En Argentina estamos inmersos – una vez más – en una carrera electoral en donde los discursos de los políticos se mueven sin demasiadas diferencias entre la economía, educación, salud y seguridad. Es obviamente algo esperable, pero apareció un Partido político (La Libertad Avanza) que cruzó la triste normalidad de lo “políticamente correcto” y se atrevió a proponer en su plataforma: “sobre la tenencia de armas de fuego planteamos la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía”.
Esto desató entre periodistas, políticos y funcionarios declaraciones como:
- “Es un peligro que la sociedad se arme” ( Martín Tetaz por LN+)
- “La solución no es darle armas a la gente” (H. Rodríguez Larreta por LN+)
- “No estoy de acuerdo con la portación de armas para civiles” (Diego Kravetz por LN+, un civil en el cargo de funcionario que posee portación.)
- “No me gusta la tenencia de armas” (Néstor Grindetti por LN+)
Algunos también se suman a una afirmación errónea al decir, “A más armas más crímenes” sin ningún fundamento estadístico ni empírico. Esto se puede confirmar con datos estadísticos nacionales e internacionales.
DATOS NACIONALES
Para el artículo del día de hoy, hemos tomado como referencia un período de veinte años, desde 2001 hasta 2021 (Gráfico 2), pues solos tenemos datos confiables sobre las portaciones legales otorgadas a Legítimos Usuarios de armas para esos años y que se pueden comparar con las cifras de homicidios suministradas por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación. Sin temor a equivocarnos podemos afirmar que la década de 1990 es de las últimas más violentas y sangrientas y a su vez – coincidentemente – donde la normativa estrictamente restrictiva afectó de manera categórica el acceso legal de civiles a las armas de fuego y se observó un aumento constante de los hechos delictivos, tanto contra las personas como contra la propiedad. Así lo demuestra el ex presidente de la Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de Armas de la República Argentina (ALUTARA) en el artículo titulado “Las Restricciones a la Posesión de Armas a la Población Civil y su Relación con el aumento de los Hechos Delictivos Cada 100.000 Habitantes”. También describió esta situación el Sr. Mario Alejandro Boglione en “El genio maléfico de un desarmista confeso: José Genaro Báez”.
En el Gráfico 1 observamos que la cúspide de los delitos totales y delitos contra la propiedad se registraron entre los años 2001 y 2003 con un posterior descenso para luego retomar el ciclo ascendente y mostrar un nuevo pico en 2014 y 2015. En cuanto a los delitos contra las personas se observa un aumento constante en el tiempo según este gráfico.
En el año 2002, recordado por la mayoría como el año de la gran crisis económica de la década se produjeron 3.570 homicidios y la Tasa de Delitos totales fue de 3.573 por cada cien mil habitantes. Así lo demuestra el Gráfico 1 extraído de un informe del Sistema de Estadística Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable con información de la Dirección Nacional de Política Criminal. Obsérvese que faltan los datos de los años 2009 a 2013, esto sucedió porque desde la administración de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner se bajó la orden de no emitir estadísticas oficiales sobre inseguridad. Esta acción deleznable de ocultamiento de datos fue revertida durante la administración del ex presidente Mauricio Macri y en 2018 por decisión de la entonces Ministra de Seguridad Dra. Patricia Bullrich se ordenó la reconstrucción del período 2009 a 2013. Es por ello que hoy contamos con los datos faltantes que se vuelcan en nuestro Gráfico 2.
Gráfico 1
Fuente de la imagen: Informe del Sistema de Estadística Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
Pasando al Gráfico 2, se puede afirmar que desde la creación de la Red Argentina para el Desarme (RAD – 2004) se profundizaron las restricciones al acceso de armas legales y se observa el abrupto descenso de las portaciones legales otorgadas pero aún así, solo una leve declinación en la cantidad de los homicidios.
Es fácilmente observable a simple vista que la evolución de los homicidios desde la sanción de la Ley de Desarme (26.216) y luego con el comienzo de la ejecución del PEVAF (Plan de Entrega de Armas de Fuego) – a pesar de los discursos reivindicatorios de dicho plan – la cantidad de homicidios no disminuyó, sino que tuvo picos sobresalientes en los años 2013 y 2014, pero sí disminuyó y de manera abrupta el otorgamiento de Portaciones Legales, lo que demuestra que la restricción (prohibición de facto) a las Portaciones Legales no tuvieron incidencia directa en la baja de la cantidad de homicidios a pesar de los discursos de políticos, funcionarios y periodistas formadores de opinión.
Hubo un descenso de los homicidios durante la administración de Mauricio Macri hasta el presente. En este punto debo resaltar un dato que no puedo soslayar y es la curiosa cantidad de homicidios (cifras oficiales) que se dan para el año 2021. Digo que no puedo soslayar debido a la experiencia en “relatos oficiales” de las administraciones “kirchneristas”, puesto que cuando podía ser demasiado evidente el “relato” sobre la “década ganada”, directamente optaron por OCULTAR las cifras, como comentamos en este mismo artículo. O sea que tengo el derecho de dudar TAMBIÉN de las cifras oficiales del año 2021, dejo aparte la cifra del año anterior ya que quizás la cantidad de homicidios hayan sido afectadas por la “cuarentena eterna” debido a la Pandemia de Covid 19.
Entonces es obvio que a cuantas más restricciones y burocracia para el acceso a las armas legales, hay más corrupción e indefensión. Así es que se puede afirmar que “Más Armas, Menos Crímenes”.
Gráfico 2
Gráfico de elaboración propia con datos del SNIC
INTERNACIONAL
La evidencia internacional no es el objetivo de este artículo, pero se pueden constatar en dos ejemplos más cercanos a la Argentina y son, Venezuela y Brasil. Sobre Venezuela recomendamos la lectura del artículo de José Niño titulado “Cómo el control de armas se convirtió en un instrumento de tiranía en Venezuela”
Con respecto a lo acontecido en Brasil, es rotundo el antes y el después del Estatuto de Desarme. La legislación desarmista entró en vigencia en 2003/4 y los homicidios aumentaron.
En octubre de 2005 se realizó en Brasil un referéndum por el SÍ o por el NO, con la siguiente pregunta: “¿El comercio de armas de fuego y municiones debe ser prohibido en Brasil?”. El resultado final fue de 59.109.265 votos rechazando la propuesta (63.94%), mientras que 33.333.045 votaron por “Sí” (36,06%). A pesar que los brasileños expresaron un rotundo NO a la prohibición, la ley siguió vigente hasta los cambios de política de armas que llevó adelante el ex presidente Jair Bolsonaro, política que nuevamente fue revertida por el actual presidente Lula Da Silva.
Fabricio Rebelo, coordinador regional de la ONG Viva Brasil, explica: “El estatuto del desarme entró en vigor en 2004, el año en que se registraron 48.374 homicidios en Brasil. Cuatro años más tarde, y casi extinguido el comercio legal de armas, el número ascendió a 50.113 (2008) y han sido desde entonces ascendentes hasta el récord de 56.337, registrado en 2012.”
El descenso de los crímenes en Brasil también es explicado por John Lott Jr. (*) en el artículo “Brasil y las Armas” que comenta: “cuando Bolsonaro asumió la presidencia el 1 de enero de 2019, Brasil tenía una de las tasas de homicidios más altas que cualquier país desarrollado” y al referirse a la política de armas del ex presidente brasileño dice: “las reformas de Bolsonaro produjeron un aumento del 600% en la tenencia de armas. Sin embargo, a pesar de todas las terribles predicciones, los homicidios en Brasil se desplomaron”.
Finalmente entonces, John R. Lott Jr. denuncia una verdad incontrastable: “La realidad es que el experimento de Brasil sobre la tenencia legal de armas es solo el ejemplo más reciente de “más armas, menos delincuencia”. Los delitos violentos disminuyeron cuando los delincuentes comenzaron a temer a los ciudadanos armados.”
