Femicidios 2022

En este sitio ya fueron analizados los informes de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los métodos empleados en los “femicidios” ocurridos en la República Argentina en los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Siguiendo con esta serie, hoy se analiza el año 2022.

Medios empleados para cometer los “femicidios” según la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación – Año 2022

Los medios más utilizados para cometer los 226 “femicidios” cometidos en el país fueron, en primer lugar las armas blancas en un 27%, la fuerza física en un 24% y en tercer lugar las armas de fuego (legales e ilegales) en un 23%; le siguen, el 16% cometidos por otros medios, 6% con fuego y otros medios combustibles, 2% por intoxicación y/o venenos y un 2% sin datos de medio utilizado.

En los casos donde se utilizó la fuerza física en su mayoría fue por asfixia mecánica por estrangulamiento, ahorcamiento, sumersión, y una víctima por caída al vacío desde un balcón. Los incluidos en la categoría “otros medios”, se utilizaron “objetos contundentes, bloques de cemento, ladrillos, destornilladores, hachas y palos, por asfixia con sogas, cables y otros elementos”. También hubo casos de víctimas que murieron por “ruptura de cápsulas de cocaína que trasladaban en el interior de su cuerpo”, otro caso fue por “desconexión de su respirador”.

PORCENTAJES DE “FEMICIDIOS” POR MÉTODO EMPLEADO –  AÑO 2022

Gráfico propio en base a datos del Informe sobre “femicidios” del año 2022 elaborado por la OM de la CSJN

En la información sobre “femicidios” cometidos con armas de fuego no se conocen datos de registración en el 75% por lo que podemos inferir su ilegalidad. Con respecto a las armas legales utilizadas por los imputados corresponden a nueve (9) integrantes de una fuerza de seguridad, de los cuales ocho (8) utilizaron sus armas reglamentarias para cometer los “femicidios” y un (1) sujeto activo de la Fuerza lo cometió con su arma particular registrada. Con respecto a las armas legales de usuarios individuales civiles, no se registró ningún caso.

PORCENTAJES DE “FEMICIDIOS” CON ARMAS DE FUEGO –  AÑO 2022

Gráfico propio en base a datos del Informe sobre “femicidios” del año 2022 elaborado por la OM de la CSJN.

NINGÚN caso fue con armas pertenecientes a CIVILES en su condición de Legítimo Usuario Individual.

Portaciones Legales y homicidios

En Argentina estamos inmersos – una vez más –  en una carrera electoral en donde los discursos de los políticos se mueven sin demasiadas diferencias entre la economía, educación, salud y seguridad. Es obviamente algo esperable, pero apareció un Partido político (La Libertad Avanza) que cruzó la triste normalidad de lo “políticamente correcto” y se atrevió a proponer en su plataforma: “sobre la tenencia de armas de fuego planteamos la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía”.

Esto desató entre periodistas, políticos y funcionarios declaraciones como:

  • “Es un peligro que la sociedad se arme” ( Martín Tetaz por LN+)
  • “La solución no es darle armas a la gente” (H. Rodríguez Larreta por LN+)
  • “No estoy de acuerdo con la portación de armas para civiles” (Diego Kravetz por LN+, un civil en el cargo de funcionario que posee portación.)
  • “No me gusta la tenencia de armas” (Néstor Grindetti por LN+)

Algunos también se suman a una afirmación errónea al decir, “A más armas más crímenes” sin ningún fundamento estadístico ni empírico. Esto se puede confirmar con datos estadísticos nacionales e internacionales.

DATOS NACIONALES

Para el artículo del día de hoy, hemos tomado como referencia un período de veinte años, desde 2001 hasta 2021 (Gráfico 2), pues solos tenemos datos confiables sobre las portaciones legales otorgadas a Legítimos Usuarios de armas para esos años y que se pueden comparar con las cifras de homicidios suministradas por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación. Sin temor a equivocarnos podemos afirmar que la década de 1990 es de las últimas más violentas y sangrientas y a su vez – coincidentemente – donde la normativa estrictamente restrictiva afectó de manera categórica el acceso legal de civiles a las armas de fuego y se observó un aumento constante de los hechos delictivos, tanto contra las personas como contra la propiedad. Así lo demuestra el ex presidente de la Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de Armas de la República Argentina (ALUTARA) en el artículo titulado “Las Restricciones a la Posesión de Armas a la Población Civil y su Relación con el aumento de los Hechos Delictivos Cada 100.000 Habitantes”. También describió esta situación el Sr. Mario Alejandro Boglione en “El genio maléfico de un desarmista confeso: José Genaro Báez”.

En el Gráfico 1 observamos que la cúspide de los delitos totales y delitos contra la propiedad se registraron entre los años 2001 y 2003 con un posterior descenso para luego retomar el ciclo ascendente y mostrar un nuevo pico en 2014 y 2015. En cuanto a los delitos contra las personas se observa un aumento constante en el tiempo según este gráfico.

En el año 2002, recordado por la mayoría como el año de la gran crisis económica de la década se produjeron 3.570 homicidios y la Tasa de Delitos totales fue de 3.573 por cada cien mil habitantes. Así lo demuestra el Gráfico 1 extraído de un informe del Sistema de Estadística Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable con información de la Dirección Nacional de Política Criminal. Obsérvese que faltan los datos de los años 2009 a 2013, esto sucedió porque desde la administración de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner se bajó la orden de no emitir estadísticas oficiales sobre inseguridad. Esta acción deleznable de ocultamiento de datos fue revertida durante la administración del ex presidente Mauricio Macri y en 2018 por decisión de la entonces Ministra de Seguridad Dra. Patricia Bullrich se ordenó la reconstrucción del período 2009 a 2013. Es por ello que hoy contamos con los datos faltantes que se vuelcan en nuestro Gráfico 2.

Gráfico 1

Fuente de la imagen: Informe del Sistema de Estadística Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Pasando al Gráfico 2, se puede afirmar que desde la creación de la Red Argentina para el Desarme (RAD – 2004) se profundizaron las restricciones al acceso de armas legales y se observa el abrupto descenso de las portaciones legales otorgadas pero aún así, solo una leve declinación en la cantidad de los homicidios.

Es fácilmente observable a simple vista que la evolución de los homicidios desde la sanción de la Ley de Desarme (26.216) y luego con el comienzo de la ejecución del PEVAF (Plan de Entrega de Armas de Fuego) – a  pesar de los discursos reivindicatorios de dicho plan – la  cantidad de homicidios no disminuyó, sino que tuvo picos sobresalientes en los años 2013 y 2014, pero sí disminuyó y de manera abrupta el otorgamiento de Portaciones Legales, lo que demuestra que la restricción (prohibición de facto) a las Portaciones Legales no tuvieron incidencia directa en la baja de la cantidad de homicidios a pesar de los discursos de políticos, funcionarios y periodistas formadores de opinión.

Hubo un descenso de los homicidios durante la administración de Mauricio Macri hasta el presente. En este punto debo resaltar un dato que no puedo soslayar y es la curiosa cantidad de homicidios (cifras oficiales) que se dan para el año 2021. Digo que no puedo soslayar debido a la experiencia en “relatos oficiales” de las administraciones “kirchneristas”, puesto que cuando podía ser demasiado evidente el “relato” sobre la “década ganada”, directamente optaron por OCULTAR las cifras, como comentamos en este mismo artículo. O sea que tengo el derecho de dudar TAMBIÉN de las cifras oficiales del año 2021, dejo aparte la cifra del año anterior ya que quizás la cantidad de homicidios hayan sido afectadas por la “cuarentena eterna” debido a la Pandemia de Covid 19.

Entonces es obvio que a cuantas más restricciones y burocracia para el acceso a las armas legales, hay más corrupción e indefensión. Así es que se puede afirmar que “Más Armas, Menos Crímenes”.

Gráfico 2

Gráfico de elaboración propia con datos del SNIC

INTERNACIONAL

La evidencia internacional no es el objetivo de este artículo, pero se pueden constatar en dos ejemplos más cercanos a la Argentina y son, Venezuela y Brasil. Sobre Venezuela recomendamos la lectura del artículo de José Niño titulado “Cómo el control de armas se convirtió en un instrumento de tiranía en Venezuela”

Con respecto a lo acontecido en Brasil, es rotundo el antes y el después del Estatuto de Desarme. La legislación desarmista entró en vigencia en 2003/4 y los homicidios aumentaron.

En octubre de 2005 se realizó en Brasil un referéndum por el SÍ o por el NO, con la siguiente pregunta: “¿El comercio de armas de fuego y municiones debe ser prohibido en Brasil?”. El resultado final fue de 59.109.265 votos rechazando la propuesta (63.94%), mientras que 33.333.045 votaron por “Sí” (36,06%). A pesar que los brasileños expresaron un rotundo NO a la prohibición, la ley siguió vigente hasta los cambios de política de armas que llevó adelante el ex presidente Jair Bolsonaro, política que nuevamente fue revertida por el actual presidente Lula Da Silva.

Fabricio Rebelo, coordinador regional de la ONG Viva Brasil, explica: “El estatuto del desarme entró en vigor en 2004, el año en que se registraron 48.374 homicidios en Brasil. Cuatro años más tarde, y casi extinguido el comercio legal de armas, el número ascendió a 50.113 (2008) y han sido desde entonces ascendentes hasta el récord de 56.337, registrado en 2012.”

El descenso de los crímenes en Brasil también es explicado por John Lott Jr. (*) en el artículo “Brasil y las Armas” que comenta: “cuando Bolsonaro asumió la presidencia el 1 de enero de 2019, Brasil tenía una de las tasas de homicidios más altas que cualquier país desarrollado” y al referirse a la política de armas del ex presidente brasileño dice: “las reformas de Bolsonaro produjeron un aumento del 600% en la tenencia de armas. Sin embargo, a pesar de todas las terribles predicciones, los homicidios en Brasil se desplomaron”.

Finalmente entonces, John R. Lott Jr. denuncia una verdad incontrastable: La realidad es que el experimento de Brasil sobre la tenencia legal de armas es solo el ejemplo más reciente de “más armas, menos delincuencia”. Los delitos violentos disminuyeron cuando los delincuentes comenzaron a temer a los ciudadanos armados.”

EL USO CIVIL DE ARMAS SALVA VIDAS.

(*) Presidente del “Crime Prevention Research Center y autor de “More Guns, Less Crime” (Más Armas, Menos Crimen)

Brasil Y Las Armas

Una respuesta a los medios – 18 Enero 2023

Autor: John R. Lott Jr.

Aunque uno no lo sabría por la cobertura mediática del control de armas, la mejor ciencia social ha demostrado que los ciudadanos respetuosos de la ley con frecuencia disuaden a los delincuentes. Pero cuando la ideología triunfa sobre los hechos, los políticos se desvían fácilmente. El último ejemplo está ocurriendo en Brasil, donde el aumento masivo en la tenencia de armas en los últimos años ha llevado a los defensores del control de armas a reinterpretar los datos de manera que se ajusten a sus puntos de vista políticos.

En su primer acto en el cargo, el recién instalado presidente Luiz Inacio Lula da Silva firmó un decreto que congela la tenencia de armas y prohíbe la venta de nuevas municiones. Lula también instituyó otras reglas destinadas a quitar las armas que la gente adquirió durante la administración del presidente Jair Bolsonaro.

Cuando Bolsonaro asumió la presidencia el 1 de enero de 2019, Brasil tenía una de las tasas de homicidios más altas de cualquier país desarrollado. Los medios de comunicación internacionales ridiculizaron a Bolsonaro por “haber seducido a decenas de millones de votantes con simples, aunque radicales, soluciones para erradicar la violencia en uno de los países más mortíferos del mundo”. ¿La solución de Bolsonaro? “Dale armas a la gente buena. Que la gente tenga armas para que tenga la oportunidad de defenderse”.

En 2019 y 2020, los medios de comunicación de todo el mundo y sus expertos seleccionados advirtieron que Bolsonaro estaba peligrosamente equivocado. The Wall Street Journal advirtió: “ Los expertos en violencia dicen que simplemente agregar más armas a la mezcla… solo hará que la tasa de homicidios suba más rápido “. The Guardian del Reino Unido se preocupó de que la “altamente controvertida relajación de las leyes de armas de Bolsonaro, una promesa clave en su campaña de 2018, esté alimentando los temores entre los expertos y activistas de que tales medidas se sumarán a los ya impactantes niveles de violencia “.

La lista de afirmaciones similares, que aparecen en medios desde National Public Radio y The New York Times hasta The Economist , es demasiado larga para recitarla.

No obstante, las reformas de Bolsonaro produjeron un aumento del 600% en la tenencia de armas. Sin embargo, a pesar de todas las terribles predicciones, los homicidios en Brasil se desplomaron.

En 2018, el año anterior a que asumiera la presidencia, la tasa de homicidios era de 27,8 por cada cien mil personas, 5,5 veces más alta que la tasa de EE. UU. Pero cayó en cada año consecutivo. Para 2021, el tercer año de la presidencia de Bolsonaro, se había reducido a 18,5 por cien mil, una caída del 34%.

Esta es información que los medios de comunicación no pueden entender. Un nuevo artículo del Washington Post afirma que los criminólogos creen que la caída en los homicidios ocurrió a pesar del aumento en la posesión de armas en Brasil, no por eso.

El Post cita a un investigador de salud pública que afirma que “cada aumento del 1% en la posesión de armas de fuego se asocia con un aumento del 0,6% en las tasas generales de homicidios”. Si es así, un aumento de más del 600% en la posesión de armas debería haber resultado en un aumento de más del 360% en los homicidios, no en una caída del 27%.

El periódico ahora afirma que el crimen cayó debido a “una década de inversión en vigilancia”. Pero estas inversiones ya se conocían en 2019 y 2020, cuando todo el mundo pronosticaba desastres y los cambios en la policía solo afectaron a algunos de los 26 estados de Brasil, y la tasa de homicidios cayó en todos menos uno.

“La investigación muestra consistentemente que cuando aumenta la propiedad privada de armas, siguen los asesinatos”, escribe el Post. De hecho, la mayoría de las investigaciones muestran que permitir más permisos para armas de fuego ocultas reduce los asesinatos.

Cuando se les preguntó acerca de 33 propuestas de control de armas, los criminólogos académicos estaban más a favor de “reducir los costos impuestos por el gobierno para adquirir armas”. Esa es la medida política que pensaron que haría más para reducir las tasas de homicidios. También fue la segunda estrategia preferida entre los economistas académicos. El enfoque preferido de los economistas fue “relajar las restricciones federales para permitir que las empresas determinen si las personas pueden portar armas ocultas en el lugar de trabajo”.

Pero el Post no parece haber hablado con criminólogos o economistas. Ciertamente no ha tenido en cuenta las opiniones de la mayoría de los agentes de policía. Cuando PoliceOne preguntó a sus 450.000 miembros de las fuerzas del orden estadounidenses sobre los efectos de la propiedad privada de armas, el 76% de los agentes respondió que los ciudadanos legalmente armados son muy o extremadamente importantes para reducir la delincuencia.

Cada vez que en todo el mundo se prohíben todas las armas o todas las armas cortas, aumentan las tasas de homicidios.

La realidad es que el experimento de Brasil sobre la tenencia legal de armas es solo el ejemplo más reciente de “más armas, menos delincuencia”. Los delitos violentos disminuyeron cuando los delincuentes comenzaron a temer a los ciudadanos armados. Pero no espere que los medios de comunicación o los grupos de control de armas admitan que están equivocados.

Fuente: Revista Aire Libre

Bolsonaro y las armas en Brasil

Cómo demostrará el nuevo presidente de Brasil, una vez más, que el control de armas es perjudicial

Columna publicada el 4 de enero de 2019 en townhall.com por John R. Lott Jr., presidente del Crime Prevention Research Center y autor de “More Guns, Less Crime (más armas menos crimen)”.

Las estrictas leyes de control de armas de Brasil han fracasado. La tasa anual de homicidios del país ahora es de 31 por cada 100,000 personas, casi seis veces más alta que la tasa de los EE. UU.

Después de que la legislación de desarme de Brasil entró en vigencia en 2003, la tasa de homicidios del país es más alta ahora que en 2002. La verdadera tasa es sin duda aún peor, ya que las cifras del gobierno en el pasado han subestimado sistemáticamente los homicidios en aproximadamente un 15 por ciento y esa brecha aparece para aumentar con el tiempo.

Jair Bolsonaro asumió el cargo de presidente con la premisa de derogar las leyes de control de armas de Brasil como una plataforma central de su campaña. Prometió que las “buenas personas” de Brasil llevarán armas en público para que puedan tener la oportunidad de defenderse.

Solo 1.3 millones de brasileños tienen licencia para poseer armas de fuego legalmente, menos del uno por ciento de la población adulta.

La mayoría de los estadounidenses no necesitan licencias para poseer armas, por lo que contar no es tan fácil. Pero una encuesta del Wall Street Journal / NBC News en marzo pasado descubrió que el 47 por ciento de los hogares estadounidenses era dueño de un arma, mientras que otro 3 por ciento no respondió. Otra encuesta realizada el año pasado por la Universidad de Monmouth situó la posesión de armas domésticas en un 46 por ciento, con un 7 por ciento que no responde la pregunta. Y hay buenas razones para creer que estas encuestas subestiman la posesión de armas.

Brasil tiene todas las leyes de control de armas con las que los defensores estadounidenses del control de armas han soñado. Los propietarios de armas deben tener 25 años de edad y someterse a exámenes de aptitud psicológica y técnica, así como mostrar pruebas de empleo y explicar sus razones para querer un arma.

Los brasileños también deben pagar 260 dólares por nuevas licencias de armas y otros 25 cada tres años por renovaciones. Con un ingreso per cápita de la cuarta parte de los EE. UU., estos aranceles ponen la posesión legal de armas fuera del alcance de los pobres, las personas más propensas a ser víctimas de delitos violentos.

Mientras que más de 17.3 millones de estadounidenses tienen portación de armas de fuego, en Brasil es ilegal que las personas lleven armas fuera de sus hogares.

En Brasil, poseer una pistola sin licencia te lleva a cuatro años en la cárcel y, sin embargo, el 70 por ciento de los asesinatos se cometen con armas. Eso es porque las armas de fuego están ampliamente disponibles para los delincuentes en el mercado negro. “Todos los matones ya tienen armas, ¡solo los buenos son los que no las tienen!”, dijo Bolsonaro durante la campaña.

Los medios de comunicación mundiales afirman que Bolsonaro lo tiene al revés. Bloomberg News se burla: “Es difícil comprar las propuestas actuales defendidas por lobbistas y algunos políticos que pretenden hacer que Brasil sea más seguro al aflojar los controles “. El Wall Street Journal advierte que “los expertos en violencia dicen que simplemente agregar más armas a la mezcla… sólo hará que la tasa de homicidios suba más rápido “.

Los defensores del control de armas siempre hacen el argumento simplista de que más armas significa más crimen. Cuando los estados permitieron leyes de portación de armas siempre hubo predicciones de sangre en las calles. Sin embargo, hay una razón por la que ningún estado ha tenido una audiencia legislativa para eliminar una ley de derecho a portar armar, y mucho menos aprobar dicha legislación.

Dos tercios de la investigación publicada por expertos en Estados Unidos muestran que las tasas de delitos violentos disminuyen de manera generalizada cuando los estadounidenses pueden protegerse a sí mismos y prácticamente todos los demás dicen que no tienen impacto. Ninguna de estas investigaciones cuestiona qué tan extremadamente respetuosos de la ley son los titulares de permisos de portación de armas de fuego, con personas que pierden sus licencias por cualquier motivo relacionado con armas de fuego en milésimas o decenas de milésimas de 1 por ciento.

Si la propiedad legal de armas de fuego causara más crímenes ¿por qué las tasas de homicidio han aumentado cada vez que se han prohibido las pistolas o las pistolas en general? Hemos visto esto en todo el mundo, incluso en países insulares como Irlanda, Jamaica e Inglaterra. Estos países no pueden culpar a algunas áreas vecinas por su suministro de armas ilegales, una excusa a menudo hecha para las prohibiciones de armas fallidas en Chicago y Washington, DC. Pero no importa cómo se mire, esa explicación todavía no explica el aumento de las tasas de homicidios.

La razón es la que dio Bolsonaro por Brasil. Incluso si las estrictas leyes de control de armas hacen que sea más difícil para los delincuentes obtener armas, aún así, principalmente desarman a los ciudadanos que respetan la ley. Esto hace que cometer un crimen sea más fácil.

Quizás los defensores del control de armas temen que Bolsonaro vuelva a probar que el control de armas es perjudicial, especialmente para los ciudadanos más vulnerables.

Juguetes bélicos – Addendum

Autor: Mario Alejandro Boglione

En mi artículo anterior sobre los “Juguetes Bélicos” me enfoqué en el problema de estos en la ciudad de Rosario, Santa Fe. A lo ya escrito me gustaría añadir un apéndice a partir de un libro leído que recordé, “Los perros: memorias de un combatiente revolucionario” de Luis Mattini (Arnol Kremer) que ilustra esta publicación.

Padres que no compran “juguetes bélicos” a sus hijos para no promover la violencia no son algo nuevo, siempre los hubo. Pero vemos que día a día la violencia aumenta a pesar de estas restricciones o prohibiciones y algunos jóvenes la ejecutan con la fuerza bruta actuando en “manada” (caso Fernando Báez Sosa y los mal llamados “rugbiers”) y otros lo hacen con armas con las que NO tuvieron oportunidad de JUGAR de niños, pero luego lo hacen ya como adolescentes o adultos.

En este momento cabe recordar que el año 2022 cerró con 287 homicidios en la ciudad de Rosario y subiendo… Al 28 de febrero iban 55 homicidios en 59 días del 2023.

Es así que recordé el libro de Luis Mattini, quien llegaría a ser Secretario General del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y que demuestra que no sirve prohibir el uso de armas a los niños, ya que cuando crezcan serán ellos los que decidirán lo que quieran ser o hacer. Al respecto Mattini escribe:

En efecto, “la suerte estaba echada”. Pero, por unos instantes, me resultó paradójica la situación, pues mi padre nos había educado en la corriente de abstención de los juguetes bélicos a los niños, como forma de no fomentar la violencia inútil.

Para finalizar quisiera comentar que en el año 2006 el Dr. Oscar Enrique Vanzetti publicó en el portal “Full Aventura” el artículo  “Las armas de juguete y su influencia en el desarrollo del niño”, del cual con  autorización de su autor cito:

“Investigaciones realizadas en numerosos países, como también las realizadas por la UNESCO no pudieron llegar a determinar ningún tipo de relación recíproca entre el uso de los llamados ” juguetes bélicos” y la conducta delictiva de niños y adolescentes. Sí esto se pudo establecer relacionado con la violencia familiar que posee muchas “caras”, con el abuso, el maltrato y la temprana separación parental.”

Femicidios 2021

Uno de los mantras desarmistas con respecto a las armas, es: “Uno de cada 4 femicidios son cometidos con ellas. Un dato importante es que de las armas registradas, el 99% está en poder de hombres y sólo el 1% restante en manos de las mujeres.. En el último informe de Jefatura de Gabinete de septiembre de 2022, se dio a conocer que el porcentaje de mujeres con armas registradas es de 2,8%. En cuanto a la afirmación desarmista sobre “armas registradas” no es un error ni una distracción, es adrede para manipular los datos y dejar flotando la idea que son las armas REGISTRADAS las causantes de los femicidios. De esta manera cumplen con uno de los puntos estipulados en el Manual para el Desarme, que es estigmatizar a los usuarios de armas legales, y confirman que su fuente de ingresos es la guerra contras las armas legales, no interesan los “femicidios” en sí, ni las muertes por otros métodos.

Módulo 3, Página 116 (Publicado por la RAD – Red Argentina para el Desarme)

Durante el año 2021 la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) analizó las causas judiciales abiertas, en las cuales se investigaban 231 “feminicidios” directos, incluidos 5 casos de “transfemicidio/travesticidio” y 20 víctimas de “feminicidio” vinculado, lo que da un total de 251 víctimas de violencia en total.

Según el informe 133 de Jefatura de Gabinete a la Cámara de Diputados de la Nación, al mes de septiembre del año 2021, da cuenta del ruinoso estado de la gestión de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y entre los datos que se brindan se pudo saber que el universo de Legítimos Usuarios Individuales es de 1.088.512, entre los cuales se incluyen 37.349 miembros de fuerzas de seguridad tanto nacionales como provinciales.

Medios empleados para cometer los “femicidios” según la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación – Año 2021

Los medios más utilizados para cometer los “femicidios” fueron, en primer lugar las armas blancas en un 31%, las armas de fuego (legales e ilegales) en un 25% y la fuerza física en un 24%. Luego el fuego y otros medios.

Gráfico propio en base a datos del Informe sobre “femicidios” del año 2021 elaborado por la OM de la CSJN.

Veinticinco de los imputados eran integrantes de una fuerza de seguridad o fuerza armada, de los cuales 15 utilizaron armas de fuego para cometer los “femicidios” directos. Con respecto a las armas legales de usuarios individuales civiles, no se registró ninguno.

Gráfico propio en base a datos del Informe sobre “femicidios” del año 2021 elaborado por la OM de la CSJN.

Los “femicidios” cometidos por miembros de fuerzas de seguridad, 15 utilizaron armas de fuego de las cuales 13 eran armas reglamentarias y un sujeto activo de las fuerzas lo cometió con arma de tenencia legal, se señala que no era la de servicio y uno lo realizó con un arma sin datos sobre su registro.

NINGÚN caso fue con armas pertenecientes a CIVILES en su condición de Legítimo Usuario Individual, o sea el 0%.

Gráfico propio en base a datos del Informe sobre “femicidios” del año 2021 elaborado por la OM de la CSJN.

Analizando sólo los casos de “femicidios” cometidos con armas de fuego no hay datos de registro en un 52%, pudiéndose inferir que se trató de armas ilegales. El 22% fueron con armas ilegales. Con respecto a las armas registradas o legales 21% eran Armas REGLAMENTARIAS y solo el 5% eran Armas PARTICULARES de miembros de la Fuerza.

LAS MENTIRAS DE LA ASOCIACIÓN PARA POLÍTICAS PÚBLICAS – APP/RAD

Aprovechando los estudios de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia se ha conocido un “informe” de integrantes de la Asociación para Políticas Públicas (APP) de María Pía Devoto que repite que pide un programa de desarme sostenido en el tiempo y condiciones más restrictivas para el acceso legal a las armas de fuego. Según María Pía Devoto para terminar con los “femicidios” se debe “propiciar el desarme” y esta política “debería ser una acción prioritaria y sostenida”.

La Directora de APP, María Pía Devoto vuelve a repetir que “1 de cada 4 femicidios se cometen con armas de fuego”, pero con intencionalidad oportunista y maliciosa ignora las 191 muertes efectuadas con otros medios ya que para estas organizaciones las otras muertes NO IMPORTAN, sólo importan las cometidas con armas de fuego ya que parecerían ser más RENTABLES para sus propósitos, ya que con armas blancas fueron asesinadas 80 mujeres (31%), pero SU DENUNCIA NO ES RENTABLE; las 13 muertes de mujeres quemadas NO SON RENTABLES; las 60  que fueron asesinadas con violencia física (patadas y golpes) y 38 con otros medios TAMPOCO SON RENTABLES. O sea que para María Pía Devoto LA GRAN MAYORÍA DE LAS MUERTES ( 3 de cada 4) NO SON RENTABLES.

El activismo militante de Devoto, realizado desde sus redes sociales y publicando en los medios gráficos que llenan vacíos informativos se entiende, ya que como demostramos en este mismo sitio, tanto ella como su marido, Gastón Lacorte, conforman una sociedad matrimonial que VIVE DEL DESARME.

Este “estudio” propiciado por APP, financiado por la Embajada de Irlanda en Argentina y el Centro de Estudios de Política Internacional de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (CEPI-UBA) está atravesado en toda su extensión por una ideología progresista necia, femi-socialistoide autoritaria, de intereses espurios e instalada en la sociedad argentina en los últimos años, que recurre a frases hechas y latiguillos efectistas. Ejemplo de ello en esta última publicación, es la continua referencia a la prevalencia de una “MASCULINIDAD HEGEMÓNICA”, o relacionar a las armas de fuego con el  “PATRIARCADO” y al “MACHISMO”. Otro tema predilecto de esta cultura totalitaria es culpar de todos los males a una “ESTRUCTURA SOCIOPOLÍTICA PATRIARCAL”. En este punto, cabe recordar el memorable el libelo de la RAD/INECIP titulado “Cuando el macho dispara”

Estos personajes desarmistas siguen insistiendo en planes de DESARME, el más conocido es el PEVAF (Plan de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego) iniciado a mediados de 2007. Es bueno recordar que uno de ellos (Darío Kosovsky) en un artículo publicado en la Revista Anfibia reconoció que “Entre las acciones sostenidas en el tiempo y con mayor consenso político se cuenta el Plan de Desarme, poco mensurable en términos de reducción de la violencia pero uno de los más relevantes en lo simbólico”. O sea, reconoce que EL PLAN NO SIRVIÓ, PERO QUE HAY QUE SEGUIR CON EL NEGOCIO DEL RELATO. A confesión de parte…

CONCLUSIÓN

Los porcentajes de “femicidios” con armas de fuego ocasionados por legítimos usuarios civiles en años anteriores rondaron entre el 0,0001% y el 0,0003%, cifras absolutamente despreciables con respecto al Universo de Legítimos Usuarios Individuales. Durante el año 2021 ese porcentaje se redujo a 0%, o sea NO HUBO LEGÍTIMOS DE ARMAS DE FUEGO CIVILES que hayan cometido un “femicidio” con su arma registrada.

Como señaláramos en nuestros anteriores informes, claramente y en contra de lo que afirman los desarmistas, el problema NO SON LAS ARMAS DE FUEGO LEGALES EN MANOS DE CIVILES y la solución, definitivamente no pasa por propiciar y fomentar el DESARME CIVIL.

NO AL DESARME CIVIL

ANMAC – LOGROS EN LA GESTIÓN KIRCHNERISTA (77%)

Desde la creación, y puesta en vigencia de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) por Ley 27.192 en 2015, la situación de los Legítimos Usuarios de Armas de Fuego se fue agravando año a año. Convengamos que el ex RENAR no era un ejemplo de excelencia, pero funcionaba con bastante regularidad pese a la maraña de decretos, resoluciones y disposiciones que hacían casi inviable el cumplimiento de la ley a cualquier ciudadano que quisiera registrar sus armas. Debemos recordar que desde 2004 la RAD (Red Argentina para el Desarme) y sus integrantes han parasitado no sólo al ex RENAR sino también a la actual ANMAC, con puestos en la función pública, en la misma agencia y como asesores de diputados y senadores de todos los partidos políticos que con gran beneplácito aceptan los proyectos que estos les redactan, sin importar lo nefasto y turbio de su accionar. A todos, lo único que les interesa es aparentar que se preocupan por la seguridad de sus votantes.

Durante la gestión de la Dra. Natalia Gambaro como directora ejecutiva de la Agencia, se produjo el gran negociado del Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos para la obtención de la Credencial de Legítimo Usuario otorgándole el MONOPOLIO a la empresa DIENST Consulting S.A. por Resolución ANMAC 23/2016. Dicha empresa no contaba con la estructura mínima necesaria a nivel nacional para tan importante tarea. Este amañado sistema resultó en la virtual expulsión del 74% de los Usuarios de Armas, producto de la imposibilidad fáctica de regularizar su situación en tiempo y forma.

Y llegó la Pandemia. En 2019 asumió la presidencia de la Nación Alberto Fernández y el actual régimen kirchnerista, creador de la Ley 27.192 de creación de la Agencia, por fin se hizo cargo del funcionamiento del engendro conocido como ANMAC. El gobierno de Cambiemos en cuatro años de administración dejó al 74% de los Legítimos Usuarios fuera del Sistema, los actuales responsables, en tres años de dirección ese porcentaje lo elevó a 77%, todo un logro en la gestión.

Según explica el mismo Jefe de Gabinete a los diputados en el informe 133 a esa Cámara, a partir de las restricciones por la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno debido a la Pandemia del COVID-19, el organismo “se vio obligado a disponer una serie de prórrogas de la vigencia de las diferentes autorizaciones concedidas por aquél, las cuales culminaron en agosto del año 2021”. Esta última situación es la que enarbolan para justificar el ruinoso estado del funcionamiento de la Agencia y es así entonces que el 77% de los Legítimos Usuarios se encuentran en una zona gris (oscura, muy oscura) de legalidad con sus credenciales vencidas, ya que no han podido regular su situación.

Según consta en el Informe 133, desde Agosto del 2021 hasta la fecha (13 meses) se han emitido sólo 30.425 credenciales de legítimo usuario de armas de fuego; 29.623 autorizaciones de tenencia. Insistimos, en octubre del 2020 las credenciales vencidas eran del 74%, en setiembre de 2022 llegan a 77%, o sea que en lugar de mejorar, la situación de los Legítimos Usuarios empeoró. Todo en aras del cumplimiento del punto 2 del artículo 4° de la Ley: “El desarrollo de políticas tendientes a reducir el circulante de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada, contemplando la realización de campañas de comunicación pública.”

A continuación se muestran algunos gráficos propios en base a los datos del Informe 133 de Jefatura de Gabinete a la Cámara de Diputados de la Nación.

CREDENCIALES VIGENTES Y VENCIDAS

Los Usuarios Individuales con Credencial Vigente son 248.826, con Credencial Vencida llegan a 839.686.

USUARIOS INDIVIDUALES POR PROVINCIA

Según el informe de Jefatura de Gabinete, “del universo de legítimos usuarios vigentes inscriptos ante la ANMAC, el 97,2% son hombres, mientras que el 2,8% restante son mujeres” “13.351 usuarios son miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación; y 37.349 son miembros de las Fuerzas de Seguridad, tanto nacionales como provinciales (incluyéndose en dicho cómputo a los/as agentes del Servicio Penitenciario Federal y sus homólogos en las Provincias).”

ARMAS LEGALES EN PROPIEDAD DE LEGÍTIMOS USUARIOS INDIVIDUALES EXISTENTES POR PROVINCIA – TOTAL PAÍS 722.823

PORTACIONES VIGENTES A SEPTIEMBRE 2022

“Las autorizaciones vigentes para portar armas de fuego son 27.992, de las cuales 14.887 corresponden a usuarios policiales y penitenciarios; 8.764 a usuarios colectivos; 4.132 a miembros/as de las Fuerzas Armadas de la Nación; 127 a funcionarios públicos, judiciales y diplomáticos; y, finalmente, solo 82 corresponden a usuarios individuales.”

Otros ítems de interés que se publican en el Informe de Jefatura de Gabinete a la Cámara de Diputados.

Por el artículo 14 de la Ley 27.192 de creación de la ANMAC, se establece la formación del Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada que aún no ha sido constituido, por lo tanto en el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, las autoridades de la Agencia destinarán una parte de la partida presupuestaria para la ejecución del mismo de PESOS VEINTE MILLONES ($20.000.000). Este dinero será destinado a “programas de investigación sobre el mercado de armas y el uso de armas de fuego y sus consecuencias”. Presupuesto que caerá como anillo al dedo para financiar las “investigaciones” de las ONGs argentinas que viven del desarme y sus mentiras.

Según consta en el Informe: “Además, la ANMaC se encuentra avanzando en un proceso de inhabilitación y notificación de los/as legítimos/as usuarios/as vencidos/as, a quienes se los/as intima a regularizar su situación registral, o bien a hacer entrega de las armas, municiones y demás materiales que obraren en su poder (en los términos del artículo 69 del Decreto 395/75), bajo apercibimiento de proceder en la aplicación de las sanciones previstas por la Ley de Armas 20.429 y sus Decretos Reglamentarios 395/75 y 302/83; y, en caso de corresponder, dar aviso a la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM), para que investigue la posible comisión de delitos de acción pública. “

Sería positivo que los políticos, funcionarios y legisladores hubieran escuchado las palabras vertidas por el fallecido Fiscal Jorge Di Lello (UFI Armas), durante el Primer Congreso de Derecho y Ley de Armas en Argentina el 1 de julio de 2019 cuando dijo refiriéndose a los objetivos de la Agencia: “el criterio debe ser FACILITAR al que tiene el arma y quiere tenerla, que la tenga en regla. Al que quiera transferirla que pueda transferirla y SOBRE TODO AL QUE QUIERA INGRESAR PUEDA INGRESAR”  porque el Registro de Armas o ANMaC, “tiene que CUMPLIR UN SERVICIO A LA COMUNIDAD”.

Para finalizar proponemos la lectura de tres artículos de este mismo sitio.

LAS RESTRICCIONES A LA POSESIÓN DE ARMAS A LA POBLACIÓN CIVIL Y SU RELACIÓN CON EL AUMENTO DE LOS HECHOS DELICTIVOS CADA 100.000 HABITANTES. Por Américo García (Artículo de archivo – año 2010)  

¿El DESARME CIVIL NO EXISTE?  

LA MENTIRA DEL CANJE DE ARMAS EN MENDOZA AÑOS 2000/2001   

Caballo de Troya Pascual

Autor: Gustavo Rubio

El embate contra los Legítimos Usuarios ha recobrado ímpetu con las resoluciones hembristas establecidas por parte del organismo que encabeza Natasa Loizou. Pero la investigada por ñoquismo en su anterior paso por Registro de Armas no está sola: las huestes de Cambiemos le hacen la segunda al kirchnerismo chavista en su torpedeo a la República y de la mano del admirador maoísta Cristian Ritondo y de la flamante Silvia Lospennato crearon un huevito sorpresa para estas Pascuas.  

El PROYECTO 0722-D-2022 presentado el 14/03/2022 en teoría está enfocado a prevenir femicidios y evitar la violencia intrafamiliar en los miembros de las Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Armadas, Servicio Penitenciario, etc. Antes que nada, en lo personal, me parece correcto que se lleve a cabo un proyecto en este sentido ya que el mismo incluye acompañamiento, exámenes psicológicos, médicos y demás herramientas útiles frente en el contexto para el cual está siendo propuesto.

Ahora bien, tomemos los últimos datos publicados oficialmente: de los 48 femicidios ocurridos en 2020 según la CSJM, el 10% fueron cometidos por miembros de las FFSS y FFAA. Muy por debajo del 88% de las armas sin registro/ilegales pero extremadamente alto si es comparado con el único caso en donde un legítimo usuario estuvo involucrado. Si seguimos el espíritu del proyecto y sólo comparamos estos dos grupos legales, nos encontramos con que del total de los femicidios del 2020 el 2% fueron cometidos por miembros de las Fuerzas del Estado mientras en tanto sólo el 0,0001% de los legítimos usuarios han estado implicados en un hecho de “femicidio”.

Aclarado estos números (que los autores mágicamente no toman en cuenta) nos encontramos con que el proyecto establece en un primer artículo que  “será inhabilitado para su uso, portación, transporte y/o tenencia de armas toda persona que se encuentre denunciada y bajo investigación de un caso de violencia de género, según los parámetros de la ley 26.485. La prohibición e inhabilitación comenzará desde que el juez toma conocimiento de la denuncia y durará durante todo el período de investigación y sólo podrá ser levantada una vez finalizado este proceso.” Y recién en el segundo artículo aclara que el proyecto estaría orientado a las FF ya que “toda persona de las fuerzas armadas o de seguridad que sea denunciada por violencia de género o intrafamiliar será suspendida y retirada de la fuerza hasta tanto se esclarezca la denuncia sobre su persona.” Adivinan como viene la mano, ¿no?

Lo llamativo es que en los fundamentos se explica que el “proyecto de ley tiene como objeto establecer un mecanismo de prevención y protección de la víctima, para aquellos casos en los que el personal de alguna fuerza policial o de seguridad sea denunciado como presunto autor de un hecho de violencia de género y/o intrafamiliar” pero el primer artículo habla en general mientras que el segundo hace esa salvedad…

Ahora, si a esta irregularidad le agregamos que el tercer artículo del proyecto establece que “Toda vez que el/la juez/a interviniente ordene alguna/s de las medidas preventivas deberá requerir a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), en forma urgente y dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, que informe si el presunto agresor cuenta con Credencial de Legítimo Usuario vigente, autorización para tenencia y/o portación de arma de fuego o solicitud en trámite. En todos los casos deberá ordenar el secuestro de las armas de fuego que estuvieren en su posesión, la suspensión temporaria de aquellas autorizaciones otorgadas por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y la prohibición temporaria de otorgamiento de nuevas licencias o autorizaciones.” podemos decir que el huevito de Pascua de los amigos del chavismo trae una sorpresa más grande que el Caballo de Troya.

Los miembros de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas armadas no son legítimos usuarios de armas por el solo hecho de portar y tener un arma reglamentaria dotada por el Estado. ¿Lo sabrán los legisladores o también ignoran eso? Los miembros de las FF pueden ser legitimos usuarios si lo desean y reúnen la condiciones (y la autorización de los superiores) pero la intervención del ANMAC, llegado el caso que el personal de la Fuerza o cualquier LU fuera denunciado, se hace por requerimiento del juez sin que una ley específica lo deba establecer. Hoy en día asi sucede. YA SE HACE. ¿Entocnes para qué esta ley?

El problema clave acá es que esta ley establecería que el ANMAC tuviera injerencia en todos los casos de denuncia y ya sabemos cómo se podría dar el desarme civil anhelados por totalitarios confesos, buenistas funcionales y cínicos hipocritas: denuncias falsas o “equivocadas”, secuestro de armas por lo que dure el trámite, juicio interminable, pérdida o robo del material secuestrado en los pasillos de la burocracia y andá a quejarte a Montoto. Quedas limpio pero a merced del más fuerte, perdes tu valiosa colección de armas de fuego o ese fusil que heredaste imposible de reemplazar termina en manos de algún amiguete de los funcionarios. Chavez no lo podría haber ideado mejor.

Dicen que el camino al infierno esta pavimentado por buenas intenciones y los firmantes (Soher El Sukaria, Cristian Ritondo, Adriana Ruarte, Gustavo Santos, María Luján Rey, Sofía Brambilla, Silvia Lospennato, María de las Mercedes Joury,  Ana clara Romero, Dina Rezinovsky, Omar De Marchi, Alvaro Martínez, Matías Taccetta, Gustavo Hein y Susana Laciar) parece que ganaron la licitación para la construcción, mantenimiento y peaje de esa ruta sin escalas a la destrucción del país..

El proyecto de Ley 0722-D-2022 es una vergüenza por varias razones, pero hay dos principales. Por un lado, si fue mal redactado muestra la falta de preparación, inteligencia y sentido común de quienes deben hacerle la vida más fácil a los ciudadanos ya que viven de los impuestos que ellos pagan. Por otro lado, muestra la injerencia de los grupos turbios desarmistas, disfrazados de ONGs, que asesoran a los legisladores que ignoran temas claves y no revisan lo que proponen ni firman.

Es evidente que este proyecto de ley fue hecho para DESARMAR A LA SOCIEDAD. Es burdamente visible porque separaron los artículos adrede y hasta se contradice con los fundamentos. Fundamentos que no muestran ningún tipo de número, estudio ni cifra real y es por esa precisa razón que se sabe que detrás de este proyecto se encuentran las garras de los desarmistas de la RAD, INECIP, APP y otros ya que se especializan en esconder y manipular datos.

A continuación una lista con los errores, manipulaciones y mentiras en los fundamentos de la ley:
● “Las armas de fuego es la principal razón de muerte de estos hechos (femicidios)…” FALSO:  la principal causa es el uso de la fuerza fisica con 32% seguido por el uso de arma blanca 26% y recién el uso de armas de fuego con un 18% (tomando armas legales e ILEGALES)

● “99 de cada 100 personas con tenencia y portación de armas en Argentina son varones. Este dato empírico nos demuestra la necesidad de comprender el uso de armas, desde la teoría de género y el abordaje del trabajo con perspectiva de género.” Básicamente están afirmando que como los hombres tienen pene son violadores. ¿El INADI investigará la discriminación por género? ¿Le spregunatron aesos 99 tendores de armas si no se autoperciben mujeres? ¿Por qué afirman eso?

● “Una agresión con arma de fuego tiene altas probabilidades de producir consecuencias mortales.” Más allá de ser extremadamente cuestionable esta afirmación carece de estudios que la avalen en el texto del proyecto. Dato: a menos de 6 metros, un arma blanca es más letal que un arma de fuego según estudios y recomendaciones del FBI (pagina oficial).

● “La presencia de armas de fuego en el hogar aumenta potencialmente el riesgo de que ocurra un femicidios, por lo tato exigen medidas urgentes para la prevención de la ocurrencia de este delito” Tiene la misma lógica que afirmar que la presencia de una bañadera en baño aumenta potencialmente el riesgo de ahogamiento en el hogar. O que la presencia de matafuegos aumenta potencialmente el riesgo de envenenamiento por inhalación del contenido.

● “En el caso de los femicidios perpetrados por agentes activos de las Fuerzas Federales de Argentina, entre 2012 a 2018…” Se elige dejar los datos públicos del 2020, anteriormente mencionados, que cambian sustancialmente los porcentajes y la realidad.

Pero el gran remate, ese que deschava el rol de las ONG s turbias que operan en la sombra contra la democracia republicana asesorando a legisladores soberbios, ignorantes o buenistas,  es el punto que dice “Queda como propuesta de este trabajo, en la necesidad de avanzar hacia la guarda de las armas en lugares habilitados como clubes de tiro, comisarias o dependencias de seguridad y no en el hogar, sean tantas armas de dotación dadas por el Estado, como armas particulares.” Si, señoras y señores, todo viene de la mano del Manual de Desarme. Otra vez la idea de sacar el arma legal del hogar (donde no causa problemas salvo a los maleantes que intenten agredir los derechos avalados en la Constitución Nacional). ¿Cuál es el motivo real ya que los datos oficiales dicen que no son problema para nadie? ¿Estan buscando que seamos más libres y que prevalezca el Estado de derecho?

Lo cierto es que lo datos oficiales matan relato y las mentiras de este proyecto que elige desconocerlos:

1) El 97,9999% de los femicidios en Argentina se produjeron por otros medios que no fueron armas legales ni de dotación.

2) El 0,0001% de esos hechos violentos fueron protagonizados por Legitimos Usuarios.

3) Como lamentablemente muestran las cifras de los femicidios, la violencia la ejercen las personas y no los objetos inanimados: la principal causa de los femicidios es el uso de la fuerza física con 32% seguido por el uso de arma blanca 26% y recién el uso de armas de fuego con un 18% (16% armas ilegales/sin registro, 2% armas reglamentarias) Luego viene un 8% de femicidios con otros medios en especial el uso de combustibles y un 1% a través de la intoxicación. Que las armas de fuego estén fuera de la casa, no reduce en nada violencia y solo permite que quienes estén fuera de la ley o tengan pretensiones totalitarias estén armados.   

El trabajo contra la violencia de género debe encararse seriamente y por otro lado. Que un porcentaje de esas aberraciones encuentren a miembros de las Fuerzas del Estado como autores indica que el problema y su solución se encuentran lejos de la tenencia legal de armas de fuego o de su condición de varón. Son necesarios, como están obligados los LLUU, a que los miembros de las fuerzas tengan constantes y profundos exámenes psicofísicos, aún antes de la incorporación y acompañamiento psicológico durante su servicio. Este acompañamiento es la clave fundamental para evitar este o cualquier otro tipo de violencia intrafamiliar suceda.

¿Será que también resulten necesarios los exámenes psicofísicos regulares para los legisladores y así evitar estas sorpresas desagradables que atentan contra libertad de las personas como este nefasto proyecto traicionero y anti republicano?

Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com

HEMBRISMO DESARMISTA

Autor: Gustavo Rubio
Feminism isn't enough, it's time we demand male oppression – The Oakland  Post

De un tiempo a la fecha la sociedad se ve desgarrada por un movimiento feminista autoritario y alejado de todo concepto original: la igualdad entre los hombres y las mujeres en su desarrollo social no es posible hasta que no se destruya al hombre.

En esta visión fascistoide y totalitaria de la vida, elementos disruptivos de la sociedad democrática y republica encontraron su caldo de cultivo perfecto de división, violencia institucional e imposición. Todo maquillado y perfumado para que el filtro de la corrección política haga lo suyo.  
De los 10 diputados que la coalición Juntos puso en juego para CABA en estas elecciones podrá renovar 7 en el Congreso de la Nación: Ma. Eugenia Vidal (¿?), Martín Tetaz (UCR), Paula Oliveto (Coalición Cívica), Ricardo López Murphy (liberal de Republicanos Unidos), Fernando Iglesias (PRO) y Sabrina Ajmechet (PRO). El 5to lugar está ocupado por Ana Carla Carrizo (UCR), autora del proyecto de ley 2361-D-2021 de junio de este año y cuyo trámite tiene Estado Parlamentario.

Dicho delirio ideológico y oportunista, reflotado de los archivos socialistas de Stolbizer y sus secuaces de la “antirepublica cool”, fue maquillado y subido al Caballo de Troya con el que gran parte de los políticos argentos siguen escupiendo sobre las libertades y derechos constitucionales de la Argentina: la tan banalizada violencia de género.Con el pomposo y marketinero título “Evaluación de las aptitudes psicosociales y de género para la adquisición, tenencia y portación de armas de fuego y materiales especiales.” la diputada arremete nuevamente contra los legítimos usuarios varones en un afán de figurar como que hace algo contra la inseguridad y aprovechando quedar bien con Dios, con el Diablo y con cuanto se le cruce en el medio escudada en el feminismo.La idea es no perder el tarascón de una banca en el Congreso y para ello le no importa utilizar la Constitución como mera servilleta de papel descartable.

“El objeto de la presente ley es desalentar la presencia de armas en los ámbitos familiares y de pareja, extremando las condiciones para el otorgamiento de permisos y autorizaciones y fortaleciendo el rol del Estado en la evaluación de las aptitudes psicosociales de las personas solicitantes con el objetivo específico de combatir las violencias por motivo de género” Desde el vamos le pifia lindo. Sin entrar en el requisito de “idoneidad en el manejo del arma” que la diputada deja de lado conscientemente o inconscientemente (no se que es peor) desconoce la naturaleza del horror de la violencia de género y sus autores principales. La Diputada reelecta Carla Carrizo desconoce que sólo en un 0,0003% se ha cometido un femicidio con un arma registrada (la cifra puede variar en un cero) pero aún así presenta un proyecto de ley para complicarle la vida a quienes están dentro de la ley.

Abandonando su total y evidente ignorancia en la materia, la propuesta de la legisladora tiene aristas de lo más interesantes. Busca sumar más personal viviendo de los impuestos de una exprimida sociedad golpeada por las malas políticas económicas ya que “Los permisos y autorizaciones referidos  estará a cargo de un equipo profesional interdisciplinario que la ANMAC y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación deberán conformar”

Siguiendo esta creación de puestos de trabajos estatales superfluos – cuando se necesita reducirlos – se inventa el “apto psicosocial” en donde esa comisión de luminarias burocráticas militantes  llamado “el equipo profesional interdisciplinario” llevará a cabo un proceso de evaluación respecto del solicitante, que deberá contener: “a) Una instancia para corroborar la inexistencia de antecedentes penales de la persona solicitante por: – Delitos en los que hayan mediado armas de fuego, municiones o materiales especiales; – Delitos dolosos contra la libertad, la integridad física, la integridad sexual, o todo el que haya sido cometido con violencia sobre las personas; o – Delitos complejos o delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. b) Una instancia de verificación de la inexistencia de antecedentes de situaciones de violencia en el ámbito de las relaciones interpersonales.” Básicamente van a poner a un montón gente nueva con sueldos estatales para que den un certificado de antecedentes penales que hoy en día ya se obtiene a través de los organismos de Estado pertinentes.

Pero esto no queda acá, la ley creará otra barrera más para constatar que una persona, un hombre como bien lo aclara en el texto del proyecto, sin antecedentes penales no pueda tener un arma legalmente. Nacen las entrevistas a lo feminazi, el hembrismo desarmista cobra otra forma.
Carrizo, en su delirio controlador y totalitario, propone hacer un informe a base “de entrevistas individuales, entrevistas al grupo familiar conviviente y no conviviente, – Entrevistas a quienes mantengan o hayan mantenido relaciones de pareja con el/la solicitante, – Entrevistas a cualquier otra persona ligada afectivamente a la persona solicitante o del ámbito en el que se desarrollan sus relaciones interpersonales.” De no ser algo tan serio como un ataque a la intimidad y libertad de personas inocentes, sería gracioso. Si uno fuese mal pensado, hasta se podría pensar que la Diputada busca una excusa para estigmatizar e inculpar al solicitante de la tenencia investigando la vida intima de esa persona y tomando como cierta una opinión cualquiera que pudiera manchar la reputación de la persona y así imputarla en una lista negra hembrista al mejor estilo Stalin o Tercer Reich.

Considerando el tiempo que puede llevar este exámen o bien la diputada rebuzna supinamente, como la ex Directora del ANMAC Natalia Gambaro, acerca de la cantidad de Legitimos Usuarios que renovarán o solicitarán las credenciales, o la Comisión de parásitos que se creará no harán un trabajo serio, o desea imponer el Chavismo de Stolbizer de una vez por todas. Otras opciones no hay.

Pero, como para asegurarse de que el proyecto sea votado, se abre la oportunidad para que otros actores puedan exprimir la jugosa oportunidad a través de “celebrar convenios con distintos organismos estatales o universidades públicas.” Guita y poder para todos, todas y todes así no molestan. Porque los derechos individuales en este país no importan, menos el de los hombres.

En dicha línea, “el ANMAC incorporará un archivo especial al Banco Nacional Informatizado de Datos de carácter sumamente reservado y confidencial, atento al carácter sensible de los datos que almacenará especificados” Claro, en un país en donde se roban armas de los juzgados, del mismo Registro, se afanan bases de datos DNIs y se vulneran archivos con identidad de miembros de la Agencia Federal de Inteligencia, se roban un misil  “El ANMAC deberá asegurar la estricta reserva de los datos volcados en el archivo especial en los términos del artículo 8, así como amparar adecuadamente la intimidad de las personas allí incluidas.” (nótese que dice EL y no LA ANMAC. Se ve que la Agencia se autopercibe varoncito para la Diputada Nacional por CABA ¿la estigmatizará también?)

Esta delirante y patética muestra de totalitarismo oportunista y discriminador está fundamentada sin ningún pudor en la mentira desarmista que la misma diputada rubrica para perpetuar la misma mentira de siempre. Toma como cierto la porquería literaria “Cuando el macho dispara: armas de fuego y violencia de género en Argentina” de Aldana Romano; Julián Alfie ; Ana Lucia Mucci. – 1a edición especial – Buenos Aires: Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales – INECIP, 2019. Y “ estadísticas” del  Small Arms Survey en las que jamás aclara a que país pertenecen y son, encima, del 2017.

Si la diputada quiere un dato LOCAL del 2017 se lo dejo en negrita y en orden descendente. Los femicidios en Argentina en ese año fueron: 28,95% con armas blancas; 25,56% por fuerza física; hay un 17% sin datos y un 10,15% otros medios; un 6,39% por fuego y medios combustibles; armas de fuego ilegal fueron 6,39%; un 4,51% por armas de fuego reglamentarias de FFAA/FFSS y TAN SOLO 0,75% CON ARMAS DE FUEGO LEGAL. Si, menos del 1%. Si hubiese averiguado un poco, Carrizo no hubiese quedado tan mal parada.

A diferencia de la discriminación por sexo que realizada la Diputada Carrizo de la UCR, los índices están más que claros: los Legítimos Usuarios NO SON EL PROBLEMA. Basta con repasar los datos para no pasar vergüenza. Ella misma, en los fundamentos, coloca a las Fuerzas del Estado dentro de la problemática de la violencia de género pero su proyecto de Ley no los contempla. ¿O acaso se piensa que el oficial de policía es Legitimo Usuario porque tiene arma reglamentaria? Sería asombroso aunque no imposible. Nuestro Congreso rebosa de improductivos sin preparación con una corporativa actitud para no pisarse la manguera entre bomberos.

En los fundamentos también se aclara que “La presente iniciativa tiene como antecedente un proyecto presentado en cuatro períodos consecutivos por la Diputada Margarita Stolbizer sin obtener tratamiento legislativo. Se trata de los expedientes 6376-D-2012, 0339-D-2014 y 0559-D-2016 y una última presentación en el año 2018 con autoría de la diputada Carla Pitiot, 1883-D-2018, el cual tampoco ha tenido tratamiento.”  Dicen que la demencia es repetir siempre la acción esperando resultados diferentes y acá podríamos afirmar que es una muestra de ello.

El desarme civil es un cúmulo de mentiras tan grande llevado a cabo por fanáticos antidemocráticos que en algún punto toca la demencia y deja en situación muy precaria a personas ignorantes en el tema pero con una cuota de ambición, desesperación, mala intención o buenismo. O un peligroso balance de los cuatro que viene destruyendo a la República.
La Diputada de la UCR admite que toma como referencia a tres impresentables como Alfie, Mucci y Romano. Esta vez siguiendo los “datos” de INECIP y dejando la prueba de cómo actúan las ONGs turbias dentro del Congreso. Debilitando fuerzas políticas, destruyendo libertades de los ciudadanos y “asesorando” en proyectos que no hacen más que agrandar el Estado y darle poder sobre el individuo contrariamente al Espíritu de nuestra Constitución.

Pero lo peor viene ahora. En su párrafo final, la firmante del proyecto, destaca que “el mencionado proyecto ha sido motivo de análisis por parte del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales Y Sociales, INECIP, durante una investigación realizada en el año 2019, el cual ha recibido el apoyo del fondo de Canadá para iniciativas locales 1 .” y cae en dos faltas importantes.

Por un lado se reunió solamente con una sola campana, con los desarmistas, y se olvidó del Consejo Consultivo en Políticas de Control de Armas, discriminando a los otros actores y voces independientes y violando de esa manera a la Ley N° 26.216.

Por otro lado, y aún más grave que su ataque a los Legítimos Usuarios, es que la ley fue analizada (quizás algo más por los datos que usa para fundamentarse) por esos personajes raros sin antecedentes más que los cursos endogámicos que realizan y miembros de una ONG  financiada por un Estado Extranjero como se aclara en el texto del proyecto. La diputada dejó asentada una situación por demás delicada en lo referente a la seguridad interior y demás políticas que hacen a la soberanía de un país.
Igualmente los resultados están a la vista. Una vergüenza de proyecto. Un delirio ideológico totalitario y fanático.

Este proyecto de Ley es la muestra más acabada que se puede dar cuenta hasta el momento de cómo funciona el desarme civil en Argentina: surge de la interacción de políticos, cuanto menos, ignorantes en el tema y de ONGs turbias que los asesoran con intereses ajenos a la Constitución Nacional que afectan las libertades y derechos ciudadanos respaldados en una República. Pero todos sabemos que a la gente de INECIP (pariente de la RAD), a los desarmistas, no les importan las victimas y mucho menos que la gente se pueda defender cuando el Estado está ausente.

La Diputada Carrizo de la UCR, en un proyecto hembrista, tanto buscó atacar a los “machos” que no se dio cuenta que también les está prohibiendo a las mujeres el acceso a una defensa segura e inmediata que brinda un arma de fuego legal frente a un violento. Al proponer otra traba más a las armas legales siguiendo los lineamientos desarmistas, les impide ejercer su derecho a la legitima defensa, las vuelve temerosas y dependientes del poder del Estado. El hembrismo desarmista odia a la mujer empoderada.

Es asi que el proyecto de Carrizo “exige entrevistas al grupo familiar del solicitante aún cuando la persona no haya sido denunciada previamente”…
Más totalitario no se consigue. La legisladora deja en claro el tipo de sociedad que desea para los próximos 4 años de trabajo. ¿Los compañeros de espacio buscan lo mismo?   

Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com

HUGO SPINELLI

Médico Pediatra y Sanitarista. Director del Instituto de Salud Colectiva (ISCo) del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Lanús

Autor junto a otros del estudio “Mortalidad por armas de fuego en Argentina, 1990-2008”

En esta “investigación” comparó la cantidad de muertos por armas de fuego en el período 1990-2008 con los muertos de la guerra de Vietnam y con la cantidad de muertos de la Revolución Francesa y es citado frecuentemente en publicaciones de los desarmistas (RAD – Red Argentina para el Desarme) y en los medios de comunicación.

En las notas al pie los autores aclaran que:

“La comparación se realiza con el propósito de establecer relaciones con otros hechos de mayor relevancia en los medios y en la memoria, por lo tanto, no significa afirmar que las muertes descriptas en esta investigación se pretendan inscribir como un conflicto bélico o una guerra.”

Según Spinelli, las muertes por causas externas o violencias tienen “fuertes consecuencias en la salud de las personas y conjuntos sociales, como también un fuerte impacto en los servicios de salud, con costos directos e indirectos en la sociedad.”

El sanitarista y sus colaboradores afirman que en el período de 19 años hubo en Argentina 59.339 muertes por armas de fuego, lo que no dicen es que en Argentina en el período de 19 años ocurrieron 144.539 muertos en accidentes de tránsito, o sea más del doble que muertos por armas de fuego.

Los accidentes de tránsito también son calificadas como “violencias” ya que están tipificadas como “muertes por causas externas”,  y tienen “fuerte impacto en los servicios de salud, con costos directos e indirectos en la sociedad”, sin embargo Spinelli, tiene más de cien artículos publicados sobre políticas sanitarias, entre ellos en cinco se ocupa de las armas de fuego y no tiene NINGUNO sobre las violencias viales que superan en más del 100% al de las “violencias con armas de fuego” (59.339).

MUERTOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN PERÍODO DE 19 AÑOS
AÑOCANTIDAD
19927.075
19937.392
19948.709
19958.102
19967.864
19978.123
19987.579
19997.533
20007.545
20017.071
20026.806
20037.055
20047.137
20057.138
20067.557
20078.104
20088.205
20097.885
20107.359
TOTAL144.239

Fuente: Luchemos por la vida

Con esto se prueba que al manipular estadísticas se puede instalar un tema de manera mediática y convertirlo en un problema. Este es el caso de las armas de fuego legales.

Por último y parafraseando a Spinelli, esas “59.339 muertes por armas de fuego” también las podríamos comparar con “otros hechos de mayor relevancia en los medios y en la memoria” para establecer “relaciones” que el sanitarista no se ha ocupado en investigarPor ejemplo, vienen a mi memoria los muertos por GENOCIDIOS ocurridos luego de los compulsivos DESARMES de CIVILES realizados por gobiernos autoritarios. He aquí algunos ejemplos:

  • “En 1911 Turquía dispuso el control de armas civiles. Entre 1915 y 1923 aniquilaron entre 1.5  y 2 millones de armenios desarmados.
  • Las revoluciones y guerras civiles ocurridas a partir de 1917 dieron nacimiento a la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas). Fue en 1929 cuando la Unión Soviética se restringió fuertemente la tenencia de armas en manos civiles. Desde ese año y hasta 1953 unos 20 millones de disidentes desarmados fueron exterminados.
  • Alemania estableció leyes para el control de armas entre 1938 y 1945. Durante el régimen nacional socialista aproximadamente 13 millones de personas (judíos, polacos, comunistas y otros de militancia izquierdista, homosexuales, gitanos, discapacitados físicos y mentales y otras minorías) fueron exterminados sin la posibilidad de auto-defensa. Este caso es el más conocido. Su desarme civil iba a ser según Hitler “modelo para el mundo”. 
  • China estableció la prohibición en 1935. Las subsiguientes purgas políticas encontraron a la oposición desarmada, y facilitaron la eliminación de 20 millones de personas entre 1948 y 1953.
  • En Latinoamérica vale el caso guatemalteco. A la prohibición de armas en manos civiles en 1964 le siguió el exterminio de más de 100.000 indios mayas.
  • Se podría seguir con Uganda o la Camboya del Khmer Rouge, donde la ley de armas sirvió para arrasar a la minoría educada del país.”
  • El caso más paradigmático y cercano en la historia de Latinoamérica resultado del Desarme Civil podría ser el genocidio venezolano llevado adelante por Maduro luego del asesoramiento de miembros de la RAD (Appiolaza y Conte) al ex-presidente Chávez, donde luego de desarmar a su población los únicos que tienen armas son los adictos al régimen que son conocidos como “colectivos chavistas” y son financiados por el mismo gobierno.

COMO LO PRUEBA LA HISTORIA, EL DESARME CIVIL NO ES UNA RESPUESTA EFICAZ A LA VIOLENCIA, SINO QUE JUSTAMENTE FAVORECE LA VIOLENCIA ESTATAL Y PARA-ESTATAL PARA ELIMINAR LA DISIDENCIA A LOS MODELOS AUTORITARIOS Y ESTADOS POLICIALES.

Es por eso que la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos es ejemplo de libertades civiles.

Traducción: Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del Pueblo a poseer y portar armas no será infringido.

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