Desde la creación, y puesta en vigencia de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) por Ley 27.192 en 2015, la situación de los Legítimos Usuarios de Armas de Fuego se fue agravando año a año. Convengamos que el ex RENAR no era un ejemplo de excelencia, pero funcionaba con bastante regularidad pese a la maraña de decretos, resoluciones y disposiciones que hacían casi inviable el cumplimiento de la ley a cualquier ciudadano que quisiera registrar sus armas. Debemos recordar que desde 2004 la RAD (Red Argentina para el Desarme) y sus integrantes han parasitado no sólo al ex RENAR sino también a la actual ANMAC, con puestos en la función pública, en la misma agencia y como asesores de diputados y senadores de todos los partidos políticos que con gran beneplácito aceptan los proyectos que estos les redactan, sin importar lo nefasto y turbio de su accionar. A todos, lo único que les interesa es aparentar que se preocupan por la seguridad de sus votantes.
Durante la gestión de la Dra. Natalia Gambaro como directora ejecutiva de la Agencia, se produjo el gran negociado del Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos para la obtención de la Credencial de Legítimo Usuario otorgándole el MONOPOLIO a la empresa DIENST Consulting S.A. por Resolución ANMAC 23/2016. Dicha empresa no contaba con la estructura mínima necesaria a nivel nacional para tan importante tarea. Este amañado sistema resultó en la virtual expulsión del 74% de los Usuarios de Armas, producto de la imposibilidad fáctica de regularizar su situación en tiempo y forma.
Y llegó la Pandemia. En 2019 asumió la presidencia de la Nación Alberto Fernández y el actual régimen kirchnerista, creador de la Ley 27.192 de creación de la Agencia, por fin se hizo cargo del funcionamiento del engendro conocido como ANMAC. El gobierno de Cambiemos en cuatro años de administración dejó al 74% de los Legítimos Usuarios fuera del Sistema, los actuales responsables, en tres años de dirección ese porcentaje lo elevó a 77%, todo un logro en la gestión.
Según explica el mismo Jefe de Gabinete a los diputados en el informe 133 a esa Cámara, a partir de las restricciones por la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno debido a la Pandemia del COVID-19, el organismo “se vio obligado a disponer una serie de prórrogas de la vigencia de las diferentes autorizaciones concedidas por aquél, las cuales culminaron en agosto del año 2021”. Esta última situación es la que enarbolan para justificar el ruinoso estado del funcionamiento de la Agencia y es así entonces que el 77% de los Legítimos Usuarios se encuentran en una zona gris (oscura, muy oscura) de legalidad con sus credenciales vencidas, ya que no han podido regular su situación.
Según consta en el Informe 133, desde Agosto del 2021 hasta la fecha (13 meses) se han emitido sólo 30.425 credenciales de legítimo usuario de armas de fuego; 29.623 autorizaciones de tenencia. Insistimos, en octubre del 2020 las credenciales vencidas eran del 74%, en setiembre de 2022 llegan a 77%, o sea que en lugar de mejorar, la situación de los Legítimos Usuarios empeoró. Todo en aras del cumplimiento del punto 2 del artículo 4° de la Ley: “El desarrollo de políticas tendientes a reducir el circulante de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada, contemplando la realización de campañas de comunicación pública.”
A continuación se muestran algunos gráficos propios en base a los datos del Informe 133 de Jefatura de Gabinete a la Cámara de Diputados de la Nación.
CREDENCIALES VIGENTES Y VENCIDAS
Los Usuarios Individuales con Credencial Vigente son 248.826, con Credencial Vencida llegan a 839.686.
USUARIOS INDIVIDUALES POR PROVINCIA
Según el informe de Jefatura de Gabinete, “del universo de legítimos usuarios vigentes inscriptos ante la ANMAC, el 97,2% son hombres, mientras que el 2,8% restante son mujeres” y “13.351 usuarios son miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación; y 37.349 son miembros de las Fuerzas de Seguridad, tanto nacionales como provinciales (incluyéndose en dicho cómputo a los/as agentes del Servicio Penitenciario Federal y sus homólogos en las Provincias).”
ARMAS LEGALES EN PROPIEDAD DE LEGÍTIMOS USUARIOS INDIVIDUALES EXISTENTES POR PROVINCIA – TOTAL PAÍS 722.823
PORTACIONES VIGENTES A SEPTIEMBRE 2022
“Las autorizaciones vigentes para portar armas de fuego son 27.992, de las cuales 14.887 corresponden a usuarios policiales y penitenciarios; 8.764 a usuarios colectivos; 4.132 a miembros/as de las Fuerzas Armadas de la Nación; 127 a funcionarios públicos, judiciales y diplomáticos; y, finalmente, solo 82 corresponden a usuarios individuales.”
Otros ítems de interés que se publican en el Informe de Jefatura de Gabinete a la Cámara de Diputados.
Por el artículo 14 de la Ley 27.192 de creación de la ANMAC, se establece la formación del Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada que aún no ha sido constituido, por lo tanto en el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, las autoridades de la Agencia destinarán una parte de la partida presupuestaria para la ejecución del mismo de PESOS VEINTE MILLONES ($20.000.000). Este dinero será destinado a “programas de investigación sobre el mercado de armas y el uso de armas de fuego y sus consecuencias”. Presupuesto que caerá como anillo al dedo para financiar las “investigaciones” de las ONGs argentinas que viven del desarme y sus mentiras.
Según consta en el Informe: “Además, la ANMaC se encuentra avanzando en un proceso de inhabilitación y notificación de los/as legítimos/as usuarios/as vencidos/as, a quienes se los/as intima a regularizar su situación registral, o bien a hacer entrega de las armas, municiones y demás materiales que obraren en su poder (en los términos del artículo 69 del Decreto 395/75), bajo apercibimiento de proceder en la aplicación de las sanciones previstas por la Ley de Armas 20.429 y sus Decretos Reglamentarios 395/75 y 302/83; y, en caso de corresponder, dar aviso a la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM), para que investigue la posible comisión de delitos de acción pública. “
Sería positivo que los políticos, funcionarios y legisladores hubieran escuchado las palabras vertidas por el fallecido Fiscal Jorge Di Lello (UFI Armas), durante el Primer Congreso de Derecho y Ley de Armas en Argentina el 1 de julio de 2019 cuando dijo refiriéndose a los objetivos de la Agencia: “el criterio debe ser FACILITAR al que tiene el arma y quiere tenerla, que la tenga en regla. Al que quiera transferirla que pueda transferirla y SOBRE TODO AL QUE QUIERA INGRESAR PUEDA INGRESAR” porque el Registro de Armas o ANMaC, “tiene que CUMPLIR UN SERVICIO A LA COMUNIDAD”.
Para finalizar proponemos la lectura de tres artículos de este mismo sitio.
LAS RESTRICCIONES A LA POSESIÓN DE ARMAS A LA POBLACIÓN CIVIL Y SU RELACIÓN CON EL AUMENTO DE LOS HECHOS DELICTIVOS CADA 100.000 HABITANTES. Por Américo García (Artículo de archivo – año 2010)
