Desde la creación, y puesta en vigencia de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) por Ley 27.192 en 2015, la situación de los Legítimos Usuarios de Armas de Fuego se fue agravando año a año. Convengamos que el ex RENAR no era un ejemplo de excelencia, pero funcionaba con bastante regularidad pese a la maraña de decretos, resoluciones y disposiciones que hacían casi inviable el cumplimiento de la ley a cualquier ciudadano que quisiera registrar sus armas. Debemos recordar que desde 2004 la RAD (Red Argentina para el Desarme) y sus integrantes han parasitado no sólo al ex RENAR sino también a la actual ANMAC, con puestos en la función pública, en la misma agencia y como asesores de diputados y senadores de todos los partidos políticos que con gran beneplácito aceptan los proyectos que estos les redactan, sin importar lo nefasto y turbio de su accionar. A todos, lo único que les interesa es aparentar que se preocupan por la seguridad de sus votantes.
Durante la gestión de la Dra. Natalia Gambaro como directora ejecutiva de la Agencia, se produjo el gran negociado del Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos para la obtención de la Credencial de Legítimo Usuario otorgándole el MONOPOLIO a la empresa DIENST Consulting S.A. por Resolución ANMAC 23/2016. Dicha empresa no contaba con la estructura mínima necesaria a nivel nacional para tan importante tarea. Este amañado sistema resultó en la virtual expulsión del 74% de los Usuarios de Armas, producto de la imposibilidad fáctica de regularizar su situación en tiempo y forma.
Y llegó la Pandemia. En 2019 asumió la presidencia de la Nación Alberto Fernández y el actual régimen kirchnerista, creador de la Ley 27.192 de creación de la Agencia, por fin se hizo cargo del funcionamiento del engendro conocido como ANMAC. El gobierno de Cambiemos en cuatro años de administración dejó al 74% de los Legítimos Usuarios fuera del Sistema, los actuales responsables, en tres años de dirección ese porcentaje lo elevó a 77%, todo un logro en la gestión.
Según explica el mismo Jefe de Gabinete a los diputados en el informe 133 a esa Cámara, a partir de las restricciones por la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno debido a la Pandemia del COVID-19, el organismo “se vio obligado a disponer una serie de prórrogas de la vigencia de las diferentes autorizaciones concedidas por aquél, las cuales culminaron en agosto del año 2021”. Esta última situación es la que enarbolan para justificar el ruinoso estado del funcionamiento de la Agencia y es así entonces que el 77% de los Legítimos Usuarios se encuentran en una zona gris (oscura, muy oscura) de legalidad con sus credenciales vencidas, ya que no han podido regular su situación.
Según consta en el Informe 133, desde Agosto del 2021 hasta la fecha (13 meses) se han emitido sólo 30.425 credenciales de legítimo usuario de armas de fuego; 29.623 autorizaciones de tenencia. Insistimos,en octubre del 2020 las credenciales vencidas eran del 74%, en setiembre de 2022 llegan a 77%, o sea que en lugar de mejorar, la situación de los Legítimos Usuarios empeoró. Todo en aras del cumplimiento del punto 2 del artículo 4° de la Ley: “El desarrollo de políticas tendientes a reducir el circulante de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada, contemplando la realización de campañas de comunicación pública.”
A continuación se muestran algunos gráficos propios en base a los datos del Informe 133 de Jefatura de Gabinete a la Cámara de Diputados de la Nación.
CREDENCIALES VIGENTES Y VENCIDAS
Los Usuarios Individuales con Credencial Vigente son 248.826, con Credencial Vencida llegan a 839.686.
USUARIOS INDIVIDUALES POR PROVINCIA
Según el informe de Jefatura de Gabinete, “del universo de legítimos usuarios vigentes inscriptos ante la ANMAC, el 97,2% son hombres, mientras que el 2,8% restante son mujeres”y “13.351 usuarios son miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación; y 37.349 son miembros de las Fuerzas de Seguridad, tanto nacionales como provinciales (incluyéndose en dicho cómputo a los/as agentes del Servicio Penitenciario Federal y sus homólogos en las Provincias).”
ARMAS LEGALES EN PROPIEDAD DE LEGÍTIMOS USUARIOS INDIVIDUALES EXISTENTES POR PROVINCIA – TOTAL PAÍS 722.823
PORTACIONES VIGENTES A SEPTIEMBRE 2022
“Las autorizaciones vigentes para portar armas de fuego son 27.992, de las cuales 14.887 corresponden a usuarios policiales y penitenciarios; 8.764 a usuarios colectivos; 4.132 a miembros/as de las Fuerzas Armadas de la Nación; 127 a funcionarios públicos, judiciales y diplomáticos; y, finalmente, solo 82 corresponden a usuarios individuales.”
Otros ítems de interés que se publican en el Informe de Jefatura de Gabinete a la Cámara de Diputados.
Por el artículo 14 de la Ley 27.192 de creación de la ANMAC, se establece la formación del Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada que aún no ha sido constituido, por lo tanto en el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, las autoridades de la Agencia destinarán una parte de la partida presupuestaria para la ejecución del mismo de PESOS VEINTE MILLONES ($20.000.000). Este dinero será destinado a “programas de investigación sobre el mercado de armas y el uso de armas de fuego y sus consecuencias”. Presupuesto que caerá como anillo al dedo para financiar las “investigaciones” de las ONGs argentinas que viven del desarme y sus mentiras.
Según consta en el Informe: “Además, la ANMaC se encuentra avanzando en un proceso de inhabilitación y notificación de los/as legítimos/as usuarios/as vencidos/as, a quienes se los/as intima a regularizar su situación registral, o bien a hacer entrega de las armas, municiones y demás materiales que obraren en su poder (en los términos del artículo 69 del Decreto 395/75), bajo apercibimiento de proceder en la aplicación de las sanciones previstas por la Ley de Armas 20.429 y sus Decretos Reglamentarios 395/75 y 302/83; y, en caso de corresponder, dar aviso a la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM), para que investigue la posible comisión de delitos de acción pública. “
Sería positivo que los políticos, funcionarios y legisladores hubieran escuchado las palabras vertidas por el fallecido Fiscal Jorge Di Lello (UFI Armas), durante el Primer Congreso de Derecho y Ley de Armas en Argentina el 1 de julio de 2019 cuando dijo refiriéndose a los objetivos de la Agencia: “el criterio debe ser FACILITAR al que tiene el arma y quiere tenerla, que la tenga en regla. Al que quiera transferirla que pueda transferirla y SOBRE TODO AL QUE QUIERA INGRESAR PUEDA INGRESAR”porque el Registro de Armas o ANMaC, “tiene que CUMPLIR UN SERVICIO A LA COMUNIDAD”.
Para finalizar proponemos la lectura de tres artículos de este mismo sitio.
En el año 2010 dos proyectos de Ley restrictivos de armas se pusieron a consideración del Senado de la Nación, ninguno fue aprobado individualmente, pero luego de pasar (ambos) por la Comisión de Seguridad, la entonces presidente de dicha Comisión, Sonia Escudero, emitió un dictamen que unificaba el proyecto 441-S-10 de su autoría y el proyecto 2891-S-10 del Senador Biancalani. Ese dictamen obtuvo media sanción del Senado y fue en esta época que desde MIENTEN iniciamos una campaña de rechazo a dicha sanción.
Mediante nuestra web y con la colaboración de los miembros del Foro del Tirador, informamos a los usuarios de armas de las repercusiones negativas y esta campaña de información se acompañó con afiches y volantes para que los Legítimos Usuarios imprimieran en sus hogares y que luego pegaran y distribuyeran en los Tiros Federales de todo el país.
Esa media sanción nunca fue tratada en la cámara de diputados. Pasaron los años y el proyecto del senador Biancalani que creaba la ANCAE (Autoridad Nacional de Armas y Explosivos) luego devino en lo que hoy conocemos como ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados). La ANMaC es una agencia apoyada y asesorada por la RAD (Red Argentina para el Desarme)
José Genaro Báez fue Secretario del Gremio del Seguro e integrante de la CGT, allá por los 70´s. Junto con Carlos Saúl Menem, gobernador de La Rioja, apoyaron el gobierno de María Estela Martínez Vda. de Perón, (a) Isabelita. Cuando se produjo el Golpe del 76, José Genaro Báez hizo lo mismo que Casildo Herrera y “se borró”, abandonando el País y de paso dejando acéfalo a su gremio, el que no le perdonó esto y cuando volvió en el 83 y pretendió renovar su mandato, fue derrotado en elecciones gremiales.
Después de eso recaló (no sé cuándo) en la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, cuyo Director era el escribano Mariano Durand. Durante la dirección de este último, que empezó en el Gobierno del Dr. Raúl Alfonsín pero continuó durante el Menemismo, se crearon 398 nuevas delegaciones, que se entregaron a amigos y familiares de amigos y políticos. Una de ellas, la N° 56 de Capital Federal se otorgó a Néstor Báez, hijo de José Genaro Báez.
En septiembre de 1990José Genaro Báez es nombrado director del RENAR, organismo que contaba con unos 50 empleados y que estaba desorganizado luego de años de gobierno Alfonsinista, pero que durante los anteriores gobiernos militares funcionaba bien. Era lento porque no estaba informatizado, pero funcionaba bien.
Ahora veamos, por orden cronológico su actuación al frente del RENAR.
PRIMER ACTO DESARMISTA
Agosto de 1991 se sanciona la Ley 23.979 (el HUEVO DE LA SERPIENTE) que permitiría que el RENAR pudiera recibir asistencia técnica y financiera en el marco de la ley 23.283, lo mismo que ocurría en los Registros Automotores, y se autoriza a un Ente Cooperador a cargo de AICACyP (Asociación de Industriales y Comerciantes de Artículos de Caza y Pesca) para brindar esa asistencia, en forma similar a la que ACARA brindaba a los Registros Automotores. Esta “asistencia técnica y financiera” se logra a partir del dinero obtenido por la venta de FORMULARIOS ESPECÍFICOS para cada trámite que se debía realizar. Es de hacer notar que ese dinero no estaba controlado por ningún organismo Oficial (como Rentas Generales de la Nación, por ejemplo) y que el destino del mismo lo determinaba el Director del RENAR. Con eso se: “permitió la contratación de personal con salarios superiores a los del SINAPA estatal revitalizando los recursos más importantes, los humanos; insumos de todo tipo, servidores, computadoras que en su conjunto permitieron crear por vez primera el Banco Nacional Informatizado de Datos sobre armas de Fuego (auxiliar de la Justicia), la adquisición de la Sede Central propia de Bartolomé Mitre 1469 en la Capital Federal, de 5.000 metros cuadrados y otra sede propia en lacapital de Córdoba, dentro de un Plan para todo el Pais (que se detuvo a partir de mi alejamiento), la expansión federal del Registro en Delegaciones por todo el país,…” y sigue explicando: “(unificando 24 credenciales provinciales, 3 de las FFAA y una de la SIDE, en sólo 1) entre otras muchas acciones”. Esto lo escribió el mismo José Genaro Báez en el 2015, reseñando su actuación al frente del RENAR.
Menem hizo esto para tener una fuente de financiamiento SIN CONTROL DEL ESTADO, y al principio yo creía que José Genaro Báez tenía el mismo objetivo. Al fin y al cabo, él cobraba su sueldo del RENAR, y también algunos parientes y amigos, pero creo que sus intenciones eran otras MUCHO MÁS SINIESTRAS. Eran eliminar la mayor cantidad de armas de Uso Civil (UC) y usuarios legales de las mismas del sistema, especialmente en el Interior del País, donde era más difícil y costoso poder cumplir con los trámites, y donde la mayoría de las armas eran escopetas (generalmente de 1 caño) y carabinas .22lr (usadas para cazar) y pistolas .22lr y revólveres baratos, usados para defensa. No eran armas que se compraban para delinquir, como se pretendió hacer creer en ese escrito. También en esteaño se prohíbe desde el RENAR la importación de las llamadas “armas de asalto” (fusiles semiautomáticos símiles militares, con cargadores de quita y pon) ¿Será que no le gustaban a José Genaro Báez? Porque no se habían utilizado en ningún tipo de ilícitos y hacía varios años que entraban al País.
SEGUNDO ACTO DESARMISTA
1992 convoca al ex director del RENAR, Cnel. Roberto Osvaldo FERRER para crear el Dpto. de Entidades de Tiro cuya función era la Fiscalización y Control de esas entidades, de acuerdo con el Decreto 73/88, que todavía no estaba reglamentado. Empieza la colaboración de alberto viñas (editor de la “Revista de Tiro”, publicación a la que sólo se puede acceder por suscripción paga). Fue a instancias del Cnel. Ferrer que alberto viñas volvió al RENAR, donde había trabajado como marinero conscripto durante uno o los dos años que estuvo bajo bandera, y donde luego siguió trabajando como empleado hasta 1983 cuando volvió la Democracia.
TERCER ACTO DESARMISTA
En 1993 y a partir de las Directivas RENAR 1 y 2 se reglamenta el Decreto 73/88 mencionado anteriormente. También, y gracias a la propuesta de José Genaro Báez, se dicta la Resolución 269/93 por la que se ordena un REEMPADRONAMIENTO NACIONAL OBLIGATORIO DE ARMAS DE FUEGO, que comprendía a TODAS las armas en poder de los Ciudadanos al 29 de agosto de 1993 inclusive. Cada formulario permitía inscribir hasta 3 armas y tenía un costo de $ 10.- c/u. Según leí se vendieron UN MILLON DE FORMULARIOS, con lo que se recaudaron DIEZ MILLONES DE PESOS/DÓLARES (la relación entre esas monedas era 1 a 1), cantidad que hubiera sido más que suficiente para informatizar el RENAR, a los valores de la época, pero fue sólo el principio.
CUARTO ACTO DESARMISTA
En 1994, y nuevamente a instancias del RENAR (o de José Genaro Báez), por medio del Decreto P.E.N. 252/94 se regularon las armas de Uso Civil y se EXIGIO que la persona que adquiriera un arma de este tipo debía ser, previamente, Legítimo Usuario de Armas de Uso Civil. Él mismo reconoce que con esta medida, las ventas de ese tipo de material sufrieron una reducción y el circulante de armas disminuyó.
QUINTO ACTO DESARMISTA
En 1995, se sanciona la ley 24.492, el 31/5/95.”ARTICULO 1º — Prohíbese la transmisión de todo tipo de armas de fuego, cualquiera fuese su clasificación, ya sea a título gratuito u oneroso, a quien no acreditare su condición de legítimo usuario por medio de la credencial oficial y única otorgada por el Registro Nacional de Armas (RENAR), organismo que se hallará facultado para la registración y fiscalización de todo tipo de armas, en el marco de la presente ley, la Ley 20.429 y sus decretos reglamentarios.” Esta ley vino para ratificar y poner en orden al Decreto P.E.N. 252/94, dictado el año anterior, ya que había cierta oposición a que la Ley 20.429 hubiera sido modificada por un decreto. Dicta la Disposición RENAR 66/95, donde se aprueban los Requisitos para ser Instructor de Tiro. Por medio de la ley 24.492 se asignó al RENAR la competencia exclusiva para el control de todo tipo de armas de fuego, UC (uso civil) y UCC (uso civil condicional). También en ese año, ya instancias del RENAR (o de José Genaro Báez) se propició el Decreto P.E.N. 64/95, que prohibió las llamadas “armas de asalto”, (fusiles semiautomáticos, derivados de modelos de Uso Militar, con cargadores de quita y pon y de calibres superiores al .22lr) estableciéndose un régimen de excepción (que en realidad se otorga cada vez menos). Esto fue para las armas de fabricación nacional, ya que las importadas habían sido prohibidas por él 4 años antes.
SEXTO ACTO DESARMISTA
En 1996 se impuso a las Entidades de Tiro un Seguro Obligatorio, sin el cual no se les otorgaban las habilitaciones necesarias para funcionar. La mayoría de las grandes compañías de Seguros no vendían ese tipo de seguros y no los tenían arancelados, pero José Genaro Báez se encargó de proveérselos, a través de alguna compañía pequeña, mandando a alberto viñas para que se los vendiera. Este ha estado desarrollando esa actividad desde entonces. También en ese año crea ATLAS (Asociación de Tenedores Legales de Armas) en 1996, presidida por él, teniendo como secretario de las Entidades de Tiro a… alberto viñas, entre otros directivos, muchos de ellos afines a él mismo.
SÉPTIMO ACTO DESARMISTA
En 1997 se crea en Santa Fe el FORO DE ENTIDADES DE TIRO para tratar, entre otras cosas LOS TRÁMITES DE HABILITACIÓN DE POLÍGONOS, pendientes en el RENAR. LA CONTRATACION DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL y EL OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS DE PRUEBAS DE IDONEIDAD. Se empezaba a notar una baja en la actividad, ocasionada por las medidas de 1994. Para compensar esto el RENAR había impuesto a los L.U. la obligación de presentar un Certificado de Idoneidad en el Manejo de Armas de Fuego para la obtención o renovación de la C.L.U., el que debía ser extendido por un Instructor de Tiro Habilitado (según la Disposición RENAR 66/95) en un Polígono Habilitado. Aquí, al revés que en el caso de ATLAS, no aparece José Genaro Báez, pero en el Acta de Constitución hay una cláusula donde se impone la figura delVOCERO OFICIAL DEL FORO, que cumplía funciones especiales, tipo sindicatura, tales como quedar a cargo del mismo en caso de renuncia anticipada del COORDINADOR (o Presidente). El primer VOCERO OFICIAL fue… alberto viñas, quién además se encargaría de todos la tramitación y presentación de asuntos del Foro ante las Autoridades Competentes. Los mandatos duraban 2 años, y al terminarse el mandato del primer COORDINADOR, fue nombrado en su lugar… alberto viñas.
OCTAVO ACTO DESARMISTA
En 1998 se dictaron varias Disposiciones. La 72/98 unificando los requisitos para las 2 categorías de Legítimos Usuarios de armas (UC y UCC), con lo que las ventas del primer tipo de armas SE RESTRINGIÓ AÚN MAS. También la 78/98 con Normas para Recarga, la 81/98 dando un plazo perentorio para la obtención de la Credencial de Legítimos Usuarios a los que aún no las hubieran sacado. Estas medidas y las anteriores llevaron al cierre de la mayoría de las Fábricas de Armas del país que hacían armas UC, y también de cientos y cientos de armerías que sólo vendían ese tipo de armasy dejaron millones de armas fuera del sistema porque los dueños no pudieron o no quisieron hacerse L.U. dada la situación económica y las dificultades cada vez mayores para poder hacerlo.
NOVENO ACTO DESARMISTA
En 1999, por medio de la Disposición RENAR 23/99 hace extensivo el Decreto P.E.N. 64/95 a los fusiles y carabinas SKS, por la Disposición RENAR 31/99 se PROHÍBE la tenencia de determinadas armas (cal. calibre 5.7 x 28 mm FN P90), ordena el secuestro de esas armas, y dispone que las armas, sus municiones y recarga, cuya energía de boca supere los UN MIL DOSCIENTOS (1.200) pies por libra, tales como los calibres .454 Casull y .50. se someten al régimen limitativo establecido en el Decreto 64/95.
En el año 2000, luego de 10 años deja de ser Director del RENAR.
En el 2002 y hasta el año 2003 vuelve a ser nombrado Director RENAR.
EL CONTROL DE ARMAS NO ES SOBRE LAS ARMAS, ES SOBRE EL CONTROL
¿Y porque José Genaro Báez escribió esto?Muy simple, acababa de cambiar el gobierno, y se tenía que nombrar un Director para la recientemente creada ANMAC, que remplazaba al RENAR, y ESE ESCRITO era una especie de Curriculum Vitae para que lo tuvieran presente.Poco menos de 2 meses después, su fiel… (¿Amigo? ¿Servidor?) alberto viñas abría una petición en la plataforma “change” pidiendo que se lo nombrara en ese cargo. Consiguió 653 adhesiones.
Ahí está la genialidad de José Genaro Báez, Él ANULÓ LA POSIBLE OPOSICIÓN, dándoles ventajas (generalmente económicas) a los que podían hacérsela.
1°- ANULÓ LA OPOSICIÓN DE AICACYP,otorgándole al Ente Cooperador de esta Asociación la exclusividad de venta de formularios para la manutención del RENAR, por la que cobraba una comisión del 3,5% del total recaudado. ¿Habrá sido por eso no tuvo oposición de AICACYP, A PESAR DE QUE LA MAYORÍA DE LAS FÁBRICAS DE ARMAS Y DE QUE CIENTOS DE LAS ARMERÍAS QUE TUVIERON QUE CERRAR integraban esa Asociación? Y eso que cuando José Genaro Báez organizó junto con AICACyP, unas jornadas para explicar los alcances de estas medidas a las armerías del Interior que fueron invitadas a ir a Buenos Aires, estas le dijeron que se iba a producir el cierre de Fábricas y Armerías, a lo que muy suelto de cuerpo respondió, más o menos: “¿Cuántos son los que van a quedar sin trabajo por el cierre? ¿200 o 300 familias? QUE PONGAN KIOSCOS”.
Hoy la Dirección de AICACyP es otra y no creo que entraría en un arreglo así, que fue mortal para la actividad.
2°- ANULÓ LA OPOSICIÓN DE LOS LEGÍTIMOS USUARIOScreando ATLAS (Asociación de Tenedores Legales de Armas) en 1996. Concurría a las Ferias de Armas, daba charlas y fingía interesarse en los problemas, y agilizaba la entrega de los Trámites de las armas que se adquirieran en esas Ferias. POR ESO MUCHOS L.U. CONSIDERAN QUE FUE EL MEJOR DIRECTOR DEL RENAR, sin considerar que ESO DEBERÍA HABER SIDO LA NORMA, ya que se habían comprado computadoras CON TODO LO RECAUDADO. Tampoco toman en cuenta TODO EL DAÑO QUE LE HIZO A LA ACTIVIDAD, con el cierre de Fábricas, Armerías, y diferentes Puntos de Ventas (Ferreterías, Almacenes de Ramos Generales, etc.) que no vendían armas pero sí cartuchería de Venta Libre, como era la que usaban las armas UC. y los millones de usuarios de armas UC (Uso Civil) que quedaron en la ilegalidad.¿Será un claro caso de Síndrome de Estocolmo? (*) Yo creo que sí, y para reforzarlo, en el 2003 (durante su segunda presidencia) instituye el 20 de Junio como el DÍA NACIONAL DEL LEGÍTIMO USUARIO DE ARMAS DE FUEGO, en un intento de hacer sentir a los Legítimos Usuarios que eran algo especial, una élite,como si el hecho poder CUMPLIR Y PAGAR los requisitos cada vez mayores que nos imponían para no dejarnos fuera del Sistema, fuera motivo de orgullo. ¿Alguien está orgulloso de poder tener Licencia de Conductor? Obviamente no, es un trámite administrativo lo mismo que el de la Credencial de Legítimos Usuarios, la diferencia es que la Licencia de Conductor es más barata y no se exige rendir un Examen de Conducción cada 5 años.
3°- ANULÓ LA OPOSICIÓN DE LAS ENTIDADES DE TIRO, al Seguro Obligatorio que les impuso, propiciando en 1997 elForo de Entidades de Tiro, y dándoles la recaudación que se generaba al tener que tramitar los Legítimos Usuarios los Certificados de Idoneidad de Tiro, los que debían rendirse obligatoriamente en Polígonos Habilitados. Pero en el año 1999 y a raíz de un pedido de AICACyP, de ATARA (Asociación de Tenedores de Armas de la República Argentina) y del Foro de Entidades de Tiro se emitió la Disposición RENAR 18/99, que permitía otorgar los Certificados de Idoneidad en lugares sin polígonos Habilitados, siempre que se estuviera a más de 50 kms de uno. Como esta medida les quitó a los miembros del Foro una gran parte de los beneficios económicos que tenían, llama la atención que el Foro haya sido uno de los peticionantes. ¿Tal vez por eso habían nombrado COORDINADOR a alberto viñas? Porque fue el 2do. COORDINADOR, al cumplirse el mandato del Primero. Pero al terminarse su período al cabo de 2 años y no estando ya José Genaro Báez en el RENAR, no llamó a elecciones, el Foro quedó inactivo y no renovó su inscripción. En el año 2005 ya no figuraba en los Registros del RENAR.
La mayoría de las acciones tomadas por José Genaro Báez, en muchas de las cuales fue secundado por alberto viñas, están incluidas en el llamado DECÁLOGO DEL DESARMISTA, que es contemporáneo con su actuación al frente del RENAR. ¿Casualidad o causalidad?
Parafraseando a Charles Baudelaire cuando dijo, “El mayor truco del diablo es hacernos creer que no existe”, yo digo: el mayor truco de un DESARMISTA es hacernos creer que SOMOS PRIVILEGIADOS POR PODER TENER ARMAS.
(*) Síndrome de Estocolmo: Trastorno psicológico temporal que aparece en la persona que ha sido secuestrada y que consiste en mostrarse comprensivo y benevolente con la conducta de los secuestradores e identificarse progresivamente con sus ideas, ya sea durante el secuestro o tras ser liberada.
Cuando entró en vigencia la ley 24.492, en 1994, que llevó a que todas las armas de Uso Civil y Uso Civil Condicional (U.C. y U.C.C.) se registraran en el RENAR, y que para ello los dueños debían hacerse Legítimos Usuarios (L.U.), llegamos a ser 1.400.000 LLUU aproximadamente.
Desde entonces nuestro número viene bajando, ya sea por las restricciones que nos van poniendo, poco a poco, o por el aumento de los costos, pero al 30/10/2020 quedábamos menos de 1.035.000. El resto no se actualizó por el problema con el monopolio de Dienst Consulting y/o por la pandemia que impide que los empleados de la ANMaC trabajen normalmente.
O sea que, de acuerdo a esto, seríamos EL 75% DE LOS QUE ÉRAMOS ORIGINALMENTE. Pero esto NO ES REALMENTE ASÍ, porque en 1994 la población argentina era de 34.400.000 habitantes, o sea que HABÍA 1 L.U. cada 24,57 habitantes.
Esto es: la Población CRECIÓ un 32% y el número de Legítimos Usuarios de Armas de Fuego totalmente en regla BAJÓ MAS DEL 80% . Deberíamos ser 1.857.000 LLUU y SOMOS MENOS DEL 15 % DE ESA CANTIDAD.
Y TODAVÍA HAY NEGACIONISTAS QUE DICEN QUE NO HAY DESARME, QUE TODO ESTÁ BIEN.
La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) fue creada con el objetivo de dificultar la tenencia legal de armas en Argentina. Le pese a quien le pese esto es así por ley. Dejó de ser un mero Registro para sumarle tareas de desarme civil. Nada de diferenciar armas legales e ilegales. Desarme civil liso y llano. Quien desconoce esto, se niega a verlo o defienda la Agencia es que, por más explicaciones que esgriman sus directivos para endulzar los oídos de los legítimos usuarios, ignora los objetivos que se sumaron a las tareas del que fuera el Registro de Armas. La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) fue creada por la Ley 27192 en octubre de 2015 para reemplazar al RENAR y es un ente descentralizado en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Sigue con su autarquía económica financiera, tiene personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado. A este en organismo que hoy debería continuar con la misión de aplicar, controlar y fiscalizar la Ley Nacional de Armas y Explosivos 20.429, se le suma “la cooperación en el desarrollo de una política criminal en la materia, el desarrollo e implementación de políticas de prevención de la violencia armada y todas aquellas funciones asignadas por ley que la creó”. O sea que deja de ser un registro y pasa a ser otro organismo de control social para las personas dentro de la ley como viene pasando durante los gobiernos autodenominados “progresistas” (socialismo populista del siglo XXI). Al agregársele estas funciones extras, las personas que registran sus armas, pasan a engrosar una lista de personas, cuanto menos, dudosas para el gobierno de turno. Registrar un arma termina siendo un hecho casi incriminatorio a los ojos del estado que sigue la agenda turbia de los desarmistas en vez de ser un acto administrativo de las personas dentro de la ley. Dentro de las facultades del ANMAC están la clásica montaña de atribuciones aglutinadas en un solo ente, típicas de un estado poco acostumbrado a las libertades republicanas como la Argentina, y que al ser de un carácter legislativo y punitivo, son impropias para un ente dependiente del Poder Ejecutivo (Ministerio de Justicia) ya que toman atributos exclusivos de los Poderes Legislativos y Judicial. Por un lado está facultado a “registrar, autorizar, controlar y fiscalizar toda actividad vinculada a la fabricación, comercialización, adquisición, transferencia, traslado, tenencia, portación, uso, entrega, resguardo, destrucción, introducción, salida, importación, tránsito, exportación, secuestros, incautaciones y decomisos; realizada con armas de fuego, municiones, pólvoras, explosivos y afines, materiales de usos especiales, y otros materiales controlados, sus usuarios, las instalaciones fabriles, de almacenamiento, guarda y comercialización; conforme las clasificaciones de materiales controlados vigentes, dentro del territorio nacional, con la sola exclusión del armamento perteneciente a las fuerzas armadas. Administrar el Banco Nacional de Materiales Controlados y la red de depósitos que formen parte del mismo. Efectuar la destrucción, con carácter exclusivo y excluyente en todo el territorio nacional, de todo material controlado en el marco de las leyes 20.429, 25.938, 26.216. Determinar los métodos y procedimientos de destrucción de materiales controlados, garantizando su eficacia, eficiencia y sustentabilidad en relación con el medio ambiente. Llevar un registro único de información. Conformar y mantener actualizado un banco nacional informatizado de datos”. Hasta acá, sin ponerse a hilar finito en cada punto y dejando de lado la dignidad de los individuos dentro de una República a los que toca, todo se mezcla más o menos para darle un marco “técnico” a las atribuciones impropias, dudosamente justificable, y bien lejos del ideal de quienes abogan por una sociedad madura y libre. Ahora bien, a lo anterior se le sumó a partir de la reforma de ese 2015 una serie de atribuciones que ampliaron aún más el mero ámbito registral y técnico. Es así que ahora puede: “Realizar programas de concientización y sensibilización sobre desarme y control de la proliferación de armas de fuego en la sociedad, que promuevan la cultura de la no violencia y la resolución pacífica de los conflictos. Realizar campañas de regularización de la situación registral de las personas que tengan bajo su poder armas de fuego, de los materiales controlados y de las actividades relacionadas. Organizar y dictar cursos y seminarios de formación a técnicos y funcionarios cuyo desempeño se vincule con la materia. Asimismo, capacitar a las organizaciones de la sociedad civil, universidades, organizaciones territoriales, barriales, medios de prensa, nacionales o internacionales. Establecer sistemas de control ciudadano para las autorizaciones que la agencia otorgue, contemplando especialmente mecanismos que contribuyan a la prevención de la violencia de género. Llevar adelante políticas de intercambio de información respecto de la normativa y los procesos con organismos extranjeros dentro del marco de la cooperación internacional. Realizar programas de investigación sobre el mercado de armas, su uso y sus consecuencias, que puedan ser relevantes para la adopción de políticas estratégicas. Evaluar y analizar la efectividad de las normas técnicas y legales y realizar propuestas de modificaciones a los órganos correspondientes.”Si leemos con atención podemos apreciar que el segundo listado de atribuciones poco tiene que ver con la naturaleza primera de un ente que colabore con quienes desean estar dentro de la ley. Es más, hasta juega en contra de las mismas tareas que debe cumplir esta agencia y de su misión. Este agregado enumera una serie tareas que hacen que la agencia ocupe su tiempo y limitados recursos en actividades y objetivos que en un futuro consolidarán en la Argentina las políticas de desarme civil como sucedió en el México manejado por narcos, la amenazada y secuestrada Colombia y la ensangrentada Venezuela. Ese segundo y nuevo listado de atribuciones y tareas implicarían la injerencia de otros estamentos del estado, poniendo en peligro la autarquía del ANMAC, su descentralización y personería jurídica. Pero acá no termina el problema. Si ponemos en otras palabras las atribuciones del ANMAC podemos decir que tendría la facultad iniciar o de coordinar acciones directas o indirectas, de manera sola o en conjunto con otros organismos y agencias para: 1) Subir el precio de las armas y municiones 2) Reducir el número y tipo de armas para la venta 3) Disminuir la promoción/marketing 4) Reducir el número de puntos de ventas 5) Incrementar los obstáculos para la posesión (licencias restrictivas/ampliar el monitoreo, entrenamiento, minimizar el tamaño de los arsenales) 6) Aumentar la responsabilidad de los propietarios (registro, seguridad de almacenaje, responsabilidad) 7) Reducir la portación de armas (restricciones por área, época del año, tipos de armas, obstáculos para calificar) 8) Estigmatizar a dueños y portadores de armas de fuego. 9) Imponer condiciones a vendedores/fabricantes, incluyendo productos estándar y prohibidos 10) Restringir/detener la oferta de municiones. Ese resumen, este decálogo, no es otra cosa que un listado de recomendaciones que aparece en el Manual de Desarme, lineamientos que marcan el discurso de cabecera de los desarmistas, para combatir la tenencia legal de armas y sólo aplicables al ámbito legal. Hay que recordar que estos grupos anti armas asesoran al ANMAC y al Gobierno y que, como vemos, sus objetivos primarios fueron incorporados formalmente en la creación del ente en el 2015. Para ejemplificar la tarea de desarme civil que se viene aplicando basta con aclarar que hasta el día de la fecha no se están entregando portaciones a civiles por más que el legítimo usuario reúna las condiciones exigidas. Todo termina en un limbo arbitrario que da para sospechar las acciones que deben realizar aquellas personas dentro de la ley a las que si se le otorgan. Otro ejemplo, más elíptico, pero más certero en cómo funciona la aplicación del desarme civil a través del ANMAC es el retraso de los trámites, la entrega de tenencias de armas y otorgamiento CLUs. Debido a las políticas de los psicofísicos de Gambaro, que dejaron afuera a la mitad de los LLUU, sumado al parate administrativo de la gestión Urristi con la excusa de la pandemia, se puede estimar que más de un 70% de los Legítimos Usuarios sufren el apriete de las políticas de desarme en Argentina teniendo que estar en un limbo administrativo arbitrario. Según el Dr Urristi, Director de la Agencia, el problema hoy en día radica en que de una nómina de 410 personas reales trabajando en la Agencia, hoy hay trabajando sólo 60 debido a diferentes razones relacionadas con la pandemia (enfermos, casos sospechosos, edades, personas en grupos de riesgo, patologías, resoluciones, etc) que retrasan la entrega de las mismas. Eso si, la Agencia tiene tiempo, recursos y personal para llevar adelante las actividades que se le sumaron al registro originario como campañas de desarme civil con el Plan Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (PEVAF) en la Provincia de Santa Fe. Más aun, esas campañas, según las palabras del Director “otorgan una amnistía a quienes entregan esas armas por esos es anónimas”. Amnistía para quienes se deshacen de un arma que estaba fuera de la ley pero para quienes desean regularizarla, los trámites son completos, caros y eternos. Entre ayudar a los Legítimos Usuarios agilizando los trámites y promover el desarme civil, más de cara a la campaña electoral que se inicia, vemos para que lado se inclinó la decisión de los funcionarios. Ante el evidente malestar de los usuarios legales de armas, el Dr Urristi aclaró que el sistema de PEVAF, Plan de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, no está orientado a los legítimos usuarios en regla sino que tiene como destinarios a todas aquellas personas que, por diferentes razones, no cumplen con los requisitos o no deseen tener un arma y a las armas ilegales incautadas. Más aún, el Director de la ANMAC abrió un hilo en Tuitter a fines de abril tratando de explicar que “El ordenamiento jurídico Argentino, en materia de armas de fuego, evidencia la existencia de dos tipos de armas: las que tienen un dueño legal (ley 20.429) y las que deben ser extraídas de la circulación para ser destruidas. Las políticas públicas de #desarme apuntan a dos propósitos principales: procesar las armas ilícitas decomisadas e incautadas en procedimientos judiciales (ley 25.938) y asimismo fomentar la entrega voluntaria de cualquier tipo de arma de fuego (ley 26.216) Cuando una persona obtiene la condición de legítimo usuario #clu y tiene su arma registrada #tenencia esta al amparo de la ley de armas (ley 20.429). Cuando ella y su eventual arma no están debidamente registrados, el arma debe ser entregada a la #anmac hasta la regularización. El Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego #pevaf (ley 26.216) establece la posibilidad de que cualquier persona entregue cualquier tipo de arma de fuego, de forma voluntaria y, si lo desea, anónima, eximiendo de responsabilidades penales y administrat(tivas) El propósito principal de la ley 26.216 es extraer armas de la circulación y por eso se invita a la sociedad a entregarlas. Cuando ocurre una entrega, no solo se exime de eventuales responsabilidades sino que se abona un incentivo económico por la acción. Es deber de la #anmac ejecutar todas las leyes que integran en plexo jurídico en materia de armas (leyes 20.429, 25.938, 26.216 y 27.192) de forma diligente y procurando lograr el mayor grado de eficiencia en los postulados de cada norma. Entre 2016 y 2019 las políticas de registración (20.429) se desviaron a negocios privados #psicofisicos, se suspendió la recepción de armas del poder judicial (25.938), se dejó de lado el #PEVAF (26.216) y no se avanzó en el desarrollo de la #anmac (27.192). Hoy en día estamos recuperando el terreno perdido y estamos trabajando incansablemente para cumplir con los objetivos previstos en las leyes que nos regulan. “Hay un axioma que reza que para saber el tamaño de una mentira hay que multiplicar el largo de la explicación por el ancho de la justificación. En su extenso hilo, el Dr Urristi jamás menciona el Decreto 395/75, que detalla las opciones que tiene un legitimo usuario que ya no desea tener armas (por el motivo que sea) o una persona que hereda un arma y no desea tenerla por ejemplo. En ese decreto vigente se deja bien en claro que esas armas se pueden vender a otros particulares (Art 75), se pueden vender a comercios autorizados (Art 76) o se pueden subastar o rematar (Art 73 y Art 74) antes que entregarlas a la destrucción del PEVAF por mucho menos dinero. ¿Ignorancia o intencionalidad? Es decir, siguiendo al idea de que toda actividad privada e independiente del Estado es mala, jamás se les recuerda las personas dentro de la ley que no desean tener más armas que pueden deshacerse de esos bienes a un precio justo dentro de las leyes argentinas. La ANMAC, en vez de ponerse del lado de los LLUU se pone del lado del manual de desarme. Por un lado el Estado incumple con su función de otorgar portaciones, registrar, autorizar tenencias y credenciales en tiempo y forma escudándose en cuestiones sanitarias pero por otro redobla el esfuerzo para meter más presión con la propaganda del desarme civil promoviendo el PEVAF como única salida posible. Tambien Urristi, en uno de los videos aclarando lo que dijo en una reunión, comentó que se está preparando la digitalización de tramites con una app que “tenga diálogo con la AFIP y el ANSES” es decir, que el ANMAC también pasaría a dar datos sensibles sin mediar una cuestión legal a otros organismos del Estado. Con esto, para el Gobierno, uno de los grandes problemas de la inseguridad son el pago de impuestos y el trámite social… ¿Cuál sería la importancia de ese diálogo más allá de agregar otra traba o impedimento a la compra de armas legales por ejemplo? Una de las cosas que dejó el manejo de la pandemia fue a discrecionalidad con las que se manejó el tema de los subsidios que dejaron a miles de monotributistas con los negocios cerrados o sin actividad y sin recibir acceso a la ayuda económica. El día de mañana, de implementarse ese cruce, la AFIP, ANSES o cualquier organismo del Estado podría impedir comprar un arma legalmente, renovar o tramitar cualquier cosa en la ANMAC. Esto ya sucedió el año pasado cuando había que darle de comer a la gente seria muy ingenuo o ignorante no pensar que bien se aplicaría a algo tan limitado como la tenencia legal de armas. A través de campañas, discursos y videos se acosa y estigmatiza a los LLUU en situación “irregular” instalándole la idea de que se deshaga de sus armas. Las explicaciones con la distinción entre legales e ilegales recién llegan cuando se patalea mucho. Las palabras vendiendo humo pueden sonar lindas y amigables pero no son las que están escritas fríamente en las resoluciones y acuerdos. Cuando sople el viento de la ley, sabemos cuáles son las que se tienen en cuenta. El PEVAF en 2019 tuvo un presupuesto de 8.000.000 para repartir anónimamente en quienes entreguen un arma para su destrucción y se gastó completamente. El ejercicio del 2020 también tuvo un presupuesto de 8 millones. Los números finales del 2020 están por verse pero el Plan genera también algunas preguntas: Teniendo en cuenta la inflación imperante ¿por qué se mantuvo el mismo importe presupuestario? ¿Si aumentaron el incentivo para que la gente entregue más armas pero dejaron el mismo presupuesto, no estarían reduciendo la cantidad de armas a “comprar armas ilegales” para destruir incumpliendo los objetivos para los que se destinaron los finitos recursos humanos y económicos de un organismo diezmado por la pandemia? ¿No estarían incumpliendo su objetivo? Con estas pocas incongruencias queda en evidencia que la ANMAC no sólo está en contra de los LLUU desde su formación sino que la movida de pinzas contra los legítimos usuarios sigue vigente.
Este año hay elecciones y la máquina de hacer humo está funcionando al 100% 24/7 para ver si les pueden manotear los votos a las Doñas Rosa de la tribuna. Ya les birlaron las vacunas para dárselas a los felinos que comparten así que un poco de tribuneo para la gilada no viene mal como para no perder la costumbre.
A pesar del COVID, Santa Fe sigue siendo un hervidero de muertos y violencia narco que ni siquiera el voleo que le dieron al impresentable de Sain surtió efecto ya que se siguieron haciendo las mismas animaladas de siempre. Errores de personas soberbias y sin preparar, puestas a dedo y por cargos políticos, que se pagan con sangre inocente y destrucción del futuro del común de la gente. Es tal la impunidad de estos funcionarios que deben velar por la ciudadanía que, sin ningún atisbo de vergüenza, hacen declaraciones escandalosas en los medios sin reparo.
El gobierno de esa provincia intenta reducir la circulación de armas de fuego y con ese fin lanzó, a través del Ministerio de Seguridad, el programa “Santa Fe libre de armas”. Para ello se pagarán hasta 9 mil pesos por cada arma ( se destinará guita de impuestos en medio de una crisis sanitaria) y serán destruidas en un acto público (porque la foto sirve)
Santa Fe, una provincia copada por el narco, intenta una reducción de armas de fuego con políticas enfocadas a la gente común, quines no son el problema. Declaran que quien entregue armas recibirá una suma de dinero de parte del Estado que en medio de una segunda ola de pandemia elige destinar el dinero de camas, respiradores y sueldos médicos a comprar armas anónimamente que no son problema de nadie. “Respetando el plan nacional, Santa Fe es la primera provincia en adherir al mismo. La idea es conceder a quien tiene un arma en su casa la posibilidad de entregarla y recibir una compensación a cambio”, indicó sin remordimiento sanitario el subsecretario de la Agencia Provincial de Prevención de Violencia con Armas de Fuego, Lautaro Sappietro. El ignorante funcionario sostuvo que “la meta es buscar esas armas que han quedado en el hogar y que eventualmente puedan caer en el circuito ilegal” desconociendo que los principales proveedores de los delincuentes son el mismo Estado, con el robo a sus arsenales y fiscalías, y el contrabando internacional que se filtra por las fronteras mientras los gendarmes son obligados a bajar a niños y mujeres de los micros del conurbano porque hay un supuesto toque de queda en un NO estado de sitio…
Pero lo peor no es su analfabetismo en el tema, lo peor es que aclaró orgullosamente: “No vamos a desarmar a los delincuentes, no somos ingenuos”. No queda claro si sus palabras son un objetivo propuesto o una confesión de la inutilidad en las ideas que repiten intentando obtener un resultado diferente.
Pero los fracasados funcionarios santafesinos no están solos. El reciente incorporado Ministro militante Soria tiene como objetivo el desarme de la sociedad civil y no de los delincuentes ni criminales. “Es una política pública central que vamos a impulsar fuertemente” Se ve que comparte la idea fracasada del funcionario santafesino.
El Ministro Martín Soria y el Director Ejecutivo de la ANMaC, Ramiro Urristi, mantuvieron una reunión de trabajo en la que trazaron los lineamientos centrales para la reactivación del conjunto de políticas públicas destinadas a atacar los derechos constitucionales de la sociedad civil. Es un ataque, así es, porque no hablan de armas legales e ilegales sino de “desarme civil”. Es decir, van air contra le gente dentro de la ley nuevamente.
Dentro de esas ideas no hay nada innovador ni distinto: relanzan el Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (PEVAF) y se será abordado con una perspectiva enteramente federal para que los millones de pesos que deberían ir a salud en plena pandemia se pierdan anónimamente en todas las provincias. Fracasó contra la violencia criminal antes no se sabe por qué pensarán que funcionará ahora.
También promocionaron el desarrollo de los procesos digitales para todos los trámites de la ANMaC. Es decir los trámites van a seguir parados, demorados y perdidos pero con un sistema digital. Por algo sigue la Disposición 3/2021 que prorroga los vencimientos hasta el 30 de abril de 2021 y si le sumamos que por cuestiones de la segunda ola de COVID las oficinas permanecen cerradas o trabajando a media máquina para imprimir las credenciales nos encontramos con que la prioridad del Registro no son los legítimos usuarios como viene vendiendo su Director. Según declaró a los medios Urristi se encuentra enfocado en Santa Fe. “Vamos a dar diferentes tipos de talleres, por un lado, para que los agentes provinciales y municipales puedan sumarse a trabajar con nosotros en el Programa. Y también vamos a llevar adelante talleres de concientización sobre la violencia armada y con talleres de violencia de género con el uso de armas, que brindan información y una perspectiva muy interesante sobre estos tópicos” UNA ESTUPIDEZ SUPREMA YA QUE LOS TALLERES NO SE LOS VAN A DAR A LOS NARCOS NI A LOS DELINCUENTES NI A LOS VIOLENTOS QUE COMETEN CRIMENES. Una malversación de fondos públicos, personal y tiempo terrible e impunemente inútil en una sociedad castigada por las malas decisiones, una pandemia y una violencia criminal que las repetidas, mal enfocadas y fallidas políticas progresistas no pueden combatir.
“En cada acción territorial prevemos la presencia en varios puntos estratégicos. En el caso de Santa Fe, estaremos con puestos móviles de recepción de armas en la capital provincial, en Rosario, en Rafaela y en Venado Tuerto”, añadió el Director Ejecutivo de ANMaC que se ve va a estar a cargo de la campaña electoral desde su área, vendiéndole humo a Doña Rosa, estigmatizando a los Legítimos Usuarios, eliminando fierros calientes de criminales con su entrega anónima y no apurando los trámites que tiene atrasados. Ahora que se está trabajando desde la casa, quizás tenga tiempo de repensar su rol y no seguir perjudicando a la gente que está dentro de la ley.
Si los Legitimos Usuarios fueran peligrosos, después de que Gambaro en su momento dejara a la mitad de ellos fuera del registro por un negociado con los psicofísicos y que ahora otros tantos no tengan renovaciones ni trámites al día por las excusan que fueran, la sociedad sería un rio de sangre. Pero aún echados del sistema y con la CLU vencida, quienes tienen armas legalmente vienen demostrando que no son el problema que Soria, Urristi, Sappietro y demás miembros del lobby desarmista se esfuerzan por mostrar. Quizás el tema sea que los trámites no garantizan nada y que el ANMAC, sus funcionarios y políticas son innecesarias cuando una persona de bien elige tener un arma. El problema para los desarmistas, en su orgulloso desenfoque, es otro y por eso se esfuerzan por desarmar a la sociedad en vez de ir contra los delincuentes y criminales. Estemos atentos para ver hacia donde enfocan estos funcionarios si queremos mantener una República sana y la Constitución vigente.
Esta página web fue creada para mostrar a la gente la verdad y la mentira con las pruebas disponibles en internet con respecto a la campaña de desarme civil de los ciudadanos honestos que algunas ONG están llevando a cabo en Argentina.
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