑOS 2000/2001   

Caballo de Troya Pascual

Autor: Gustavo Rubio

El embate contra los Legítimos Usuarios ha recobrado ímpetu con las resoluciones hembristas establecidas por parte del organismo que encabeza Natasa Loizou. Pero la investigada por ñoquismo en su anterior paso por Registro de Armas no está sola: las huestes de Cambiemos le hacen la segunda al kirchnerismo chavista en su torpedeo a la República y de la mano del admirador maoísta Cristian Ritondo y de la flamante Silvia Lospennato crearon un huevito sorpresa para estas Pascuas.  

El PROYECTO 0722-D-2022 presentado el 14/03/2022 en teoría está enfocado a prevenir femicidios y evitar la violencia intrafamiliar en los miembros de las Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Armadas, Servicio Penitenciario, etc. Antes que nada, en lo personal, me parece correcto que se lleve a cabo un proyecto en este sentido ya que el mismo incluye acompañamiento, exámenes psicológicos, médicos y demás herramientas útiles frente en el contexto para el cual está siendo propuesto.

Ahora bien, tomemos los últimos datos publicados oficialmente: de los 48 femicidios ocurridos en 2020 según la CSJM, el 10% fueron cometidos por miembros de las FFSS y FFAA. Muy por debajo del 88% de las armas sin registro/ilegales pero extremadamente alto si es comparado con el único caso en donde un legítimo usuario estuvo involucrado. Si seguimos el espíritu del proyecto y sólo comparamos estos dos grupos legales, nos encontramos con que del total de los femicidios del 2020 el 2% fueron cometidos por miembros de las Fuerzas del Estado mientras en tanto sólo el 0,0001% de los legítimos usuarios han estado implicados en un hecho de “femicidio”.

Aclarado estos números (que los autores mágicamente no toman en cuenta) nos encontramos con que el proyecto establece en un primer artículo que  “será inhabilitado para su uso, portación, transporte y/o tenencia de armas toda persona que se encuentre denunciada y bajo investigación de un caso de violencia de género, según los parámetros de la ley 26.485. La prohibición e inhabilitación comenzará desde que el juez toma conocimiento de la denuncia y durará durante todo el período de investigación y sólo podrá ser levantada una vez finalizado este proceso.” Y recién en el segundo artículo aclara que el proyecto estaría orientado a las FF ya que “toda persona de las fuerzas armadas o de seguridad que sea denunciada por violencia de género o intrafamiliar será suspendida y retirada de la fuerza hasta tanto se esclarezca la denuncia sobre su persona.” Adivinan como viene la mano, ¿no?

Lo llamativo es que en los fundamentos se explica que el “proyecto de ley tiene como objeto establecer un mecanismo de prevención y protección de la víctima, para aquellos casos en los que el personal de alguna fuerza policial o de seguridad sea denunciado como presunto autor de un hecho de violencia de género y/o intrafamiliar” pero el primer artículo habla en general mientras que el segundo hace esa salvedad…

Ahora, si a esta irregularidad le agregamos que el tercer artículo del proyecto establece que “Toda vez que el/la juez/a interviniente ordene alguna/s de las medidas preventivas deberá requerir a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), en forma urgente y dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, que informe si el presunto agresor cuenta con Credencial de Legítimo Usuario vigente, autorización para tenencia y/o portación de arma de fuego o solicitud en trámite. En todos los casos deberá ordenar el secuestro de las armas de fuego que estuvieren en su posesión, la suspensión temporaria de aquellas autorizaciones otorgadas por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y la prohibición temporaria de otorgamiento de nuevas licencias o autorizaciones.” podemos decir que el huevito de Pascua de los amigos del chavismo trae una sorpresa más grande que el Caballo de Troya.

Los miembros de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas armadas no son legítimos usuarios de armas por el solo hecho de portar y tener un arma reglamentaria dotada por el Estado. ¿Lo sabrán los legisladores o también ignoran eso? Los miembros de las FF pueden ser legitimos usuarios si lo desean y reúnen la condiciones (y la autorización de los superiores) pero la intervención del ANMAC, llegado el caso que el personal de la Fuerza o cualquier LU fuera denunciado, se hace por requerimiento del juez sin que una ley específica lo deba establecer. Hoy en día asi sucede. YA SE HACE. ¿Entocnes para qué esta ley?

El problema clave acá es que esta ley establecería que el ANMAC tuviera injerencia en todos los casos de denuncia y ya sabemos cómo se podría dar el desarme civil anhelados por totalitarios confesos, buenistas funcionales y cínicos hipocritas: denuncias falsas o “equivocadas”, secuestro de armas por lo que dure el trámite, juicio interminable, pérdida o robo del material secuestrado en los pasillos de la burocracia y andá a quejarte a Montoto. Quedas limpio pero a merced del más fuerte, perdes tu valiosa colección de armas de fuego o ese fusil que heredaste imposible de reemplazar termina en manos de algún amiguete de los funcionarios. Chavez no lo podría haber ideado mejor.

Dicen que el camino al infierno esta pavimentado por buenas intenciones y los firmantes (Soher El Sukaria, Cristian Ritondo, Adriana Ruarte, Gustavo Santos, María Luján Rey, Sofía Brambilla, Silvia Lospennato, María de las Mercedes Joury,  Ana clara Romero, Dina Rezinovsky, Omar De Marchi, Alvaro Martínez, Matías Taccetta, Gustavo Hein y Susana Laciar) parece que ganaron la licitación para la construcción, mantenimiento y peaje de esa ruta sin escalas a la destrucción del país..

El proyecto de Ley 0722-D-2022 es una vergüenza por varias razones, pero hay dos principales. Por un lado, si fue mal redactado muestra la falta de preparación, inteligencia y sentido común de quienes deben hacerle la vida más fácil a los ciudadanos ya que viven de los impuestos que ellos pagan. Por otro lado, muestra la injerencia de los grupos turbios desarmistas, disfrazados de ONGs, que asesoran a los legisladores que ignoran temas claves y no revisan lo que proponen ni firman.

Es evidente que este proyecto de ley fue hecho para DESARMAR A LA SOCIEDAD. Es burdamente visible porque separaron los artículos adrede y hasta se contradice con los fundamentos. Fundamentos que no muestran ningún tipo de número, estudio ni cifra real y es por esa precisa razón que se sabe que detrás de este proyecto se encuentran las garras de los desarmistas de la RAD, INECIP, APP y otros ya que se especializan en esconder y manipular datos.

A continuación una lista con los errores, manipulaciones y mentiras en los fundamentos de la ley:
● “Las armas de fuego es la principal razón de muerte de estos hechos (femicidios)…” FALSO:  la principal causa es el uso de la fuerza fisica con 32% seguido por el uso de arma blanca 26% y recién el uso de armas de fuego con un 18% (tomando armas legales e ILEGALES)

● “99 de cada 100 personas con tenencia y portación de armas en Argentina son varones. Este dato empírico nos demuestra la necesidad de comprender el uso de armas, desde la teoría de género y el abordaje del trabajo con perspectiva de género.” Básicamente están afirmando que como los hombres tienen pene son violadores. ¿El INADI investigará la discriminación por género? ¿Le spregunatron aesos 99 tendores de armas si no se autoperciben mujeres? ¿Por qué afirman eso?

● “Una agresión con arma de fuego tiene altas probabilidades de producir consecuencias mortales.” Más allá de ser extremadamente cuestionable esta afirmación carece de estudios que la avalen en el texto del proyecto. Dato: a menos de 6 metros, un arma blanca es más letal que un arma de fuego según estudios y recomendaciones del FBI (pagina oficial).

● “La presencia de armas de fuego en el hogar aumenta potencialmente el riesgo de que ocurra un femicidios, por lo tato exigen medidas urgentes para la prevención de la ocurrencia de este delito” Tiene la misma lógica que afirmar que la presencia de una bañadera en baño aumenta potencialmente el riesgo de ahogamiento en el hogar. O que la presencia de matafuegos aumenta potencialmente el riesgo de envenenamiento por inhalación del contenido.

● “En el caso de los femicidios perpetrados por agentes activos de las Fuerzas Federales de Argentina, entre 2012 a 2018…” Se elige dejar los datos públicos del 2020, anteriormente mencionados, que cambian sustancialmente los porcentajes y la realidad.

Pero el gran remate, ese que deschava el rol de las ONG s turbias que operan en la sombra contra la democracia republicana asesorando a legisladores soberbios, ignorantes o buenistas,  es el punto que dice “Queda como propuesta de este trabajo, en la necesidad de avanzar hacia la guarda de las armas en lugares habilitados como clubes de tiro, comisarias o dependencias de seguridad y no en el hogar, sean tantas armas de dotación dadas por el Estado, como armas particulares.” Si, señoras y señores, todo viene de la mano del Manual de Desarme. Otra vez la idea de sacar el arma legal del hogar (donde no causa problemas salvo a los maleantes que intenten agredir los derechos avalados en la Constitución Nacional). ¿Cuál es el motivo real ya que los datos oficiales dicen que no son problema para nadie? ¿Estan buscando que seamos más libres y que prevalezca el Estado de derecho?

Lo cierto es que lo datos oficiales matan relato y las mentiras de este proyecto que elige desconocerlos:

1) El 97,9999% de los femicidios en Argentina se produjeron por otros medios que no fueron armas legales ni de dotación.

2) El 0,0001% de esos hechos violentos fueron protagonizados por Legitimos Usuarios.

3) Como lamentablemente muestran las cifras de los femicidios, la violencia la ejercen las personas y no los objetos inanimados: la principal causa de los femicidios es el uso de la fuerza física con 32% seguido por el uso de arma blanca 26% y recién el uso de armas de fuego con un 18% (16% armas ilegales/sin registro, 2% armas reglamentarias) Luego viene un 8% de femicidios con otros medios en especial el uso de combustibles y un 1% a través de la intoxicación. Que las armas de fuego estén fuera de la casa, no reduce en nada violencia y solo permite que quienes estén fuera de la ley o tengan pretensiones totalitarias estén armados.   

El trabajo contra la violencia de género debe encararse seriamente y por otro lado. Que un porcentaje de esas aberraciones encuentren a miembros de las Fuerzas del Estado como autores indica que el problema y su solución se encuentran lejos de la tenencia legal de armas de fuego o de su condición de varón. Son necesarios, como están obligados los LLUU, a que los miembros de las fuerzas tengan constantes y profundos exámenes psicofísicos, aún antes de la incorporación y acompañamiento psicológico durante su servicio. Este acompañamiento es la clave fundamental para evitar este o cualquier otro tipo de violencia intrafamiliar suceda.

¿Será que también resulten necesarios los exámenes psicofísicos regulares para los legisladores y así evitar estas sorpresas desagradables que atentan contra libertad de las personas como este nefasto proyecto traicionero y anti republicano?

Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com

HEMBRISMO DESARMISTA

Autor: Gustavo Rubio
Feminism isn't enough, it's time we demand male oppression – The Oakland  Post

De un tiempo a la fecha la sociedad se ve desgarrada por un movimiento feminista autoritario y alejado de todo concepto original: la igualdad entre los hombres y las mujeres en su desarrollo social no es posible hasta que no se destruya al hombre.

En esta visión fascistoide y totalitaria de la vida, elementos disruptivos de la sociedad democrática y republica encontraron su caldo de cultivo perfecto de división, violencia institucional e imposición. Todo maquillado y perfumado para que el filtro de la corrección política haga lo suyo.  
De los 10 diputados que la coalición Juntos puso en juego para CABA en estas elecciones podrá renovar 7 en el Congreso de la Nación: Ma. Eugenia Vidal (¿?), Martín Tetaz (UCR), Paula Oliveto (Coalición Cívica), Ricardo López Murphy (liberal de Republicanos Unidos), Fernando Iglesias (PRO) y Sabrina Ajmechet (PRO). El 5to lugar está ocupado por Ana Carla Carrizo (UCR), autora del proyecto de ley 2361-D-2021 de junio de este año y cuyo trámite tiene Estado Parlamentario.

Dicho delirio ideológico y oportunista, reflotado de los archivos socialistas de Stolbizer y sus secuaces de la “antirepublica cool”, fue maquillado y subido al Caballo de Troya con el que gran parte de los políticos argentos siguen escupiendo sobre las libertades y derechos constitucionales de la Argentina: la tan banalizada violencia de género.Con el pomposo y marketinero título “Evaluación de las aptitudes psicosociales y de género para la adquisición, tenencia y portación de armas de fuego y materiales especiales.” la diputada arremete nuevamente contra los legítimos usuarios varones en un afán de figurar como que hace algo contra la inseguridad y aprovechando quedar bien con Dios, con el Diablo y con cuanto se le cruce en el medio escudada en el feminismo.La idea es no perder el tarascón de una banca en el Congreso y para ello le no importa utilizar la Constitución como mera servilleta de papel descartable.

“El objeto de la presente ley es desalentar la presencia de armas en los ámbitos familiares y de pareja, extremando las condiciones para el otorgamiento de permisos y autorizaciones y fortaleciendo el rol del Estado en la evaluación de las aptitudes psicosociales de las personas solicitantes con el objetivo específico de combatir las violencias por motivo de género” Desde el vamos le pifia lindo. Sin entrar en el requisito de “idoneidad en el manejo del arma” que la diputada deja de lado conscientemente o inconscientemente (no se que es peor) desconoce la naturaleza del horror de la violencia de género y sus autores principales. La Diputada reelecta Carla Carrizo desconoce que sólo en un 0,0003% se ha cometido un femicidio con un arma registrada (la cifra puede variar en un cero) pero aún así presenta un proyecto de ley para complicarle la vida a quienes están dentro de la ley.

Abandonando su total y evidente ignorancia en la materia, la propuesta de la legisladora tiene aristas de lo más interesantes. Busca sumar más personal viviendo de los impuestos de una exprimida sociedad golpeada por las malas políticas económicas ya que “Los permisos y autorizaciones referidos  estará a cargo de un equipo profesional interdisciplinario que la ANMAC y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación deberán conformar”

Siguiendo esta creación de puestos de trabajos estatales superfluos – cuando se necesita reducirlos – se inventa el “apto psicosocial” en donde esa comisión de luminarias burocráticas militantes  llamado “el equipo profesional interdisciplinario” llevará a cabo un proceso de evaluación respecto del solicitante, que deberá contener: “a) Una instancia para corroborar la inexistencia de antecedentes penales de la persona solicitante por: – Delitos en los que hayan mediado armas de fuego, municiones o materiales especiales; – Delitos dolosos contra la libertad, la integridad física, la integridad sexual, o todo el que haya sido cometido con violencia sobre las personas; o – Delitos complejos o delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. b) Una instancia de verificación de la inexistencia de antecedentes de situaciones de violencia en el ámbito de las relaciones interpersonales.” Básicamente van a poner a un montón gente nueva con sueldos estatales para que den un certificado de antecedentes penales que hoy en día ya se obtiene a través de los organismos de Estado pertinentes.

Pero esto no queda acá, la ley creará otra barrera más para constatar que una persona, un hombre como bien lo aclara en el texto del proyecto, sin antecedentes penales no pueda tener un arma legalmente. Nacen las entrevistas a lo feminazi, el hembrismo desarmista cobra otra forma.
Carrizo, en su delirio controlador y totalitario, propone hacer un informe a base “de entrevistas individuales, entrevistas al grupo familiar conviviente y no conviviente, – Entrevistas a quienes mantengan o hayan mantenido relaciones de pareja con el/la solicitante, – Entrevistas a cualquier otra persona ligada afectivamente a la persona solicitante o del ámbito en el que se desarrollan sus relaciones interpersonales.” De no ser algo tan serio como un ataque a la intimidad y libertad de personas inocentes, sería gracioso. Si uno fuese mal pensado, hasta se podría pensar que la Diputada busca una excusa para estigmatizar e inculpar al solicitante de la tenencia investigando la vida intima de esa persona y tomando como cierta una opinión cualquiera que pudiera manchar la reputación de la persona y así imputarla en una lista negra hembrista al mejor estilo Stalin o Tercer Reich.

Considerando el tiempo que puede llevar este exámen o bien la diputada rebuzna supinamente, como la ex Directora del ANMAC Natalia Gambaro, acerca de la cantidad de Legitimos Usuarios que renovarán o solicitarán las credenciales, o la Comisión de parásitos que se creará no harán un trabajo serio, o desea imponer el Chavismo de Stolbizer de una vez por todas. Otras opciones no hay.

Pero, como para asegurarse de que el proyecto sea votado, se abre la oportunidad para que otros actores puedan exprimir la jugosa oportunidad a través de “celebrar convenios con distintos organismos estatales o universidades públicas.” Guita y poder para todos, todas y todes así no molestan. Porque los derechos individuales en este país no importan, menos el de los hombres.

En dicha línea, “el ANMAC incorporará un archivo especial al Banco Nacional Informatizado de Datos de carácter sumamente reservado y confidencial, atento al carácter sensible de los datos que almacenará especificados” Claro, en un país en donde se roban armas de los juzgados, del mismo Registro, se afanan bases de datos DNIs y se vulneran archivos con identidad de miembros de la Agencia Federal de Inteligencia, se roban un misil  “El ANMAC deberá asegurar la estricta reserva de los datos volcados en el archivo especial en los términos del artículo 8, así como amparar adecuadamente la intimidad de las personas allí incluidas.” (nótese que dice EL y no LA ANMAC. Se ve que la Agencia se autopercibe varoncito para la Diputada Nacional por CABA ¿la estigmatizará también?)

Esta delirante y patética muestra de totalitarismo oportunista y discriminador está fundamentada sin ningún pudor en la mentira desarmista que la misma diputada rubrica para perpetuar la misma mentira de siempre. Toma como cierto la porquería literaria “Cuando el macho dispara: armas de fuego y violencia de género en Argentina” de Aldana Romano; Julián Alfie ; Ana Lucia Mucci. – 1a edición especial – Buenos Aires: Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales – INECIP, 2019. Y “ estadísticas” del  Small Arms Survey en las que jamás aclara a que país pertenecen y son, encima, del 2017.

Si la diputada quiere un dato LOCAL del 2017 se lo dejo en negrita y en orden descendente. Los femicidios en Argentina en ese año fueron: 28,95% con armas blancas; 25,56% por fuerza física; hay un 17% sin datos y un 10,15% otros medios; un 6,39% por fuego y medios combustibles; armas de fuego ilegal fueron 6,39%; un 4,51% por armas de fuego reglamentarias de FFAA/FFSS y TAN SOLO 0,75% CON ARMAS DE FUEGO LEGAL. Si, menos del 1%. Si hubiese averiguado un poco, Carrizo no hubiese quedado tan mal parada.

A diferencia de la discriminación por sexo que realizada la Diputada Carrizo de la UCR, los índices están más que claros: los Legítimos Usuarios NO SON EL PROBLEMA. Basta con repasar los datos para no pasar vergüenza. Ella misma, en los fundamentos, coloca a las Fuerzas del Estado dentro de la problemática de la violencia de género pero su proyecto de Ley no los contempla. ¿O acaso se piensa que el oficial de policía es Legitimo Usuario porque tiene arma reglamentaria? Sería asombroso aunque no imposible. Nuestro Congreso rebosa de improductivos sin preparación con una corporativa actitud para no pisarse la manguera entre bomberos.

En los fundamentos también se aclara que “La presente iniciativa tiene como antecedente un proyecto presentado en cuatro períodos consecutivos por la Diputada Margarita Stolbizer sin obtener tratamiento legislativo. Se trata de los expedientes 6376-D-2012, 0339-D-2014 y 0559-D-2016 y una última presentación en el año 2018 con autoría de la diputada Carla Pitiot, 1883-D-2018, el cual tampoco ha tenido tratamiento.”  Dicen que la demencia es repetir siempre la acción esperando resultados diferentes y acá podríamos afirmar que es una muestra de ello.

El desarme civil es un cúmulo de mentiras tan grande llevado a cabo por fanáticos antidemocráticos que en algún punto toca la demencia y deja en situación muy precaria a personas ignorantes en el tema pero con una cuota de ambición, desesperación, mala intención o buenismo. O un peligroso balance de los cuatro que viene destruyendo a la República.
La Diputada de la UCR admite que toma como referencia a tres impresentables como Alfie, Mucci y Romano. Esta vez siguiendo los “datos” de INECIP y dejando la prueba de cómo actúan las ONGs turbias dentro del Congreso. Debilitando fuerzas políticas, destruyendo libertades de los ciudadanos y “asesorando” en proyectos que no hacen más que agrandar el Estado y darle poder sobre el individuo contrariamente al Espíritu de nuestra Constitución.

Pero lo peor viene ahora. En su párrafo final, la firmante del proyecto, destaca que “el mencionado proyecto ha sido motivo de análisis por parte del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales Y Sociales, INECIP, durante una investigación realizada en el año 2019, el cual ha recibido el apoyo del fondo de Canadá para iniciativas locales 1 .” y cae en dos faltas importantes.

Por un lado se reunió solamente con una sola campana, con los desarmistas, y se olvidó del Consejo Consultivo en Políticas de Control de Armas, discriminando a los otros actores y voces independientes y violando de esa manera a la Ley N° 26.216.

Por otro lado, y aún más grave que su ataque a los Legítimos Usuarios, es que la ley fue analizada (quizás algo más por los datos que usa para fundamentarse) por esos personajes raros sin antecedentes más que los cursos endogámicos que realizan y miembros de una ONG  financiada por un Estado Extranjero como se aclara en el texto del proyecto. La diputada dejó asentada una situación por demás delicada en lo referente a la seguridad interior y demás políticas que hacen a la soberanía de un país.
Igualmente los resultados están a la vista. Una vergüenza de proyecto. Un delirio ideológico totalitario y fanático.

Este proyecto de Ley es la muestra más acabada que se puede dar cuenta hasta el momento de cómo funciona el desarme civil en Argentina: surge de la interacción de políticos, cuanto menos, ignorantes en el tema y de ONGs turbias que los asesoran con intereses ajenos a la Constitución Nacional que afectan las libertades y derechos ciudadanos respaldados en una República. Pero todos sabemos que a la gente de INECIP (pariente de la RAD), a los desarmistas, no les importan las victimas y mucho menos que la gente se pueda defender cuando el Estado está ausente.

La Diputada Carrizo de la UCR, en un proyecto hembrista, tanto buscó atacar a los “machos” que no se dio cuenta que también les está prohibiendo a las mujeres el acceso a una defensa segura e inmediata que brinda un arma de fuego legal frente a un violento. Al proponer otra traba más a las armas legales siguiendo los lineamientos desarmistas, les impide ejercer su derecho a la legitima defensa, las vuelve temerosas y dependientes del poder del Estado. El hembrismo desarmista odia a la mujer empoderada.

Es asi que el proyecto de Carrizo “exige entrevistas al grupo familiar del solicitante aún cuando la persona no haya sido denunciada previamente”…
Más totalitario no se consigue. La legisladora deja en claro el tipo de sociedad que desea para los próximos 4 años de trabajo. ¿Los compañeros de espacio buscan lo mismo?   

Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com

HUGO SPINELLI

Médico Pediatra y Sanitarista. Director del Instituto de Salud Colectiva (ISCo) del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Lanús

Autor junto a otros del estudio “Mortalidad por armas de fuego en Argentina, 1990-2008”

En esta “investigación” comparó la cantidad de muertos por armas de fuego en el período 1990-2008 con los muertos de la guerra de Vietnam y con la cantidad de muertos de la Revolución Francesa y es citado frecuentemente en publicaciones de los desarmistas (RAD – Red Argentina para el Desarme) y en los medios de comunicación.

En las notas al pie los autores aclaran que:

“La comparación se realiza con el propósito de establecer relaciones con otros hechos de mayor relevancia en los medios y en la memoria, por lo tanto, no significa afirmar que las muertes descriptas en esta investigación se pretendan inscribir como un conflicto bélico o una guerra.”

Según Spinelli, las muertes por causas externas o violencias tienen “fuertes consecuencias en la salud de las personas y conjuntos sociales, como también un fuerte impacto en los servicios de salud, con costos directos e indirectos en la sociedad.”

El sanitarista y sus colaboradores afirman que en el período de 19 años hubo en Argentina 59.339 muertes por armas de fuego, lo que no dicen es que en Argentina en el período de 19 años ocurrieron 144.539 muertos en accidentes de tránsito, o sea más del doble que muertos por armas de fuego.

Los accidentes de tránsito también son calificadas como “violencias” ya que están tipificadas como “muertes por causas externas”,  y tienen “fuerte impacto en los servicios de salud, con costos directos e indirectos en la sociedad”, sin embargo Spinelli, tiene más de cien artículos publicados sobre políticas sanitarias, entre ellos en cinco se ocupa de las armas de fuego y no tiene NINGUNO sobre las violencias viales que superan en más del 100% al de las “violencias con armas de fuego” (59.339).

MUERTOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN PERÍODO DE 19 AÑOS
AÑOCANTIDAD
19927.075
19937.392
19948.709
19958.102
19967.864
19978.123
19987.579
19997.533
20007.545
20017.071
20026.806
20037.055
20047.137
20057.138
20067.557
20078.104
20088.205
20097.885
20107.359
TOTAL144.239

Fuente: Luchemos por la vida

Con esto se prueba que al manipular estadísticas se puede instalar un tema de manera mediática y convertirlo en un problema. Este es el caso de las armas de fuego legales.

Por último y parafraseando a Spinelli, esas “59.339 muertes por armas de fuego” también las podríamos comparar con “otros hechos de mayor relevancia en los medios y en la memoria” para establecer “relaciones” que el sanitarista no se ha ocupado en investigarPor ejemplo, vienen a mi memoria los muertos por GENOCIDIOS ocurridos luego de los compulsivos DESARMES de CIVILES realizados por gobiernos autoritarios. He aquí algunos ejemplos:

  • “En 1911 Turquía dispuso el control de armas civiles. Entre 1915 y 1923 aniquilaron entre 1.5  y 2 millones de armenios desarmados.
  • Las revoluciones y guerras civiles ocurridas a partir de 1917 dieron nacimiento a la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas). Fue en 1929 cuando la Unión Soviética se restringió fuertemente la tenencia de armas en manos civiles. Desde ese año y hasta 1953 unos 20 millones de disidentes desarmados fueron exterminados.
  • Alemania estableció leyes para el control de armas entre 1938 y 1945. Durante el régimen nacional socialista aproximadamente 13 millones de personas (judíos, polacos, comunistas y otros de militancia izquierdista, homosexuales, gitanos, discapacitados físicos y mentales y otras minorías) fueron exterminados sin la posibilidad de auto-defensa. Este caso es el más conocido. Su desarme civil iba a ser según Hitler “modelo para el mundo”. 
  • China estableció la prohibición en 1935. Las subsiguientes purgas políticas encontraron a la oposición desarmada, y facilitaron la eliminación de 20 millones de personas entre 1948 y 1953.
  • En Latinoamérica vale el caso guatemalteco. A la prohibición de armas en manos civiles en 1964 le siguió el exterminio de más de 100.000 indios mayas.
  • Se podría seguir con Uganda o la Camboya del Khmer Rouge, donde la ley de armas sirvió para arrasar a la minoría educada del país.”
  • El caso más paradigmático y cercano en la historia de Latinoamérica resultado del Desarme Civil podría ser el genocidio venezolano llevado adelante por Maduro luego del asesoramiento de miembros de la RAD (Appiolaza y Conte) al ex-presidente Chávez, donde luego de desarmar a su población los únicos que tienen armas son los adictos al régimen que son conocidos como “colectivos chavistas” y son financiados por el mismo gobierno.

COMO LO PRUEBA LA HISTORIA, EL DESARME CIVIL NO ES UNA RESPUESTA EFICAZ A LA VIOLENCIA, SINO QUE JUSTAMENTE FAVORECE LA VIOLENCIA ESTATAL Y PARA-ESTATAL PARA ELIMINAR LA DISIDENCIA A LOS MODELOS AUTORITARIOS Y ESTADOS POLICIALES.

Es por eso que la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos es ejemplo de libertades civiles.

Traducción: Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del Pueblo a poseer y portar armas no será infringido.

Campaña MIENTEN 2010

En el año 2010 dos proyectos de Ley restrictivos de armas se pusieron a consideración del Senado de la Nación, ninguno fue aprobado individualmente, pero luego de pasar (ambos) por la Comisión de Seguridad, la entonces presidente de dicha Comisión,  Sonia Escudero, emitió un dictamen que unificaba el proyecto 441-S-10 de su autoría y el proyecto 2891-S-10 del Senador Biancalani.  Ese dictamen obtuvo media sanción del Senado y fue en esta época que desde MIENTEN iniciamos una campaña de rechazo a dicha sanción.

Mediante nuestra web y con la colaboración de los miembros del Foro del Tirador, informamos a los usuarios de armas de las repercusiones negativas y esta campaña de información se acompañó con afiches y volantes para que los Legítimos Usuarios imprimieran en sus hogares y que luego pegaran y distribuyeran en los Tiros Federales de todo el país.

Esa media sanción nunca fue tratada en la cámara de diputados. Pasaron los años y el proyecto del senador Biancalani  que creaba la ANCAE (Autoridad Nacional de Armas y Explosivos) luego devino en lo que hoy conocemos como ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados). La ANMaC es una agencia apoyada y asesorada por la RAD (Red Argentina para el Desarme)

AFICHES

VOLANTE

El genio maléfico de un DESARMISTA CONFESO: JOSÉ GENARO BÁEZ

Autor: Mario Alejandro Boglione

José Genaro Báez fue Secretario del Gremio del Seguro e integrante de la CGT, allá por los 70´s. Junto con Carlos Saúl Menem, gobernador de La Rioja, apoyaron el gobierno de María Estela Martínez Vda. de Perón, (a) Isabelita. Cuando se produjo el Golpe del 76, José Genaro Báez hizo lo mismo que Casildo Herrera y “se borró”, abandonando el País y de paso dejando acéfalo a su gremio, el que no le perdonó esto y cuando volvió en el 83 y pretendió renovar su mandato, fue derrotado en elecciones gremiales.

Después de eso recaló (no sé cuándo) en la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, cuyo Director era el escribano Mariano Durand. Durante la dirección de este último, que empezó en el Gobierno del Dr. Raúl Alfonsín pero continuó durante el Menemismo, se crearon 398 nuevas delegaciones, que se entregaron a amigos y familiares de amigos y políticos. Una de ellas, la N° 56 de Capital Federal se otorgó a Néstor Báez, hijo de José Genaro Báez. 

En septiembre de 1990 José Genaro Báez es nombrado director del RENAR, organismo que contaba con unos 50 empleados y que estaba desorganizado luego de años de gobierno Alfonsinista, pero que durante los anteriores gobiernos militares funcionaba bien. Era lento porque no estaba informatizado, pero funcionaba bien.

Ahora veamos, por orden cronológico su actuación al frente del RENAR.

PRIMER ACTO DESARMISTA

Agosto de 1991 se sanciona la Ley 23.979 (el HUEVO DE LA SERPIENTE) que permitiría que el RENAR pudiera recibir asistencia técnica y financiera en el marco de la ley 23.283, lo mismo que ocurría en los Registros Automotores, y se autoriza a un Ente Cooperador a cargo de AICACyP (Asociación de Industriales y Comerciantes de Artículos de Caza y Pesca) para brindar esa asistencia, en forma similar a la que ACARA brindaba a los Registros Automotores. Esta “asistencia técnica y financiera” se logra a partir del dinero obtenido por la venta de FORMULARIOS ESPECÍFICOS para cada trámite que se debía realizar. Es de hacer notar que ese dinero no estaba controlado por ningún organismo Oficial (como Rentas Generales de la Nación, por ejemplo) y que el destino del mismo lo determinaba el Director del RENAR. Con eso se: “permitió la contratación de personal con salarios superiores a los del SINAPA estatal revitalizando los recursos más importantes, los humanos; insumos de todo tipo, servidores, computadoras que en su conjunto permitieron crear por vez primera el Banco Nacional Informatizado de Datos sobre armas de Fuego (auxiliar de la Justicia), la  adquisición  de la Sede Central propia de Bartolomé Mitre 1469 en la Capital Federal, de  5.000 metros cuadrados y otra sede propia en lacapital de Córdoba, dentro de un Plan para todo el Pais (que se detuvo a  partir de mi alejamiento), la expansión federal del Registro en Delegaciones por todo el país,…” y sigue explicando: “(unificando 24 credenciales provinciales, 3  de las FFAA y una de la SIDE, en sólo 1) entre otras muchas accionesEsto lo escribió el mismo José Genaro Báez en el 2015, reseñando su actuación al frente del RENAR.

Menem hizo esto para tener una fuente de financiamiento SIN CONTROL DEL ESTADO, y al principio yo creía que José Genaro Báez tenía el mismo objetivo. Al fin y al cabo, él cobraba su sueldo del RENAR, y también algunos parientes y amigos, pero creo que sus intenciones eran otras MUCHO MÁS SINIESTRAS. Eran eliminar la mayor cantidad de armas de Uso Civil (UC) y usuarios legales de las mismas del sistema, especialmente en el Interior del País, donde era más difícil y costoso poder cumplir con los trámites, y donde la mayoría de las armas eran escopetas (generalmente de 1 caño) y carabinas .22lr (usadas para cazar) y pistolas .22lr y revólveres baratos, usados para defensa. No eran armas que se compraban para delinquir, como se pretendió hacer creer en ese escrito. También en este año se prohíbe desde el RENAR la importación de las llamadas “armas de asalto” (fusiles semiautomáticos símiles militares, con cargadores de quita y pon) ¿Será que no le gustaban a José Genaro Báez? Porque no se habían utilizado en ningún tipo de ilícitos y hacía varios años que entraban al País.

SEGUNDO ACTO DESARMISTA

1992 convoca al ex director del RENAR, Cnel. Roberto Osvaldo FERRER para crear el Dpto. de Entidades de Tiro cuya función era la Fiscalización y Control de esas entidades, de acuerdo con el Decreto 73/88, que todavía no estaba reglamentado. Empieza la colaboración de alberto viñas (editor de la “Revista de Tiro”, publicación a la que sólo se puede acceder por suscripción paga).  Fue a instancias del Cnel. Ferrer que alberto viñas volvió al RENAR, donde había trabajado como marinero conscripto durante uno o los dos años que estuvo bajo bandera, y donde luego siguió trabajando como empleado hasta 1983 cuando volvió la Democracia.

TERCER ACTO DESARMISTA

En 1993 y a partir de las Directivas RENAR 1 y 2 se reglamenta el Decreto 73/88 mencionado anteriormente. También, y gracias a la propuesta de José Genaro Báez, se dicta la Resolución 269/93 por la que se ordena un REEMPADRONAMIENTO NACIONAL OBLIGATORIO DE ARMAS DE FUEGO, que comprendía a TODAS las armas en poder de los Ciudadanos al 29 de agosto de 1993 inclusive. Cada formulario permitía inscribir hasta 3 armas y tenía un costo de $ 10.- c/u. Según leí se vendieron UN MILLON DE FORMULARIOS, con lo que se recaudaron DIEZ MILLONES DE PESOS/DÓLARES (la relación entre esas monedas era 1 a 1), cantidad que hubiera sido más que suficiente para informatizar el RENAR, a los valores de la época, pero fue sólo el principio. 

CUARTO ACTO DESARMISTA

En 1994, y nuevamente a instancias del RENAR (o de José Genaro Báez), por medio del Decreto P.E.N. 252/94 se regularon las armas de Uso Civil y se EXIGIO que la persona que adquiriera un arma de este tipo debía ser, previamente, Legítimo Usuario de Armas de Uso CivilÉl mismo reconoce que con esta medida, las ventas de ese tipo de material sufrieron una reducción y el circulante de armas disminuyó. 

QUINTO ACTO DESARMISTA

En 1995, se sanciona la ley 24.492, el 31/5/95.”ARTICULO 1º — Prohíbese la transmisión de todo tipo de armas de fuego, cualquiera fuese su clasificación, ya sea a título gratuito u oneroso, a quien no acreditare su condición de legítimo usuario por medio de la credencial oficial y única otorgada por el Registro Nacional de Armas (RENAR), organismo que se hallará facultado para la registración y fiscalización de todo tipo de armas, en el marco de la presente ley, la Ley 20.429 y sus decretos reglamentarios.” Esta ley vino para ratificar y poner en orden al Decreto P.E.N. 252/94, dictado el año anterior, ya que había cierta oposición a que la Ley 20.429 hubiera sido modificada por un decreto. Dicta la Disposición RENAR 66/95, donde se aprueban los Requisitos para ser Instructor de Tiro.  Por medio de la ley 24.492 se asignó al RENAR la competencia exclusiva para el control de todo tipo de armas de fuego, UC (uso civil) y UCC (uso civil condicional). También en ese año, ya instancias del RENAR (o de José Genaro Báez) se propició el Decreto P.E.N. 64/95, que prohibió las llamadas “armas de asalto”, (fusiles semiautomáticos, derivados de modelos de Uso Militar, con cargadores de quita y pon y de calibres superiores al .22lr) estableciéndose un régimen de excepción (que en realidad se otorga cada vez menos). Esto fue para las armas de fabricación nacional, ya que las importadas habían sido prohibidas por él 4 años antes. 

SEXTO ACTO DESARMISTA

En 1996 se impuso a las Entidades de Tiro un Seguro Obligatorio, sin el cual no se les otorgaban las habilitaciones necesarias para funcionar. La mayoría de las grandes compañías de Seguros no vendían ese tipo de seguros y no los tenían arancelados, pero José Genaro Báez se encargó de proveérselos, a través de alguna compañía pequeña, mandando a alberto viñas para que se los vendiera. Este ha estado desarrollando esa actividad desde entonces. También en ese año crea ATLAS (Asociación de Tenedores Legales de Armas) en 1996, presidida por él, teniendo como secretario de las Entidades de Tiro a… alberto viñas, entre otros directivos, muchos de ellos afines a él mismo.

SÉPTIMO ACTO DESARMISTA

En 1997 se crea en Santa Fe el FORO DE ENTIDADES DE TIRO para tratar, entre otras cosas LOS TRÁMITES DE HABILITACIÓN DE POLÍGONOS, pendientes en el RENAR. LA CONTRATACION DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL y EL OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS DE PRUEBAS DE IDONEIDAD. Se empezaba a notar una baja en la actividad, ocasionada por las medidas de 1994. Para compensar esto el RENAR había impuesto a los L.U. la obligación de presentar un Certificado de Idoneidad en el Manejo de Armas de Fuego para la obtención o renovación de la C.L.U., el que debía ser extendido por un Instructor de Tiro Habilitado (según la Disposición RENAR 66/95) en un Polígono Habilitado. Aquí, al revés que en el caso de ATLAS, no aparece José Genaro Báez, pero en el Acta de Constitución hay una cláusula donde se impone la figura del VOCERO OFICIAL DEL FORO, que cumplía funciones especiales, tipo sindicatura, tales como quedar a cargo del mismo en caso de renuncia anticipada del COORDINADOR (o Presidente). El primer VOCERO OFICIAL fue… alberto viñas, quién además se encargaría de todos la tramitación y presentación de asuntos del Foro ante las Autoridades Competentes. Los mandatos duraban 2 años, y al terminarse el mandato del primer COORDINADOR, fue nombrado en su lugar… alberto viñas.

OCTAVO ACTO DESARMISTA

En 1998 se dictaron varias Disposiciones. La 72/98 unificando los requisitos para las 2 categorías de Legítimos Usuarios de armas (UC y UCC), con lo que las ventas del primer tipo de armas SE RESTRINGIÓ AÚN MAS. También la 78/98 con Normas para Recarga, la 81/98 dando un plazo perentorio para la obtención de la Credencial de Legítimos Usuarios a los que aún no las hubieran sacado. Estas medidas y las anteriores llevaron al cierre de la mayoría de las Fábricas de Armas del país que hacían armas UC, y también de cientos y cientos de armerías que sólo vendían ese tipo de armas y dejaron millones de armas fuera del sistema porque los dueños no pudieron o no quisieron hacerse L.U. dada la situación económica y las dificultades cada vez mayores para poder hacerlo.

NOVENO ACTO DESARMISTA

En 1999, por medio de la Disposición RENAR 23/99 hace extensivo el Decreto P.E.N. 64/95 a los fusiles y carabinas SKS, por la Disposición RENAR 31/99 se PROHÍBE la tenencia de determinadas armas  (cal. calibre 5.7 x 28 mm FN P90), ordena el secuestro de esas armas, y dispone que las armas, sus municiones y recarga, cuya energía de boca supere los UN MIL DOSCIENTOS (1.200) pies por libra, tales como los calibres .454 Casull y .50.  se someten al régimen limitativo establecido en el Decreto 64/95.

En el año 2000, luego de 10 años deja de ser Director del RENAR.

En el 2002 y hasta el año 2003 vuelve a ser nombrado Director RENAR.

En su escrito del 29/12/2015 José Genaro Báez presumía que: DESDE LA SANCIÓN DE LA LEY 23.979 EN 1991 Y A INSTANCIAS DE QUIÉN ESTO ESCRIBE, SE DICTARON LAS MAYORES NORMAS DE CONTROL DE ARMAS DE LA HISTORIA RECIENTE. (1975 EN ADELANTE)”


EL CONTROL DE ARMAS NO ES SOBRE LAS ARMAS, ES SOBRE EL CONTROL

¿Y porque José Genaro Báez escribió esto?Muy simple, acababa de cambiar el gobierno, y se tenía que nombrar un Director para la recientemente creada ANMAC, que remplazaba al RENAR, y ESE ESCRITO era una especie de Curriculum Vitae para que lo tuvieran presente.Poco menos de 2 meses después, su fiel… (¿Amigo? ¿Servidor?) alberto viñas abría una petición en la plataforma “change” pidiendo que se lo nombrara en ese cargo. Consiguió 653 adhesiones. 

Ahí está la genialidad de José Genaro Báez, Él ANULÓ LA POSIBLE OPOSICIÓN, dándoles ventajas (generalmente económicas) a los que podían hacérsela.

1°- ANULÓ LA OPOSICIÓN DE AICACYP, otorgándole al Ente Cooperador de esta Asociación la exclusividad de venta de formularios para la manutención del RENAR, por la que cobraba una comisión del 3,5% del total recaudado. ¿Habrá sido por eso no tuvo oposición de AICACYP, A PESAR DE QUE LA MAYORÍA DE LAS FÁBRICAS DE ARMAS Y DE QUE CIENTOS DE LAS ARMERÍAS QUE TUVIERON QUE CERRAR integraban esa Asociación? Y eso que cuando José Genaro Báez organizó junto con AICACyP, unas jornadas para explicar los alcances de estas medidas a las armerías del Interior que fueron invitadas a ir a Buenos Aires, estas le  dijeron que se iba a producir el cierre de Fábricas y Armerías, a lo que muy suelto de cuerpo respondió, más o menos: “¿Cuántos son los que van a quedar sin trabajo por el cierre? ¿200 o 300 familias? QUE PONGAN KIOSCOS”.

Hoy la Dirección de AICACyP es otra y no creo que entraría en un arreglo así, que fue mortal para la actividad. 

2°- ANULÓ LA OPOSICIÓN DE LOS LEGÍTIMOS USUARIOS creando ATLAS (Asociación de Tenedores Legales de Armas) en 1996. Concurría a las Ferias de Armas, daba charlas y fingía interesarse en los problemas, y agilizaba la entrega de los Trámites de las armas que se adquirieran en esas Ferias. POR ESO MUCHOS L.U. CONSIDERAN QUE FUE EL MEJOR DIRECTOR DEL RENAR, sin considerar que ESO DEBERÍA HABER SIDO LA NORMA, ya que se habían comprado computadoras CON TODO LO RECAUDADO. Tampoco toman en cuenta TODO EL DAÑO QUE LE HIZO A LA ACTIVIDAD, con el cierre de Fábricas, Armerías, y diferentes Puntos de Ventas (Ferreterías, Almacenes de Ramos Generales, etc.) que no vendían armas pero sí cartuchería de Venta Libre, como era la que usaban las armas UC. y los millones de usuarios de armas UC (Uso Civil) que quedaron en la ilegalidad. ¿Será un claro caso de Síndrome de Estocolmo? (*) Yo creo que sí, y para reforzarlo, en el 2003 (durante su segunda presidencia) instituye el 20 de Junio como el DÍA NACIONAL DEL LEGÍTIMO USUARIO DE ARMAS DE FUEGO, en un intento de hacer sentir a los Legítimos Usuarios que eran algo especial, una élite, como si el hecho poder CUMPLIR Y PAGAR los requisitos cada vez mayores que nos imponían para no dejarnos fuera del Sistema, fuera motivo de orgullo. ¿Alguien está orgulloso de poder tener Licencia de Conductor? Obviamente no, es un trámite administrativo lo mismo que el de la Credencial de Legítimos Usuarios, la diferencia es que la Licencia de Conductor es más barata y no se exige rendir un Examen de Conducción cada 5 años.

3°- ANULÓ LA OPOSICIÓN DE LAS ENTIDADES DE TIRO, al Seguro Obligatorio que les impuso, propiciando en 1997 el Foro de Entidades de Tiro, y dándoles la recaudación que se generaba al tener que tramitar los Legítimos Usuarios los Certificados de Idoneidad de Tiro, los que debían rendirse obligatoriamente en Polígonos Habilitados. Pero en el año 1999 y a raíz de un pedido de AICACyP, de ATARA (Asociación de Tenedores de Armas de la República Argentina) y del Foro de Entidades de Tiro se emitió la Disposición RENAR 18/99, que permitía otorgar los Certificados de Idoneidad en lugares sin polígonos Habilitados, siempre que se estuviera a más de 50 kms de unoComo esta medida les quitó a los miembros del Foro una gran parte de los beneficios económicos que tenían, llama la atención que el Foro haya sido uno de los peticionantes. ¿Tal vez por eso habían nombrado COORDINADOR a alberto viñas? Porque fue el 2do. COORDINADOR, al cumplirse el mandato del Primero.  Pero al terminarse su período al cabo de 2 años y no estando ya José Genaro Báez en el RENAR, no llamó a elecciones, el Foro quedó inactivo y no renovó su inscripción. En el año 2005 ya no figuraba en los Registros del RENAR.

La mayoría de las acciones tomadas por José Genaro Báez, en muchas de las cuales fue secundado por alberto viñas, están incluidas en el llamado DECÁLOGO DEL DESARMISTA, que es contemporáneo con su actuación al frente del RENAR. ¿Casualidad o causalidad?


Parafraseando a Charles Baudelaire cuando dijo, “El mayor truco del diablo es hacernos creer que no existe”, yo digo: el mayor truco de un DESARMISTA es hacernos creer que SOMOS PRIVILEGIADOS POR PODER TENER ARMAS.

(*) Síndrome de Estocolmo: Trastorno psicológico temporal que aparece en la persona que ha sido secuestrada y que consiste en mostrarse comprensivo y benevolente con la conducta de los secuestradores e identificarse progresivamente con sus ideas, ya sea durante el secuestro o tras ser liberada.

ALDANA ROMANO

Directora Ejecutiva en INECIP

Asesora externa en la Cámara de Diputados de la Nación desde julio de 2012 hasta enero de 2018.

Entre sus funciones como Asesora resalta el análisis de legislación y proyectos, elaboración de proyectos de ley y otros.

Coautora de “Cuando el macho dispara” junto a Julian Alfie para INECIP y con el apoyo de la Embajada de Canadá en Argentina por medio del Fondo Canadá para Iniciativas Locales. El informe preliminar que inspiró esa publicación fue auspiciado por la Fundación Friedich Ebert.

Coautora del informe preliminar sobre “Violencia de género y armas de fuego en Argentina. Informe preliminar: entre la precaridad de la información y la ausencia de políticas públicas” realizado por Julián Alfie, Ileana Arduino, Carola Concaro y Sidonie Porterie con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert

María Sidonie Porterie

Licenciada en Ciencia Política con orientación en Estado, Administración y Políticas Públicas, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Buenos Aires.

Vicepresidente del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) desde marzo de 2016 hasta la actualidad.

Integrante de la Junta Directiva de INECIP desde enero de 2016.

Directora Ejecutiva de INECIP desde julio de 2009 hasta diciembre de 2015.

Coautora del informe sobre “Violencia de género y armas de fuego en Argentina. Informe preliminar: entre la precaridad de la información y la ausencia de políticas públicas” realizado por Julián Alfie, Ileana Arduino, Carola Concaro y Aldana Romano, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert.

Cuando en 2019 un juicio por jurados absolvió al médico Lino Villar Cataldo, Sidonie Portiere y Aldana Romano de INECIP/RAD avalaron los Juicios por Jurados, pero remarcaron que no justifican la Legítima Defensa con armas de fuego y que definitivamente apoyan el Desarme Civil.

“Desde lo personal, nosotras hace más de diez años que bregamos por el desarme, no justificaríamos la tenencia de armas con fines de autodefensa.”

Actividad en la función Pública

Asesora de la Cámara de Diputados de la Nación (períodos 2006 al 2008 y 2012 al 2016 aproximadamente). Entre sus funciones como Asesora resaltan el análisis de legislación y proyectos, elaboración de proyectos de ley.

En la actualidad es Subsecretaria de Asuntos Políticos Parlamentarios y Electorales en Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Nombrada en esa función desde febrero de 2020.

En enero de 2021 la ex senadora Sigrid Kunath (PJ) de Entre Ríos le abre las puertas del Senado a INECIP para la presentación del proyecto de la Ley De Inteligencia por parte del Consejo Consultivo de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) nombrado por su Interventora, Cristina Caamaño (*). El consejo consultivo está formado por:

  • Alberto Binder (presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INECIP).
  • María Sidonie Porterie (directora ejecutiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, ILSED).
  • Paula Litvachky (directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS).
  • Beatriz Busaniche (presidenta de la Fundación Vía Libre).
  • Juan Gabriel Tokatlian (vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella).
  • Rafael Bielsa (jurista y ex ministro de Relaciones Exteriores de la Nación).
  • Máximo Sozzo (profesor de Sociología y Criminología de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral).

“La redacción del primer borrador de la nueva ley de inteligencia quedó en manos de los integrantes del consejo consultivo de la AFI. Es decir, del presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Alberto Binder; la directora ejecutiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed), María Sidonie Porterie; la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, y la presidenta de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche.” Según comenta Hugo Alconada Mon en su artículo para el diario La Nación.

La introducción y presentación quedó a cargo de Sidonie Portiere de la Junta Directiva de INECIP. La enumeración de la “agenda” legislativa de INECIP (injerencia en políticas públicas) estuvo a cargo de Julián Alfie de INECIP/RAD.

(*) La actual Interventora General de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño Iglesias Paiz, es miembro de la Junta Directiva de INECIP.

ALBERTO BINDER

Abogado, jurista y profesor en varias universidades de América Latina. Fue protagonista de la reforma de la policía bonaerense ejecutada por el ex Ministro de Seguridad León Arslanián.

Fundador y cofundador de varias ONG relacionadas que conforman Redes de Organizaciones No Gubernamentales nacionales e internacionales. Las ONG nacionales a través de estas Redes, reciben fondos para sus investigaciones con la finalidad de aplicación de políticas públicas por medio de convenios firmados con los diferentes Poderes de Gobierno y Ministerios en la Argentina.

Vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).

Actualmente pertenece al Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), del cual fue presidente y cofundador.

Presidente del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE)

Presidente del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS)

Miembro fundador de la Red Argentina para el Desarme (RAD)

Vocal titular tercero de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados (AJJ)

Es uno de los impulsores del “Acuerdo por la Seguridad Democrática” (ASD) firmado por ONGs y políticos en el año 2010 en la Argentina. Ver Listado de adherentes en:

http://www.asd.org.ar/

Con respecto al Control de armas y Desarme Civil, la Ley 27.192 de creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) que reemplazó al Registro Nacional de Armas (RENAR) establece el inicio de cambio de paradigma de Seguridad Nacional que originó la Ley Nacional de Armas 20.429, al patrón o modelo de la Seguridad Democrática.

Actualmente, Binder forma parte del equipo del Consejo Consultivo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para la elaboración de la nueva Ley Nacional de Inteligencia.

El Consejo Consultivo de la AFI fue nombrado por su interventora, Cristina Caamaño Iglesias Paiz, miembro de la Junta Directiva de INECIP.

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